“La Fiscalía vive sus mejores momentos gracias al trabajo en equipo y la coordinación con el Estado”

El pasado 6 de enero, Rodolfo Antonio Delgado Montes comenzó su segundo mandato completo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), uno que finalizará en 2028. A punto de cumplir 3 décadas en la institución (inició a laborar en esta el 24 de abril de 1995), dice que le ha tocado ver de todo en su trayectoria. 

Recuerda muy bien, por ejemplo, cuando a finales de los 90 apareció en la portada de un periódico local, tras un decomiso de droga en el norte del país y todo lo incautado era transportado en un helicóptero porque era imposible, por lo accidentado del terreno, hacerlo en vehículo. “Ahí iba yo, en la puerta del helicóptero, estaba muy joven”, comenta entre risas. 

Vio la evolución de las distintas etapas del crimen en la posguerra y le tocó, desde diferentes trincheras fiscales, combatirlas. Bandas de secuestradores conformadas por desmovilizados de la guerrilla y el ejército, robacarros, extorsionistas y estafadores fueron perseguidos por este fiscal de carrera que, como él mismo dice en tono de broma, también tiene sus “momentos” … aunque no en público”.

Pero su capítulo estelar llegó en marzo de 2022, cuando desde el Ejecutivo hicieron el ajuste de tuerca en la guerra contra la delincuencia y bajo el régimen de excepción el combate a las pandillas y maras fue frontal.

Entonces, Rodolfo Delgado pasó a ser una pieza fundamental en la recuperación de la seguridad ciudadana, en el combate al fenómeno social que por lustros desangró a la sociedad salvadoreña. 

Como nunca antes en la historia reciente, la FGR logró articularse con el Ejecutivo y con el resto de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia y comenzaron los golpes certeros al crimen: arrestos, desarticulación de células pandilleriles, mejor efectividad en la investigación y las escenas de violencia comenzaron a cambiar en todo el país para que retornara la tranquilidad que tanto deseaban los salvadoreños.

Ahora, consciente de que ocupa uno de los cargos más importantes en el país después del de presidente (es el abogado responsable de la investigación de todo tipo de delitos, de proteger víctimas y testigos, de ejercer la acción penal pública y de velar por los intereses del Estado), Delgado habla con la propiedad que sólo da la experiencia, el buen tino, el dominio de la estrategia y los objetivos claros.

El fiscal general conversó con Derecho y Negocios y las siguientes fueron sus respuestas:

Señor fiscal, parece que la FGR vive sus mejores momentos, momentos estelares. Números muy favorables para la institución en los casos judicializados, una participación muy activa en la estrategia global anticrimen. ¿Qué tan determinante ha sido Rodolfo Delgado en este repunte de efectividad?

Rodolfo Delgado (RD): Bueno, en primer lugar, los resultados de la efectividad son de un trabajo de equipo. No es un trabajo que únicamente realiza el fiscal general.

Es importante y siempre lo recalco, incluso en muchos de los discursos que les doy a mis subalternos, el trabajo en equipo, conocer quién es su compañero, sus capacidades, conocer también sus debilidades, porque

eso es al final de cuentas es lo que hace que la institución

dé una respuesta efectiva a las víctimas sea efectiva. También que entiendan de que nuestra labor no es ser un acusador a ultranza, tampoco estamos para defender o encubrir actividades criminales, sino que es todo totalmente lo contrario. Nosotros somos los garantes de la objetividad dentro del proceso de investigación de los diferentes delitos. Y con esa misma objetividad con la cual nosotros encaramos los diferentes delitos que afectan a la población salvadoreña, al mismo tiempo tenemos que ser totalmente objetivos a la hora de representar al Estado en los diferentes juicios en contra de personas que han afectado sus intereses.

