La Comisión de Hacienda aprobó que se suscriba el contrato de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 75 millones a El Salvador para respaldar el «Programa de apoyo a la movilidad urbana baja en emisiones».

Este programa tiene como objetivo principal fomentar la electromovilidad, en línea con la prioridad del país de promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer las instituciones del sector para aumentar su eficiencia. Los organismos ejecutores del empréstito serán el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Transporte.

La firma del convenio se realizó entre el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, tras un proceso exhaustivo de negociaciones. El ministro Posada destacó la importancia de esta operación para los esfuerzos gubernamentales en materia de movilidad urbana, subrayando los beneficios que aportará al sistema de transporte y su contribución al impulso económico del país.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, reafirmó el compromiso del banco con el crecimiento sostenible e inclusivo en la región. Enfatizó que este tipo de operaciones demuestran la viabilidad de una transición hacia transportes más amigables con el ambiente, impulsando la economía mediante inversiones sostenibles que mejorarán la calidad de vida de los salvadoreños y su competitividad.

La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de realizar reformas a la Ley de Presupuesto 2024, incorporando $5,800,000.00 a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Estos fondos permitirán a la SIGET adquirir un inmueble para implementar un proyecto enfocado en una nueva estructura de telecomunicaciones y otras tecnologías vinculadas al sector.

Para profundizar en la iniciativa, los diputados recibieron en la comisión a representantes del Ministerio de Hacienda. Laura Michelle Arce, subdirectora general del presupuesto del Ministerio de Hacienda, explicó que los recursos incorporados serán destinados a la compra de un inmueble cuyo costo asciende a $5.8 millones. Arce afirmó que esta adquisición permitirá mejorar la conectividad del país y contribuir al desarrollo social de El Salvador.

En otra reforma a la Ley de Presupuesto 2024, los diputados también aprobaron la incorporación de $512,419.00 al Ministerio de Relaciones Exteriores, provenientes de Préstamos Externos. Este monto será utilizado para ejecutar el «Programa de Fortalecimiento de Oficinas Económicas Comerciales para Atracción de Inversionistas del Extranjero y Promoción de Turismo».

Marlon Herrera, director general de inversión y crédito público, señaló que el programa tiene como objetivo transformar el clima de negocios en El Salvador mediante la facilitación del comercio y las inversiones. El programa beneficiará a unas 150 empresas salvadoreñas, 25 oficinas económicas comerciales y 90 operadoras de turismo, a través de ferias comerciales, eventos de inversión, actividades de promoción económica, equipamiento de oficinas y consultorías.

En la sesión de instalación de la nueva Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, los parlamentarios aprobaron dos dictámenes para la obtención de equipos de atención y una mayor disponibilidad de medicamentos.

La mesa de trabajo contó con la participación de dos representantes del Ministerio de Hacienda, Gerardo Ramos, jefe de la División Jurídica de la Dirección de Impuestos Internos, presentó una de las peticiones principales: la exoneración al Ministerio de Salud del pago de todo tipo de tributos para la importación y adquisición de un helicóptero. «El objetivo para exonerar de tributos al helicóptero es atender emergencias por lesiones o enfermedad repentina y trasladar a los pacientes al hospital más cercano de forma gratuita para garantizar la vida», detalló Ramos.

Con el decreto el ministerio estará exento del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), así como del pago de la primera matrícula que pueda causar la aeronave.

Además, los legisladores aprobaron la exoneración del pago de tributos, derechos arancelarios a la importación y otros cargos para un donativo de medicamentos realizado por la Fundación MaxAid. Estos medicamentos beneficiarán a los pacientes del Hospital Nacional Rosales diagnosticados con leucemia mieloide crónica o tumores de estroma gastrointestinales.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitieron un dictamen a favor de homologar el período con el de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus dependencias, mismo que dura seis meses.

Según lo estudiado en la mesa de trabajo, el dictamen respalda reformar el artículo 140 de la Ley Orgánica Judicial para uniformar la duración de la práctica jurídica. En la actualidad, para quienes aspiran a una abogacía y realizan sus prácticas en la PGR, el período se extiende por dos años, mientras que aquellos que lo desarrollan en la CSJ y en cualquiera de sus dependencias es solo por seis meses.

Actualmente, el artículo establece que aquellos que pretendan recibir el título de abogado deben presentar su solicitud al jefe de la Sección de Investigación Profesional, acompañada de una certificación expedida por el Procurador General de la República, que verifique dos años de práctica jurídica. Se señala que la práctica jurídica en apoyo a instituciones, tribunales y dependencias de la Corte Suprema de Justicia tiene una duración promedio de mil veinticuatro horas, desarrolladas en seis meses.

Esta duración se considera el lapso estándar mínimo para completar la formación profesional. Por lo tanto, se considera necesario uniformar este tiempo requerido para la práctica jurídica en la Procuraduría General de la República.

La propuesta de reforma plantea sustituir el artículo 140, ordinal 3°, letra d) de la Ley Orgánica Judicial, estableciendo que la constancia de práctica jurídica deberá ser extendida por el Procurador General de la República o la Secretaría General de la Procuraduría General de la República. Esta constancia deberá verificar que el aspirante haya realizado mil veinticuatro horas efectivas de práctica jurídica, en modalidades de jornada parcial o completa, con una duración de seis meses hasta dos años.

Además, se contempla una disposición transitoria que permite a las personas que hayan iniciado la práctica jurídica en la Procuraduría General de la República antes de la entrada en vigencia de la reforma optar por finalizarla conforme a la modalidad anterior de dos años o de acuerdo con la reforma propuesta.

La empresa de Inteligencia Artificial (IA) OpenAI lanzó ChatGPT-4o, la última iteración de su popular chatbot, durante una sesión pública en línea dirigida por la jefa tecnológica Mira Murati. Esta versión gratuita, más rápida y con capacidades mejoradas en texto, visión y audio, representa un avance significativo en términos de facilidad de uso, según Murati.

Sam Altman, CEO de OpenAI, destacó que ChatGPT-4o es el mejor modelo hasta la fecha, multimodal y disponible para todos los usuarios, incluidos los que utilizan la versión gratuita. Altman subrayó el compromiso de OpenAI de democratizar el acceso a la IA, eliminando las barreras financieras para acceder a modelos de clase GPT-4.

Durante la presentación en vivo, se realizaron demostraciones que mostraban las capacidades del chatbot, que incluían reconocimiento de emociones, recomendaciones interactivas y una variedad de estilos de conversación. La nueva versión también permite interrupciones inmediatas, resolución de problemas matemáticos a través de video y traducción simultánea de idiomas.

Murati anunció que próximamente se implementarán estas capacidades para todos los usuarios, junto con novedades sobre futuros avances en IA. La empresa también lanzará una nueva interfaz de usuario y una aplicación de escritorio para facilitar su integración en la rutina de trabajo, así como una API para desarrolladores que deseen construir aplicaciones basadas en ChatGPT-4o.