Legal
¿Qué establece la nueva Ley de Propiedad Intelectual?
La Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa ha aprobado una nueva Ley de Propiedad Intelectual, que busca modernizar la protección de los derechos de propiedad intelectual en El Salvador.
La nueva ley establece una protección para los derechos de autor y los derechos conexos. Los autores de obras literarias, artísticas, científicas y de software, entre otras, tienen garantizados sus derechos morales y patrimoniales. Esto incluye el derecho a la paternidad y la integridad de la obra, así como el derecho exclusivo de explotación económica, que abarca la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra.
Se establece la creación del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI), una dependencia del Centro Nacional de Registro encargada de gestionar, regular y promover los derechos de propiedad intelectual en el país.
El ISPI tendrá la responsabilidad de administrar los registros de patentes, marcas, diseños industriales, derechos de autor y otros signos distintivos, así como de coordinar acciones para combatir la piratería y la falsificación.
Además, se reconocen los derechos conexos de intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, quienes tendrán protección sobre sus interpretaciones, fonogramas y emisiones, respectivamente. La ley también contempla la gestión colectiva de derechos, permitiendo a las sociedades de gestión representar y administrar los derechos de autor y conexos de sus miembros.
La protección de invenciones y modelos de utilidad es otro pilar de la nueva ley. Las patentes se conceden para invenciones que sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. El procedimiento para la solicitud de patentes ha sido simplificado y digitalizado, facilitando su presentación y seguimiento.
Los modelos de utilidad, que son invenciones con menor grado de inventiva pero con una aplicación industrial práctica, también reciben protección bajo la nueva ley. Esta protección otorga a los titulares derechos exclusivos para explotar comercialmente sus invenciones y defenderse contra posibles infractores.
Los diseños industriales, que protegen la apariencia ornamental de un producto, son considerados en la nueva normativa. La ley asegura que los diseños industriales que sean nuevos y tengan carácter propio puedan ser registrados y protegidos. Esta protección permite a los titulares impedir la reproducción no autorizada de sus diseños, fomentando así la creatividad y la innovación en el sector industrial.
La nueva ley incluye disposiciones detalladas para la protección de marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas y otros signos distintivos. Las marcas pueden ser palabras, figuras, letras, números, sonidos, olores, o cualquier combinación de estos, que sirvan para distinguir productos o servicios en el mercado.
El proceso de registro de marcas ha sido actualizado. La protección de las marcas registradas otorga a los titulares el derecho exclusivo de utilizarlas en el comercio y defenderlas contra posibles infracciones. Las indicaciones geográficas, que identifican productos como originarios de una región específica y que poseen cualidades, reputación u otras características derivadas de su origen, también están protegidas bajo esta ley.
La ley introduce medidas específicas contra prácticas de competencia desleal que puedan afectar los derechos de propiedad industrial. Esto incluye el uso indebido de signos distintivos, la divulgación no autorizada de secretos comerciales y la imitación desleal de productos. Las sanciones para estas prácticas van desde multas hasta el cese de la actividad infractora.
Además, la normativa protege a los consumidores contra productos falsificados y garantiza la autenticidad y calidad de los productos en el mercado. Las autoridades competentes están facultadas para llevar a cabo inspecciones y decomisos de productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual.
La nueva Ley de Propiedad Intelectual se alinea con los compromisos internacionales de El Salvador, incluyendo tratados y acuerdos bajo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto asegura que los estándares y principios internacionales sean incorporados en la legislación nacional, facilitando la cooperación y el reconocimiento mutuo de derechos de propiedad intelectual con otros países.
La nueva ley deroga y reemplaza varias legislaciones anteriores. Esto incluye la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de 2002, la Ley de Propiedad Intelectual de 1993, y el Reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual de 1994. La normativa entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, permitiendo a las instituciones y a los titulares de derechos adaptarse a los nuevos procedimientos y requisitos.
Colaboradores de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos participaron en un curso sobre control de la gestión estatal.
La capacitación abordó las vías de hecho y la inactividad material de la administración pública. Además, buscó fortalecer las competencias jurídicas del personal que participa en estos procesos.
Capacitación aborda límites de la actuación estatal
El curso tuvo como objetivo profundizar en los mecanismos de control jurisdiccional aplicables a las actuaciones de la administración pública.
También buscó consolidar criterios sobre la legalidad que deben regir las decisiones y actuaciones del Estado.
