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La Asamblea aprueba nuevas leyes para regular bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito

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La Asamblea Legislativa de aprobó 2 nuevas leyes que modifican la regulación de los bancos cooperativos y las sociedades de ahorro y crédito, con el objetivo de mejorar la estabilidad financiera y fortalecer la supervisión del sistema.
Ambas leyes, que derogan la legislación vigente, incluyen cambios significativos en áreas como la gestión de insolvencias, límites de riesgo, restricciones a créditos para directivos y la fiscalización de las filiales en el extranjero.
Nuevas normativas para bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito
La Ley de Bancos Cooperativos regula las cooperativas que reciben aportes de socios y captan fondos del público, mientras que la Ley Especial de Sociedades de Ahorro y Crédito se aplica a las entidades que captan fondos y otorgan créditos para impulsar actividades económicas.
Ambas leyes fueron aprobadas con el respaldo de la mayoría de los diputados de Nuevas Ideas, sus aliados y algunos de Arena.
Con esta reforma, se deroga la antigua ley que solo regulaba bancos cooperativos con depósitos y aportaciones superiores a $68 millones, y se establece un nuevo umbral de $25 millones para la captación de fondos del público.
El Banco Central de Reserva (BCR) tendrá 90 días tras la promulgación de las leyes para actualizar las normativas relacionadas con transparencia, gobierno corporativo, gestión de riesgos y otros aspectos clave para el funcionamiento de estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos mantiene la posibilidad de intervención por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en caso de insolvencia. Si un banco cooperativo o una cooperativa que capta fondos del público presenta un fondo patrimonial insuficiente, la SSF podrá intervenir y aplicar el proceso de reestructuración previsto en la Ley de Bancos, lo que incluye la transferencia de activos y pasivos y la constitución de un fideicomiso para asegurar la estabilidad financiera.
Las cooperativas deberán suspender los préstamos nuevos y presentar un plan de reestructuración en un plazo de 15 días.

Límite de riesgo en créditos y cambios en la normativa
Uno de los cambios más relevantes es el aumento en el límite de riesgo para la concesión de créditos a una misma persona o entidad. Anteriormente, el límite era del 10 % del fondo patrimonial de la cooperativa o sociedad de ahorro y crédito; con la nueva ley, este límite se incrementa al 15 %.
Esto permitirá a las entidades asumir mayores riesgos con clientes individuales o jurídicos, aunque se mantiene una multa del 10 % del monto del exceso crediticio en caso de incumplir la norma.

Restricciones a créditos a directivos y empleados
La nueva legislación también impone restricciones más estrictas sobre los créditos a directivos y empleados. En el caso de los bancos cooperativos, se mantiene la prohibición de otorgar créditos por más del 5 % del fondo patrimonial a gerentes, directores y miembros de la administración, con una multa del 20 % por el exceso.
En las sociedades de ahorro y crédito, se permiten préstamos a directores y funcionarios bajo las mismas condiciones que al público, pero con ciertos límites. Por ejemplo, los créditos a personas relacionadas con la administración no podrán exceder el 5 % del capital social y las reservas, y deberán ser ratificados por la directiva.

Filiales en el extranjero y supervisión
Con las nuevas leyes, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito podrán establecer filiales en el extranjero, una opción prohibida en la legislación anterior. Las filiales en otros países estarán sujetas a la fiscalización de la SSF y deberán cumplir con las mismas normativas que las entidades locales. Las filiales podrán incluir casas de cambio, agencias de corretaje de valores, emisoras de tarjetas de crédito, y otros servicios financieros. Para los bancos cooperativos, se requerirá la autorización de la Superintendencia para constituir estas entidades.
La nueva Ley de Bancos Cooperativos establece tres tramos para el uso de la reserva de liquidez: un 25 % deberá estar compuesto por depósitos a la vista en el Banco Central, otro 25 % en depósitos a la vista o títulos valores con acceso automático, y el 50 % restante podrá ser utilizado solo con autorización de la SSF. Además, se habilita al Banco Central para realizar operaciones de reporto para prevenir crisis de liquidez.

