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Subcomisión sigue las entrevistas a candidatos a magistrados para la CSJ

Publicado

hace 6 años

3 de julio de 2018

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La Subcomisión para el estudio de candidaturas al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Asamblea Legislativa, continuó el viernes pasado 29 de junio, la fase de entrevistas de los candidatos propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES).

El juez Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, Nelson Palacios Hernández fue el primer entrevistado de la sesión del día viernes, quien al momento de las preguntas introductorias señaló necesidad de crear un Código Judicial, para unificar todas las leyes en materia judicial que establecen procedimientos, derechos y deberes de los jueces. Hasta el momento es el único candidato que ha manifestado que participa para integrar la Sala de lo Civil.

El subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal, le preguntó: ¿Cuáles son los criterios para aplicar de manera supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil en los procesos constitucionales?

«El problema de este caso que la Ley de Procedimientos Constitucionales aplica supletoriamente esa norma, pero esta fue creada para asuntos patrimoniales. A mi consideración no es la aplicación correcta. Sería necesario otra regulación» manifestó el candidato.

“Las medidas cautelares requieren, en el Código Procesal Civil, el ofrecimiento de una caución. Significa que si se aplicara eso al procedimiento constitucional, el peticionario de una inconstitucionalidad debe ofrecer una caución por los daños y perjuicios que va ocasionar una medida cautelar. Hay algunas decisiones que pueden tener una implicación económica grandísima”, explicó.

Dio un ejemplo y aludió la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional para quitar la exclusividad del carril segregado al Sistema Integrado de Transporte (Sitramss). “Pensemos en caso Sitramss: ¿cuánto podría significar para los empresarios la medida cautelar de habilitar por ejemplo el carril segregado. Habían pensado o evaluado la posibilidad de abandonar el proyecto. Algunas de esas decisiones tienen una implicación económica de que quién va a responder”, manifestó.

El diputado José Antonio Almendáriz, del PCN, le preguntó: ¿Cómo debe afrontar los jueces la falta de conocimiento científico, experto o tecnológico requerido para resolver adecuadamente algunos casos? «Ese supuesto no debería de ser, en el sentido que los procesos de selección de jueces se han visto mejorado. Sobre el conocimiento técnico el juez debe apoyarse en el conocimiento de especialistas»

El diputado Mario Tenorio, de GANA, le preguntó: ¿Qué opina sobre el procedimiento sancionatorio contra jueces y magistrados? «La misma naturaleza del Órgano Judicial como un ente especializado, les da la obligación de contar especialista en todas sus ramas. Yo aplaudo la depuración, para evitar tener en lo menor posible jueces con ignorancia en la materia. Pero hay demasiada mora judicial»

El segundo candidato entrevistado fue Carlos Rafael Pineda Melara, quien es el jefe de la Sección de Probidad, que investiga a funcionarios y exfuncionarios por posible enriquecimiento ilícito.

Se mostró a favor de la reserva que la Corte Plena estableció a las investigaciones del patrimonio de los funcionarios o exfuncionarios, cuando no hay una resolución definitiva o cuando son exonerados por indicios de enriquecimiento ilícito. “Tan solo el hecho que un funcionario ingrese a la lista de los investigados que tiene la Sección de Probidad ya le genera una gran cantidad de inconvenientes hasta en el sistema financiero. Ya la sociedad lo puede tildar que lo estaban investigando por enriquecimiento ilícito y no es cierto”, valoró.

El diputado de Cambio Democrático (CD), Juan José Martel, le preguntó: ¿Cómo garantizamos que un funcionario no solo tiene independencia política sino independencia de grupos de poder económico? “Cuando la persona tiene sus principios bien arraigados, el temor a Dios que es sumamente importante, es difícil que cualquier ente interno o externo pueda llegar a corromper esos principios que están bien fundamentados”, contestó. Martel le dijo que no había logrado entender cuáles eran los parámetros. En este caso, Pineda prefirió pronunciarse por la transparencia y la publicidad: “Toda actuación de los servidores públicos debe estar a la luz de la población”.

El diputado Mario Tenorio, de GANA, le preguntó: ¿Cómo podría mejorarse el trabajo de la Sección de Probidad sin reformas legislativas? y ¿Cuál es su opinión sobre la inconstitucionalidad de la ley?