Entonces, creo que la visión que yo le trato de infundir a la Fiscalía General a partir del mes de mayo del año 2021 (cuando fue elegido por la Asamblea Legislativa para concluir el período de su predecesor, Raúl Melara)

es precisamente esa, aprender a confiar en el compañero que tenemos a la par, en el resto de las instituciones con la cual la Fiscalía día a día se involucra. Porque no puede existir un divorcio entre las instituciones del Estado. Es totalmente lo contrario. El fiscal, la oficina del fiscal general de la República es la oficina del abogado del Estado, con todos los componentes que implica el concepto de Estado y uno de ellos es lógicamente el pueblo salvadoreño. 

Estamos viviendo uno de nuestros mejores momentos, pero es principalmente por eso, porque la Fiscalía no se aisló y, al contrario, se busca tender puentes con el resto de las instituciones del Estado, entender cuál es el rumbo que lleva el Órgano Ejecutivo en la construcción de una sociedad más adecuada para las necesidades de los salvadoreños, entender también la mecánica del Órgano Judicial porque al final de cuentas la FGR es únicamente un componente del sistema de justicia salvadoreño. 

Si pierde su rumbo en cuanto a la objetividad, en cuanto a la imparcialidad de su accionar, entonces eso va a producir consecuencias nefastas en el resto de las instituciones del sistema de justicia. 

Creo que los números sí han sido favorables. No me canso de mencionar que una de las primeras acciones que yo realicé fue precisamente en esta sala (un iluminado salón con 11 sillas y una gran mesa de reuniones con dos banderas, luna de El Salvador y otra de la FGR a la cabecera), cuando el día 2 de mayo 2021, en la madrugada, me senté junto a todos los miembros y altos mandos de la Policía Nacional Civil y les transmití a ellos, esto fue un mensaje privado, que en mí no tenían a un enemigo, sino que al contrario, tenían al mismo fiscal que los había acompañado durante mucho tiempo en la realización de investigaciones de toda naturaleza,

desde las más sencillas hasta las más complejas, y que se trataba de rescatar el binomio policía y Fiscalía porque ese era el primer componente para poder empezar a reconstruir, la relación entre ambas instituciones. 

Y, en segundo lugar, tratar de reconstruir la FGR prácticamente desde sus cimientos.

El régimen de excepción es uno de los temas que ha sido clave y determinante en la estrategia de seguridad, eso es innegable. ¿Cómo evalúa el impacto del régimen en la reducción de la criminalidad y cuáles son las métricas que usted utiliza para medir la efectividad de la institución?

RD: El régimen de excepción como herramienta dentro de la política criminal impulsada por el presidente Nayib Bukele es un éxito, considerando de dónde venimos, cómo estábamos, en qué circunstancias el salvadoreño común y corriente desempeñaba sus labores diarias, asistía a las escuelas, asistía a las iglesias, cómo los policías desarrollaban su trabajo, cómo los fiscales desarrollábamos nuestro trabajo. Y creo que, en términos de reducción, estos han sido muy positivos. Nosotros nos basamos en una información combinada, tanto las métricas que utiliza la Policía Nacional Civil del impacto de los principales delitos que se cometen en el país o los más relevantes en cuanto a impacto de naturaleza social, usamos las mismas métricas.

Obviamente porque la esfera de acción de la Fiscalía es un poco más amplia, tenemos nuestras propias métricas principalmente en temas de representatividad del Estado o de otras instituciones del Estado. Basamos la eficacia en saber cuáles son los delitos que principalmente afectan a los salvadoreños. 

Este catálogo, digamos, reducido de delitos, son de los que nos llevamos un histórico que se va midiendo día a día y así nosotros podemos establecer cuáles son los porcentajes de reducción que se están dando en esos delitos. El hurto de vehículos automotores, las lesiones, el delito de robo, robo agravado, el secuestro y la violación. En cada una de estas incidencias criminales hemos experimentado bajas, bajas que son muy sensibles que nos han permitido llegar hasta este momento, a tener porcentajes de reducción significativos.

