El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó la captura de los guatemaltecos Juan Ignacio Berger Giménez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, así como de la salvadoreña María Isabel Umaña Velásquez. Los señalados están implicados en el desfalco contras la empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.

La decisión surgió durante una audiencia especial de revisión de medidas. Según información conocida de forma extraoficial, los tres imputados no asistieron a la diligencia judicial, por lo que el tribunal modificó las medidas sustitutivas que habían recibido en la audiencia inicial.

El expediente permanece a la espera de la audiencia preliminar. En esa etapa, el juzgado decidirá si los acusados enfrentarán juicio público por el delito de administración fraudulenta.

Fiscalía investiga presunto fraude millonario

La Fiscalía General de la República sostiene que los procesados formaban parte de una estructura que habría defraudado a las sociedades Terra Towers Corp y Continental Towers El Salvador.

Entre los acusados también figura Jorge Alberto Gaitán Castro, junto a Jeni Celina Torres Zepeda y Selvin Martín Torres Andrade.

Además, el proceso incluyó al empresario guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes, quien fue extraditado a El Salvador el 30 de septiembre de 2025. El empresario falleció el 19 de enero de 2026 en el Hospital Nacional San Juan de Dios, en Santa Ana, debido a problemas de salud.

De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos laborales entre 2016 y 2020. El monto investigado asciende a $1.2 millones.

Investigación incluye análisis de correos electrónicos

Como parte del proceso judicial, en septiembre de 2024 las autoridades juramentaron a un experto en informática para analizar evidencia digital relacionada con el caso.

El perito recibió la tarea de revisar correos electrónicos enviados entre los procesados y verificar su autenticidad. Además, debía acceder al sistema contable de las sociedades afectadas para ampliar las investigaciones.

Caso Terra Towers escaló de disputa corporativa a proceso penal

Este caso está conectado a la disputa entre las empresas Terra Towers y TPG Pepertree por el control general de la empresa Continental Towers.

El conflicto derivó en arbitrajes internacionales desarrollados en Nueva York.

El caso avanzó hacia el ámbito penal en El Salvador y en Guatemala. La Fiscalía y el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado en El Salvador investigan una presunta red dedicada al desvío de fondos y al control irregular de activos estratégicos.

Las autoridades también emitieron órdenes de captura y difusiones rojas de INTERPOL contra varios empresarios y ejecutivos salvadoreños, guatemaltecos y estadounidenses señalados por delitos financieros y crimen organizado.

Investigación impacta a sector de telecomunicaciones

El proceso judicial se ha convertido en uno de los casos corporativos más relevantes en El Salvador por sus implicaciones económicas y legales.

Además, el caso mantiene atención sobre la seguridad jurídica y el manejo de infraestructura de telecomunicaciones en la región, debido a que las empresas involucradas administran torres clave para la conectividad centroamericana.

El juicio masivo contra cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador expuso nuevos detalles sobre la estructura financiera de la pandilla. Durante la séptima jornada de la audiencia, la Fiscalía General de la República presentó audios que evidencian un plan para recolectar más de $500,000 en 2016.

Los audios forman parte de un total de 125 escuchas telefónicas incorporadas como prueba en el proceso. En estas grabaciones, pandilleros coordinan la recolección de dinero para comprar armas, munición y vehículos.

En una de las conversaciones, un pandillero identificado como “El Infierno”, quien se encontraba en prisión, consulta sobre el avance de la recolección. Otro miembro en libertad le responde que ya habían reunido más de medio millón de dólares.

Pandilla buscaba armas más baratas y mayor capacidad de fuego

Pandilla buscaba armas más baratas y mayor capacidad de fuego
Según el audio, los pandilleros evaluaron precios de armas en distintos mercados. El objetivo era reducir costos y aumentar la cantidad de armamento disponible.
El interlocutor explicó que podían adquirir armas a un costo aproximado de $1,200 cada una. Con ese monto, estimaban comprar hasta 494 armas, conocidas como “juguetes” en su lenguaje interno.

Además, el plan incluía la compra de munición y armas de grueso calibre. También contemplaban la adquisición de vehículos para movilizar a los miembros de la estructura criminal.

MS-13 se preparaba para una posible confrontación

Los audios también reflejan que la pandilla anticipaba un conflicto con el Barrio 18. En las conversaciones, los miembros de la MS-13 mencionan que sus rivales ya contaban con entrenamiento y armamento.

Uno de los pandilleros advirtió que el grupo contrario tenía fusiles y otros recursos. Ante esto, insistió en que la MS-13 debía prepararse para una posible guerra.

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, confirmó que el objetivo era financiar una ofensiva. Según explicó, la pandilla buscaba fortalecerse ante un escenario de confrontación.

Contexto legal impulsó la reorganización de la pandilla

La Fiscalía señaló que estos planes surgieron tras cambios legales en el sistema penitenciario. El 1 de abril de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 321, que estableció medidas extraordinarias en centros penales

Estas disposiciones incluyeron encierro permanente, bloqueo de señales telefónicas y restricciones a las comunicaciones. También limitaron la participación de reos en audiencias judiciales.

De acuerdo con los audios, los pandilleros interpretaron estas medidas como el fin de cualquier negociación. Por ello, aceleraron sus planes de financiamiento y reorganización.

Juicio masivo avanza contra 486 cabecillas de la MS-13

El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. En el juicio enfrentan cargos 486 presuntos cabecillas de la MS-13, incluidos 22 ranfleros, considerados líderes de la estructura.

