Legal
Ministerio de Trabajo inicia cobro por servicios a usuarios
Desde finales de marzo, el Ministerio de Trabajo comenzó a cobrar sus servicios a los diferentes usuarios que llegan a realizar diferentes trámites a sus dependencias.
El cobró inició luego que el Ministerio de Hacienda publicara el nuevo tarifario (Acuerdo 370 del 27 de febrero de 2023) en el Diario Oficial del 21 de marzo de 2023, a petición del titular de Trabajo.
El Acuerdo de Hacienda detalla que la creación de las tarifas obedece a la creación del “Fondo de Actividades Especiales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social” que se aprobó en la Asamblea Legislativa del 14 de junio de 2018, a petición de la entonces ministra Sandra Guevara en la administración de Sánchez Cerén.
Las tarifas van desde los $0.05 centavos por copias, hasta los $500 por solvencias o constancias. En el cobro se incluyen los servicios por la Ley de Acceso a la Información Pública.
El Acuerdo 370 cita el artículo 3 del Fondo aprobado por la Asamblea Legislativa: “Dicho fondo captará recursos provenientes de los ingresos a los Centros de Recreación; actividades artísticas, culturales y deportivas que se organicen, venta de productos, pago por uso de espacios y otros, por la prestación de servicios que realice el Ministerio”.
Entre los servicios con mayor costo están los suministrados por la Dirección General de Inspección de Trabajo, donde las constancias de autorización de reexportación de maquinaria y traslado, así como las solvencias y constancias de cumplimiento de normativa laboral tendrán un costo de $500 dólares.
Mientras que en la Dirección General de Previsión Social se cobrarán $300 dólares por las acreditaciones de empresas asesoras (para brindar servicios de seguridad ocupacional) y por las constancias de aprobación y acreditación de peritos. En total, son 24 cobros por diferentes servicios.
El decreto legislativo que avaló los cobros que ahora publica Hacienda, se hizo con la intención de “apoyar el mantenimiento y desarrollo de los Centros de Recreación y actividades de las diferentes unidades organizativas de dicho Ministerio”.
El Ministerio de Trabajo cuenta con cuatro centros de recreación que permite el acceso a trabajadores: el Centro de recreación Dr. Mario Zamora Rivas en La Palma, Chalatenango; Centro recreativo Dr. Humberto Romero Albergue en Conchalío, La Libertad; Centro recreativo Dr. Miguel Félix Charlaix en El Tamarindo, La Unión; y Centro de recreación Constitución 1950 en el lago de Coatepeque, El Congo.
Cabe destacar que todos los centros recreativos del Ministerio de Trabajo se encuentran cerrados desde la pandemia, cuando fueron utilizados como centros de confinamiento para mantener la cuarentena.
Precios por los diferentes servicios que brindan las Direcciones del MTPS a nivel nacional
| No. | Dirección | Servicio | Precio |
| 1 | Dirección General de Empleo | Permiso de trabajadores migrantes extranjeros (someter a análisis la normativa) | $10 |
| 2 | Dirección General de Inspección de Trabajo | Constancia de Autorización de reexportación de maquinaria y traslado | $500 |
| 3 | Dirección General de Inspección de Trabajo | Solvencia/Constancia de cumplimiento de normativa laboral | $500 |
| 4 | Dirección General de Inspección de Trabajo | Certificación de expedientes (Código Mercantil da la facultad para el cobro) | $0.08 por página |
| 5 | Dirección General de Previsión Social | Aprobación de planos | $150 |
| 6 | Dirección General de Previsión Social | Acreditación de empresas asesoras (para brindar servicios de seguridad ocupacional) | $300 |
| 7 | Dirección General de Previsión Social | Registro de equipos generadores de vapor | $50 |
| 8 | Dirección General de Previsión Social | Acreditación de comités de seguridad ocupacional | $10 |
| 9 | Dirección General de Previsión Social | Resolución de medidas sustantivas | $5 |
| 10 | Dirección General de Previsión Social | Constancia de Aprobación y acreditación de peritos | $300 |
| 11 | Dirección General de Previsión Social | Constancia de Capacitación para integrar comités de seguridad y salud (curso virtual de 8 horas) | $15 |
| 12 | Dirección General de Trabajo | Solicitud de Pago Diferido (LRV) (resolución de autorización de pago diferido) | $100 |
| 13 | Dirección General de Trabajo | Certificaciones (Expedientes conciliación de reglamento; registros asientos de inscripción, contratos individuales) | $0.08 por página |
| 14 | Dirección General de Trabajo | Constancia de aprobación de reglamentos Internos de Trabajo (Resolución de aprobación o denegatoria) | $50 |
| 15 | Dirección General de Trabajo | Constancia de Autorización de Cambio de horario de trabajo (Resolución de aprobación o denegatoria de cambio de horario) | $50 |
