La Corte Suprema de Justicia de El Salvador convocó a abogados interesados en obtener autorización para ejercer como ejecutores de embargo.

La convocatoria está a cargo de la Sección de Investigación Profesional, que publicó una guía con los requisitos y pasos para iniciar el trámite.

Estos son los requisitos para ejercer

La Ley Orgánica Judicial establece que solo podrán ejercer esta función quienes reciban autorización de la Sección de Investigación Profesional.

Entre los requisitos figura ser salvadoreño y abogado de la República. Además, los aspirantes deben demostrar moralidad y competencias notorias.

También deben aprobar un examen de suficiencia para ejercer como ejecutores de embargo.

El proceso incluye además la presentación de una fianza por un año.

La garantía debe cubrir hasta cinco salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios.

El interesado debe presentar esa fianza ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia.

La ley establece quiénes no pueden ejercer

El artículo 107 de la Ley Orgánica Judicial establece varias causas de incapacidad para desempeñar esta función.

La norma incluye a personas ciegas, mudas o sordas, así como a quienes tengan una discapacidad mental.

También excluye a personas condenadas mediante sentencia firme por un delito doloso.

Esta restricción se mantiene durante el periodo establecido en la sentencia, incluso si la persona cumple una medida de libertad restringida.

La Corte publicó una guía para el trámite

La Sección de Investigación Profesional recomendó a los abogados revisar la guía antes de iniciar el proceso de autorización.

El documento advierte que cualquier demora derivada del incumplimiento de los requisitos será responsabilidad del interesado.

Los abogados pueden realizar consultas sobre el trámite mediante el correo de la Sección de Investigación Profesional: investigacion.profesional@oj.gob.sv.

Los siete consejeros propietarios y siete suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador comienzan este 22 de septiembre un mandato de cinco años.

La Asamblea Legislativa eligió y juramentó a los 14 integrantes el 17 de septiembre, después de analizar las candidaturas presentadas por distintos sectores vinculados con el sistema de justicia.

El nuevo período concluirá el 21 de septiembre de 2031, según el decreto legislativo que formalizó la elección.

Los propietarios y suplentes

El grupo de consejeros propietarios está integrado por Santos Guerra Grijalba, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez y Alexander Efraín Ticas Navarro.

Los tres representan al gremio de abogados en el ejercicio libre de la profesión.

Luis Alonso Ramírez Menéndez representa a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.

Verónica Lisseth González Penado representa a las universidades privadas. Miguel Ángel Calero Ángel corresponde al Ministerio Público.

Por el sector de jueces y magistrados fue elegido Omar Alexander Hernández.

Los suplentes son Eduardo Antonio Pérez Hernández, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, Manuel Alexander Guevara Hernández, Elías Alexander Mejía Merlos, María Francisca Leiva Rodríguez, Jennifer Isa Mansell García de Vásquez y Nelly Edith Posas Henríquez.

Cuatro de los siete propietarios ya integraban el Consejo Nacional de la Judicatura y fueron elegidos para un segundo período. Se trata de Santos Guerra Grijalba, Luis Alonso Ramírez Menéndez, Verónica Lisseth González Penado y Miguel Ángel Calero Ángel.

El proceso comenzó con 41 aspirantes

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó a 41 profesionales durante siete jornadas realizadas entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre (fueron 42, pero uno se retiró).

Los diputados revisaron sus hojas de vida, trayectoria profesional, formación académica y propuestas de trabajo. También verificaron el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

La comisión emitió posteriormente un dictamen favorable para someter las candidaturas a votación del pleno legislativo.

La Asamblea eligió a los integrantes mediante votación nominal y pública y luego procedió con su juramentación.

Una institución con funciones sobre jueces y magistrados

El Consejo Nacional de la Judicatura cumple un papel central dentro del sistema judicial salvadoreño.

Entre sus atribuciones está proponer candidatos para cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras y jueces de distintas instancias.

Además, el organismo evalúa periódicamente el desempeño de jueces y magistrados.

También desarrolla programas de formación mediante la Escuela de Capacitación Judicial, dirigida a funcionarios y empleados del sector.

Por ello, el nuevo pleno tendrá bajo su responsabilidad procesos relacionados con selección, evaluación y capacitación de funcionarios judiciales durante los próximos cinco años.

Representación de distintos sectores jurídicos

La composición del Consejo Nacional de la Judicatura incorpora representantes de cinco sectores vinculados con la administración de justicia.

El gremio de abogados ocupa tres puestos propietarios y tres suplentes.

Los otros cuatro propietarios corresponden a la Universidad de El Salvador, las universidades privadas, el Ministerio Público y el sector judicial.

Esta estructura también se refleja en los suplentes designados para el nuevo período.

El CNJ y el sistema judicial centroamericano

La renovación del Consejo Nacional de la Judicatura ocurre dentro de un sistema judicial que mantiene vínculos institucionales con otros países de Centroamérica.

En la región existen organismos con distintas estructuras y atribuciones para la selección, formación, evaluación o administración de jueces y magistrados.

En El Salvador, estas funciones corresponden en buena medida al Consejo Nacional de la Judicatura, cuya base constitucional establece su participación en la selección y formación de funcionarios judiciales.

El nuevo pleno ejercerá sus funciones hasta septiembre de 2031, con responsabilidades que abarcan la selección de perfiles judiciales, evaluación de desempeño y capacitación profesional.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene su campaña de prevención del lavado de activos y recuerda a abogados y notarios sus obligaciones para detectar riesgos.