El régimen de excepción principalmente sirve para neutralizar al principal enemigo del delito. En el año 2023 de 154 homicidios, hemos cerrado un excelente año 2024 con 114. Ninguna muerte es buena, pero de 154 logramos en el 2024 una reducción del 25.97%.

Luego tenemos la violación, que logramos, siempre en ese mismo periodo, una reducción del 56.97%.

Luego tenemos el hurto, que tuvo una reducción del 21.87%; el robo, una reducción del 43.26% y después de muchos años no tuvimos ni un secuestro en todo el año 2024. El año 2024 que acabamos de cerrar,

tiene una reducción acumulada del 29.33%.

Lo bueno es el control que se tiene sobre el delito de homicidio. Se logró la reversión de la tasa de impunidad y de la agilidad de las investigaciones porque el año pasado de 114 homicidios que ocurrieron, la Fiscalía logró presentar cargos en contra de 112 personas acusadas

por el delito de homicidio. 

Este año que acaba de pasar tuvimos un excelente resultado en cuanto a la resolución de homicidios y en esta primera semana (de 2025) resolvimos el homicidio número 113 del año 2024, es decir que actualmente del año 2024 sólo tenemos un homicidio pendiente de resolver. Es consecuencia que por añadidura ha provocado las disposiciones que regulan el régimen de excepción en El Salvador.

La visión del Ejecutivo fue utilizar las herramientas constitucionales en auxilio de su población. ¿Para qué? Para tratar de generar las condiciones para que el salvadoreño se pudiese desplazar y pudiese mejorar su entorno.

Entonces, se ha señalado muchas veces que el régimen de excepción viola derechos humanos, atenta en contra de las mismas disposiciones constitucionales, pero en realidad es una herramienta que estaba a disposición de cualquier gobierno de turno. Siempre existió. No lo quisieron emplear desde el año 1983, solamente lo usaron en el contexto del conflicto armado, pero no lo utilizaron para lo que la Constitución lo tiene diseñado, para que sea usado precisamente defender al Estado, defender a la población, garantizarle al individuo el goce de sus derechos constitucionales más básicos. La vida misma. La libertad, la igualdad.

Se recobró la movilidad, los derechos de todos. Quien decidía quién ingresaba o no a una colonia era el jefe de la pandilla. Quién podía vivir ahí, era el jefe de la pandilla. ¿Quién podía usar a su antojo a las mujeres y a las niñas de ese sector? ¡Eran los pandilleros! Totalmente desgarrador lo que vivían los salvadoreños que están ubicados en las diferentes colonias y barrios del país. Entonces, la única forma como se puede derrotar un tipo de delincuencia de esa naturaleza es enfrentándolos con determinación y en segundo lugar con todas las herramientas legales que están a disposición del Estado.

¿Qué determinará la continuidad del régimen de excepción? ¿Hasta dónde están las condiciones dadas para mantenerlo? El presidente mencionaba hace unos meses que evaluaban su continuidad.

RD: Esa es una decisión que es muy propia del señor presidente. Nosotros como Fiscalía estamos preparados a continuar apoyando esta herramienta que forma parte de la política nacional de seguridad hasta que sea necesario. Nosotros nos debemos a la ley, somos aplicadores de la ley.

¿Tenían contemplado que de repente más de 100 acusados en un solo juicio? Porque el recurso no aumentó drásticamente para administrar toda esa carga.

RD: De hecho, que lo primero que yo enfrenté cuando vine al frente la Fiscalía General fue una fuga, sino que muchos fiscales se fueron a otras instituciones públicas a trabajar siempre como abogados, porque al final somos abogados. Algunos fueron a ocupar magistraturas, pero lógicamente era el personal con mayor experiencia y nos tocó básicamente a los que nos quedamos aquí empezar a reconstruirla poco a poco, principalmente desde todo su organigrama. Logré entender, por mi experiencia, logré entender que la acumulación de poder en la FGR es un error en términos operativos, porque es imposible para el fiscal general tratar de abarcar todas las unidades organizativas que tiene a su cargo. 

