Costa Rica, considerado durante décadas el país más democrático y uno de los más estables de Centroamérica, enfrenta uno de los mayores choques entre poderes de su historia reciente. El conflicto estalló después de que el Gobierno rechazó una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y respondió con denuncias penales y acusaciones de “golpe de Estado” contra cuatro magistrados.

La confrontación comenzó cuando la Sala Constitucional prorrogó temporalmente el mandato de sus magistrados suplentes para evitar una parálisis del tribunal, luego de que la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, devolviera en varias ocasiones las nóminas enviadas por el Poder Judicial.

La disputa escaló con acciones penales

La presidenta Laura Fernández, quien asumió el cargo en mayo, calificó la resolución como un intento de usurpar funciones del Congreso. Posteriormente acompañó a su bancada para presentar una querella por prevaricato y usurpación de atribuciones contra los cuatro magistrados que respaldaron el fallo.

“Jamás cuatro magistrados usurpadores de nuestra democracia van a poder imponerse a 31 diputados electos por el pueblo”, declaró la mandataria.

Los jueces defienden una medida de emergencia

Los magistrados sostienen que actuaron para garantizar el funcionamiento del tribunal encargado de resolver recursos de amparo y hábeas corpus. El magistrado Jorge Araya denunció una “deriva autoritaria” del Gobierno y afirmó que la decisión buscó evitar el colapso de la justicia constitucional.

Líderes opositores y organizaciones civiles han expresado preocupación por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. También advierten sobre un posible debilitamiento de la independencia judicial y de la división de poderes.

El caso representa un precedente poco común en Costa Rica, donde llevar a magistrados constitucionales ante la justicia penal constituye un episodio sin antecedentes recientes en la trayectoria democrática del país.

El Centro Histórico de San Salvador, Surf City 1 y la Ruta de las Flores encabezan la lista de destinos turísticos con mayor preferencia durante estas vacaciones agostinas en El Salvador, según el Ministerio de Turismo. Las autoridades esperan una alta afluencia de visitantes en playas, pueblos turísticos, parques naturales y espacios culturales durante el feriado del 1 al 6 de agosto.

Además, oficialmente se mantiene la proyección de recibir 2.8 millones de visitantes en sitios turísticos públicos, naturales y culturales, así como 91,000 turistas internacionales que ingresarán por vía aérea y terrestre durante esta temporada.

Los lugares con mayor demanda durante el feriado

La ministra de Turismo, Morena Valdez, señaló que los destinos con mayor expectativa de visitantes incluyen el Centro Histórico de San Salvador, Surf City 1, la Ruta de las Flores, la zona norte de Chalatenango, los pueblos del oriente del país y diversos puntos de la franja costera.

También permanecen abiertos al público Sunset Park y el Muelle Turístico del Puerto de La Libertad, dos de los espacios recreativos que suelen registrar alta afluencia durante los períodos vacacionales.

Transporte y servicios para los viajeros

El Ministerio de Turismo recordó que los visitantes pueden consultar actividades, horarios y rutas en los portales oficiales de promoción turística. Además, el Instituto Salvadoreño de Turismo mantiene en operación el servicio de Buses Alegres durante toda la semana.

Entre las nuevas conexiones figura la ruta que une el Parque Natural Walter Thilo Deininger con las cascadas de Tamanique, lo que amplía las opciones para quienes buscan recorridos de naturaleza.

Proyección de visitantes nacionales y extranjeros

Las autoridades mantienen desde hace varios días la proyección de 2.8 millones de visitantes en los principales atractivos turísticos del país y de 91,000 turistas internacionales durante las Vacaciones Agostinas.

La estimación incluye destinos públicos, naturales y culturales distribuidos en todo el territorio salvadoreño, con un amplio movimiento de viajeros nacionales y extranjeros durante la temporada festiva.

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) anunció este lunes que fortalecerá su cooperación con El Salvador mediante nuevas inversiones en infraestructura y tecnología, como parte de una estrategia para ampliar la relación económica entre ambos países.

El anuncio lo hizo el director ejecutivo de la DFC, Ben Black, tras una visita oficial al país centroamericano. El funcionario afirmó que la agencia busca profundizar su alianza con el gobierno salvadoreño y apoyar proyectos que impulsen el crecimiento económico.

“La DFC espera profundizar nuestra alianza mediante inversiones en infraestructura que impulsarán el crecimiento y la prosperidad de ambas naciones en los años venideros”, escribió Black en la red social X.

Inversiones para infraestructura y tecnología

El funcionario estadounidense también destacó que El Salvador busca convertirse en un destino importante para la inversión tecnológica y consideró que existen oportunidades para ampliar la cooperación bilateral en ese sector.

