La Corte Suprema de Justicia de El Salvador inauguró la tercera edición del programa “Integridad Pública y Cumplimiento Normativo Anticorrupción”, dirigido a jueces, magistrados y personal judicial de la zona oriental del país.

La actividad fue organizada por la Dirección de Talento Humano Institucional con el objetivo de fortalecer las capacidades para prevenir y combatir la corrupción dentro del Órgano Judicial salvadoreño.

Además, la jornada reunió a funcionarios judiciales encargados de aplicar normas vinculadas con transparencia, ética pública y cumplimiento anticorrupción.

Magistrado expone sobre consecuencias jurídicas y sociales de la corrupción

Durante la inauguración, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, impartió el primer módulo de la capacitación.

El funcionario también coordina la Comisión de Prevención Contra el Lavado de Dinero y Activos del sistema judicial salvadoreño.

En su exposición, Martínez García abordó las definiciones y consecuencias de la corrupción desde perspectivas jurídicas, éticas y sociales.

Asimismo, explicó herramientas básicas para interpretar y aplicar correctamente las disposiciones legales relacionadas con el combate a la corrupción.

“El propósito de esta ponencia es facilitarles competencias y herramientas básicas para que sepan interpretar y aplicar adecuadamente las disposiciones de la ley”, expresó el magistrado durante la actividad.

Programa analiza normas internacionales contra la corrupción

La capacitación también incluyó el estudio de disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

De esta manera, el programa busca reforzar el conocimiento sobre estándares internacionales vinculados con transparencia institucional, prevención de delitos y cumplimiento normativo.

Las autoridades judiciales señalaron que este tipo de jornadas forma parte de los esfuerzos para fortalecer la integridad pública dentro de las instituciones del sistema de justicia.

Además, la iniciativa pretende mejorar las prácticas internas relacionadas con la ética judicial y la prevención de actos irregulares.

La empresa salvadoreña Acres Inmobiliaria presentó oficialmente Condado Quetzal, un megaproyecto residencial que busca ampliar la oferta de vivienda accesible en El Salvador con un modelo enfocado en calidad urbana y espacios comunitarios.

El desarrollo se construirá en Quezaltepeque, municipio ubicado al norte del área metropolitana de San Salvador. El proyecto contempla una inversión de $45 millones y prevé la construcción de 910 viviendas.

Según la empresa, las casas tendrán precios de introducción entre $39,990 y $99,990. Además, las unidades podrán financiarse mediante el Fondo Social para la Vivienda, institución estatal que otorga créditos habitacionales en el país.

La propuesta está dirigida a jóvenes profesionales, parejas jóvenes, familias y salvadoreños residentes en el exterior interesados en invertir en vivienda en El Salvador.

Proyecto residencial apuesta por comunidades planificadas

Condado Quetzal incorporará áreas verdes, ciclovías, espacios recreativos y zonas comerciales dentro del complejo habitacional.

El proyecto incluirá casi dos kilómetros de ciclovías, minigolf, cine al aire libre, coworking, casa club y una reserva natural integrada al desarrollo urbanístico.

Óscar Bonilla, director ejecutivo de Acres Inmobiliaria, afirmó que la empresa busca modificar el concepto tradicional de vivienda accesible en el mercado salvadoreño.

“Durante muchos años se normalizó que los proyectos accesibles debían ser grises, sin identidad y sin calidad urbana. Nosotros creemos todo lo contrario: el salvadoreño merece comunidades dignas, bien diseñadas y pensadas para la familia”, expresó Bonilla.

La empresa señaló que el objetivo es ofrecer viviendas con mejores condiciones urbanas sin aumentar significativamente los costos de adquisición.

Diseño de viviendas prioriza funcionalidad y espacio

Las viviendas de Condado Quetzal tendrán dimensiones entre 37 y 78 metros cuadrados. La compañía indicó que el diseño prioriza iluminación natural, funcionalidad y optimización de espacios.

Javier Bonilla, director ejecutivo de JOB Constructora, empresa encargada de la ejecución del proyecto, explicó que el desarrollo busca diferenciarse de otros complejos residenciales del segmento económico.

“El reto ha sido claro desde el inicio: no construir más de lo mismo, sino hacerlo mejor. Más de 900 viviendas significan más de 900 historias, y eso exige pensar en comunidad, orden y largo plazo”, afirmó.

