El Salvador ha sancionado a 530 funcionarios y empleados públicos por infringir la Ley de Ética Gubernamental, según el informe más reciente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la institución encargada de supervisar la conducta ética de los servidores públicos.

El reporte detalla que el tribunal impuso 615 multas desde que comenzó a aplicar la ley hasta el 31 de julio de 2026. Las sanciones abarcan casos de conflicto de interés, doble remuneración estatal y uso indebido de recursos públicos.

Las infracciones más frecuentes

La falta más común fue realizar actividades privadas durante la jornada laboral, salvo las autorizadas por la ley. El TEG detectó 94 casos de esta conducta.

En segundo lugar figuró la participación en asuntos donde existía conflicto de interés propio o de familiares cercanos, con 64 infracciones.

Además, el tribunal registró 47 casos de funcionarios que recibieron más de una remuneración proveniente del presupuesto estatal mientras desempeñaban funciones en el mismo horario.

El caso más reciente

La sanción más reciente recayó sobre una directora regente de la entonces alcaldía de Tepetitán, en el departamento de San Vicente, quien también trabajaba como médica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

El TEG determinó que percibía dos remuneraciones del Estado y le impuso multas de 730 y 1,095 dólares el 25 de marzo de 2026.

Educación y municipalidades encabezan el listado

El Ministerio de Educación acumuló 25 funcionarios sancionados, la cifra más alta entre las instituciones públicas analizadas entre 2007 y 2026.

Le siguieron la alcaldía de Ilopango con 15 sanciones, la Asamblea Legislativa con 13, el Hospital Nacional Rosales con 11, el ISSS con 11, el Órgano Judicial con 11, el Ministerio de Agricultura con 10 y la Policía Nacional Civil con nueve casos.

En conjunto, las alcaldías registraron 103 sanciones, mientras que los hospitales públicos, el Ministerio de Salud y el ISSS sumaron 42 casos, de acuerdo con el informe oficial del Tribunal de Ética Gubernamental.

En Costa Rica se mantiene el choque entre el Gobierno y el Poder Judicial tras una nueva escalada de acusaciones entre el Ejecutivo y la Sala Constitucional, el máximo tribunal constitucional del país. La disputa se profundizó después de que la presidenta Laura Fernández calificara como “golpistas” a cuatro magistrados por una resolución relacionada con el nombramiento de magistrados suplentes.

El conflicto comenzó cuando la Sala Constitucional autorizó una prórroga temporal para evitar la paralización del tribunal mientras la Asamblea Legislativa completaba la designación de nuevos suplentes. Sin embargo, el Gobierno interpretó la decisión como una intromisión en las atribuciones del Congreso.

Además, el Ejecutivo presentó una querella por prevaricación contra los cuatro magistrados que aprobaron la resolución. La confrontación abrió un nuevo episodio en una disputa que involucra a la Presidencia, el Poder Judicial y el Parlamento.

Miles de personas se manifiestan en defensa de la institucionalidad

La tensión institucional también se trasladó a las calles. Miles de personas marcharon el jueves en San José para respaldar al Poder Judicial y defender la separación de poderes.

La principal concentración ocurrió en la Plaza de la Democracia, donde estudiantes, sindicalistas, dirigentes políticos, organizaciones sociales y ciudadanos independientes participaron en un plantón convocado por redes sociales.

Los manifestantes portaron pancartas en defensa de la democracia y del Estado de derecho. Además, cuestionaron los recientes señalamientos del Ejecutivo contra magistrados, jueces y fiscales.

Las protestas también se realizaron en Cartago, Liberia, Limón, Puntarenas, Turrialba, San Ramón, Nicoya, San Carlos y otras localidades. En la mayoría de los casos, los ciudadanos se reunieron frente a sedes judiciales y espacios públicos para expresar su respaldo a la institucionalidad democrática.

La controversia mantiene abierto el conflicto institucional

El inédito enfrentamiento entre el Gobierno y la Sala Constitucional sigue sin una solución inmediata. Mientras el Ejecutivo sostiene que defiende las competencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, diversos sectores insisten en proteger la independencia judicial y la división de poderes en Costa Rica.

Por ahora, el proceso sobre los magistrados y el debate sobre los nombramientos suplentes mantienen abierto uno de los conflictos institucionales más fuertes de los últimos años en el país centroamericano.

El Salvador registra al menos 11 solicitudes de cadena perpetua entre el 28 de mayo y el 3 de agosto de 2026, según un monitoreo de publicaciones de la Fiscalía General y de los tribunales del país. Las solicitudes corresponden a procesos iniciados tras la entrada en vigor de la reforma constitucional que incorporó la pena perpetua revisable al sistema penal salvadoreño.

La reforma comenzó a aplicarse el 14 de mayo de 2026. La Asamblea Legislativa la aprobó a finales de abril a petición del Ejecutivo. El nuevo texto constitucional establece que la cadena perpetua solo podrá imponerse por homicidio, violación y terrorismo, categoría que la legislación salvadoreña aplica a miembros de pandillas.

Además, el paquete incluyó 33 reformas adicionales al Código Penal, el Código Procesal Penal y otras leyes especiales.