La institución destaca la importancia de la debida diligencia del cliente para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

La identificación permite detectar riesgos

La Corte explica que la debida diligencia permite identificar y verificar la identidad de los clientes. También ayuda a conocer sus relaciones profesionales y comerciales.

Además, los profesionales deben comprender el propósito de cada relación y determinar el origen de los fondos.

Con esa información, abogados y notarios pueden crear un perfil del cliente y establecer su nivel de riesgo.

La medida también permite gestionar los riesgos durante la relación profesional y detectar cambios que requieran mayor atención.

El nivel de riesgo define las medidas

La Corte establece tres niveles de debida diligencia, según el riesgo identificado en cada cliente.

La modalidad simplificada corresponde a clientes considerados de bajo riesgo. La estándar debe aplicarse a todos los clientes.

En cambio, la diligencia intensificada corresponde a personas consideradas de alto riesgo.

Entre ellas figuran las personas políticamente expuestas. En estos casos, los profesionales deben solicitar información adicional sobre la fuente de riqueza y el origen de los fondos.

Abogados y notarios tienen obligaciones específicas

La Corte recuerda que estos profesionales deben registrarse ante la Unidad de Investigación Financiera y ante la propia institución.

El trámite se realiza mediante la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción.

Asimismo, deben mantener registros y presentar los reportes de operaciones reguladas cuando corresponda.

También deben comunicar operaciones sospechosas, operaciones tentadas y actividades sospechosas, según las obligaciones aplicables.

La prevención busca cerrar espacios al dinero ilícito

La Corte señala que estas medidas forman parte del sistema nacional de prevención del lavado de activos.

El esquema también contempla el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La institución anunció que continuará difundiendo herramientas prácticas para facilitar que abogados y notarios apliquen las medidas preventivas en su actividad profesional.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a abogados y notarios su función clave en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El mensaje destaca que estos profesionales aportan “confianza, transparencia y certeza jurídica” a las actividades económicas legítimas. Sin embargo, sus servicios también pueden ser utilizados para ocultar fondos o bienes de origen ilícito.

Nuevas obligaciones desde octubre de 2025

La Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos establece obligaciones específicas para abogados y notarios desde octubre de 2025.

La normativa incluye a quienes realizan determinadas actividades para sus clientes, de forma directa o indirecta. Entre ellas figura la compra y venta de bienes inmobiliarios.

También contempla la administración de dinero, valores y otros activos. Además, incluye la gestión de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.

Los profesionales también deben cumplir estas obligaciones cuando participan en la creación, operación o administración de empresas y otras estructuras jurídicas.

debida diligencia para identificar riesgos

La Corte Suprema señala que abogados y notarios pueden detectar señales de riesgo desde su posición profesional. Para ello, deben aplicar medidas preventivas como la debida diligencia.

Estas acciones incluyen verificar la información de los clientes y revisar las operaciones realizadas. El objetivo es dificultar el ocultamiento del origen de recursos y la identidad de los beneficiarios finales.

La institución advierte que los delincuentes pueden intentar utilizar servicios legales para constituir sociedades, adquirir inmuebles o administrar activos.

Supervisa el cumplimiento

En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia supervisa estas obligaciones mediante la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción.

La institución indicó que continuará ofreciendo herramientas para facilitar la aplicación de las medidas preventivas.
“Continuará brindándote herramientas prácticas que faciliten la implementación de las medidas de prevención”, señala el mensaje institucional

La Agencia de Ciberseguridad del Estado de El Salvador dejó sin efecto la fecha límite para comunicar el nombramiento de los delegados de protección de datos personales.

La autoridad informó que el plazo previsto para el 16 de septiembre de 2026 queda suspendido hasta nuevo aviso.

Por tanto, las empresas e instituciones obligadas por la Ley para la Protección de Datos Personales no deben realizar ninguna acción relacionada con esa fecha.

La agencia indicó que comunicará oportunamente cualquier nueva disposición. Además, pidió a las organizaciones mantenerse atentas a la información oficial.

La fecha anterior queda anulada

La normativa establecía que las entidades obligadas debían comunicar a la autoridad el nombramiento de su delegado de protección de datos.

Ese requisito alcanzaba a organizaciones públicas y privadas que realizaran actividades de tratamiento de información personal.

La nueva comunicación modifica el calendario anunciado previamente. Sin embargo, el aviso no establece una nueva fecha para cumplir con ese procedimiento.

Una figura vinculada al manejo de información personal

El delegado de protección de datos ayuda a las organizaciones a cumplir las reglas sobre el uso de información personal.

Entre sus funciones está supervisar cómo una entidad recoge, almacena, utiliza y comparte datos.

También puede atender solicitudes relacionadas con el acceso, corrección, cancelación u oposición al uso de información personal.

Además, asesora a las distintas áreas y promueve la capacitación del personal sobre protección de datos.

La obligación sigue vinculada a la ley

La Ley para la Protección de Datos Personales establece obligaciones para quienes realizan tratamiento de información personal.

Estas reglas pueden alcanzar a empresas, instituciones, comercios, centros educativos, clínicas y otros servicios.

El cumplimiento incluye revisar procedimientos para manejar datos y establecer medidas de seguridad.

También contempla mecanismos para responder ante incidentes como filtraciones, pérdidas o accesos no autorizados.

La autoridad aclaró que cualquier disposición posterior será comunicada oportunamente por sus canales oficiales.