Legal
Reestructuran organización interna del ISDEMU
Recientemente fueron publicadas en el Diario Oficial las reformas a la Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), estas modificaciones suponen una reestructuración a su organización interna.
Según los considerados de motivos, el instituto tiene por objeto “la rectoría en materia de políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres en todo su ciclo de vida, así como velar por la incorporación sistemática del principio de igualdad y no discriminación en todas las instituciones públicas y privadas, e impulsar la adopción e implementación de las medidas necesarias de prevención, atención y protección, pertinentes y adecuadas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, propiciando su participación social, política, cultural, económica y tecnológica en el ámbito público y privado.”
Una de las reformas más significativas se encuentra en el artículo 5 de la ley, que modifica la composición de la Junta Directiva del ISDEMU. El nuevo texto establece que la Junta Directiva será “su máxima autoridad” y estará integrada por “una Presidenta, designada por el Presidente de la República, y las personas titulares de las siguientes instituciones: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Economía; Ministerio de Salud; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Fiscalía General de la República; Procuraduría General de la República; y un representante de la sociedad civil organizada, elegido por la red de atención y protección para mujeres.”
Además, se introduce una disposición para casos de ausencia de la Presidenta, estableciendo que “será sustituida por un directivo designado para ese efecto por acuerdo de la Junta Directiva, no pudiendo exceder de noventa días en su ausencia.”
El artículo 6 de la ley reformada introduce cambios a la designación de suplentes y la duración de los cargos en la Junta Directiva. La nueva redacción establece que “serán suplentes de la Junta Directiva, para los integrantes del Órgano Ejecutivo, sus respectivos viceministros o persona delegada por los titulares, quienes deben ejercer cargos con carácter directivo o gerencial.”
Además, se especifica que “en el caso de la Procuraduría General de la República y Fiscalía General de la República, sólo podrán ser nombrados para tal efecto el Procurador y Fiscal Adjunto; los representantes de la sociedad organizada tendrán sus respectivos suplentes.”
En cuanto a la duración de los cargos, la reforma establece que “los funcionarios que integren la Junta Directiva del Instituto durarán en sus funciones el período en que ejerzan sus cargos. Los representantes de los organismos no gubernamentales que formen parte de la Junta Directiva integrarán la misma por un período de dos años, al igual que los suplentes.” Esta disposición busca asegurar la continuidad en la representación de la sociedad civil dentro de la Junta Directiva.
Las reformas otorgan mayor autonomía y responsabilidades a la Presidencia del ISDEMU. El artículo 9 modificado establece que “la Presidenta será la autoridad encargada de ejercer la dirección ejecutiva del ISDEMU en los aspectos técnicos, operativos y financieros, de conformidad con las disposiciones legales y resoluciones de la Junta Directiva, ejerciendo sus funciones de carácter permanente.”
Entre las nuevas atribuciones de la Presidenta se incluye “ejercer la administración general y técnica del Instituto, de conformidad con la normativa vigente y resoluciones de la Junta Directiva” y “dirigir estratégicamente la ejecución de la política, planes, programas y proyectos para la mujer y de las resoluciones emanadas de la Junta Directiva a este respecto.”
Además, se le otorga la facultad de “nombrar y remover, conforme a la Ley, al personal técnico y administrativo que no ejerza cargo de confianza en el Instituto, ni los comprendidos en el inciso final del Art. 16 de esta Ley.”
La reforma incluye la supresión del artículo 10 de la ley original, que detallaba las funciones del Director Ejecutivo. Esto se alinea con la nueva estructura que otorga mayores responsabilidades a la Presidenta.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanzó este viernes un servicio en línea para solicitar testimonios.
La nueva herramienta permite iniciar el trámite de manera remota, sin acudir personalmente a las oficinas de la institución.
El servicio está disponible para la población salvadoreña que reside en el país y para quienes viven en el extranjero.
La plataforma forma parte del proceso de digitalización de servicios del Órgano Judicial.
La plataforma utiliza identificación y código de acceso
Para ingresar al sistema, el usuario debe proporcionar su documento de identidad en el formato establecido.
Después, debe solicitar un código de acceso para completar el proceso de autenticación.
Una vez dentro de la plataforma, podrá gestionar la solicitud del testimonio correspondiente.
El sistema está integrado al servicio de trámites en línea de la Corte Suprema de Justicia.
Qué documentos pueden solicitarse
En el ámbito notarial, un testimonio es una copia certificada o transcripción oficial de un instrumento público.
Estos documentos pueden corresponder a escrituras públicas, testamentos, donaciones y otros actos notariales registrados.
La Sección de Notariado de la CSJ atiende este tipo de solicitudes.
Hasta ahora, estos trámites podían requerir gestiones presenciales o la intervención de representantes, según cada caso.
La medida facilita gestiones desde el extranjero
El nuevo servicio elimina la necesidad de trasladarse físicamente para iniciar la solicitud.
Esto permite que los salvadoreños residentes en otros países puedan gestionar el trámite de manera remota.
La Corte Suprema presentó la plataforma durante un acto oficial.
Un total de 142 profesionales del derecho fueron juramentados este miércoles en El Salvador y quedaron habilitados para ejercer la abogacía en sus distintas ramas.
La ceremonia marcó el ingreso formal de los nuevos abogados al ejercicio profesional. El acto estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Los profesionales asumieron el compromiso de cumplir las leyes y ejercer la defensa de sus representados con responsabilidad.