| 16 | Dirección General de Trabajo | Inscripción de Juntas Directivas de Sindicatos (3 Credenciales, carné. Resolución) | $25 |
| 17 | Dirección General de Trabajo | Modificaciones de Juntas Directivas de Sindicatos | $10 |
| 18 | Dirección General de Trabajo | Reposición de Carné de Directivo Sindical | $5 por carné |
Fuente: Diario Oficial Tomo $438
Precios por reproducción y digitalización de la información solicitada en todas las oficinas del MTPS
| PRODUCTOS | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO POR PÁGINA |
| Impresiones, fotocopias | Blanco y negro tamaño carta y oficio, papel bond | $0.05 |
| Impresiones, fotocopias | Color tamaño carta y oficio, papel bond | $0.08 |
| CD-R-RW | $1.50 | |
| DVD-R-RW | $2.00 | |
| Memoria USB | $10 | |
| Enviado por correspondencia | La tarifa dependerá del costo asignado al correo nacional |
Fuente: Diario Oficial Tomo #438
Legal
Consejo Nacional de la Judicatura analizará implicaciones legales de la tokenización de activos
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de El Salvador realizará una videoconferencia sobre los efectos legales de la tokenización de activos y los retos que plantea esta tecnología.
La actividad se desarrollará el 28 de agosto de 2026, de 10:00 de la mañana al mediodía.
La conferencia forma parte de las actividades de regulación digital impulsadas por el organismo encargado de apoyar la formación de funcionarios judiciales.
La sesión abordará el marco legal de los activos digitales
La videoconferencia se denomina “Implicaciones jurídicas de la tokenización de activos”.
Durante la jornada, los participantes analizarán el marco legal establecido por la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador.
Además, la actividad abordará la relación entre los activos tokenizados y los derechos de propiedad.
Otro de los temas será el uso de smart contracts, o contratos inteligentes, y su validez dentro del derecho civil.
La sesión busca analizar los desafíos jurídicos que surgen cuando bienes o derechos se representan mediante tokens digitales.
Especialista de la Escuela de Capacitación Judicial dirigirá la actividad
La ponencia estará a cargo de la doctora Reyna Verónica Jaime Bermúdez, capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”.
La actividad está dirigida a analizar los cambios que introduce la tecnología digital en las relaciones jurídicas.
Además, permitirá revisar los posibles efectos de la tokenización sobre la propiedad y los derechos reales.
La inscripción continúa abierta
El Consejo Nacional de la Judicatura habilitó un proceso de inscripción para participar en la videoconferencia.
La actividad se realizará en línea y forma parte de la agenda de formación relacionada con regulación digital (para inscripción: https://tinyurl.com/2y94r4h2)
El encuentro permitirá abordar cómo el marco jurídico salvadoreño responde a nuevas formas de representar activos y ejecutar acuerdos mediante tecnología digital.
Legal
Fiscalía General refuerza campaña antisobornos y habilita canal anónimo de denuncias
La Fiscalía General de la República de El Salvador mantiene una campaña en redes sociales para prevenir y rechazar actos de soborno dentro de la institución.
La entidad señala que la ética y la transparencia forman parte de sus principios. Además, reafirma su compromiso de prevenir prácticas de corrupción en sus procesos internos.
Canal para reportar posibles irregularidades
Como parte de la campaña antisobornos, la Fiscalía invita a informar sobre cualquier intento o acto de soborno relacionado con los procesos de compras públicas.
La institución habilitó el correo avisoantisoborno@fgr.gob.sv para recibir estos reportes. Según el mensaje difundido, la Fiscalía garantiza el anonimato de las personas que presenten una denuncia.
De esta forma, el mecanismo busca facilitar la comunicación de posibles irregularidades sin exponer la identidad de quienes proporcionen información.
Compras públicas bajo vigilancia
La campaña pone especial atención en los procesos de compras públicas, un área en la que pueden surgir intentos de soborno o prácticas contrarias a las normas de transparencia.
La Fiscalía pide a quienes conozcan un caso que utilicen el canal habilitado para comunicarlo. El llamado forma parte de las acciones institucionales para prevenir actos de corrupción.
Además, la entidad mantiene información sobre su política antisoborno en su sitio web oficial.
La Fiscalía promueve la denuncia
Con esta campaña, la Fiscalía busca reforzar el conocimiento de sus mecanismos para reportar posibles actos de soborno. La institución también destaca la importancia de la participación ciudadana para detectar irregularidades.