Solamente oficinas fiscales estamos hablando de 19. Entonces, para ello simplemente un modelo que desde mis tiempos de asesor pensaba que era el que podía funcionar, que fue la creación de las fiscalías adjuntas. Así tenemos en la actualidad cuatro grandes fiscalías. La Fiscalía Adjunta contra Crimen Organizado y Corrupción, la Fiscalía Adjunta para la Defensa de los Intereses del Estado, la Fiscalía Adjunta para la Defensa de los Intereses de la Sociedad, que es la más grande y es la que lleva la batuta en términos de implementación de las disposiciones del régimen de excepción.

Todos los delitos, principalmente los más relevantes, los más visibles son aquellos de naturaleza sexual. Aparte de eso, se le dio un nuevo impulso a las dos unidades primarias que están adscritas a la Fiscalía General, al Centro de Intervención a las Telecomunicaciones y a la Unidad de Investigación Financiera. Al Centro de Intervención a las Telecomunicaciones en primer lugar ya se configuró como una gran unidad de análisis criminal, tanto para lo estratégico como para lo específico, es decir, casos concretos.

De tal manera que el fundamento que se utilizó en un primer momento para impulsar las disposiciones del régimen de excepción es un producto que sale del Centro de Intervención a las telecomunicaciones.

Ya un producto depurado, analizado y que arrojaba conclusiones concretas para lograr fundamentar una acusación por organizaciones criminales en contra de las diferentes pandillas. 

A la Unidad de Investigación Financiera se inyectó personal, se crearon adecuadamente conforme a lo que dictan los diferentes criterios internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se organizó adecuadamente, en diferentes departamentos y al mismo tiempo se puso al frente de estas dos unidades a dos fiscales adjuntos que tenían la experiencia, en primer lugar, para el caso del CITE, de haber trabajado diferentes investigaciones de naturaleza compleja. Y, en segundo lugar, en la UIF, una persona con amplia experiencia en la banca y en el sistema financiero. 

Entonces, creo que la selección del personal idóneo para dirigir cada una de estas fiscalías adjuntas es un componente muy importante dentro del éxito que se ha tenido la implementación del régimen de excepción. La Fiscalía Adjunta contra Crimen Organizado y Corrupción es la que más procesos de antejuicio ha iniciado en contra de funcionarios. Es la fiscalía que actualmente lleva la mayor cantidad de procesos de enriquecimiento ilícito en las diferentes cámaras de lo civil. Ha procesado a expresidentes, ha condenado expresidentes y también ministros de administraciones pasadas.

También es la fiscalía que ha iniciado el proceso penal en contra de todos los cabecillas de la Mara Salvatrucha y está preparando una segunda acusación en contra de todos los cabecillas de la Pandilla 18.

Entonces, la Fiscalía Adjunta de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Grupos Vulnerables es la que está reconstruyendo la forma de atención a las víctimas de este tipo de delitos para tratar de atenderlas con la calidad que implica el acercarse a una oficina de gobierno, interponer una denuncia, se están implementando poco a poco con las limitantes presupuestarias que existen y con el apoyo incluso de organismos internacionales bien intencionados.

Se están implementando los modelos de atención integral para este tipo de víctimas. Y es la responsable de haber logrado la depuración de toda la mora histórica en materia de investigación que se tenía en ese tipo de unidades. La Fiscalía Adjunta la Defensa de los Intereses de la Sociedad, que como le repito es la que lleva el grueso de las investigaciones, y en contra de los pandilleros son los que se han encargado de hacer la clasificación por organización criminal de cada uno de ellos, de estar recopilando los diferentes elementos probatorios

con el apoyo de la Dirección General de Centros Penales, son los que están entrevistando a todos aquellos testigos que están colaborando con la justicia. 