Además, el complejo integrará espacios destinados a fortalecer la convivencia comunitaria. Entre ellos figura una iglesia concebida como punto de encuentro social dentro del desarrollo.

“La comunidad no se improvisa, se diseña. Desde el inicio integramos espacios que generan convivencia, identidad y economía dentro del condado”, agregó Javier Bonilla.

Quezaltepeque gana relevancia para proyectos inmobiliarios

Acres Inmobiliaria considera que Quezaltepeque se perfila como una nueva zona estratégica para el desarrollo inmobiliario y logístico en El Salvador.

La empresa destacó la conectividad del municipio con distintos puntos del área metropolitana y su cercanía con nueva infraestructura hospitalaria en Nejapa.

Otro elemento señalado por la compañía es la proximidad del proyecto con el Balneario La Toma, ubicado a aproximadamente un kilómetro del desarrollo residencial.

El centro recreativo cuenta con piscinas, senderos, áreas verdes, cabañas y espacios deportivos, factores que, según la empresa, incrementan el atractivo de la zona para futuros residentes.

Empresa busca elevar estándares de vivienda accesible

Óscar Bonilla afirmó que el proyecto responde al aumento de precios en el mercado inmobiliario salvadoreño y a las dificultades que enfrentan muchas familias para adquirir una casa propia.

“Ver que los altos precios de las casas están alejando a los jóvenes de la posibilidad de adquirir su primera vivienda y generando un déficit de viviendas accesibles nos llevó a proponer algo diferente y de mayor calidad”, señaló.

La compañía proyecta que Condado Quetzal se convierta en un referente dentro del mercado residencial salvadoreño, especialmente en el segmento de vivienda asequible.

“Queremos que dentro de algunos años la conversación ya no sea si una familia puede acceder a vivienda, sino qué tipo de calidad de vida puede alcanzar. Ese debe ser el nuevo estándar del país”, concluyó Bonilla.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) desarrolló este viernes la jornada académica “Una aproximación a la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho”, enfocada en el uso de nuevas tecnologías dentro del sistema judicial y administrativo.

La actividad reunió a magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y de Paz, además de personal jurídico de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y representantes de otras instituciones vinculadas al organismo.

Durante la jornada, los participantes conocieron aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y analizaron su impacto en la administración de justicia.

CNJ destaca impacto de la inteligencia artificial

El consejero propietario Santos Guerra Grijalba señaló que estos espacios académicos permiten fortalecer el conocimiento tecnológico del funcionariado judicial.

Además, explicó que la capacitación ayuda a comprender el alcance de la inteligencia artificial en procesos legales y administrativos.

Según indicó el funcionario, las nuevas herramientas digitales pueden apoyar distintas tareas relacionadas con el análisis jurídico y la gestión institucional.

Participaron jueces, magistrados y personal jurídico

En la actividad participaron magistrados de distintas competencias judiciales, jueces de Paz y de Primera Instancia, así como personal especializado de instituciones que mantienen acuerdos de cooperación con el Consejo Nacional de la Judicatura.

El organismo explicó que estas jornadas buscan actualizar conocimientos y promover el intercambio académico sobre tecnologías aplicadas al Derecho.

Además, el CNJ mantiene iniciativas de formación para fortalecer capacidades técnicas dentro del sistema judicial salvadoreño.

La fiscal general saliente de Guatemala, María Consuelo Porras, defendió este viernes su gestión de ocho años al frente del Ministerio Público y aseguró que deja una institución fortalecida y modernizada. Sin embargo, concluye su mandato marcada por sanciones internacionales, denuncias de persecución política y un abierto choque con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

Durante la presentación de su informe de labores 2025-2026, Porras afirmó que su administración tomó “decisiones firmes” y logró una “transformación institucional”.

“Podemos decir con la frente en alto: deber cumplido. Esta ha sido una gestión histórica con resultados reales”, declaró en su última presentación pública como fiscal general.

Porras asumió el cargo en mayo de 2018, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, y fue reelegida posteriormente por Alejandro Giammattei. Este 16 de mayo dejará oficialmente el puesto y será sustituida por Gabriel Estuardo García Luna.

Cobertura institucional

En su discurso final, la fiscal de 72 años aseguró que amplió la cobertura institucional a los 340 municipios del país, digitalizó expedientes y fortaleció fiscalías especializadas.