El diputado independiente Leonardo Bonilla realizó la pregunta: Sobre el caso de Funes existe una contradicción entre los datos de la Sección de Probidad y la Fiscalía General de la República. ¿Por qué considera que se debe? «En ese caso no contamos con la capacidad, solo dos personas lo analizaron. Se hace notable una gran debilidad de la Sección» respondió el candidato.

El tercer entrevistado de la sesión fue el candidato Jorge Alfonso Quinteros Hernández. Quien es juez Primero de Familia de San Salvador desde 1998. Al momento de valorar el estado del Órgano Judicial criticó la falta de equipo en las sedes judiciales. “He constatado que hay juzgados que no cuentan ni siquiera con una computadora. A esta alturas es inconcebible. Los colegas, abogados en ejercicio deberían poder consultar desde su oficina el estado de los procesos que lleva un juzgado”, señaló.

Agregó que el Órgano Judicial debe apostarle a la austeridad. “Podrían haber recortes en aspectos como viajes al exterior, salvo aquellos que sean imprescindibles, yo no pienso que la Corte debe dejar de asistir a los eventos de Cumbre Judicial o al Consejo de Cortes Supremas de Justicia y del Caribe”, dijo.

Subcomisión Política utilizó una pregunta propuesta por la Iniciativa Social para la Democracia ¿Considera que una interpretación del Art. 33 de la Cn. que restrinja la relación marital únicamente para hombre y mujer así nacidos, vulneraría el art. 3 de Cn. que regula el derecho de igualdad? «Considero que sí, el artículo 3 es bastante claro. Estamos ante un caso relacionado con los derechos humanos».

Un ciudadano que llegó preguntó al candidato: ¿Está de acuerdo con todas las sentencias que ha dado la actual Sala de lo Constitucional? y, en caso de no estar de acuerdo, ¿Cuáles líneas jurisdiccionales para fundamentar su opinión? Hernández se negó a responder la interrogante.

Ninguno de los candidatos se había negado a opinar sobre las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Hernández dijo que había tenido una “premonición” que alguna “pregunta de este tipo” le iban a hacer.

Dijo que previendo esa pregunta, llevaba entre su documentación la Ley Órgánica Judicial. “El artículo 24 de la ley, que los magistrados y jueces en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional son independientes y estarán sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes (…) ni censurar públicamente la aplicación o interpretación de las mismas que hubieren hecho en sus fallos otros tribunales, sean inferiores o superiores en el órden jerárquico”, justificó. Razonó que estaba “en el ámbito público” y no “privado” y por lo tanto no podía referirse al trabajo de la Sala.

La última candidata entrevistada fue la actual presidenta de la Sala de lo Civil, María Luz Regalado Orellana. Quien defendió la reserva que la Corte Plena estableció a la información patrimonial de los funcionarios o exfuncionarios cuando no hay una resolución definitiva o quedan exonerados por indicios de enriquecimiento ilícito.

El diputado no partidario Leonardo Bonilla le preguntó: ¿Cuál es la base jurídica, doctrina y jurisprudencia local o internacional en la que usted se basó para votar a favor de que los expedientes de Probidad sean información reservada y no puedan darse a conocer a la sociedad civil?

La candidata dijo que basó su decisión en el artículo 240 de la Constitución. “El artículo refiere a que el contenido de la investigación debe estar reservada. Lo que Corte Plena hizo en ese momento de la cual yo formé parte y di mi voto a favor de la reserva fue precisamente ese porque se estaba dando como demasiada información hacia el público cuando el funcionario, a veces, ni siquiera había sido notificado del resultado de la investigación”. Justificó que la decisión de la reserva se basó en el peligro que podía generarse para los investigados por enriquecimiento ilícito.

“Nos pusimos a pensar en ese momento y le pedimos al oficial de acceso a la información pública que hiciera el estudio, no fue algo que saliera de la nada o que fuera arbitrario. Una de las cosas que se consideraron es que ocurre en un país tan violento como el nuestro en someter al conocimiento público el haber patrimonial de un funcionario y qué ocurre si al final no sale con indicios de enriquecimiento ilícito, lo dejaríamos expuesto”, argumentó.