Requisitos para las sociedades de ahorro y crédito
Las sociedades de ahorro y crédito deberán mantener al menos el 51 % de sus acciones en manos de salvadoreños o centroamericanos. Además, se impone un límite del 1 % sobre la participación de cualquier accionista individual, a menos que cuente con la aprobación de la SSF. El capital mínimo requerido para estas entidades será de $4 millones, monto que será revisado cada dos años.
Con la aprobación de estas leyes, el gobierno busca fortalecer el marco regulatorio y la transparencia en el sector financiero, al tiempo que se crean mecanismos para la reestructuración de instituciones en dificultades y se amplían las oportunidades de crecimiento internacional para los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito.

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El Salvador aprueba dos garantías soberanas por $190 millones para impulsar a las mipymes

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles dos garantías soberanas por un total de $190 millones, destinadas a financiar programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país. Los recursos, que provendrán de préstamos suscritos por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), se enfocarán en proyectos para mejorar la eficiencia energética y promover la transformación digital en este sector clave de la economía.
La primera garantía soberana permitirá un préstamo de hasta $60 millones, cuyo objetivo principal será fomentar el ahorro energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en las mipymes. Este financiamiento forma parte del Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables, impulsado por el gobierno en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El préstamo tiene un plazo de hasta 23 años y medio, con la primera cuota de amortización programada para 84 meses después de la firma del contrato. Los diputados aprobaron esta medida con 56 votos a favor, mientras que el partido Vamos optó por la abstención. Los pagos de los intereses se harán semestralmente, aplicando una tasa de referencia más un margen adicional para los préstamos de capital ordinario.
La segunda garantía soberana fue otorgada para un préstamo de hasta $130 millones, destinado a promover la adopción de tecnologías digitales y la transformación digital de las mipymes a través del Programa de Apoyo a la Transformación Tecnológica y Digital. Al igual que el préstamo anterior, este también tiene un plazo de hasta 23 años y seis meses, con pagos semestrales que iniciarán 84 meses después de la firma del contrato. Los intereses se calcularán de manera similar, utilizando una tasa de referencia más un margen aplicable a los préstamos ordinarios.
Ambos proyectos buscan fortalecer la capacidad de las mipymes para adaptarse a las nuevas demandas del mercado, mejorando su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

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Asamblea elimina la deuda política con 58 votos y con reforma constitucional exprés

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Con 58 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la eliminación del artículo 210 de la Constitución, suprimiendo así el financiamiento público a los partidos políticos, conocido como “deuda política”.
La medida fue impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, y se convirtió en la primera reforma constitucional aprobada mediante la nueva vía rápida establecida en enero de este año.
La deuda política es un mecanismo mediante el cual el Estado entrega fondos a los partidos políticos en función de los votos obtenidos en las elecciones. En El Salvador, se asignaban $6.05 por voto en comicios presidenciales, $3.28 en legislativos, $3.30 en Parlamento Centroamericano y $2.45 en municipales.
Este sistema buscaba garantizar la participación equitativa en la contienda electoral, pero ha sido criticado por su impacto en las finanzas públicas y el uso discrecional de los fondos.
Desde la bancada oficialista, el diputado Caleb Navarro calificó la eliminación de la deuda política como un hecho “histórico”, mientras que el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, defendió la medida argumentando que los fondos públicos no deben destinarse a campañas políticas.
Sin embargo, la oposición cuestionó la reforma, señalando que el oficialismo ya había cobrado más de $27 millones en deuda política antes de su eliminación y que ahora pretende concentrar más poder al modificar la Constitución con mayor facilidad.
El debate también incluyó posturas de legisladores como Reinaldo Carballo, del PDC, quien aseguró que su partido nunca recibió deuda política y que ahora los diputados deberán financiar sus campañas con sus propios salarios. Con la eliminación de la deuda política, los partidos deberán buscar nuevas formas de financiamiento, mientras la oposición advierte sobre los riesgos de modificar la Constitución sin amplios consensos.

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Asamblea Legislativa reformará la Constitución este miércoles para eliminar la deuda política a los partidos

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El plato fuerte de la sesión plenaria de este 12 de febrero es la aprobación de una reforma constitucional que eliminará el financiamiento público destinado a los partidos políticos del país. 

El presidente de la Asamblea Legislativo, Ernesto Castro, confirmó que la reforma se someterá a votación en la sesión plenaria de hoy. 

Debido a la supermayoría oficialista, el cambio constitucional se da por sentado.

Caleb Navarro, subjefe de fracción del partido Nuevas Ideas, dijo el cambio constitucional será posible en una sola votación sin la necesidad de un proceso más largo.