Durante la jornada, los participantes analizaron herramientas relacionadas con la protección de los derechos de las personas frente a posibles actuaciones administrativas.
El proceso forma parte de la actualización técnica del personal vinculado con la jurisdicción contencioso administrativa.
Sala destaca equilibrio entre poder público y derechos
José Ernesto Clímaco Valiente, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, destacó la importancia de esta jurisdicción.
Según explicó, su función permite mantener un equilibrio entre las potestades de las instituciones públicas y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
“La administración pública tiene una función esencial y sus decisiones inciden diariamente en la vida, obligaciones y actividades de los ciudadanos”, señaló.
La formación busca aportar herramientas especializadas para evaluar las actuaciones de las entidades estatales conforme al marco legal.
Participan magistrados y personal jurídico
En la actividad también participaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo Vicente Alexander Rivas Romero, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
El curso reunió a colaboradores de esa Sala y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.
La actualización técnica apunta a modernizar el trabajo jurídico relacionado con el control de la administración pública.
Además, busca reforzar los conocimientos necesarios para atender controversias vinculadas con las actuaciones y omisiones de las instituciones estatales.
Facilitadores judiciales y jueces de paz de la zona occidental recibieron capacitación para identificar personas con posibles necesidades de protección internacional.
El taller busca brindar herramientas prácticas para reconocer perfiles en situación de vulnerabilidad y facilitar su referencia a las instancias correspondientes.
Formación para mejorar la atención comunitaria
La jornada se denominó “Fortalecimiento de capacidades para la identificación y referencia de personas con necesidades de protección”.
La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales organizó la actividad con apoyo de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.
Durante la capacitación, los participantes conocieron conceptos básicos sobre protección internacional y respuesta humanitaria.
Además, abordaron mecanismos para reconocer situaciones que pueden requerir atención y referencia especializada.
El papel de los facilitadores en las comunidades
La formación busca fortalecer el trabajo que los facilitadores judiciales realizan directamente en las comunidades.
Estos colaboradores apoyan el acceso a la justicia, la promoción de los derechos humanos y la prevención de conflictos.
También contribuyen a promover la convivencia pacífica y orientar a personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, destacó la importancia de aplicar lo aprendido.
“Que estos conocimientos se conviertan en conversaciones, orientación, prevención, referencias oportunas y, sobre todo, en ayuda para las personas”, afirmó.
La capacitación busca que los conocimientos adquiridos tengan aplicación directa en las comunidades y mejoren la identificación de personas que puedan necesitar protección.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanzó este viernes un servicio en línea para solicitar testimonios.
La nueva herramienta permite iniciar el trámite de manera remota, sin acudir personalmente a las oficinas de la institución.
El servicio está disponible para la población salvadoreña que reside en el país y para quienes viven en el extranjero.
La plataforma forma parte del proceso de digitalización de servicios del Órgano Judicial.
La plataforma utiliza identificación y código de acceso
Para ingresar al sistema, el usuario debe proporcionar su documento de identidad en el formato establecido.
Después, debe solicitar un código de acceso para completar el proceso de autenticación.
Una vez dentro de la plataforma, podrá gestionar la solicitud del testimonio correspondiente.
El sistema está integrado al servicio de trámites en línea de la Corte Suprema de Justicia.
Qué documentos pueden solicitarse
En el ámbito notarial, un testimonio es una copia certificada o transcripción oficial de un instrumento público.
Estos documentos pueden corresponder a escrituras públicas, testamentos, donaciones y otros actos notariales registrados.
La Sección de Notariado de la CSJ atiende este tipo de solicitudes.
Hasta ahora, estos trámites podían requerir gestiones presenciales o la intervención de representantes, según cada caso.
La medida facilita gestiones desde el extranjero
El nuevo servicio elimina la necesidad de trasladarse físicamente para iniciar la solicitud.
Esto permite que los salvadoreños residentes en otros países puedan gestionar el trámite de manera remota.
La Corte Suprema presentó la plataforma durante un acto oficial.
Un total de 142 profesionales del derecho fueron juramentados este miércoles en El Salvador y quedaron habilitados para ejercer la abogacía en sus distintas ramas.
La ceremonia marcó el ingreso formal de los nuevos abogados al ejercicio profesional. El acto estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Los profesionales asumieron el compromiso de cumplir las leyes y ejercer la defensa de sus representados con responsabilidad.
Preparación como requisito profesional
Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó la necesidad de mantener una formación jurídica sólida.
