Ayer, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador inició el juicio contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, quien gobernó El Salvador de 2009 a 2014 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Funes enfrenta acusaciones de realizar negociaciones ilícitas entre 2012 y 2014, específicamente en la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa, en Chalatenango. Se le imputa haber aceptado como dádiva una avioneta a cambio de favorecer dichas negociaciones.

La Fiscalía cuenta con una vasta cantidad de pruebas contra Funes, incluyendo más de 230 documentos, testimonios de 34 testigos y pruebas periciales. Estas pruebas serán presentadas durante el juicio para respaldar las acusaciones de casos especiales de lavado de dinero y activos. Dado el peso de las evidencias, la Fiscalía ha anunciado que solicitará la pena máxima para el exmandatario.

Mauricio Funes se encuentra en Nicaragua desde 2016, donde recibió la nacionalidad de ese país, lo que ha complicado su extradición. Funes ya ha sido condenado en ausencia en otros casos. En mayo de 2022, fue sentenciado a 14 años de prisión por delitos relacionados con una tregua entre pandillas durante su gobierno. Posteriormente, en julio de 2023, recibió una condena adicional de 6 años por defraudación fiscal.

Además de estos casos, Funes enfrenta varias acusaciones penales y civiles. Está acusado de malversar más de 351 millones de dólares de fondos estatales y de corrupción en la construcción de una represa, lo que refleja un patrón de presunta conducta delictiva durante su administración.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda civil por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del FMLN, Guillermo Francisco Mata Bennet, y sus dos hijos, debido a un incremento patrimonial no justificado por un monto total de $271,314.65 dólares. La acción legal fue interpuesta ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla por la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción de la FGR.

Guillermo Francisco Mata Bennet, quien sirvió como diputado en dos períodos (del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, y del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018), enfrenta acusaciones por inconsistencias en su patrimonio, que suman $13,270.00 dólares. Estas irregularidades incluyen depósitos bancarios en efectivo, compra de vehículos y pagos de créditos hipotecarios.

La demanda también involucra a sus hijos:

Guillermo Eduardo Mata Mayorga: se le reclama un monto de $251,675.80 dólares.

Jorge Alberto Mata Mayorga: se le reprocha la cantidad de $6,357.85 dólares.

El proceso civil se inició después de que la Corte Suprema de Justicia notificara a la FGR sobre las irregularidades en las declaraciones patrimoniales del exdiputado y sus hijos. La documentación presentada por la Fiscalía incluye información detallada sobre el patrimonio de los demandados, evidenciando 15 irregularidades que no han podido ser justificadas.

La Fiscalía General de la República ha presentado una demanda civil por enriquecimiento ilícito contra Francisco José Cáceres Zaldaña, exsecretario privado de la presidencia durante la gestión del exmandatario Mauricio Funes, y su grupo familiar. La demanda asciende a un monto total de $3,892,095.46 dólares y ha sido presentada ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

Francisco José Cáceres Zaldaña, quien ocupó su cargo entre 2009 y 2014, enfrenta reclamaciones por un monto de $3,541,407.87 dólares. La Fiscalía señala 44 irregularidades relacionadas con depósitos en efectivo y cheques en cuentas de ahorro, así como pagos de préstamos y tarjetas de crédito.

La demanda también involucra a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, quien enfrenta acusaciones por 11 inconsistencias en depósitos a cuentas de ahorro, además de la adquisición de vehículos e inmuebles por un valor de $346,553.85 dólares. Asimismo, su hija, Mariana Cáceres Flores, es señalada por una irregularidad en depósitos a una cuenta corriente por un monto de $6,133.74 dólares.

El caso se fundamenta en un informe de la Corte Suprema de Justicia, emitido en 2024, que ordenó un juicio civil contra Cáceres Zaldaña debido a las irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales. La documentación de la demanda está compuesta por 32 piezas que detallan la información patrimonial de los implicados.

Este proceso representa un esfuerzo significativo por parte de la Fiscalía General de la República para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el manejo de fondos públicos. La Unidad Especializada en Delitos de Corrupción ha sido la encargada de presentar el caso, reflejando la prioridad de este tipo de investigaciones en la agenda judicial del país.

El desarrollo del juicio civil será seguido de cerca, dado que implica a un alto exfuncionario y a su familia, y podría sentar precedentes importantes en la lucha contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción en El Salvador.

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), a través de sus entidades educativas, la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) y la Escuela Bancaria Centroamericana (EBC), llevará a cabo el XXI Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CLADIT), con el objetivo de fortalecer los esquemas de control y seguridad en la prevención de estos delitos

Este evento, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de mayo de 2024, se desarrollará en modalidad presencial y transmisión online, consolidándose como un espacio crucial para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en la región.

El evento se enfocará en los desafíos que presenta la transformación digital y el manejo de redes, subrayando la importancia del uso y aplicación de herramientas tecnológicas para la prevención de operaciones ilícitas y la gestión adecuada de riesgos. En un contexto donde el lavado de dinero y otros activos sigue siendo una amenaza seria, el conocimiento adquirido a través de la experiencia, la reflexión y el análisis crítico es vital para que los entes obligados puedan adaptarse y robustecer sus esquemas de gestión de riesgos.

