La Asamblea Legislativa de El Salvador iniciará este 10 de agosto las entrevistas a los 18 candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el organismo encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos y supervisar la gestión financiera del Estado.

La Comisión Política legislativa recibió el viernes los expedientes de los aspirantes para los cargos de presidente, primer magistrado y segundo magistrado del ente contralor. Los funcionarios ejercerán el período comprendido entre el 28 de agosto de 2026 y el 27 de agosto de 2029.

El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, explicó que el órgano legislativo revisará las hojas de vida de los candidatos y realizará entrevistas individuales antes de emitir un dictamen.

Castro afirmó que la comisión entrevistará a los 18 aspirantes y luego enviará el dictamen al pleno legislativo para la sesión del 26 de agosto, cuando los 60 diputados decidirán la integración de la nueva Corte de Cuentas.

El calendario incluye cuatro jornadas de comparecencias

Las entrevistas se desarrollarán en cuatro jornadas entre el 10 y el 25 de agosto.

El 10 de agosto comparecerán Edgar Eliseo Alvarenga Funes, Walter Salvador Sosa Funes, Karla Gabriela Siliézar Liévano, Julio Guillermo Bendek Panameño y Sigfredo Alexis Ventura Bonilla.

El 17 de agosto asistirán José Rodrigo Flores Ramos, Julio Alberto Jule Herrera, Carlos Aníbal Cruz Flores, José Arnoldo Gaitán Castro y Arnoldo José Parada Pineda.

El 24 de agosto será el turno de Gonzalo Octavio Ayala López, Boris Romeo García Alvarado, Luis Humberto Santos Guardado y Raúl Pareja Méndez.

Finalmente, el 25 de agosto comparecerán Marcela Beatriz Iraheta Alfaro, Carlos Orlando Lozano Hernández, José Luis Montalván Martínez y Salvador Alexander Segovia Robles.

El órgano legislativo defiende el mecanismo de selección

Durante la sesión, diputados de diferentes partidos defendieron el procedimiento para la elección de magistrados de la Corte de Cuentas.

De acuerdo a los legisladores, el proceso es ordenado, coherente y abierto a los medios de comunicación.

Entre los aspirantes figuran funcionarios actuales de la Corte de Cuentas, jueces, abogados, auditores y profesionales con experiencia en instituciones públicas.

Los tres magistrados actualmente en funciones concluyen su período el 27 de agosto de 2026.

El Salvador ocupa el quinto lugar en América Latina en el Ranking Regional de Resiliencia Cibernética de la firma tecnológica Sistemas Aplicativos S.A. (SISAP), que evalúa la capacidad de los países para prevenir, responder y recuperarse de incidentes digitales.

El informe asignó a El Salvador una calificación de resiliencia cibernética de 41 %, lo que refleja avances en el fortalecimiento de sus capacidades frente a ciberataques.

El país quedó por detrás de República Dominicana (54 %), Costa Rica (53 %), Panamá (49 %) y Colombia (48 %), que ocupan los primeros lugares del ranking regional.

Centroamérica muestra distintos niveles de preparación
En la comparación regional, SISAP ubicó a Guatemala con 39 %, Honduras con 34 % y Nicaragua con 32 % de resiliencia cibernética.

La empresa, fundada en Guatemala y con presencia en diez países, explicó que el índice mide qué tan preparadas están las economías latinoamericanas para enfrentar incidentes cibernéticos que pueden afectar la continuidad de los negocios y la confianza de los inversionistas.

La inteligencia artificial acelera los riesgos digitales

Mauricio Nanne, director ejecutivo de SISAP, afirmó que las amenazas cibernéticas evolucionan con rapidez debido a la expansión de la inteligencia artificial.

Según el informe, resulta clave invertir en talento especializado, tecnologías de protección y modelos de gobernanza para fortalecer la resiliencia cibernética.

“El Salvador continúa avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades para prevenir, responder y recuperarse de incidentes cibernéticos”, señaló Nanne.

El sector público concentra las mayores pérdidas potenciales

El estudio identificó que el sector gubernamental representa el mayor riesgo económico ante un ciberataque en El Salvador.

Las pérdidas potenciales ascienden a 167.8 millones de dólares, equivalentes al 0.61 % del producto interno bruto (PIB).

La manufactura registra un impacto estimado de 156.3 millones de dólares, mientras que los servicios financieros enfrentan pérdidas potenciales de 111.9 millones de dólares.

La mayoría de organizaciones aún carece de controles suficientes

SISAP advirtió que fortalecer la protección frente a incidentes digitales es cada vez más importante por la rápida adopción de la inteligencia artificial en América Latina.

El informe indica que la región concentra el 14 % de las visitas globales a gestores de IA y ocupa el tercer lugar mundial en descargas de aplicaciones de inteligencia artificial generativa.

Aunque 78 % de las organizaciones latinoamericanas ya utiliza modelos de IA, solo 6 % cuenta con controles de seguridad adecuados para hacerlo de forma segura.

Además, 19 % de las organizaciones no tiene un responsable definido para la gobernanza de la inteligencia artificial, y 72 % de los empleados que utilizan estas herramientas lo hace mediante cuentas personales.

El Salvador ha sancionado a 530 funcionarios y empleados públicos por infringir la Ley de Ética Gubernamental, según el informe más reciente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la institución encargada de supervisar la conducta ética de los servidores públicos.

El reporte detalla que el tribunal impuso 615 multas desde que comenzó a aplicar la ley hasta el 31 de julio de 2026. Las sanciones abarcan casos de conflicto de interés, doble remuneración estatal y uso indebido de recursos públicos.