Además, agradeció la recepción del presidente Nayib Bukele y señaló que el fortalecimiento de la relación entre ambos países puede generar nuevas oportunidades económicas.

Qué es la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) es la agencia federal de inversión internacional del gobierno estadounidense. Su misión es movilizar capital privado para impulsar el desarrollo económico y respaldar objetivos estratégicos de la política exterior de Estados Unidos.

La institución ofrece préstamos directos, garantías, inversiones de capital y seguros contra riesgos políticos. También financia proyectos en sectores como infraestructura crítica, energía, salud y tecnología.

Además, la DFC busca fortalecer cadenas de suministro globales y promover el crecimiento económico en países aliados de Estados Unidos.

Un nuevo mensaje sobre la relación bilateral

La declaración de la DFC representa un nuevo pronunciamiento público sobre la relación entre Estados Unidos y El Salvador y pone el énfasis en una agenda de cooperación económica basada en inversiones y proyectos de infraestructura.

El anuncio abre la posibilidad de una mayor participación de la agencia estadounidense en iniciativas de desarrollo y modernización en El Salvador durante los próximos años.

La Fiscalía General y la Policía Nacional Civil ejecutaron un operativo durante la madrugada del sábado para desarticular una estructura de narcotráfico que operaba entre Guatemala y El Salvador.

Las autoridades realizaron allanamientos en Lourdes, San Juan Opico y Villa Tzu Chi, en el departamento de La Libertad. Como resultado, capturaron a cuatro personas, incluida la presunta jefa del grupo, Katia María Fernández Salazar.

Según la investigación, la estructura comenzó a operar a inicios de 2026. El grupo comercializaba cocaína, marihuana y metanfetamina en territorio salvadoreño.

La investigación señala una red de distribución desde Guatemala

La Fiscalía indicó que la droga ingresaba desde Guatemala y luego era distribuida en distintas zonas de El Salvador.

Los investigadores sostienen que los integrantes utilizaban a varias personas para vender los estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo. Ese esquema permitía colocar pequeñas cantidades de droga en distintos puntos de venta.

La presunta cabecilla operaba desde una colonia de La Libertad

Entre los detenidos figura Katia María Fernández Salazar, señalada por las autoridades como la cabecilla de la estructura. De acuerdo con la investigación, operaba desde la colonia Las Jacarandas, en el departamento de La Libertad.

Además, fueron arrestados Wendy Yamileth Pineda López, José Mauricio Moreno Zapata y Brayan Alexander García Martínez.

La Fiscalía informó que los cuatro detenidos serán procesados por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, delitos contemplados en la legislación penal salvadoreña.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) supervisaron la incineración de 6,642 kilos de cocaína decomisados en junio a seis extranjeros en aguas territoriales salvadoreñas.

La destrucción de la droga se realizó tras completar el análisis pericial, la verificación del peso y la identificación del tipo de estupefaciente. La FGR y la PNC coordinaron el procedimiento, que se ejecutó por orden judicial.

La cocaína destruida fue incautada durante un operativo marítimo realizado en junio de 2026 en aguas territoriales del país. Las autoridades valoraron el cargamento en 166,979,880 dólares.

Seis extranjeros permanecen en prisión provisional

El caso involucra a seis ciudadanos extranjeros capturados durante la operación. Entre ellos figuran los ecuatorianos Javier Steven Vélez Mendoza y Kevin Antonio Franco Bonilla, así como los colombianos Roger Caicedo Quiñónez, Diego Ricardo Cuero Micolta y Remberto Iturbide Jacome.

Todos enfrentan procesos por tráfico internacional de drogas y permanecen en prisión provisional mientras continúa la investigación.

El decomiso forma parte de una estrategia marítima más amplia

La incineración corresponde a uno de los mayores cargamentos de cocaína decomisados por El Salvador durante 2026. Según datos oficiales, la estrategia contra el narcotráfico ha permitido interceptar más de 14.6 toneladas de cocaína en aguas internacionales y territoriales del océano Pacífico.

Las autoridades estiman que estas operaciones representan pérdidas superiores a 365 millones de dólares para las redes del crimen organizado transnacional.

Operaciones en alta mar alcanzan cifras récord

La Marina Nacional, mediante la Fuerza de Tarea Naval Tridente, lidera los operativos marítimos con apoyo de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República.

En junio, las autoridades interceptaron dos embarcaciones semisumergibles a más de 580 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, donde capturaron a cuatro colombianos y dos ecuatorianos.

Posteriormente, en julio, la Marina registró la intercepción más lejana de su historia, al detener otra embarcación con 1.36 toneladas de cocaína a 947 millas náuticas de la costa salvadoreña.