La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) proyecta que la economía de El Salvador crecerá 4.5 % en 2026. La estimación supera las previsiones del Gobierno y de organismos multilaterales.

Jorge Arriaza, presidente de la ASI, vinculó la proyección con el desempeño reciente de la actividad económica y la industria.
Industria y actividad económica muestran avances

El Índice de Volumen de la Actividad Económica creció 5.6 % en mayo, último dato disponible. Además, el Índice de Producción Industrial aumentó 4.3 % hasta junio.

“El Salvador, a nuestro juicio, podría estar creciendo a una tasa del 4.5 % este año”, afirmó Arriaza durante la inauguración del COREN 2026.

Según el dirigente empresarial, este resultado permitiría al país liderar el crecimiento económico regional. Sin embargo, las estimaciones internacionales mantienen cifras menores.

Organismos internacionales proyectan un menor avance

El Banco Central de Reserva estima un crecimiento del producto interno bruto de entre 3 % y 3.5 %para 2026.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional calcula un avance de 3.3 %. 

El Banco Mundial prevé 3.2 %, mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima 3.9 %.

La Comisión también proyecta crecimientos de 3.7 % para Costa Rica, 4 % para Guatemala, 3.5 % para Honduras, 4.5 % para Nicaragua y 4.4 % para Panamá.

Primer trimestre marca un ritmo favorable

La economía salvadoreña creció 4.8 % durante el primer trimestre de 2026, según el Banco Central de Reserva.

El resultado estuvo impulsado principalmente por la construcción. En ese período, 17 actividades económicas registraron resultados positivos.

En contraste, la enseñanza cayó 0.3 %. También disminuyeron 0.8 % la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

La ASI considera que estos resultados respaldan su previsión de 4.5 % de crecimiento económicopara El Salvador durante 2026.

La Asamblea Legislativa reeligió y juramentó este miércoles a los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Los funcionarios ejercerán del 28 de agosto de 2026 al 27 de agosto de 2029.

Walter Salvador Sosa Funes continuará como presidente. Julio Guillermo Bendek Panameño ocupará la primera magistratura y José Rodrigo Flores Ramos la segunda.

La propuesta recibió 57 votos

El diputado Raúl Chamagua, del partido oficialista Nuevas Ideas, propuso a los tres funcionarios durante la sesión plenaria.

Los diputados Serafín Orantes, del Partido de Concertación Nacional, y Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano, respaldaron la propuesta.

El dictamen favorable de la Comisión Política incluyó a los tres candidatos entre 17 personas evaluadas por los diputados.

La Asamblea aprobó el dictamen con 57 votos a las 5:54 de la tarde. Después, cada magistrado recibió 57 votos en votaciones nominales y públicas.

Las diputadas Claudia Ortiz, de Vamos; Marcela Villatoro y Silvia Regalado, de Arena, votaron contra las tres elecciones.

El oficialismo defiende la continuidad

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, defendió la continuidad de los magistrados tras evaluar a los 17 aspirantes.

Castro destacó la experiencia de los candidatos y, en particular, la trayectoria de Sosa Funes en la institución.

Además, pidió a los nuevos magistrados cumplir con su función de auditoría. También aseguró que la Asamblea permanecerá atenta a su trabajo.

La juramentación de Sosa Funes, Bendek Panameño y Flores Ramos concluyó a las 6:19 de la tarde.

Industrias Unidas, S.A. (IUSA) cerrará sus operaciones textiles en El Salvador el 30 de noviembre de 2026. La empresa atribuyó la decisión a una reestructuración de su matriz japonesa, Toyobo, y descartó que responda al clima de negocios salvadoreño.

La compañía aseguró que el cierre no supone una evaluación negativa del mercado de El Salvador ni de su industria textil. Además, señaló que continuará atendiendo los contratos y operaciones existentes hasta el final de sus actividades.

Una inversión japonesa con más de siete décadas

IUSA inició operaciones en El Salvador en 1955. Su establecimiento marcó una de las primeras expansiones industriales japonesas fuera de Japón tras la Segunda Guerra Mundial.

