La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) juramentó al nuevo Consejo Directivo del Centro de Mediación y Arbitraje para el período 2026-2028. La ceremonia reunió a representantes del sector empresarial y autoridades vinculadas al comercio y la inversión.

Durante el acto, la presidenta de la Camarasal, Leticia Escobar, explicó que el Centro ofrece a las empresas un mecanismo privado, ágil y especializado para resolver disputas comerciales. Según indicó, este sistema permite evitar procesos prolongados y de mayor costo en los tribunales judiciales tradicionales.

Escobar afirmó que el fortalecimiento de este tipo de mecanismos aporta mayor certeza, seguridad jurídica y confianza para el desarrollo de las actividades empresariales.

“En Camarasal creemos firmemente que una economía fuerte no depende únicamente de la capacidad de generar inversiones o crear empresas, también requiere de instituciones sólidas que brinden certeza, seguridad jurídica para que quedan crecer”, dijo la presidenta de la Cámara.

Sector privado resalta beneficios para las empresas

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), José Luis Saca, participó en la juramentación y reiteró el respaldo de la gremial a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

La ANEP señaló que la mediación y el arbitraje permiten resolver controversias de forma ágil, transparente y especializada. Además, destacó que estos procedimientos contribuyen a reducir costos para las empresas y fortalecen la seguridad jurídica.

Saca también reconoció el trabajo de la Cámara de Comercio para impulsar herramientas orientadas a mejorar el clima de negocios. En ese contexto, sostuvo que un centro de arbitraje sólido brinda certeza a empresas nacionales y extranjeras y favorece un entorno con reglas claras para la actividad económica.

Relacionan la institución con el crecimiento económico

Durante la actividad, el secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattán, destacó la importancia del Centro de Mediación y Arbitraje ante el crecimiento económico y empresarial que, según afirmó, experimenta El Salvador.

El funcionario señaló que un entorno con mayor llegada de inversiones y nuevas empresas requiere instituciones capaces de atender controversias comerciales mediante procedimientos especializados y eficientes.

La Cámara de Comercio sostuvo que el fortalecimiento del Centro busca ofrecer mayor valor al desarrollo empresarial, mediante mecanismos que promuevan confianza, certeza jurídica y condiciones favorables para la inversión y la competitividad.

Las reservas internacionales netas de El Salvador crecieron un 15.23 % durante el primer semestre de 2026, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR).

El saldo acumulado llegó a 5,167.43 millones de dólares al cierre de junio. La cifra representa un incremento de 682.94 millones frente a los 4,484.49 millones registrados en diciembre de 2025.

La evolución mensual mostró variaciones. En enero las reservas disminuyeron 2.48 millones de dólares. Posteriormente aumentaron 50.07 millones en febrero y 99.48 millones en marzo. En abril registraron un alza de 474.57 millones, mientras que en mayo retrocedieron 87.17 millones. Finalmente, en junio repuntaron con un incremento de 148.47 millones.

Moneda extranjera concentra la mayor parte del saldo

El Banco Central de Reserva informó que 4,998.44 millones de dólares del total corresponden a reservas en moneda extranjera.

Además, las reservas en oro sumaron 271.37 millones de dólares. Este componente mostró una reducción respecto a diciembre de 2025, cuando alcanzaba 296.31 millones de dólares.

Recursos fortalecen la capacidad financiera del país

El Fondo Monetario Internacional (FMI) define las reservas internacionales como activos externos bajo control de las autoridades monetarias. Estos recursos permiten atender necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, respaldar la estabilidad financiera e intervenir en los mercados cambiarios cuando sea necesario.

El fortalecimiento de las reservas también forma parte del acuerdo por 1,400 millones de dólares alcanzado entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional.

Según el organismo financiero, ese programa busca reforzar la sostenibilidad fiscal y externa mediante un plan de consolidación fiscal y medidas orientadas a incrementar el nivel de reservas internacionales del país.

Con información de EFE

El Gabinete de Seguridad de El Salvador presentó este miércoles el balance de una operación antidrogas realizada el pasado 18 de junio en aguas internacionales del océano Pacífico, donde la Marina Nacional decomisó 6.68 toneladas de cocaína.

Durante la conferencia, las autoridades informaron que el cargamento está valorado en aproximadamente 167 millones de dólares y calificaron la incautación como la mayor registrada en una sola operación por las instituciones salvadoreñas.

Intervenciones ocurrieron con seis horas de diferencia

De acuerdo con el informe oficial, la primera acción se desarrolló a 582 millas náuticas, equivalentes a 1,074 kilómetros, al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

En ese punto, la Marina interceptó una embarcación tipo Low Profile Vessel (LPV), donde capturó a dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano. Según las autoridades, la nave transportaba 3.425 toneladas de cocaína.