Esgrimió que la reserva no daña el derecho al acceso a la información pública de la ciudadanía. “Creo que eso no va en contra de la transparencia, porque lo que son los informes de inicio y de cierre del período, esos sí se pueden dar en versión pública y de hecho eso así quedó establecida”, dijo. No mencionó que los casos exonerados son reservados por siete años.

El diputado Mario Tenorio, de GANA, le realizó la pregunta: ¿Cuál es su opinión de la actual distribución de los tribunales en el país? «A mi consideración la creación de juzgados de paz se hizo irreflexivamente. Vemos juzgados de paz son seis casos por año y otros con cientos» contestó la candidata. Agrega la candidata «debemos analizar el trasladar a esos juzgados de paz para apoyar aquellos que tienen sobrecarga laboral.

El diputado Juan José Martel cuestionó al candidato sobre los límites de la discrecional para el juzgador. El candidato responde que las competencias del juzgador se ve limitada por la misma ley.

El diputado Jorge Schafik Hándal comentó que la actual Sala de lo Constitucional ha señalado que luego de las elecciones legislativas la Asamblea Legislativa no puede realizar reformas constitucionales. En relación a esto cuestiona ¿Cuál es su opinión sobre dicha jurisprudencia? La candidata se negó a responder la interrogante, utilizando el mismo argumento que el candidato anterior

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Capacítate en las implicaciones teóricas y prácticas de la Ley de Procedimientos Administrativos

Publicado

hace 2 años

29 de junio de 2022

Por

Juan Carlos Menjivar

Bajo el objetivo de ofrecer una visión especializada del articulado de la Ley de Procedimientos Administrativos, con un enfoque centrado en la práctica, interpretación y relación con otros cuerpos legales que regulan las relaciones de la administración pública con la población, Derecho y Negocios anuncia el curso especializado “Estudio Exegético De La Ley De Procedimientos Administrativos”.

Un estudio exegético consiste en un método de hermenéutica jurídica que se basa en hacer una paráfrasis directa del texto; es tomar casi textualmente lo que dice la ley, y así aplicarlo a otros cuerpos normativos haciendo mención de la doctrina mas representativa y de los pronunciamientos jurisprudenciales que se tienen hasta el momento.

El seminario se realizará de manera virtual en la plataforma Zoom con una duración de 15 horas de capacitación continúa, estas serán divididas en cinco sesiones de dos horas y media de 6:30 P.M a 9:00 P.M y una de 9:30 A.M a 12:00 P.M, del cuatro al catorce de julio.

El curso especializado “Estudio Exegético De La Ley De Procedimientos Administrativos” ofrecerá un estudio profundo tomando de referencia la doctrina y las líneas jurisprudenciales más representativa hasta el momento.

Temario a desarrollar:

Normas generales y empleo de las nuevas tecnologías
Régimen jurídico del acto administrativo
Invalidez del acto administrativo
Régimen de la administración y del servidor público
Regulación de la responsabilidad patrimonial
Procedimiento administrativo
Potestad sancionadora
Potestad normativa

Dirigido a servidores públicos, gerentes de departamentos legales de empresas, áreas jurídicas de instituciones públicas, abogados en el libre ejercicio, colaboradores judiciales, estudiantes de derecho y para cualquier interesado en comprender las implicaciones teóricas y prácticas de la Ley de Procedimientos Administrativos.

El costo de inversión: $65.00. Pero de inscribirse antes del 10 de junio recibe un descuento de 25%. Así también, se cuenta con descuentos para estudiantes en nivel de licenciatura y empleados públicos.

El pago puede realizarse por medio de depósito o transferencia a cuenta del Banco de América Central, a nombre de Editorial DyN, S.A, de C.V. #200851947, o por medio, de compra directa con tarjeta de crédito o débito en la aplicación Descuentazo. Para más información escribirnos al correo comunicaciones@derechoynegocios.net o al WhatsApp 7587 8312.

La Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) entró en vigencia el año pasado; sin embargo, aún existen zonas de confusión dentro de los abogados y de la propia administración pública, esta actividad vendría a aclarar el funcionamiento de dicha normativa.