No obstante, su gestión enfrentó fuertes cuestionamientos. Estados Unidos la sancionó e incluyó en la Lista Engel en 2022 por presuntamente obstruir investigaciones anticorrupción y proteger aliados políticos.

La Unión Europea, Canadá y Reino Unido también aplicaron sanciones en su contra.

Además, organizaciones civiles denunciaron persecución judicial contra jueces, fiscales, periodistas y activistas críticos de su administración.

El conflicto con Bernardo Arévalo marcó la etapa final de su mandato. Tras las elecciones de 2023, el Ministerio Público impulsó investigaciones y acciones judiciales contra el partido oficialista Movimiento Semilla, medidas que fueron cuestionadas por sectores nacionales e internacionales.

Porras rechazó todas las acusaciones y sostuvo que el Ministerio Público actuó conforme a la ley.

Nuevo fiscal juramentado

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, juramentó s al abogado y juez Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030. El acto marca el relevo oficial en la institución encargada de dirigir las investigaciones penales en el país.

A través de sus redes sociales oficiales, Arévalo afirmó que la designación responde al cumplimiento de su deber constitucional como presidente de la República.

“Tal y como lo sostuve siempre, y en cumplimiento de mi deber constitucional como presidente de la República, hoy he juramentado al doctor Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público”, expresó el mandatario.

El gobernante también deseó éxitos a la nueva autoridad del ente investigador y subrayó la importancia de actuar con integridad.

“Le deseo claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala”, añadió Arévalo en su mensaje oficial.

En menos de dos semanas, dos eventos ocurridos a miles de kilómetros de distancia el uno del otro cambió el paisaje regulatorio de los activos digitales en El Salvador. El 13 de marzo de 2026, la Sala de lo Constitucional de nuestra Corte Suprema de Justicia trazó por primera vez límites claros sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema de justicia en la Resolución 57-2025. Cuatro días después, el 17 de marzo, la Security Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos publicaron conjuntamente una taxonomía vinculante de los criptoactivos que pone fin a más de una década de lo que ellos mismos llamaron regulation by enforcement, que es la práctica de regular castigando en lugar de orientar con anticipación. Para las empresas locales o extranjeras que operan en el mundo cripto, o que planean hacerlo, entender qué significan estos dos hitos no es opcional.

La inteligencia artificial llega a los tribunales

El caso que activó la reflexión de la Sala fue una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, declarada inadmisible porque parte del argumento de derecho comparado había sido generado por una herramienta de IA generativa sin que el abogado verificara la información antes de presentarla. La Sala detectó el problema pero, en lugar de desechar el caso en silencio, aprovechó la oportunidad para decir algo importante sobre el tema.

Lo que siguió fue una resolución extraordinariamente didáctica. La Sala analizó qué es la IA generativa, qué marcos internacionales la regulan (desde la ONU y la UNESCO hasta el Consejo de Europa), qué dice la legislación salvadoreña vigente, y cómo debe interactuar esta tecnología con los derechos fundamentales. La Sala adoptó los criterios de la Corte Constitucional de Colombia (sentencia T-323/2024) para orientar el uso de IA en la administración de justicia como núcleo práctico. Dichos criterios son transparencia, responsabilidad, privacidad, no sustitución de la racionalidad humana, seriedad y verificación, prevención de riesgos, igualdad, control humano, regulación ética y seguimiento continuo.

En términos prácticos, esto significa que cualquier abogado que use alguna IA u otra herramienta similar para preparar documentos judiciales asume la responsabilidad de verificar cada dato, cada cita, cada referencia. La IA puede ser un aliado poderoso, pero el criterio, la firma —y la responsabilidad— son del profesional. Quien ignore esta advertencia no solo arriesga que rechacen sus escritos: puede enfrentar consecuencias disciplinarias y posiblemente hasta penales.

La nueva taxonomía cripto de Washington: cinco categorías que toda empresa debe conocer

Casi en paralelo, en Estados Unidos ocurrió algo que los mercados esperaban desde hace años. La SEC y la CFTC publicaron conjuntamente los Release Nos. 33-11412 y 34-105020, el primer esfuerzo sistemático del gobierno federal estadounidense por clasificar los criptoactivos y delimitar con claridad cuáles son valores sujetos a registro y cuáles no; siendo este documento vinculante para ambas agencias.

