Un tribunal contra el crimen organizado dictó condena a expolicías en El Salvador con penas de hasta 540 años de prisión. Los procesados integraban una banda dedicada a homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

El fallo lo emitió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. La resolución incluye a 11 personas, entre expolicías, exsoldados y civiles.

El tribunal encontró responsabilidad penal en múltiples delitos. Entre ellos destacan homicidio agravado y robo agravado en perjuicio de particulares y empresas.

Principales condenas por homicidio agravado y robo

El tribunal condenó a Roberto Carlos García Martínez a 540 años de prisión. Además, sentenció a Francisco Eduardo Ramírez Vicente a 216 años.

Ambos lideraban la estructura criminal. Las autoridades los vinculan directamente con varios hechos delictivos.

Por su parte, los otros nueve implicados recibieron penas entre cinco y 173 años. Todos enfrentaron cargos por los mismos delitos.

Casos probados durante el juicio

Durante el proceso, el tribunal analizó 11 casos de homicidio agravado. También evaluó 21 casos de robo agravado.

Las investigaciones establecieron que las víctimas eran atacadas durante asaltos. En varios casos, los agresores cometieron homicidios cuando las personas se resistían.

Estructura operaba a nivel nacional

Según el fallo, la banda operaba en distintas zonas del país. Sin embargo, registró mayor actividad en Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel.

Además, los imputados atacaban cooperativas y negocios. Entre los objetivos figuraban empresas de venta de motocicletas.

Los civiles dentro de la estructura proporcionaban información. Con ello, facilitaban los robos y ubicaban a las víctimas.

Uso de experiencia institucional para delinquir

El tribunal determinó que algunos integrantes aprovecharon su experiencia como agentes de seguridad. Esto les permitió ejecutar los delitos con mayor planificación.

El juez calificó los hechos como graves. También señaló que las acciones afectaron la seguridad pública.

El juicio masivo contra 486 cabecillas de la MS-13 continúa en El Salvador tras dos semanas de audiencias.

La Fiscalía General de la República presentó nuevas pruebas basadas en audios intervenidos.

Audios revelan estructura financiera de la MS-13

Durante la jornada del lunes, la Fiscalía reprodujo grabaciones donde los acusados discuten la organización interna. En los audios, los implicados hablan sobre mantener la cohesión del grupo.

Además, las conversaciones mencionan un fondo superior a 500,000 dólares. Este dinero provenía de extorsiones cobradas a comerciantes, transportistas y otros sectores.
Según la Fiscalía, los recursos financiaban la compra de armas, municiones y vehículos. También se destinaban al entrenamiento en el uso de armamento de alto calibre.

Fiscalía detalla uso de fondos ilícitos

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, explicó que los audios evidencian la distribución del dinero. Un miembro administraba los fondos y coordinaba su entrega a distintas estructuras.

Las grabaciones indican que el dinero se repartía entre más de 200 clicas y varios programas. Estas estructuras operaban bajo coordinación de cabecillas de alto rango.

Asimismo, los audios muestran discusiones internas sobre el manejo equitativo de los recursos. Los implicados exigían cumplir acuerdos establecidos dentro de la organización.

Investigación aborda delitos de extorsión y homicidio

La Fiscalía sostiene que estas pruebas respaldan varios delitos atribuidos a los acusados. Entre ellos figuran extorsión, homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Para este martes, el Ministerio Público prevé presentar audios adicionales. En estas grabaciones, los imputados planifican y ordenan homicidios.

Caso “Familia” y origen de la investigación

El proceso se conoce como caso “Familia”, en referencia a la forma en que la estructura se autodenominaba.Según la investigación, esta organización surgió para evitar divisiones internas.

Las pesquisas identificaron intentos de fragmentación, como la aparición de la agrupación 503. Frente a ello, los cabecillas reforzaron su estructura y coordinación.