Navarro expresó que, según la reforma al artículo 248 de la Constitución, la actual Asamblea Legislativa está facultada para realizar cambios constitucionales mediante una votación en la que se aprueben tres cuartas partes de los votos, es decir, 45 de los 60 diputados, lo que garantiza el respaldo de Nuevas Ideas y sus aliados, quienes suman 57 votos.

Este proceso de modificación constitucional comenzó con una reforma al artículo 248 aprobada el 29 de enero de 2025, que permite la reforma constitucional en una sola votación si se cuenta con el apoyo necesario. Este cambio en el procedimiento fue acordado en la legislatura anterior y comenzó con un acuerdo de reforma en abril de 2024.

Desde la oposición, representantes como la diputada Marcela Villatoro de Arena han cuestionado el uso de la reforma para eliminar la deuda política, calificándola de un «pretexto» para emprender reformas estructurales a la Constitución. 

La reforma constitucional que se aprobará este miércoles sería la primera impulsada por el partido Nuevas Ideas en el marco de un proceso que fue asignado por el presidente Nayib Bukele al vicepresidente Félix Ulloa. 

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Presidente de la Sala de lo Penal participa en sesión de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia

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Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal, asistió a una reunión con los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa para ofrecer su opinión técnica sobre las reformas propuestas a la Ley Penal Juvenil, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley Penitenciaria.

En relación con las reformas a la Ley Penal Juvenil, el magistrado Quinteros destacó la necesidad de un enfoque diferenciado para tratar a los adolescentes involucrados en el crimen organizado, con el fin de prevenir comportamientos criminales en el futuro. También subrayó la importancia de una mayor coherencia con la Ley contra el Crimen Organizado y propuso un control más riguroso en la ejecución de las penas.

Sobre la Ley contra el Crimen Organizado, Quinteros recomendó la asignación de un juez de apoyo por cada Tribunal Especializado en Crimen Organizado, así como la incorporación gradual de otros jueces para vigilar y ejecutar las penas. Además, sugirió especialización en el manejo de medidas para menores de edad y la implementación de evaluaciones periódicas sobre el modelo en curso.

En cuanto a la Ley Penitenciaria, el presidente de la Sala de lo Penal hizo hincapié en la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre jueces especializados e instituciones del sector justicia, lo que garantizaría el cumplimiento de los objetivos de la ejecución penal.

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Asamblea Legislativa elige a Walter Salvador Sosa Funes como nuevo presidente de la Corte de Cuentas

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Tras más de cuatro meses de vacancia, la Asamblea Legislativa eligió a Walter Salvador Sosa Funes como nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para un período que finalizará el 27 de agosto de 2026.
La propuesta de Sosa Funes fue presentada por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, y rápidamente obtuvo el respaldo de los diputados Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Rebeca Rodríguez, del Partido de Concertación Nacional (PCN), quienes coincidieron en que el perfil del candidato era el adecuado para el cargo.
La elección fue respaldada por 57 votos a favor de los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. La bancada de Arena se abstuvo de votar, mientras que Vamos se opuso a la elección. 
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció el resultado de la votación: “Con 57 votos a favor, queda electo como presidente de la Corte de Cuentas de la República el licenciado Walter Salvador Sosa Funes”.
Inmediatamente después de la votación, Sosa Funes fue llamado al pleno y juramentado en su nuevo cargo.
Sosa Funes, quien fue uno de los 11 candidatos entrevistados para el puesto, asumirá la presidencia de la Corte de Cuentas tras el nombramiento de Roxana Soriano de Viaud como presidenta del Tribunal Supremo Electoral. 
Su experiencia incluye su labor como juez de paz en Dulce Nombre de María, Chalatenango y jefe ad honorem de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo.
En su entrevista ante los diputados de la Comisión Política en noviembre, Sosa Funes se comprometió a “cumplir la Constitución” y a impulsar una serie de reformas dentro de la Corte de Cuentas. 
Entre sus propuestas destacan la digitalización de la institución, el fortalecimiento del capital humano para mejorar su funcionamiento, y la consolidación de la Corte como una entidad eficiente y respetable. 
En este último punto, mencionó que su objetivo es evitar que la Corte de Cuentas se convierta en «un circo», en referencia a episodios pasados con figuras políticas como la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar.
Sosa Funes aseguró que trabajará para garantizar que la Corte de Cuentas cumpla con su rol de fiscalización, supervisando las instituciones y municipios, y dando seguimiento a los planes y metas establecidos por la Constitución.

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