Las infracciones más frecuentes

La falta más común fue realizar actividades privadas durante la jornada laboral, salvo las autorizadas por la ley. El TEG detectó 94 casos de esta conducta.

En segundo lugar figuró la participación en asuntos donde existía conflicto de interés propio o de familiares cercanos, con 64 infracciones.

Además, el tribunal registró 47 casos de funcionarios que recibieron más de una remuneración proveniente del presupuesto estatal mientras desempeñaban funciones en el mismo horario.

El caso más reciente

La sanción más reciente recayó sobre una directora regente de la entonces alcaldía de Tepetitán, en el departamento de San Vicente, quien también trabajaba como médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El TEG determinó que percibía dos remuneraciones del Estado y le impuso multas de 730 y 1,095 dólares el 25 de marzo de 2026.

Educación y municipalidades encabezan el listado

El Ministerio de Educación acumuló 25 funcionarios sancionados, la cifra más alta entre las instituciones públicas analizadas entre 2007 y 2026.

Le siguieron la alcaldía de Ilopango con 15 sanciones, la Asamblea Legislativa con 13, el Hospital Nacional Rosales con 11, el ISSS con 11, el Órgano Judicial con 11, el Ministerio de Agricultura con 10 y la Policía Nacional Civil con nueve casos.

En conjunto, las alcaldías registraron 103 sanciones, mientras que los hospitales públicos, el Ministerio de Salud y el ISSS sumaron 42 casos, de acuerdo con el informe oficial del Tribunal de Ética Gubernamental.

En Costa Rica se mantiene el choque entre el Gobierno y el Poder Judicial tras una nueva escalada de acusaciones entre el Ejecutivo y la Sala Constitucional, el máximo tribunal constitucional del país. La disputa se profundizó después de que la presidenta Laura Fernández calificara como “golpistas” a cuatro magistrados por una resolución relacionada con el nombramiento de magistrados suplentes.

El conflicto comenzó cuando la Sala Constitucional autorizó una prórroga temporal para evitar la paralización del tribunal mientras la Asamblea Legislativa completaba la designación de nuevos suplentes. Sin embargo, el Gobierno interpretó la decisión como una intromisión en las atribuciones del Congreso.

Además, el Ejecutivo presentó una querella por prevaricación contra los cuatro magistrados que aprobaron la resolución. La confrontación abrió un nuevo episodio en una disputa que involucra a la Presidencia, el Poder Judicial y el Parlamento.

Miles de personas se manifiestan en defensa de la institucionalidad

La tensión institucional también se trasladó a las calles. Miles de personas marcharon el jueves en San José para respaldar al Poder Judicial y defender la separación de poderes.

La principal concentración ocurrió en la Plaza de la Democracia, donde estudiantes, sindicalistas, dirigentes políticos, organizaciones sociales y ciudadanos independientes participaron en un plantón convocado por redes sociales.

Los manifestantes portaron pancartas en defensa de la democracia y del Estado de derecho. Además, cuestionaron los recientes señalamientos del Ejecutivo contra magistrados, jueces y fiscales.

Las protestas también se realizaron en Cartago, Liberia, Limón, Puntarenas, Turrialba, San Ramón, Nicoya, San Carlos y otras localidades. En la mayoría de los casos, los ciudadanos se reunieron frente a sedes judiciales y espacios públicos para expresar su respaldo a la institucionalidad democrática.

La controversia mantiene abierto el conflicto institucional

El inédito enfrentamiento entre el Gobierno y la Sala Constitucional sigue sin una solución inmediata. Mientras el Ejecutivo sostiene que defiende las competencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, diversos sectores insisten en proteger la independencia judicial y la división de poderes en Costa Rica.

Por ahora, el proceso sobre los magistrados y el debate sobre los nombramientos suplentes mantienen abierto uno de los conflictos institucionales más fuertes de los últimos años en el país centroamericano.

El Salvador registra al menos 11 solicitudes de cadena perpetua entre el 28 de mayo y el 3 de agosto de 2026, según un monitoreo de publicaciones de la Fiscalía General y de los tribunales del país. Las solicitudes corresponden a procesos iniciados tras la entrada en vigor de la reforma constitucional que incorporó la pena perpetua revisable al sistema penal salvadoreño.

La reforma comenzó a aplicarse el 14 de mayo de 2026. La Asamblea Legislativa la aprobó a finales de abril a petición del Ejecutivo. El nuevo texto constitucional establece que la cadena perpetua solo podrá imponerse por homicidio, violación y terrorismo, categoría que la legislación salvadoreña aplica a miembros de pandillas.

Además, el paquete incluyó 33 reformas adicionales al Código Penal, el Código Procesal Penal y otras leyes especiales.

Los primeros expedientes bajo la nueva legislación

El primer caso conocido ocurrió en el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana. La Fiscalía solicitó cadena perpetua para dos hombres acusados de violación agravada contra una adolescente de 15 años. El hecho ocurrió el 21 de mayo y las autoridades lo divulgaron el 28 de mayo.

Posteriormente, el 31 de mayo, un tribunal de San Salvador abrió otro proceso contra un exagente policial de 65 años, acusado de violar a un menor de 12 años.

Durante junio, los juzgados reportaron seis procesos adicionales: dos por feminicidio agravado, dos por homicidio agravado y dos por violación.

El recuento de solicitudes fue divulgado por La Prensa Gráfica.

La norma prevé revisiones periódicas

La cadena perpetua en El Salvador es una pena revisable. Los tribunales podrán evaluarla cada 30 años para adultos y cada 25 años para menores.

Los hechos cometidos antes del 14 de mayo siguen sujetos a las sanciones anteriores.