La Fiscalía General anunció que logró que 129 integrantes de la MS-13 recibieran condenas de hasta 260 años de prisión. Las sentencias corresponden a delitos como homicidio, tráfico de drogas, desaparición de personas y organizaciones terroristas.

La institución fiscal dijo que presentó pruebas documentales y testimoniales contundentes durante el proceso judicial. Con ello, comprobó cómo operaban los grupos criminales entre 2013 y 2018.

Según la investigación, los condenados privaban de libertad a las víctimas y luego las desaparecían. Además, financiaban sus actividades mediante venta de droga y extorsiones.

Las autoridades confirmaron que estas estructuras delictivas operaban en el departamento de La Libertad. También establecieron vínculos entre cabecillas y colaboradores dentro de distintas clicas.

Condenas por homicidios y crimen organizado

El tribunal impuso diversas penas de prisión según la participación en los delitos. Entre las condenas destacan sentencias de hasta 260 años por múltiples homicidios.

Otros implicados recibieron penas que van desde 80 hasta 170 años de cárcel. Las condenas responden a la gravedad de los crímenes y al número de víctimas.

Casos relevantes incluidos en el juicio

Entre los hechos probados, se encuentra el asesinato de un taxista. La estructura lo atacó tras señalarlo como informante policial.

Asimismo, el tribunal documentó el homicidio de dos personas. Los responsables las sacaron de su vivienda tras simular un operativo policial.

En otro caso, los imputados planificaron el asesinato de dos agentes policiales. Sin embargo, los agentes recibieron una alerta a tiempo y lograron evitar el ataque.

El juicio masivo contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) avanza este viernes en El Salvador como uno de los procesos penales más grandes del país. La Fiscalía General de la República atribuye a los acusados más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos al menos 29,000 homicidios.

Para hoy, la Fiscalía General presenta tres nuevos testigos.

Desde el inicio de la semana, los principales jefes de la estructura criminal enfrentan audiencias bajo un modelo colectivo. El sistema judicial los procesa como parte de la llamada “ranfla nacional”, considerada el núcleo de mando.

Entre los imputados figuran cabecillas históricos señalados de ordenar asesinatos, extorsiones, secuestros y otros crímenes a nivel nacional.

Fiscalía presenta nuevos testimonios en la jornada

La audiencia única abierta continúa con la presentación de nueva prueba testimonial. La Fiscalía reporta que los 486 cabecillas enfrentan acusaciones por ordenar al menos 9,043 hechos criminales específicos dentro del proceso.

Durante la jornada, el Ministerio Público presenta tres testigos. Sus declaraciones buscan explicar cómo, entre 2012 y 2022, los líderes de la MS-13 ordenaban homicidios en todo el país.

Según la acusación, entre los crímenes figuran asesinatos de agentes policiales y miembros de la Fuerza Armada. La Fiscalía intenta vincular directamente a los cabecillas con estas órdenes.

Responsabilidad de mando como eje del proceso

La estrategia fiscal se basa en el principio de responsabilidad de mando. Este criterio permite atribuir a los líderes los delitos ejecutados por sus subordinados dentro de la estructura criminal.

La Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado indicó que las órdenes se emitían tanto desde centros penales como desde la calle. Según explicó, la estructura mantenía control operativo en ambos entornos.

Además, la Fiscalía sostiene que los cabecillas decidían sobre la vida de las personas. Por ello, busca atribuirles la totalidad de los delitos cometidos por la organización.

Audiencias desde el CECOT y modalidad virtual

El proceso se desarrolla mediante audiencias virtuales que conectan tribunales en San Salvador con cárceles de máxima seguridad. Entre ellas se encuentra el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

Las autoridades trasladan a los imputados hacia áreas con videotransmisión para participar en las diligencias. Este modelo permite avanzar con el juicio masivo de forma simultánea.

Funcionarios han señalado que los acusados incluyen ranfleros históricos, corredores de programa y líderes de clica.