En respuesta a los desafíos que presentan las nuevas tecnologías como los activos virtuales, el congreso abordará temas críticos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, los criptoactivos y el derisking. Estos temas son fundamentales para asegurar la prevención del lavado de dinero y la expansión del fraude cibernético mediante ataques a la integridad de los datos y los sistemas.

El programa académico del congreso incluye talleres prácticos y conferencias impartidas por expertos nacionales e internacionales. Entre los temas a tratar se encuentran las investigaciones eficientes en el área de cumplimiento, la gestión de riesgos y la importancia de la auditoría interna en las cooperativas de ahorro y crédito.

El miércoles 15 de mayo, en el Hotel Westin Camino Real, se llevarán a cabo los talleres de aplicación CLADIT. El primer taller, dirigido por Juan Carlos Medrano, presidente y fundador de J&A Global Compliance (Venezuela/USA), se centrará en cómo realizar investigaciones eficientes en el área de cumplimiento. Al mismo tiempo, Juan Uribe, gerente de Planeación de Mercados LATAM, Crímenes Financieros y Cumplimiento en LexisNexis Risk Solutions (Colombia/USA), impartirá un taller sobre el KYC Perpetuo, garantizando la integridad financiera en el sector bancario de Guatemala.

En el mismo lugar, se realizarán otros talleres, como el de matrices de riesgo LDFT según guía IVE para el sector cooperativas de ahorro y crédito, dirigido por Jorge González, oficial de Cumplimiento en INTERBANCO (Guatemala), y el taller sobre la responsabilidad de la auditoría interna en las cooperativas, a cargo de Gabriel Quintero G., presidente de ASOCUPA (Panamá).

El mismo día, en el Centro de Convenciones AVIA, se llevarán a cabo conferencias y paneles de discusión. La primera conferencia abordará la tecnología aplicada al monitoreo efectivo de PLD-FT, presentada por Raúl Castellanos, Global Partner Account Manager de PLUS TI (Guatemala). Seguidamente, Gabriel Quintero G. (Panamá) discutirá sobre el financiamiento del terrorismo en Latinoamérica como un riesgo latente en la región. Además, se contará con la presencia de destacados ponentes como Enrique Rodríguez Mahr, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala (Guatemala), Saulo De León Durán, superintendente de Bancos de Guatemala (Guatemala), y Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala (Guatemala).

El jueves 16 de mayo, en el Centro de Convenciones AVIA, continuarán las actividades con foros y discusiones. Franco Rojas Sagarnaga, gerente general del Grupo AMLC (Bolivia), abordará las tipologías de lavado de dinero en Latinoamérica. Celina Realuyo, profesora de Práctica en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry en la Universidad Nacional de Defensa (USA), discutirá sobre la prevención y represión del financiamiento del terrorismo y su interconexión con otras formas de delincuencia organizada. Además, se llevarán a cabo sesiones sobre la gestión eficiente de riesgos en los sistemas de monitoreo y la importancia de la auditoría interna en validar la efectividad de los programas de PLD-FT.

El congreso concluirá con un panel de conclusiones y un cóctel de clausura patrocinado por diversas entidades. Este evento representa una oportunidad única para todas las personas involucradas en el ámbito del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, incluyendo a aquellos que, según la ley, están obligados a capacitarse en estos temas cruciales para la seguridad financiera y la integridad del sistema bancario.

La Asociación Bancaria de Guatemala hace una invitación extensiva a funcionarios, personal operativo y administrativo de todas las entidades obligadas por la ley, así como a estudiantes, emprendedores y público en general, a participar de manera presencial y/o virtual en este evento crucial para el fortalecimiento de las capacidades en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Para más información sobre el evento, los interesados pueden visitar CLADIT 2024

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha concluido su Asamblea de Gobernadores #64 con logros en materia estratégica y financiera para el periodo 2025-2029.

En el ámbito estratégico, se han definido siete objetivos clave: dos económicos, tres sociales y dos ambientales, que guiarán las acciones del banco en los próximos cinco años. Estos objetivos incluyen el financiamiento de infraestructura sostenible y resiliente, el apoyo al ecosistema emprendedor, a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs), y la atracción de inversión extranjera directa, con especial énfasis en el nearshoring.

En el ámbito social, se han establecido compromisos concretos para potenciar el capital humano, mejorar la calidad de vida de todas las personas, especialmente jóvenes y grupos vulnerables, y promover la inclusión y la equidad de género. En cuanto al medio ambiente, el BCIE ha fijado como prioridades la protección del capital natural y la lucha contra el cambio climático en la región.

La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó la importancia de maximizar el impacto en los países socios, garantizando oportunidades para elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos, con eficiencia, rigurosidad técnica y transparencia.

En materia financiera, se ha adoptado una nueva política de fortalecimiento financiero y capitalización, con el objetivo de optimizar el uso del balance de situación para ampliar el apoyo a los países miembros y definir lineamientos estratégicos para futuras capitalizaciones.

Los gobernadores del BCIE también fueron informados sobre los avances en el plan de reformas a la gobernanza, así como sobre medidas para reducir gastos y promover la eficiencia operativa. Se presentó una nueva estructura organizativa que permitirá una operación más ágil y efectiva, junto con la decisión de reducir las tasas de interés en los próximos meses, como muestra del compromiso de ofrecer las mejores condiciones a los países miembros.