Y la Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Intereses del Estado es la que históricamente más ha recuperado dineros producto de la evasión de impuestos, producto del no pago de las multas administrativas, producto de las responsabilidades administrativas de los funcionarios y empleados públicos.

Entonces, una recuperación que rondará un poco más de los $70 millones. 

Entonces, en la auditoría de resultados ahora es mucho más fácil detectar fallas o más difícil esconder un mal resultado en los casos. Porque antes era la constante, ¿o no?

RD: El mal resultado salta a la vista. Por ejemplo, no es lo mismo gerenciar con una Fiscalía que tenía que ver en promedio unos 4,000 mil homicidios al año

que una Fiscalía que tiene que ver 114 homicidios al año. Entonces, usted puede mejorar en términos de calidad, de dedicación a ese caso, en el estudio del mismo, de atención a la víctima. Esas son todas las

ventajas y bondades que nos ha traído esta política criminal que se ha implementado desde lo más alto del Órgano Ejecutivo.

El ministro de Justicia y Seguridad dijo hace unos días que eran 84 mil pandilleros capturados bajo el régimen de excepción.

RD: Sí, aproximadamente.

¿Cuántos han sido condenados? 

RD: Por los delitos del régimen aún no hemos tenido las primeras audiencias públicas. Siguen siendo procesados en esos casos, aunque ya han sido sentenciados en otros tribunales.

Las condenas que difundimos en redes sociales son de personas que enfrentaban otros cargos, como homicidio o extorsión, y esos procesos se están agilizando. 

El régimen de excepción es lo más visible de la política criminal del Estado, pero no es la única herramienta que utilizamos. Otro acierto del presidente fue impulsar una reforma que permite procesar en ausencia a prófugos de la justicia. Antes, la evasión dejaba a las víctimas sin respuesta, lo que reflejaba ineficiencia del Estado en la administración de justicia. Gracias a este impulso contamos con herramientas para fortalecer la política criminal: un Estado fuerte, no grande, pero que combate el crimen y aplique la ley de forma justa.

Muchos de los homicidios de estos 114 cometidos en el año 2024 están relacionados con violencia social. ¿Es correcto? 

RD: Sí, hay un poco de todo. Las principales causas son la intolerancia social y la violencia intrafamiliar, fenómenos aún muy arraigados en los entornos familiares.

Y en la intolerancia social, en la mayoría de los casos el alcohol está presente. Esa violencia depende de muchos factores, no sólo de la represión del delito. Todo forma parte de un sistema. La Fiscalía se enfoca en la persecución y represión del delito, pero también contribuye a disuadirlo mediante leyes que modulan el comportamiento social. Es trágico para una familia perder a alguien por un conductor ebrio, incluso para la familia del propio conductor. Por eso apoyamos medidas que previenen delitos, aunque el tema de accidentes de tránsito es muy complejo.

Estos son ejemplos de medidas adoptadas. También está el proceso para enjuiciar a integrantes de organizaciones criminales. Las herramientas legales actuales para procesar pandillas ya forman parte de la legislación secundaria. Son defensas que estamos construyendo para proteger a la sociedad.

Ahora hablamos de la ciberdelincuencia, ciberpiratas que se metieron y sacaron toda la base del Seguro Social y nos expusieron a todos. ¿Qué está haciendo la Fiscalía, no en específico, sino en general, con la ciberdelincuencia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar en esos apartados?

RD: En primer lugar, yo siempre he creído que la organización de la Fiscalía General debe desarrollarse de una forma natural. Es decir, y se lo pongo así, hay una incidencia criminal. Y lo primero que yo pienso es

enfrentarla con la organización que yo tengo.

¿Por qué? Porque cuando se da algún tipo de delincuencia que reúne ciertas particularidades que la

hacen diferente hay un fenómeno criminal en particular.