Preparación como requisito profesional
Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó la necesidad de mantener una formación jurídica sólida.
El magistrado llamó a los nuevos abogados a fortalecer sus conocimientos sobre teoría del derecho, principios generales y jurisprudencia.
También mencionó la importancia de conocer las decisiones de tribunales nacionales y extranjeros.
“Los exhorto este día a estar preparados con conocimientos sólidos en la teoría del derecho”, afirmó Mejía.
El funcionario vinculó esa preparación con el compromiso asumido durante la juramentación.
Participación de magistrados
En el acto participaron magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y miembros de la Comisión de Abogacía y Notariado.
Entre ellos estuvieron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
También asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.
Legal
Corte Suprema fortalece capacitación judicial para valorar pruebas en casos de violencia contra mujeres
El sistema judicial de El Salvador concluyó una formación especializada sobre valoración de pruebas con enfoque de derechos humanos para mejorar la atención de casos de violencia contra mujeres.
La capacitación se desarrolló durante seis jornadas y reunió a jueces, colaboradores judiciales y personal del Instituto de Medicina Legal.
También participaron profesionales de equipos multidisciplinarios que atienden a mujeres en distintas zonas del país.
La actividad abordó criterios técnicos para valorar pruebas testimoniales y periciales especializadas. Además, incluyó análisis sobre la respuesta judicial en contextos de desigualdad y discriminación.
La Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proceso de formación.
El objetivo es mejorar la valoración de pruebas
Durante las jornadas, los participantes intercambiaron experiencias y revisaron criterios para fortalecer las decisiones judiciales.
La formación también buscó mejorar la respuesta de las jurisdicciones especializadas en violencia contra las mujeres, familia y paz.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional Luis Javier Suárez Magaña destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en las resoluciones judiciales.
Según el funcionario, las decisiones deben contar con fundamentos jurídicos y evitar prejuicios y estereotipos.
Cooperación internacional respaldó el proceso
En la actividad participaron representantes de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y de Canadá.
También asistió Ximena Díaz, coordinadora de proyectos de Abogados Sin Fronteras Canadá.
Al cierre del proceso, Díaz recibió un diploma de reconocimiento por el apoyo de esa organización a la capacitación.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios judiciales y especialistas que intervienen en casos relacionados con mujeres.
Un curso especializado sobre extradición concluyó en El Salvador con la participación de profesionales de seis países, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos jurídicos.
La capacitación abordó el papel de la extradición en la lucha contra la delincuencia nacional y transnacional. También buscó fortalecer las capacidades legales de los participantes.
Profesionales de Chile, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay participaron en el programa. Todos cuentan con experiencia activa en procesos relacionados con la extradición.
Durante las sesiones, los especialistas analizaron los procedimientos aplicados en sus respectivos países. Además, revisaron los requisitos establecidos en tratados y legislaciones nacionales.
El programa incluyó temas como estándares probatorios, motivos para denegar una extradición y documentos necesarios. También abordó las distintas etapas de estos procedimientos.
Intercambio de experiencias entre sistemas judiciales
La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Personal Judicial en el Extranjero (OPDAT) y el Departamento de Estado de Estados Unidos desarrollaron el curso.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó el intercambio de experiencias entre los participantes.
“Compartir experiencias, identificar desafíos comunes, encontrar soluciones y desarrollar buenas prácticas” contribuye, según Mejía, a mejorar los sistemas de justicia.
El funcionario también señaló que la formación busca fortalecer las competencias de los profesionales para el desempeño de sus funciones.
Participación de magistrados salvadoreños
El acto de clausura contó con la presencia de Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal.
Además, Roberto Carlos Calderón, magistrado de esa misma Sala, participó directamente en el curso especializado.
La actividad cerró así un programa centrado en los aspectos jurídicos y prácticos de la extradición entre países con distintos marcos legales.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador convocó a abogados interesados en obtener autorización para ejercer como ejecutores de embargo.
La convocatoria está a cargo de la Sección de Investigación Profesional, que publicó una guía con los requisitos y pasos para iniciar el trámite.
Estos son los requisitos para ejercer
La Ley Orgánica Judicial establece que solo podrán ejercer esta función quienes reciban autorización de la Sección de Investigación Profesional.
Entre los requisitos figura ser salvadoreño y abogado de la República. Además, los aspirantes deben demostrar moralidad y competencias notorias.
También deben aprobar un examen de suficiencia para ejercer como ejecutores de embargo.
El proceso incluye además la presentación de una fianza por un año.
La garantía debe cubrir hasta cinco salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios.
El interesado debe presentar esa fianza ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia.
La ley establece quiénes no pueden ejercer
El artículo 107 de la Ley Orgánica Judicial establece varias causas de incapacidad para desempeñar esta función.
La norma incluye a personas ciegas, mudas o sordas, así como a quienes tengan una discapacidad mental.
También excluye a personas condenadas mediante sentencia firme por un delito doloso.
Esta restricción se mantiene durante el periodo establecido en la sentencia, incluso si la persona cumple una medida de libertad restringida.
La Corte publicó una guía para el trámite
La Sección de Investigación Profesional recomendó a los abogados revisar la guía antes de iniciar el proceso de autorización.
El documento advierte que cualquier demora derivada del incumplimiento de los requisitos será responsabilidad del interesado.
Los abogados pueden realizar consultas sobre el trámite mediante el correo de la Sección de Investigación Profesional: investigacion.profesional@oj.gob.sv.
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