Ayer, un grupo de ciudadanos presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la Asamblea Legislativa (2021-2024) por la aprobación de una reforma al artículo 248 de la Constitución, el cual regula el procedimiento de reforma constitucional.

Se argumenta que la reforma se aprobó sin cumplir con los procedimientos constitucionales y sin informar adecuadamente a la población.

Uno de los límites establecidos en el artículo 248 es que cualquier reforma debe ser aprobada por dos legislaturas distintas, permitiendo que la ciudadanía exprese su apoyo o rechazo mediante el voto. Sin embargo, esta reforma se aprobó sin cumplir con dicho requisito, apenas dos días antes de que se juramentara a la nueva Asamblea. Los demandantes señalan que este proceso apresurado impidió que los ciudadanos tuvieran tiempo para entender las implicaciones de la reforma.

Además, acusan que no se siguió el procedimiento establecido, ya que no hubo debate ni discusión en comisiones legislativas. La reforma se aprobó utilizando fraudulentamente la «dispensa de trámite», un mecanismo que, según la Sala de lo Constitucional, debe ser discutido en el pleno legislativo y justificado por una urgencia real para la población, urgencia que, según los demandantes, no existía en este caso.

Permitir que esta reforma siga adelante, argumentan, sentaría un peligroso precedente: los diputados podrían reformar la Constitución sin la participación ciudadana, acumulando poder de manera antidemocrática y potencialmente limitando derechos constitucionales.

Los ciudadanos que presentaron la demanda advierten que El Salvador está en riesgo de instalar un sistema autoritario, en el cual los límites y controles constitucionales se rompen, permitiendo que la Constitución sea usada para legalizar acciones que violen los derechos de la población.

La demanda presentada ante la Sala de lo Constitucional pide tres medidas:

1. Una medida cautelar urgente que deje sin efecto la reforma.
2. Un informe detallado sobre el accionar inconstitucional de la Asamblea.
3. Declarar la inconstitucionalidad de la reforma por falta de justificación y debate.

La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una segunda convocatoria para evaluar a los abogados y notarios sobre su nivel de conocimiento en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El cuestionario, que consta de 30 preguntas divididas en cuatro secciones, abarca desde datos generales hasta políticas de prevención. Los participantes pueden acceder al cuestionario y completarlo a través del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados antes del miércoles 15 de mayo de 2024.

Al finalizar la encuesta, se solicita a los participantes aceptar una declaración jurada, un proceso que se realiza en línea para asegurar la autenticidad y veracidad de las respuestas.

La Corte Suprema de Justicia resalta la importancia de esta evaluación en el contexto actual, subrayando que la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros es esencial para mantener la integridad del sistema legal y financiero del país.

La Comisión de Hacienda aprobó que se suscriba el contrato de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 75 millones a El Salvador para respaldar el «Programa de apoyo a la movilidad urbana baja en emisiones».

Este programa tiene como objetivo principal fomentar la electromovilidad, en línea con la prioridad del país de promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer las instituciones del sector para aumentar su eficiencia. Los organismos ejecutores del empréstito serán el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Transporte.

La firma del convenio se realizó entre el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, tras un proceso exhaustivo de negociaciones. El ministro Posada destacó la importancia de esta operación para los esfuerzos gubernamentales en materia de movilidad urbana, subrayando los beneficios que aportará al sistema de transporte y su contribución al impulso económico del país.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, reafirmó el compromiso del banco con el crecimiento sostenible e inclusivo en la región. Enfatizó que este tipo de operaciones demuestran la viabilidad de una transición hacia transportes más amigables con el ambiente, impulsando la economía mediante inversiones sostenibles que mejorarán la calidad de vida de los salvadoreños y su competitividad.

La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de realizar reformas a la Ley de Presupuesto 2024, incorporando $5,800,000.00 a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Estos fondos permitirán a la SIGET adquirir un inmueble para implementar un proyecto enfocado en una nueva estructura de telecomunicaciones y otras tecnologías vinculadas al sector.

Para profundizar en la iniciativa, los diputados recibieron en la comisión a representantes del Ministerio de Hacienda. Laura Michelle Arce, subdirectora general del presupuesto del Ministerio de Hacienda, explicó que los recursos incorporados serán destinados a la compra de un inmueble cuyo costo asciende a $5.8 millones. Arce afirmó que esta adquisición permitirá mejorar la conectividad del país y contribuir al desarrollo social de El Salvador.

En otra reforma a la Ley de Presupuesto 2024, los diputados también aprobaron la incorporación de $512,419.00 al Ministerio de Relaciones Exteriores, provenientes de Préstamos Externos. Este monto será utilizado para ejecutar el «Programa de Fortalecimiento de Oficinas Económicas Comerciales para Atracción de Inversionistas del Extranjero y Promoción de Turismo».

Marlon Herrera, director general de inversión y crédito público, señaló que el programa tiene como objetivo transformar el clima de negocios en El Salvador mediante la facilitación del comercio y las inversiones. El programa beneficiará a unas 150 empresas salvadoreñas, 25 oficinas económicas comerciales y 90 operadoras de turismo, a través de ferias comerciales, eventos de inversión, actividades de promoción económica, equipamiento de oficinas y consultorías.

En la sesión de instalación de la nueva Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, los parlamentarios aprobaron dos dictámenes para la obtención de equipos de atención y una mayor disponibilidad de medicamentos.

La mesa de trabajo contó con la participación de dos representantes del Ministerio de Hacienda, Gerardo Ramos, jefe de la División Jurídica de la Dirección de Impuestos Internos, presentó una de las peticiones principales: la exoneración al Ministerio de Salud del pago de todo tipo de tributos para la importación y adquisición de un helicóptero. «El objetivo para exonerar de tributos al helicóptero es atender emergencias por lesiones o enfermedad repentina y trasladar a los pacientes al hospital más cercano de forma gratuita para garantizar la vida», detalló Ramos.

Con el decreto el ministerio estará exento del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), así como del pago de la primera matrícula que pueda causar la aeronave.

Además, los legisladores aprobaron la exoneración del pago de tributos, derechos arancelarios a la importación y otros cargos para un donativo de medicamentos realizado por la Fundación MaxAid. Estos medicamentos beneficiarán a los pacientes del Hospital Nacional Rosales diagnosticados con leucemia mieloide crónica o tumores de estroma gastrointestinales.