La clasificación distingue cinco grandes categorías. Las digital commodities incluyen activos como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) y XRP, cuyo valor deriva de la oferta y la demanda —no de la gestión de terceros— y que, por tanto, no son valores financieros. Para las empresas salvadoreñas que operan o buscan financiamiento en mercados norteamericanos, esta confirmación elimina una zona gris que inhibía decisiones de inversión.

Los digital collectibles (NFTs y meme coins) tampoco son valores, salvo que se ofrezcan de forma fraccionada; los digital tools —tokens con función práctica como membresías o credenciales— tampoco generan derechos financieros. Las stablecoins de pago emitidas bajo la GENIUS Act quedan expresamente excluidas de la definición de valor, lo cual abre una ventana estratégica relevante para El Salvador, dado el peso de las remesas familiares en la economía nacional. Por último, los digital securities —acciones tokenizadas, bonos digitales y similares— sí son valores y exigen cumplir con todos los requisitos de registro de la SEC cuando se accede al mercado estadounidense. Aquí el margen de error es cero: el incumplimiento puede derivar en responsabilidad penal y civil bajo la ley federal norteamericana.

Por qué esto importa especialmente en El Salvador

El Salvador no llega a esta coyuntura de manos vacías. Cuenta con la Ley Bitcoin, la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías (LFIAT, aprobada en febrero de 2025), la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), legislación sobre protección de datos y ciberseguridad, y un ecosistema de billeteras digitales que ya está transformando el flujo de remesas. Ningún otro país de la región puede presentar un portafolio institucional comparable.

La existencia de la LFIAT no es un detalle menor. La frontera entre criptoactivos e inteligencia artificial se difumina cada vez más: el trading algorítmico, la gestión automatizada de carteras de activos digitales, los sistemas antifraude en redes blockchain y los contratos inteligentes de ejecución autónoma son todos puntos de intersección entre ambas tecnologías. Un país que regula las dos de forma coordinada ofrece una certeza jurídica que los inversores internacionales valoran por encima de cualquier incentivo fiscal.

La oportunidad es concreta: con marcos propios ya establecidos y la nueva claridad ofrecida por la SEC y la CFTC, El Salvador puede consolidarse como el puente natural entre el ecosistema cripto latinoamericano y el mercado norteamericano. La dolarización, el CAFTA-DR, la familiaridad institucional con Bitcoin y la posición geográfica son ventajas que ningún competidor regional replica de forma simultánea.

Pero aprovechar esa ventana requiere atención sostenida. El Project Crypto de la SEC y la CFTC seguirá produciendo normas y directrices en los próximos meses. El Salvador necesita una estrategia de armonización normativa dinámica —no reactiva— que evalúe cuáles de esas reglas conviene incorporar al ordenamiento local, cuáles adaptar y cuáles resistir. La neutralidad tecnológica no puede confundirse con pasividad regulatoria.

Lo que viene: certeza jurídica como ventaja competitiva

El Salvador ya no juega en ligas locales. Ha apostado decididamente por convertirse en polo de atracción para la industria de los activos digitales y la tecnología financiera. En ese contexto, la nueva arquitectura regulatoria diseñada por la SEC y la CFTC, y los criterios que va fijando la jurisprudencia local sobre el uso de tecnologías emergentes, no son noticias distantes: son factores que determinan hoy mismo la viabilidad de proyectos, contratos y operaciones.

La digitalización dejó de ser el futuro. El scoring crediticio automatizado, el onboarding digital, la custodia de activos digitales y los contratos inteligentes empiezan a ser parte de la operatividad diaria de empresas salvadoreñas hoy. El riesgo no es quedarse sin tecnología; es operar con ella sin entender el marco legal que la rodea.Para los abogados, la resolución de la Sala es una señal directa: quien use IA en su práctica debe hacerlo con criterio, verificación y transparencia. Para los empresarios y tomadores de decisión, los releases de la SEC y la CFTC son un mapa que conviene leer antes de tomar el siguiente paso en el mercado norteamericano. Navegar este ecosistema digital con certeza jurídica no es un lujo; es cada vez más el diferencial que distingue a las empresas que escalan su operación al aplicar correctamente las normativas establecidas de las que tropiezan porque no actualizan sus conocimientos y su normativa interna.