El mensaje difundido en redes sociales pregunta a los usuarios si conocen algún caso y los remite al correo habilitado.
Su campaña se enfoca en promover controles y canales de denuncia frente a posibles prácticas de corrupción.
Legal
El Salvador impulsa el desarrollo económico y jurídico en congreso de Derecho Privado, Arbitraje e Inversión
El Primer Congreso Salvadoreño de Derecho Privado, Arbitraje e Inversión reunió a profesionales del sector legal para analizar las tendencias normativas que impactan el desarrollo económico de la región.
La organización profesional Abogados Red coordinó el foro académico con el objetivo de brindar herramientas prácticas ante los cambios del derecho mercantil y corporativo.
Durante la jornada, especialistas locales e internacionales abordaron temas clave para el fortalecimiento del marco regulatorio e impulsaron un espacio de reflexión técnica.
El encuentro buscó promover el intercambio de conocimientos para dinamizar el clima de negocios y la certeza jurídica.
El Poder Judicial respalda el espacio de intercambio jurídico
La Corte Suprema de Justicia participó en la la actividad con la presentación de su presidente, Henry Alexander Mejía, y magistrados de diversas salas. El máximo tribunal apoyó la iniciativa como un mecanismo directo para capacitar de forma continua a los administradores de justicia del país.
En sus palabras de apertura, el titular de la institución judicial llamó a transformar las ponencias en herramientas útiles para el progreso del país. El funcionario destacó la urgencia de fomentar el diálogo entre las dependencias del Estado y los distintos sectores sociales.
Exposiciones magistrales fortalecen la resolución de disputas comerciales
El programa del simposio incluyó la presentación de estudios comparados a cargo de altas autoridades judiciales.
La magistrada de la Sala de lo Civil, Lidia Patricia Castillo Amaya, impartió una ponencia enfocada en las tendencias del recurso de casación civil en Iberoamérica.
Asimismo, representantes de las salas de lo Constitucional, Civil y Penal asistieron al debate técnico para actualizar los criterios jurisprudenciales en materia mercantil y contractual.
Estas ponencias brindaron insumos clave para consolidar un sistema de justicia moderno y dar respuestas oportunas a las demandas del mercado.
Legal
¿Interesado en realizar el examen de notariado? La Corte Suprema le recuerda a los abogados los requisitos para la prueba
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ya promociona el examen de notariado 2026. La evaluación está dirigida a abogados que buscan ejercer la función pública del notariado.
La institución publicó los requisitos que deberán cumplir los profesionales interesados. Además, recordó que los aspirantes deben contar con las condiciones técnicas necesarias para realizar la prueba.
Estos son los requisitos para participar
Para realizar el examen de notariado 2026, los aspirantes deben cumplir varias condiciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia.
Entre los requisitos se encuentran los siguientes:
- Ser salvadoreño o centroamericano, según las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley de Notariado.
- Ser abogado autorizado.
- No estar suspendido ni inhabilitado para ejercer la profesión.
- Poseer la nueva Tarjeta de Identificación de Abogacía.
- Contar con equipo de cómputo con cámara y micrófono.
- Mantener una conexión estable a internet durante toda la evaluación.
- Disponer de una velocidad mínima de internet de 10 megabits por segundo.
- Además, la Corte Suprema recomienda revisar toda la información oficial antes de iniciar el proceso de inscripción.
La prueba se realiza en modalidad virtual
El Examen de Notariado, también conocido como Prueba de Suficiencia para el Ejercicio de la Función Pública del Notariado, evalúa los conocimientos de los abogados que buscan obtener el fiat de notario.
Desde 2021, la evaluación se desarrolla de manera virtual. Asimismo, los aspirantes deben completar previamente un simulacro obligatorio.
La prueba aborda contenidos relacionados con legislación notarial, derecho civil, derecho mercantil y formalidades aplicables a los actos jurídicos.
La nota mínima histórica para aprobar la evaluación se sitúa en 7.0 sobre 10.0.
Los resultados recientes muestran una alta exigencia
Los resultados de las últimas ediciones reflejan un bajo porcentaje de aprobación.
En 2021 aprobó el 1.78 % de los participantes. En 2022, el porcentaje llegó al 7.93 %.
Después, la aprobación alcanzó el 5.67 % en 2023 y el 10.26 % en 2024. En 2025, el resultado volvió a bajar hasta el 5.33 %.
Así, el promedio histórico de aprobación durante la modalidad virtual se mantiene alrededor del 5 % al 6 %.
Más de 7,000 abogados realizaron la prueba en 2025
La edición de 2025 se realizó los días 6 y 7 de diciembre. Según los datos presentados ante la Corte Plena, 9,505 abogados iniciaron el proceso.