El magistrado llamó a los nuevos abogados a fortalecer sus conocimientos sobre teoría del derecho, principios generales y jurisprudencia.
También mencionó la importancia de conocer las decisiones de tribunales nacionales y extranjeros.
“Los exhorto este día a estar preparados con conocimientos sólidos en la teoría del derecho”, afirmó Mejía.
El funcionario vinculó esa preparación con el compromiso asumido durante la juramentación.
Participación de magistrados
En el acto participaron magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y miembros de la Comisión de Abogacía y Notariado.
Entre ellos estuvieron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
También asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.
Legal
Corte Suprema fortalece capacitación judicial para valorar pruebas en casos de violencia contra mujeres
El sistema judicial de El Salvador concluyó una formación especializada sobre valoración de pruebas con enfoque de derechos humanos para mejorar la atención de casos de violencia contra mujeres.
La capacitación se desarrolló durante seis jornadas y reunió a jueces, colaboradores judiciales y personal del Instituto de Medicina Legal.
También participaron profesionales de equipos multidisciplinarios que atienden a mujeres en distintas zonas del país.
La actividad abordó criterios técnicos para valorar pruebas testimoniales y periciales especializadas. Además, incluyó análisis sobre la respuesta judicial en contextos de desigualdad y discriminación.
La Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proceso de formación.
El objetivo es mejorar la valoración de pruebas
Durante las jornadas, los participantes intercambiaron experiencias y revisaron criterios para fortalecer las decisiones judiciales.
La formación también buscó mejorar la respuesta de las jurisdicciones especializadas en violencia contra las mujeres, familia y paz.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional Luis Javier Suárez Magaña destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en las resoluciones judiciales.
Según el funcionario, las decisiones deben contar con fundamentos jurídicos y evitar prejuicios y estereotipos.
Cooperación internacional respaldó el proceso
En la actividad participaron representantes de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y de Canadá.
También asistió Ximena Díaz, coordinadora de proyectos de Abogados Sin Fronteras Canadá.
Al cierre del proceso, Díaz recibió un diploma de reconocimiento por el apoyo de esa organización a la capacitación.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios judiciales y especialistas que intervienen en casos relacionados con mujeres.
Sala de lo Contencioso fortalece el control de la legalidad en la administración pública
Camarasal reunirá a expertos para analizar el futuro del arbitraje empresarial en El Salvador
Costa Rica inaugurará el 14 de octubre una prisión de máxima seguridad inspirada en la megacárcel de El Salvador
Nike enfrenta años difíciles mientras busca recuperar ventas e innovación
Activos digitales plantean nuevos desafíos para los sistemas tributarios
Empresas salvadoreñas tienen hasta el 16 de septiembre para nombrar delegado de protección de datos
Universidad José Matías Delgado redefine su visión para formar talento con propósito
Apple presenta el iPhone Duo, su primer teléfono plegable
Volcano Summit 2026 reúne en Guatemala a líderes y startups para impulsar la innovación en Latinoamérica
Corte Suprema prepara el uso de inteligencia artificial en la función judicial con enfoque en derechos humanos
AFP CONFIA realiza seminario de liderazgo y gestión humana
Quinto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 165
Cuarto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 164
Certeza jurídica, modernización fiscal y el rol estratégico del derecho tributario en el entorno empresarial.
Tercer episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 163
-
Legalhace 4 díasCorte Suprema de Justicia de El Salvador lanza servicio en línea para solicitar testimonios
-
Legalhace 6 días
Corte Suprema de Justicia incorpora a 142 nuevos abogados tras juramentación
-
Activos digitaleshace 5 días
Vicepresidente jurídico de Banco Agrícola dice que El Salvador se convierte en laboratorio regional para las finanzas digitales
-
Noticiashace 5 días
Superintendencia de Regulación Sanitaria de El Salvador avanza hacia el nivel más alto de la OMS
-
Politicahace 7 días
Tribunal Supremo Electoral convoca a comicios generales para el 28 de febrero de 2027
-
Politicahace 6 días
Ministro de Hacienda presenta un presupuesto de $12,421 millones para 2027 con mayor inversión en educación
-
Noticiashace 7 días
Presidente de Guatemala sanciona ley que elimina impuestos a combustibles temporalmente
-
Economíahace 4 días
El Salvador lanza su oferta turística para atraer a los hondureños en la Semana Morazánica