Casos emblemáticos dentro del proceso

Entre los acusados destacan cabecillas con numerosos delitos atribuidos. Carlos Tiberio Ramírez Valladares enfrenta cargos por cientos de homicidios agravados.

También figura Borromeo Henríquez Solórzano, con más de 500 delitos imputados. Dionisio Arístides Umanzor Osorio aparece con más de 100 homicidios señalados por la Fiscalía.

El Ministerio Público vincula a varios de estos líderes con ataques contra fuerzas de seguridad y otros crímenes de alto impacto.

El régimen de excepción

El juicio se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada desde marzo de 2022. Tras un repunte de homicidios, el Gobierno implementó el régimen de excepción y ejecutó capturas masivas.

Datos oficiales indican que más de 91,000 personas han sido detenidas en ese contexto. El proceso contra los cabecillas busca llevar a juicio a la cúpula de la MS-13.

Las autoridades sostienen que estas medidas han reducido la violencia en el país.

Debate político y críticas internacionales

El caso se ha convertido en un tema central de la agenda política. El presidente Nayib Bukele ha defendido el juicio y su enfoque legal.

El mandatario ha comparado el uso de la responsabilidad de mando con precedentes históricos. También ha cuestionado a sectores que critican el proceso.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos mantienen observaciones. Estas incluyen preocupaciones sobre el debido proceso y las garantías judiciales.

Fiscalía apunta a penas máximas

La Fiscalía asegura que cuenta con pruebas suficientes para sostener la acusación. Según el Ministerio Público, el objetivo es lograr penas máximas contra cada uno de los procesados.

El avance del juicio será determinante para establecer responsabilidades penales. Mientras tanto, el caso sigue marcando el debate sobre seguridad, justicia y derechos en El Salvador.

El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló el juicio colectivo contra 492 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Las autoridades acusan a los imputados de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Entre los cargos destacan homicidios agravados, feminicidios, extorsiones, rebelión, delitos relacionados con droga, trata de personas, tráfico de armas y agrupaciones ilícitas. Este proceso judicial se perfila como uno de los más grandes en la historia reciente del país.

Acusaciones contra cabecillas de pandillas en El Salvador

El caso incluye a presuntos cabecillas de la MS-13, entre ellos miembros de la ranfla nacional (jefatura), la ranfla de las calles y corredores de programa. Según la acusación, estos grupos operaban en todo el territorio salvadoreño.

Además, el tribunal procesa a fundadores de la estructura criminal. Las autoridades sostienen que estos líderes dirigieron actividades ilícitas de forma coordinada durante años.

Más de 47,000 hechos delictivos bajo investigación

El tribunal analizará más de 47,000 hechos delictivos atribuidos a la organización. De ese total, cerca de 29,000 corresponden a homicidios.

Entre los casos también figuran 87 homicidios cometidos entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. Estos hechos precedieron al inicio del Régimen de Excepción en El Salvador.

Por tanto, la magnitud del proceso refleja el alcance de las operaciones de la estructura criminal durante la última década.

Inicio del juicio y desarrollo de pruebas

Durante la instalación de la audiencia, el juez señaló que estas estructuras han afectado la seguridad del país por décadas. Asimismo, afirmó que el proceso se llevará con base en la ley.

El juzgador indicó que el tribunal evaluará pruebas periciales, autopsias, análisis balísticos y testimonios. Estas evidencias buscan reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.

Además, destacó que cada prueba representa a víctimas que no pudieron defenderse. En consecuencia, el juicio pretende esclarecer los delitos atribuidos a la organización.

Impacto del juicio colectivo en la seguridad nacional

El tribunal subrayó que los hechos investigados no fueron aislados. Según lo expuesto, respondían a órdenes emitidas desde la estructura criminal.

Finalmente, el caso avanza como uno de los juicios colectivos más relevantes contra pandillas en El Salvador. Las autoridades buscan establecer responsabilidades penales y avanzar en el combate al crimen organizado.