Sin embargo, 7,496 profesionales llegaron a la evaluación tras cumplir con el simulacro previo.
De ese grupo, 418 abogados aprobaron la prueba. La cifra representó el 5.33 % de quienes realizaron el examen.
En contraste, 6,971 profesionales no alcanzaron la nota requerida. La calificación promedio general fue de 4.22.
La nota más alta registrada alcanzó 9.0.
La Universidad de El Salvador obtuvo el mayor número de profesionales aprobados. En total, 121 de sus graduados superaron la evaluación de 2025.
Dónde consultar la información oficial
La Corte Suprema de Justicia indicó que los interesados deben consultar la información correspondiente dentro de su Expediente Electrónico Único de Abogados.
También puso a disposición el portal institucional para conocer los detalles del proceso y los requisitos de inscripción.
Los abogados interesados en realizar el examen de notariado 2026 deben verificar directamente la información oficial antes de completar su registro.
Más información: servicios.csj.gob.sv
Legal
El Salvador cierra primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario con agenda de regulación y salud
El Salvador concluyó este miércoles el Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario, centrado en innovación, regulación y nuevos desafíos para el sistema de salud.
El encuentro fue organizado por la Superintendencia de Regulación Sanitaria y reunió a expertos nacionales e internacionales.
La actividad abordó temas jurídicos, científicos y tecnológicos relacionados con la regulación sanitaria y el derecho a la salud.
Además, participaron autoridades de la Corte Suprema de Justicia y especialistas en distintas áreas vinculadas con el sector.
Autoridades judiciales destacan el vínculo entre ciencia y justicia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, participó en el congreso.
También asistió el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez.
Mejía señaló que el encuentro permitió ampliar el diálogo sobre el derecho sanitario y sus nuevos desafíos.
Además, destacó la importancia de acercar a los administradores de justicia a los avances científicos, tecnológicos y regulatorios.
Según el magistrado, la Corte Suprema continuará promoviendo alianzas para responder a las nuevas realidades del sector sanitario.
La inteligencia artificial entra en el debate regulatorio
Durante el congreso, Mejía moderó un panel sobre el uso de software como dispositivo médico.
Expertos analizaron las implicaciones y desafíos que plantea esta tecnología dentro del ámbito sanitario.
La agenda también incluyó temas relacionados con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Asimismo, los especialistas abordaron la regulación de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y productos veterinarios.
Estos temas reflejan el alcance que las autoridades buscan dar al derecho sanitario en El Salvador.
La regulación sanitaria busca ampliar su alcance
El superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García, planteó la necesidad de consolidar el derecho sanitario como una disciplina.
Según García, esta área involucra tanto a profesionales del derecho como a especialistas del sector salud.
También señaló que las conclusiones del congreso podrían contribuir a futuras reformas sanitarias.
El funcionario explicó que la regulación debe proteger el derecho a la salud de toda la población.
Por ello, planteó ampliar el enfoque más allá de la relación entre médicos y pacientes.
Medicamentos, alimentos y dispositivos forman parte del debate
García señaló que la regulación sanitaria incluye productos y actividades que pueden influir en la salud pública.
Entre ellos mencionó medicamentos, cosméticos, productos higiénicos y dispositivos médicos.
También incluyó alimentos, bebidas, tabaco, alcohol e insumos de uso agropecuario.
Además, destacó la regulación de productos y dispositivos destinados al ámbito veterinario.
“Es necesario que El Salvador redefina qué debemos entender por derecho sanitario, pero también redefinir los principios, porque al derecho sanitario no únicamente le corresponde regular la relación médico – paciente, le corresponde regular el derecho a la salud de la población y el derecho a la salud es la regulación de todos los productos que inciden en la salud, todos los establecimientos, todas las actividades desde medicamentos cosméticos, higiénicos, dispositivos médicos de uso humano, de uso veterinario, alimentos, bebidas, tabaco, alcohol y insumos de uso agropecuario”, dijo García.
El funcionario sostuvo que estos sectores requieren normas para garantizar una protección integral de la salud.
El congreso busca fortalecer el sistema regulatorio
El encuentro reunió a especialistas de distintas áreas para compartir conocimientos y experiencias.
Además, la organización planteó fortalecer capacidades y establecer nuevas alianzas en materia de regulación sanitaria.
La agenda incluyó participación nacional e internacional en temas científicos, jurídicos y tecnológicos.
Según García, uno de los objetivos consiste en definir con mayor precisión el alcance del derecho sanitario.
Las conclusiones del congreso podrían servir como referencia para futuras acciones y propuestas dentro del sistema regulatorio salvadoreño.
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