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Inscríbete y participa en los Premios DyN este 20 de noviembre

Publicado

hace 3 años

3 de septiembre de 2021

Por

Juan Carlos Menjivar

Derecho y Negocios se prepara para entregar los Premios DyN de este año, en virtud de ello ya se han publicado las bases de participación que todas las firmas deben completar para participar y lograr obtener uno los premios a entregar.

Esto durante la celebración de su decimo segunda gala de aniversario. Reconocidas firmas serán galardonadas por su desempeño laboral durante el presente año, a la vez, se reconocerá la trayectoria de empresarios y personas jurídicas de El Salvador.

Las bases pasan por un riguroso proceso evaluativo realizado por la firma auditora KPMG, en el cual se asegura la transparencia y objetividad de todo el proceso.

Los premios reúnen a reconocidos abogados, empresarios, diplomáticos, funcionarios y más; así también, a las firmas legales más influyentes a nivel nacional, quienes compiten por obtener uno de los codiciados premios que se entregarán esa noche.

Este año Premios DyN serán divididos en 12 categorías:

Firma en Derecho Corporativo
Firma en Derecho Bancario y Financiero
Firma en Litigios
Firma en Propiedad Intelectual
Firma del Año
Firma Legal Especializada
Firma Más Valorada Por Sus Clientes
Firma con Mayor Crecimiento
Firma en Derecho Tributario
Departamento Legal Empresarial
Proyección Profesional
Abogada del Año

En la misma noche se entregarán reconocimientos a diferentes personalidades por su labor para el país durante el presente año, divididos en las categorías: Empresario Más influyente del Año, Trayectoria Empresarial del Año, Funcionario Más destacado del Año, Institución Pública Más Destacada del Año, Fundación Más Destacada del Año.

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TAG Airlines es reconocida como una de las 10 compañías más seguras para viajar

Publicado

hace 3 años

17 de julio de 2021

Por

Redacción DYN

TAG Airlines, empresa guatemalteca con 50 años de trayectoria prestando servicios de aviación comercial y privada, ha sido seleccionada para formar parte de la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo – ALTA-, una organización privada sin fines de lucro, la cual tiene como objetivo unir esfuerzos junto a otras empresas miembro para facilitar el desarrollo de un trasporte aéreo más seguro, eficiente y amigable con el medio ambiente.

Este reconocimiento forma parte de la reciente certificación de seguridad operacional ISSA que obtuvo TAG Airlines, tras haber participado en el programa promovido conjuntamente por ALTA y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo -IATA- por sus siglas en inglés. Así mismo, esto coincide con el inicio de su proceso de certificación IOSA, un sistema de evaluación reconocido y aceptado internacionalmente diseñado para evaluar los sistemas de gestión y control de operaciones de una compañía aérea.

“Para TAG Airlines es motivo de orgullo y satisfacción ya que ALTA juega un importante papel en el sector de la aviación comercial en Latinoamérica. Para TAG y para la industria este 2021 es un año de recuperación, estamos trabajando muy fuerte para ofrecer mejor y mayor conectividad, tenemos muchos proyectos que incluyen la ampliación de nuestra red de rutas en Centro América y la incorporación de nuevas aeronaves que nos permitirán ofrecer un mejor producto al mercado”, comentó Julio Gamero, CEO de TAG Airlines. “Formar parte de ALTA es un gran paso para nosotros, porque nos permitirá continuar trabajando en nuevos proyectos que impulsen el desarrollo económico, tanto de Guatemala como de todos los países en donde tenemos presencia, como Honduras y El Salvador”, agregó Gamero.

El Programa ISSA es una herramienta que busca fortalecer los índices de seguridad operacional en la aviación civil de América Latina y el Caribe. A través de esta iniciativa, ALTA ha convocado a más de una docena de aerolíneas en la región y hasta hoy, de las 10 aerolíneas certificadas ISSA, nueve están basadas en la región y seis son miembros de ALTA.

“Celebro la llegada de TAG Airlines a ALTA. Su operación en Centroamérica, crecimiento consistente y equipo comprometido son merecedores de reconocimiento. Estoy seguro de que su participación en las iniciativas de ALTA será de mucho valor para continuar recuperando la conectividad en nuestra región y llevar los beneficios que genera la aviación a más lugares y más personas”, comenta José Ricardo Botelho, Director Ejecutivo & CEO de ALTA.

