El Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar una nueva ley de alianzas público-privadas. La propuesta busca sustituir la actual Ley Especial de Asocios Público Privados.

El proyecto plantea ampliar la participación del sector privado en infraestructura y servicios públicos. Entre ellos destacan salud, educación y recursos hídricos.

La iniciativa ingresó al pleno legislativo el 9 de abril. Luego, los diputados la enviaron a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión para su estudio.

Cambios clave en la nueva ley APP

La propuesta introduce cambios relevantes en el marco legal de las alianzas público-privadas en El Salvador. Por ejemplo, elimina restricciones que impedían incluir servicios de salud pública y educación.

También permite que instituciones del Estado firmen contratos con empresas privadas para gestionar estos servicios. Además, abre la posibilidad de incluir proyectos relacionados con recursos hídricos.

Sin embargo, la ley mantiene prohibiciones en áreas sensibles. Entre ellas figuran la seguridad nacional, inteligencia del Estado, seguridad pública y justicia.

Tampoco autoriza concesiones para la explotación de hidrocarburos y minerales bajo este esquema.

Contratos más largos y nuevas modalidades

El proyecto establece que los contratos bajo alianzas público-privadas podrán durar hasta 50 años, incluidas prórrogas. Actualmente, el límite es de 40 años.

Asimismo, define tres modalidades de contratos. Estas incluyen provisión de infraestructura pública, prestación de servicios públicos y modelos mixtos que combinan ambos.

Además, la normativa plantea que estos procesos no se regirán por la Ley de Compras Públicas. Esto aplicaría en las licitaciones de obras y servicios bajo este esquema.

Nueva entidad para supervisar proyectos

La iniciativa propone crear la Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP). Esta entidad dependerá del Ministerio de Hacienda.

La DAPP tendrá funciones clave en la gestión de proyectos. Podrá declarar de interés público iniciativas privadas y validar su admisión.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves una reforma a la Ley de Energía Eléctrica. El objetivo es regular la generación distribuida, como la energía solar.

La iniciativa recibió 56 votos de diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. Los partidos Arena y Vamos no votaron durante la sesión.

Nueva regla limita venta de energía a distribuidoras

La reforma establece que los generadores distribuidos solo podrán vender su energía a las empresas distribuidoras. Estas operaciones se realizarán mediante Contratos de Abastecimiento en Distribución (CAD).

Además, los contratos deberán cumplir lineamientos definidos por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

Esta entidad también fijará los precios de los contratos. La medida busca promover competencia y trasladar beneficios a los usuarios finales.

DGEHM definirá reglas técnicas y capacidad del sistema

La Dirección emitirá lineamientos sobre cargos de interconexión. Estos aplicarán a proyectos de generación distribuida conectados a la red.

El decreto otorga un plazo de 12 meses para establecer estas normas. Mientras tanto, la institución realizará estudios técnicos.

Con apoyo de la Unidad de Transacciones, evaluará la capacidad máxima del sistema eléctrico. También analizará el impacto económico de la generación distribuida.

Reforma no afectará contratos vigentes

El director de energía, Daniel Álvarez, aclaró que la reforma no será retroactiva. Por lo tanto, los contratos firmados antes de su vigencia se mantendrán sin cambios.

Sin embargo, el decreto permite renovar contratos anteriores bajo nuevas condiciones. Estas deberán cumplir los lineamientos actuales.

Según el funcionario, la reforma busca reducir el costo de la energía solar. También pretende ordenar el mercado eléctrico.

Siget y distribuidoras deberán ajustar normativa

La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones tendrá 40 días para actualizar la normativa técnica. Esto incluye reglas de interconexión y acceso a la red.

Por su parte, la Unidad de Transacciones tendrá 18 meses para adaptar su reglamento. El objetivo es operar el mercado minorista bajo las nuevas disposiciones.

