La Comisión de Hacienda aprobó que se suscriba el contrato de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 75 millones a El Salvador para respaldar el «Programa de apoyo a la movilidad urbana baja en emisiones».

Este programa tiene como objetivo principal fomentar la electromovilidad, en línea con la prioridad del país de promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer las instituciones del sector para aumentar su eficiencia. Los organismos ejecutores del empréstito serán el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Transporte.

La firma del convenio se realizó entre el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, tras un proceso exhaustivo de negociaciones. El ministro Posada destacó la importancia de esta operación para los esfuerzos gubernamentales en materia de movilidad urbana, subrayando los beneficios que aportará al sistema de transporte y su contribución al impulso económico del país.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, reafirmó el compromiso del banco con el crecimiento sostenible e inclusivo en la región. Enfatizó que este tipo de operaciones demuestran la viabilidad de una transición hacia transportes más amigables con el ambiente, impulsando la economía mediante inversiones sostenibles que mejorarán la calidad de vida de los salvadoreños y su competitividad.

La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de realizar reformas a la Ley de Presupuesto 2024, incorporando $5,800,000.00 a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Estos fondos permitirán a la SIGET adquirir un inmueble para implementar un proyecto enfocado en una nueva estructura de telecomunicaciones y otras tecnologías vinculadas al sector.

Para profundizar en la iniciativa, los diputados recibieron en la comisión a representantes del Ministerio de Hacienda. Laura Michelle Arce, subdirectora general del presupuesto del Ministerio de Hacienda, explicó que los recursos incorporados serán destinados a la compra de un inmueble cuyo costo asciende a $5.8 millones. Arce afirmó que esta adquisición permitirá mejorar la conectividad del país y contribuir al desarrollo social de El Salvador.

En otra reforma a la Ley de Presupuesto 2024, los diputados también aprobaron la incorporación de $512,419.00 al Ministerio de Relaciones Exteriores, provenientes de Préstamos Externos. Este monto será utilizado para ejecutar el «Programa de Fortalecimiento de Oficinas Económicas Comerciales para Atracción de Inversionistas del Extranjero y Promoción de Turismo».

Marlon Herrera, director general de inversión y crédito público, señaló que el programa tiene como objetivo transformar el clima de negocios en El Salvador mediante la facilitación del comercio y las inversiones. El programa beneficiará a unas 150 empresas salvadoreñas, 25 oficinas económicas comerciales y 90 operadoras de turismo, a través de ferias comerciales, eventos de inversión, actividades de promoción económica, equipamiento de oficinas y consultorías.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitieron un dictamen a favor de homologar el período con el de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus dependencias, mismo que dura seis meses.

Según lo estudiado en la mesa de trabajo, el dictamen respalda reformar el artículo 140 de la Ley Orgánica Judicial para uniformar la duración de la práctica jurídica. En la actualidad, para quienes aspiran a una abogacía y realizan sus prácticas en la PGR, el período se extiende por dos años, mientras que aquellos que lo desarrollan en la CSJ y en cualquiera de sus dependencias es solo por seis meses.

Actualmente, el artículo establece que aquellos que pretendan recibir el título de abogado deben presentar su solicitud al jefe de la Sección de Investigación Profesional, acompañada de una certificación expedida por el Procurador General de la República, que verifique dos años de práctica jurídica. Se señala que la práctica jurídica en apoyo a instituciones, tribunales y dependencias de la Corte Suprema de Justicia tiene una duración promedio de mil veinticuatro horas, desarrolladas en seis meses.

Esta duración se considera el lapso estándar mínimo para completar la formación profesional. Por lo tanto, se considera necesario uniformar este tiempo requerido para la práctica jurídica en la Procuraduría General de la República.

La propuesta de reforma plantea sustituir el artículo 140, ordinal 3°, letra d) de la Ley Orgánica Judicial, estableciendo que la constancia de práctica jurídica deberá ser extendida por el Procurador General de la República o la Secretaría General de la Procuraduría General de la República. Esta constancia deberá verificar que el aspirante haya realizado mil veinticuatro horas efectivas de práctica jurídica, en modalidades de jornada parcial o completa, con una duración de seis meses hasta dos años.

Además, se contempla una disposición transitoria que permite a las personas que hayan iniciado la práctica jurídica en la Procuraduría General de la República antes de la entrada en vigencia de la reforma optar por finalizarla conforme a la modalidad anterior de dos años o de acuerdo con la reforma propuesta.

El Consejo Nacional de Calidad (CNC) ha extendido una vez más el plazo para la entrada en vigor del Reglamento Técnico Salvadoreño RTS. 01.02.01:18 sobre Metrología y el Sistema Internacional de Unidades (SI). Esta nueva prórroga, la cuarta desde la creación del reglamento en 2019, pospone su implementación hasta el 4 de febrero de 2025.

El propósito fundamental de este reglamento es establecer un marco unificado para las actividades de medición en El Salvador. Su objetivo es promover un lenguaje común que facilite la comunicación y la precisión en todas las áreas donde se llevan a cabo mediciones en el país.

Dentro de este reglamento se definen las magnitudes, unidades de medida y símbolos correspondientes al Sistema Internacional de Unidades (SI), normativa reconocida por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM).

Durante este período adicional de prórroga, se espera que los diferentes sectores afectados completen los ajustes necesarios para cumplir con las disposiciones del reglamento. Es esencial que se informe adecuadamente a la población sobre esta transición y los cambios que implicará en las actividades cotidianas.

La prórroga otorgada brinda a los sectores involucrados un tiempo adicional para adaptarse al nuevo sistema de unidades de medida y garantizar una implementación exitosa y sin contratiempos. Esto asegurará que El Salvador cumpla con los estándares internacionales en materia de metrología y fortalezca su infraestructura de calidad.

En el Diario Oficial del dos de mayo se publicó la prórroga de dos años para la exoneración de pagos por servicios, derechos y aranceles aduanales, migratorios y consulares al ingreso y salida del país para personas vinculadas a misiones oficiales o eventos relacionados con el turismo deportivo, artístico y cultural.

La prórroga, que entrará en vigor tras la expiración de la actual el 25 de mayo de 2024, tiene como objetivo impulsar el sector turístico y atraer inversores extranjeros, según indicó el diputado Raúl Chamagua. Se estima que uno de cada cinco empleos generados en El Salvador en la próxima década estará relacionado con el turismo.

Chamagua resaltó que en 2023 se invirtieron más de $5 millones en la remodelación de sitios turísticos, y en lo que va de 2024, se han recibido más de un millón de visitas internacionales, con un gasto turístico superior a los $14 millones. Además, señaló que Estados Unidos encabeza la lista de países emisores de turistas hacia El Salvador.

El decreto legislativo original, aprobado el 25 de mayo de 2021, hizo hincapié en el proyecto Surf City en el país. Esta nueva prórroga se justifica en el objetivo de posicionar a El Salvador como un destino turístico especializado en el turismo deportivo, particularmente en la práctica del surf, como parte de la estrategia para diversificar y fortalecer la economía nacional.