Actualmente TAG Airlines, opera 12 rutas nacionales e internacionales en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y muy pronto al sur de México con una flota de 15 aeronaves Turbo Prop y un Jet ERJ 145.

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Mayoría de la población desconoce la Ley Bitcoin

Publicado

hace 3 años

15 de julio de 2021

Por

Redacción DYN

Un reciente estudio de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reveló que la mayoría de la población desconoce la Ley Bitcoin, con la cual dicha criptomoneda se volverá divisa de curso legal en El Salvador a partir del próximo 7 de septiembre.

«La mayoría de la población, con un 68.4 %, desconoce la Ley del Bitcoin que entrará en rigor en septiembre. El 21.9 % conoce algo y solo el 9.6 % dice haberla visto y leído», apuntan los resultados del estudio, que además destaca que solo un 4 % de la población afirma haber hecho alguna transacción usando el Bitcoin.

Ante la inminente entrada en vigor de la ley, las empresas de todo tamaño necesitan prepararse. La revista Derecho y Negocios ha organizado un desayuno taller para abarcar varios aspectos vinculados con la ley, de modo que contadores, financieros y representantes legales de las empresas sepan qué áreas afectará la nueva disposición.

Además, se aprenderá a usar billeteras electrónicas y a hacer transacciones con satoshi, la medida fraccionaria del Bitcoin. El desayuno taller se realizará este viernes 16 de julio de 2021, a las 8:00 a.m., en el Hotel Sheraton Presidente.

El taller práctico estará a cargo de Darvin Otero, Blockchain Developer, Serial Tech Entrepreneur y consultor en innovación con más de 20 años de experiencia en la industria del software y transformación digital, es Ingeniero en Sistemas Informáticos y con Maestría en Administración de Negocios. Ha creado productos como Aeegle, Zumpul, Insidey que son utilizados por más de 1,000 empresas y 90K Usuarios en todo el mundo.

Actualmente trabaja en @NorttechLabs con empresas nacionales e internacionales en campos como Open Banking, Arquitectura de APIs y Microservicios, Desarrollo para Blockchain y Bitcoin. Con él, los asistentes instalarán sus e-wallet y recibirán transferencias de satoshi para poderse familiarizar con el sistema.

También participará Carlos Miguel Rivas, encargado de Business Development de Athena Bitcoin en El Salvador, la empresa que instalará 1,500 ATM para poder operar con Bitcoin.

Para hablar sobre las implicaciones legales y contables del uso del Bitcoin estará presente Héctor Torres, socio en Torres Legal, y especialista Fintech y Legaltech. Para explicar los posibles efectos del uso del Bitcoin en la parte tributaria, participará Eduardo Amaya, socio director de Auditaxes El Salvador.

Para más información escribirnos al correo comunicaciones@derechoynegocios.net o al WhatsApp 7587 8312.

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¿Cómo afectará a la operación de mi empresa la implementación del Bitcoin?

Publicado

hace 3 años

14 de julio de 2021

Por

Redacción DYN

A partir del 7 de septiembre entra en vigor la Ley del Bitcoin, que vuelve a esta criptomoneda una divisa de curso legal en El Salvador. ¿Qué cambios implicará esto en la operación de mi empresa, en lo legal, tributario, financiero y contable? ¿Cómo puedo prepararme para este cambio?

Estas preguntas se responderán este viernes 16 de julio, en un desayuno taller con especialistas sobre el uso del Bitcoin, quienes explicarán las implicaciones legales y contables de su implementación. Revista Derecho y Negocios ha organizado esta actividad, en la que además los participantes aprenderán cómo instalar y usar una e-wallet, y harán operaciones en satoshi, las unidades fraccionarias del Bitcoin.

También participará Carlos Miguel Rivas, encargado de Business Development de Athena Bitcoin en El Salvador, la empresa que instalará 1,500 ATM para poder operar con Bitcoin.

Para más información escribirnos al correo comunicaciones@derechoynegocios.net o al WhatsApp 7587 8312.