La empresa instaló sus operaciones en la Zona Franca de San Bartolo, en Ilopango, San Salvador. Allí desarrolló procesos de hilado, tejido y teñido.

Además, produjo telas de algodón y mezclas con poliéster. Sus productos abastecieron la confección de uniformes escolares, industriales, médicos, militares y de hostelería.

La empresa atravesó guerra y desastres naturales

Durante más de 70 años, IUSA mantuvo sus actividades durante distintos periodos de la historia salvadoreña.

La compañía sobrevivió a la guerra interna y a varias catástrofes naturales que afectaron al país.

Asimismo, amplió su oferta con acabados técnicos. Entre ellos incorporó protección contra rayos ultravioleta, propiedades antibacterianas y resistencia al fuego.

La empresa también exportó productos textiles bajo las condiciones comerciales del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.

Toyobo vincula la decisión con su estrategia global

IUSA explicó que el cierre forma parte de la política de reestructuración definida por Toyobo dentro de su estrategia global.

La empresa destacó que esta decisión no refleja una pérdida de expectativas sobre El Salvador ni sobre su sector textil.

Por el contrario, IUSA afirmó que las industrias del país entran en una nueva etapa de desarrollo. También expresó su expectativa de crecimiento para la actividad textil salvadoreña.

Operaciones concluirán en noviembre de 2026

IUSA fijó el 30 de noviembre de 2026 como fecha para el cierre permanente de sus operaciones.

La compañía informó además que permanecerá cerrada del 25 al 30 de agosto. Para consultas relacionadas con el anuncio, atenderá solicitudes a partir del 31 de agosto.

La Fiscalía General de la República anunció que un tribunal contra el Crimen Organizado comenzará el 31 de agosto la lectura del fallo contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha. El proceso reúne más de 47,400 imputaciones por delitos atribuidos a los acusados.

El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador fijó esa fecha para iniciar la lectura de la resolución.

El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, confirmó lo establecido por el juez.

Según la Fiscalía, el tribunal deberá resolver más de 47,420 imputaciones dentro del mismo proceso judicial.

Los cargos corresponden a hechos que las autoridades atribuyen a los acusados entre 2012 y 2022.

Investigación abarca 11 años de hechos

El expediente agrupa acusaciones por distintos delitos vinculados con integrantes de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.

La Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron durante un periodo de 11 años.

De acuerdo con Muñoz, el proceso permitirá resolver las imputaciones acumuladas por los delitos atribuidos durante ese periodo.

El juicio representa uno de los procesos colectivos contra miembros de estructuras de pandillas que impulsa la justicia salvadoreña.

Fallo se conocerá en medio de ofensiva contra pandillas

La resolución llegará en el contexto de la política de seguridad implementada por el Gobierno salvadoreño desde marzo de 2022.

Desde entonces, las autoridades han impulsado operativos y procesos judiciales contra integrantes de organizaciones criminales.

La Mara Salvatrucha figura entre las principales estructuras perseguidas dentro de esta estrategia de seguridad.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción.

Con esta extensión, el Gobierno reporta 92,959 personas detenidas desde la implementación de la medida en marzo de 2022.

La nueva extensión comenzará el sábado

La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga con 57 votos de los 60 diputados.

Los legisladores de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron la medida.

La nueva extensión comenzará el 29 de agosto y finalizará el 27 de septiembre de 2026.

Esta corresponde a la prórroga número 54 desde la entrada en vigor del régimen de excepción.

La medida mantiene suspendidas tres garantías constitucionales relacionadas con la detención administrativa, las telecomunicaciones y el derecho de defensa.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la continuidad del régimen de excepción.

El Gobierno y los diputados que respaldaron la prórroga sostienen que la medida forma parte de la estrategia de seguridad.

La nueva extensión mantendrá vigente el régimen durante un mes adicional, hasta el 27 de septiembre.