La Fiscalía les imputa más de 47,000 delitos. Entre estos figuran homicidios cometidos entre 2012 y 2022. También incluyen los 86 asesinatos que derivaron en la implementación del régimen de excepción.
El juicio masivo continúa en fase probatoria. Las autoridades prevén seguir presentando evidencia en las próximas jornadas para sustentar las acusaciones contra la estructura criminal.

Un tribunal contra el crimen organizado dictó condena a expolicías en El Salvador con penas de hasta 540 años de prisión. Los procesados integraban una banda dedicada a homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

El fallo lo emitió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. La resolución incluye a 11 personas, entre expolicías, exsoldados y civiles.

El tribunal encontró responsabilidad penal en múltiples delitos. Entre ellos destacan homicidio agravado y robo agravado en perjuicio de particulares y empresas.

Principales condenas por homicidio agravado y robo

El tribunal condenó a Roberto Carlos García Martínez a 540 años de prisión. Además, sentenció a Francisco Eduardo Ramírez Vicente a 216 años.

Ambos lideraban la estructura criminal. Las autoridades los vinculan directamente con varios hechos delictivos.

Por su parte, los otros nueve implicados recibieron penas entre cinco y 173 años. Todos enfrentaron cargos por los mismos delitos.

Casos probados durante el juicio

Durante el proceso, el tribunal analizó 11 casos de homicidio agravado. También evaluó 21 casos de robo agravado.

Las investigaciones establecieron que las víctimas eran atacadas durante asaltos. En varios casos, los agresores cometieron homicidios cuando las personas se resistían.

Estructura operaba a nivel nacional

Según el fallo, la banda operaba en distintas zonas del país. Sin embargo, registró mayor actividad en Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel.

Además, los imputados atacaban cooperativas y negocios. Entre los objetivos figuraban empresas de venta de motocicletas.

Los civiles dentro de la estructura proporcionaban información. Con ello, facilitaban los robos y ubicaban a las víctimas.

Uso de experiencia institucional para delinquir

El tribunal determinó que algunos integrantes aprovecharon su experiencia como agentes de seguridad. Esto les permitió ejecutar los delitos con mayor planificación.

El juez calificó los hechos como graves. También señaló que las acciones afectaron la seguridad pública.

El juicio masivo contra 486 cabecillas de la MS-13 continúa en El Salvador tras dos semanas de audiencias.

La Fiscalía General de la República presentó nuevas pruebas basadas en audios intervenidos.

Audios revelan estructura financiera de la MS-13

Durante la jornada del lunes, la Fiscalía reprodujo grabaciones donde los acusados discuten la organización interna. En los audios, los implicados hablan sobre mantener la cohesión del grupo.

Además, las conversaciones mencionan un fondo superior a 500,000 dólares. Este dinero provenía de extorsiones cobradas a comerciantes, transportistas y otros sectores.
Según la Fiscalía, los recursos financiaban la compra de armas, municiones y vehículos. También se destinaban al entrenamiento en el uso de armamento de alto calibre.

Fiscalía detalla uso de fondos ilícitos

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, explicó que los audios evidencian la distribución del dinero. Un miembro administraba los fondos y coordinaba su entrega a distintas estructuras.

Las grabaciones indican que el dinero se repartía entre más de 200 clicas y varios programas. Estas estructuras operaban bajo coordinación de cabecillas de alto rango.

Asimismo, los audios muestran discusiones internas sobre el manejo equitativo de los recursos. Los implicados exigían cumplir acuerdos establecidos dentro de la organización.

Investigación aborda delitos de extorsión y homicidio

La Fiscalía sostiene que estas pruebas respaldan varios delitos atribuidos a los acusados. Entre ellos figuran extorsión, homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

Para este martes, el Ministerio Público prevé presentar audios adicionales. En estas grabaciones, los imputados planifican y ordenan homicidios.

Caso “Familia” y origen de la investigación

El proceso se conoce como caso “Familia”, en referencia a la forma en que la estructura se autodenominaba.Según la investigación, esta organización surgió para evitar divisiones internas.

Las pesquisas identificaron intentos de fragmentación, como la aparición de la agrupación 503. Frente a ello, los cabecillas reforzaron su estructura y coordinación.

La Fiscalía General anunció que logró que 129 integrantes de la MS-13 recibieran condenas de hasta 260 años de prisión. Las sentencias corresponden a delitos como homicidio, tráfico de drogas, desaparición de personas y organizaciones terroristas.

La institución fiscal dijo que presentó pruebas documentales y testimoniales contundentes durante el proceso judicial. Con ello, comprobó cómo operaban los grupos criminales entre 2013 y 2018.

Según la investigación, los condenados privaban de libertad a las víctimas y luego las desaparecían. Además, financiaban sus actividades mediante venta de droga y extorsiones.

Las autoridades confirmaron que estas estructuras delictivas operaban en el departamento de La Libertad. También establecieron vínculos entre cabecillas y colaboradores dentro de distintas clicas.

Condenas por homicidios y crimen organizado

El tribunal impuso diversas penas de prisión según la participación en los delitos. Entre las condenas destacan sentencias de hasta 260 años por múltiples homicidios.

Otros implicados recibieron penas que van desde 80 hasta 170 años de cárcel. Las condenas responden a la gravedad de los crímenes y al número de víctimas.

Casos relevantes incluidos en el juicio

Entre los hechos probados, se encuentra el asesinato de un taxista. La estructura lo atacó tras señalarlo como informante policial.

Asimismo, el tribunal documentó el homicidio de dos personas. Los responsables las sacaron de su vivienda tras simular un operativo policial.

En otro caso, los imputados planificaron el asesinato de dos agentes policiales. Sin embargo, los agentes recibieron una alerta a tiempo y lograron evitar el ataque.