Seis horas después, las unidades navales localizaron una segunda embarcación de características similares a 633 millas náuticas, o 1,172 kilómetros, del mismo punto de referencia.

En esa segunda intervención fueron detenidos otros dos colombianos y un ecuatoriano, quienes trasladaban 3.255 toneladas adicionales de cocaína.

Decomisos acumulados superan las 13 toneladas en 2026

Con ambas acciones, las autoridades reportaron la captura de seis personas y el decomiso total de 6.68 toneladas de cocaína.

Además, informaron que El Salvador suma 13.2 toneladas de cocaína incautadas durante 2026, con un valor estimado superior a 332 millones de dólares.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que estas operaciones buscan impedir que organizaciones dedicadas al narcotráfico utilicen las aguas marítimas para transportar cargamentos ilícitos. Asimismo, el Ministerio de la Defensa destacó que el operativo fue resultado de las labores de vigilancia y control desarrolladas por la Marina Nacional en el océano Pacífico.

El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) informó que 35 instituciones públicas de El Salvador han evaluado, simplificado e inscrito 2,100 trámites y modalidades en el Registro Nacional de Trámites (RNT). El proceso responde a la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria, que busca eliminar requisitos innecesarios y agilizar los servicios para ciudadanos y empresas.

La directora ejecutiva del OMR, Mariana Gómez, afirmó que el avance refleja el trabajo coordinado entre las entidades públicas. Además, señaló que la simplificación permite realizar gestiones de forma más rápida y sencilla.

Entidades con mayor número de procesos registrados

La Superintendencia de Regulación Sanitaria lidera el registro con 386 trámites simplificados. Le siguen el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con 280; el Centro Nacional de Registros, con 251; el Ministerio de Salud, con 211; el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, con 150; y la Dirección General de Aduanas, con 122.

También destacan la Superintendencia del Sistema Financiero, con 105 trámites; el Ministerio de Economía, con 94; el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, con 86; y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con 57.

El resto de instituciones registra entre uno y 46 trámites simplificados. Entre ellas figuran la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Turismo, el Registro Nacional de las Personas Naturales, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Educación y el Banco Central de Reserva.

Objetivo de la reforma administrativa

El OMR, adscrito a la Presidencia de la República, dirige el Sistema de Mejora Regulatoria en El Salvador. Según la institución, el objetivo es reducir los tiempos y costos administrativos mediante la simplificación de trámites públicos.

Además, el Registro Nacional de Trámites concentra la información sobre los procedimientos oficiales, con el propósito de ofrecer mayor claridad a los usuarios y fortalecer el clima de negocios e inversión en el país.

La Fiscalía General de la República de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ejecutó la madrugada de este miércoles un operativo que culminó con la captura de seis presuntos integrantes de una estructura dedicada al contrabando de celulares de alta gama y consolas de videojuegos provenientes de Estados Unidos.

Según la investigación, la organización operó desde 2023 y distribuía funciones entre sus miembros. Algunos viajaban a Estados Unidos para ingresar la mercadería sin declararla ante las autoridades aduaneras. Cuando enfrentaban controles, presuntamente presentaban documentación alterada para justificar el ingreso de los productos.

Autoridades investigan movimientos financieros millonarios

La Fiscalía indicó que otros integrantes administraban las ganancias obtenidas mediante el comercio de los equipos electrónicos. Además, realizaban viajes de corta duración a Estados Unidos y trasladaban montos inferiores al límite de reporte para evitar alertas sobre las operaciones.

De acuerdo con la institución, la estructura movilizó más de 10 millones de dólares mediante depósitos, retiros, transferencias, compras, pagos de impuestos, multas, mercancías declaradas y diferencias aduaneras.

Registros permitieron incautar evidencia para el caso

Durante el operativo, las autoridades realizaron registros en distintos distritos de San Salvador y La Libertad. Como resultado, incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentos que, según la Fiscalía, fortalecerán la investigación.

Los detenidos fueron identificados como Marta Alicia Menjívar Rivera, Noé Eliezar Mejía Rivas, Rodrigo José Argumedo Lagos, Miguel Ángel Carranza Ramírez, Julio Ernesto Mejía Montano y Nilton Audelino Santos Flores.

La Fiscalía informó que todos enfrentarán cargos por los presuntos delitos de agrupaciones ilícitas, contrabando de mercaderías y falsedad ideológica. El proceso judicial determinará su responsabilidad conforme a la legislación salvadoreña.