Además, las distribuidoras deberán presentar en 15 días los cargos de interconexión. Posteriormente, reportarán avances de forma trimestral.

Reforma apunta a ordenar mercado eléctrico

La modificación legal introduce nuevas reglas para la generación distribuida en El Salvador. Este modelo incluye sistemas como paneles solares conectados a la red.

Con estos cambios, el Gobierno busca mejorar la competencia en el sector. También pretende influir en la reducción de tarifas eléctricas.

La reforma marca un ajuste en la regulación del mercado energético. Su implementación dependerá de los lineamientos técnicos que emitan las autoridades.

Las reformas a la Ley General de Electricidad en El Salvador podrían reducir el costo de la energía eléctrica, al introducir nuevas reglas para la generación distribuida, especialmente de fuentes renovables como la solar.

La Comisión de Tecnología emitió un dictamen favorable a los cambios. La propuesta busca ordenar cómo se genera, mide y comercializa la energía producida por pequeños generadores conectados a la red.

Nuevas reglas para el cálculo de precios de la energía
Uno de los principales ajustes se centra en el cálculo de tarifas eléctricas. Actualmente, los precios se definen mediante contratos entre generadores y distribuidoras, sin un marco uniforme.

Según el director de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, esta falta de uniformidad ha permitido usar referencias de costos más altos, como diésel o búnker, incluso en generación con energía solar.

El funcionario explicó que generar electricidad con diésel puede costar alrededor de $100 por megavatio, mientras que con energía solar ronda los $50. Por ello, un mayor uso de fuentes renovables podría reducir el costo total.

En consecuencia, las reformas buscan que estas diferencias se reflejen de forma directa en la factura de energía de los usuarios.

Sistema de medición más preciso y control del mercado
Además, la propuesta incluye un sistema de medición más preciso. Este permitirá conocer cuánta energía se genera, cuánto se inyecta a la red y cómo se distribuyen los costos.

También plantea la creación de un mercado minorista de energía. Este operaría junto al mercado mayorista para ordenar las transacciones dentro de las redes de distribución.

De igual forma, el proyecto establece nuevas reglas para la conexión de sistemas a la red eléctrica. Estas incluyen estudios técnicos obligatorios y monitoreo en tiempo real.

Crecimiento de la generación distribuida en El Salvador
La generación distribuida ha crecido de forma sostenida en el país. Actualmente, alcanza los 553 megavatios instalados, según datos presentados en la comisión legislativa.

Sin embargo, este crecimiento ha ocurrido sin una regulación integral. Por esa razón, las autoridades consideran necesario establecer normas claras para su desarrollo y operación.

Asimismo, las reformas buscan reducir la dependencia de combustibles fósiles. En su lugar, promueven el uso de energías renovables como parte del sistema eléctrico nacional.

Próximos pasos en el proceso legislativo
El dictamen deberá pasar al pleno legislativo para su aprobación final. Si se aprueba, las reformas modificarán la forma en que se calcula y distribuye el costo de la energía eléctrica.

De concretarse, los cambios podrían tener un impacto directo en las tarifas eléctricas y en la factura mensual de los usuarios en El Salvador.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 58 votos una reforma a la Ley Orgánica Judicial. La medida introduce cambios clave en el sistema judicial.

Primero, convierte 13 sedes en juzgados y cámaras de lo criminal. Además, asigna competencia exclusiva para casos de delitos graves.

Entre estos delitos figuran homicidio, feminicidio y violación en sus distintas formas. También incluye casos contra menores o personas incapaces.

Asimismo, la reforma se vincula con la ratificación del artículo 27 de la Constitución. Este cambio permite aplicar la cadena perpetua como única pena.

Nuevos jueces de lo criminal asumirán procesos de adultos y menores

Con las modificaciones, surgen los jueces de lo criminal como nueva figura judicial. Estos tribunales conocerán casos de adultos y menores.

Además, tendrán la facultad de imponer la pena perpetua. También deberán revisar la condena y supervisar la libertad controlada.

El decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. A partir de entonces, comenzará la reorganización judicial.

Conversión de juzgados redefine la distribución de casos

La reforma transforma juzgados de menores en tribunales de lo criminal en varias zonas del país. Por ejemplo, sedes en Soyapango y Santa Tecla pasarán a San Salvador.

Asimismo, juzgados en Zacatecoluca, San Vicente y Santa Ana cambiarán su competencia. También ocurrirá en Sonsonate, San Miguel, Usulután y La Unión.

Además, las cámaras de menores en las zonas centro, occidente y oriente adoptarán funciones penales. Esto amplía la cobertura territorial del sistema.

Redistribución de procesos para menores

La reforma también redistribuye los procesos de menores hacia otros tribunales. Por ejemplo, juzgados de San Salvador asumirán casos de Soyapango y Santa Tecla.

Otros tribunales en San Vicente, Ahuachapán y San Miguel recibirán nuevas cargas. Lo mismo ocurrirá en San Francisco Gotera.

Además, los juzgados de ejecución de medidas al menor en San Salvador ampliarán su competencia. Esto busca mantener la atención de casos pendientes.

Reforma garantiza continuidad laboral en el sistema judicial

El decreto establece que la conversión respeta los derechos laborales del personal judicial. Esto incluye equipos técnicos y administrativos.

También contempla a los equipos multidisciplinarios que apoyan los procesos. La medida busca asegurar continuidad en la atención judicial.

Con información de Diario El Mundo

La Asamblea Legislativa aprobó la 49ª prórroga del régimen de excepción en El Salvador. La iniciativa recibió 57 votos de Nuevas Ideas y partidos aliados.

El decreto entrará en vigor el 1 de abril y finalizará el 30 de abril de 2026. La dispensa de trámites también fue aprobada con el mismo número de votos.

La diputada Claudia Ortiz votó en contra. Los legisladores Marcela Villatoro y Francisco Lira no participaron en la votación.

Gobierno destaca resultados en capturas y operativos
El Gobierno informó que el régimen de excepción ha permitido capturar a más de 91,650 personas vinculadas a pandillas.

Según las autoridades, la medida sigue siendo clave para sostener operativos de seguridad en todo el país. Por ello, continúan suspendidas algunas garantías constitucionales.

Estas incluyen el derecho a la defensa inmediata, el límite del plazo de detención y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

Además, la Policía mantiene operativos para ubicar a presuntos pandilleros. Las autoridades reportan detenciones en flagrancia y ejecuciones de órdenes judiciales pendientes.

El Ejecutivo también sostiene que algunos miembros de pandillas han salido del país. Sin embargo, asegura que acciones de inteligencia han permitido su localización y retorno.

Seguridad pública y reducción de homicidios
El Gobierno vincula el régimen de excepción con la reducción de homicidios. Reporta más de 1,165 días sin asesinatos en la actual administración.

Asimismo, señala que desde marzo de 2022 se contabilizan más de 1,058 días sin homicidios.

Durante la sesión plenaria, el diputado Walter Alemán afirmó que la medida ha fortalecido la seguridad. Indicó que la población percibe mayor tranquilidad.

También recordó que el régimen fue aprobado por primera vez el 27 de marzo de 2022. Desde entonces, el Congreso ha autorizado prórrogas mensuales.

Señalamientos por derechos humanos
Organizaciones civiles y organismos internacionales mantienen críticas al régimen de excepción.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han presentado denuncias sobre posibles abusos durante su aplicación.

Los reportes incluyen capturas arbitrarias, torturas, malos tratos y desapariciones forzadas.
Sin embargo, el presidente Nayib Bukele rechazó las conclusiones de los expertos internacionales.

El mandatario sostuvo que esas posturas buscan favorecer la liberación de pandilleros detenidos.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el régimen de excepción sigue siendo necesario para combatir la criminalidad.