Entonces, durante todo este tiempo, nosotros hemos estado dándole respuesta a los diferentes

delitos, a los diferentes ciberdelitos que se han ejecutado en este país. Con esos ojos, esas personas, yo ya logré identificar a un buen grupo de fiscales que entienden el tema, lo comprenden encargar exclusivamente de la investigación de este tipo de hechos criminales,

los cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta va a ser una

unidad que va a estar adscrita en San Salvador y va a empezar inicialmente como una unidad que va a formar parte de la organización de la oficina de San Salvador. Y se le va a dar mandato, para poco a poco ir atendiendo la demanda de investigación en el resto de las oficinas del país.

Creo que ese desarrollo es el más adecuado. ¿Por qué? Porque al tener un grupo pequeño que empiece, eso me va a permitir capacitarlos adecuadamente. La necesidad es mucha, pues estas unidades podrían empezarse a replicar a un nivel regional, en Santa Ana, San Miguel, y principalmente para mantener un contacto con la víctima, Sabemos que la mayor parte de estos delitos, precisamente por el conocimiento que tenemos de la incidencia, se da en el Área Metropolitana de San Salvador, en los mayores núcleos urbanos. Es un delito que no está ocurriendo en la zona rural o en zonas aisladas de nuestro país. Por eso es que estamos, de hecho, ya se va creando todo el manual de puestos,

el manual de organización, el manual de funciones de esta nueva unidad.

La cooperación internacional siempre ha sido determinante con el trabajo de la Fiscalía. ¿Cómo está la cooperación internacional con su gestión? ¿Hay disposición a apoyarles? 

RD: Como fiscal general me debo a la Constitución y al Estado de El Salvador. Por eso, siempre he procurado mantener relaciones de igualdad con cualquier país con el que interactuemos, ya sea Estados Unidos, la Unión Europea u otros, incluso de Centroamérica. El principal apoyo que debo buscar es en el Estado salvadoreño. Sin embargo, la colaboración con otros países ha sido fructífera. Hemos establecido relaciones con la Fiscalía Suprema de China y la Fiscalía del Estado de Qatar, principalmente en asistencia técnica. También tenemos acuerdos bilaterales con fiscales de Costa Rica y Guatemala. Formamos parte de organismos internacionales de capacitación y esperamos implementar estos acuerdos cuando finalicemos nuestro complejo.

Los convenios de cooperación entre fiscalías son esenciales porque el delito no tiene fronteras. Es fundamental establecer relaciones de alto nivel para que los fiscales cuenten con empatía, identificación con colegas y agilidad en el intercambio de información o traslado de prófugos. 

Un ejemplo reciente es la colaboración con el Ministerio Público de Guatemala contra la organización Lev Tahor, vinculada a trata de personas y delitos sexuales. La Policía Nacional Civil y autoridades migratorias de El Salvador identificaron y detuvieron a dos líderes de esa organización (judía ultraortodoxa). Uno será entregado a Israel por cargos de tortura, y el otro, salvadoreño, enfrenta cargos en Guatemala.

La empatía y confianza generadas a través de acuerdos de alto nivel buscan agilizar investigaciones y asegurar que los prófugos enfrenten la justicia.

Si el actual Rodolfo Delgado, con 30 años de trayectoria, tuviera que darle un consejo al Rodolfo Delgado de la Unidad Anticrimen de principios de este siglo, ¿cuál sería?RD: Serían dos consejos. Primero, tener paciencia en cada investigación. La verdad muchas veces tarda, pero siempre se encuentra o al menos se puede deducir qué sucedió en un caso concreto. Segundo, prudencia. Un agente auxiliar del fiscal general tiene una gran responsabilidad y poder, lo que puede llevar a cometer acciones injustas. La prudencia debe guiar los actos de cualquier fiscal, ya sea general, adjunto, director de fiscales, coordinador o jefe de oficina, para comprender los casos y ser justos, no sólo con las víctimas, sino también en el castigo al culpable.