Los primeros expedientes bajo la nueva legislación

El primer caso conocido ocurrió en el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana. La Fiscalía solicitó cadena perpetua para dos hombres acusados de violación agravada contra una adolescente de 15 años. El hecho ocurrió el 21 de mayo y las autoridades lo divulgaron el 28 de mayo.

Posteriormente, el 31 de mayo, un tribunal de San Salvador abrió otro proceso contra un exagente policial de 65 años, acusado de violar a un menor de 12 años.

Durante junio, los juzgados reportaron seis procesos adicionales: dos por feminicidio agravado, dos por homicidio agravado y dos por violación.

El recuento de solicitudes fue divulgado por La Prensa Gráfica.

La norma prevé revisiones periódicas

La cadena perpetua en El Salvador es una pena revisable. Los tribunales podrán evaluarla cada 30 años para adultos y cada 25 años para menores.

Los hechos cometidos antes del 14 de mayo siguen sujetos a las sanciones anteriores.

SpaceX reportó una pérdida neta de 5,488 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un aumento del 257 % respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la empresa de Elon Musk mejoró sus resultados en el segundo trimestre y elevó sus ingresos gracias al crecimiento de sus negocios de conectividad e inteligencia artificial.

La compañía publicó este martes sus primeros resultados financieros como empresa cotizada, después de su salida a bolsa en junio de 2026. Además, informó que su facturación semestral alcanzó los 12,508 millones de dólares, un incremento del 53,7 % frente al primer semestre de 2025.

Los ingresos crecieron con fuerza entre abril y junio

Durante el segundo trimestre, SpaceX registró una pérdida neta de 541 millones de dólares, frente a los 1,008 millones del mismo periodo de 2025. Esa cifra representa una mejora del 46,3 % en comparación con el año anterior.

Al mismo tiempo, la empresa obtuvo 7,814 millones de dólares en ingresos trimestrales, un aumento del 92 % interanual. El negocio de conectividad, que incluye Starlink, generó 4.291 millones de dólares, con un crecimiento del 65,8 %.

Por su parte, la división de inteligencia artificial alcanzó ingresos de 2,561 millones de dólares, un avance del 247 % frente al segundo trimestre del año pasado. Además, el negocio espacial aportó 962 millones de dólares, un 29 % más que un año antes.

La inversión se disparó durante el semestre

SpaceX también incrementó de forma significativa su gasto de capital. Entre abril y junio, destinó 18.369 millones de dólares a inversiones, un aumento del 550 % interanual.

En el conjunto del primer semestre, el gasto de capital llegó a 28,476 millones de dólares, cuatro veces más que en el mismo periodo de 2025. La empresa vinculó ese aumento a la expansión de sus operaciones y proyectos tecnológicos.

La acción sigue por debajo del precio de salida

Las acciones de SpaceX cerraron la jornada del martes con una subida del 9,43 %, hasta 125,33 dólares, antes de la publicación de los resultados trimestrales.

Aun así, el valor acumula una caída del 16,4 % desde su debut en el Nasdaq el pasado 12 de junio, cuando comenzó a cotizar a 150 dólares por acción. También se mantiene un 7 % por debajo del precio fijado para su oferta pública inicial.

Tras alcanzar un máximo de 225,64 dólares en las primeras sesiones de negociación, el título perdió impulso y llegó a tocar un mínimo reciente de 104,83 dólares. Los analistas siguen atentos al vencimiento del primer periodo de bloqueo de acciones previsto para esta semana, que podría aumentar la oferta de títulos en el mercado.

Costa Rica, considerado durante décadas el país más democrático y uno de los más estables de Centroamérica, enfrenta uno de los mayores choques entre poderes de su historia reciente. El conflicto estalló después de que el Gobierno rechazó una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y respondió con denuncias penales y acusaciones de “golpe de Estado” contra cuatro magistrados.

La confrontación comenzó cuando la Sala Constitucional prorrogó temporalmente el mandato de sus magistrados suplentes para evitar una parálisis del tribunal, luego de que la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, devolviera en varias ocasiones las nóminas enviadas por el Poder Judicial.

La disputa escaló con acciones penales

La presidenta Laura Fernández, quien asumió el cargo en mayo, calificó la resolución como un intento de usurpar funciones del Congreso. Posteriormente acompañó a su bancada para presentar una querella por prevaricato y usurpación de atribuciones contra los cuatro magistrados que respaldaron el fallo.

“Jamás cuatro magistrados usurpadores de nuestra democracia van a poder imponerse a 31 diputados electos por el pueblo”, declaró la mandataria.

Los jueces defienden una medida de emergencia

Los magistrados sostienen que actuaron para garantizar el funcionamiento del tribunal encargado de resolver recursos de amparo y hábeas corpus. El magistrado Jorge Araya denunció una “deriva autoritaria” del Gobierno y afirmó que la decisión buscó evitar el colapso de la justicia constitucional.

Líderes opositores y organizaciones civiles han expresado preocupación por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. También advierten sobre un posible debilitamiento de la independencia judicial y de la división de poderes.

El caso representa un precedente poco común en Costa Rica, donde llevar a magistrados constitucionales ante la justicia penal constituye un episodio sin antecedentes recientes en la trayectoria democrática del país.