La empresa Aeroman inauguró su séptimo hangar en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Con esta expansión, la compañía amplía su capacidad operativa y refuerza su posición en el sector de mantenimiento aeronáutico a nivel global.

El acto contó con la participación del presidente Nayib Bukele, ejecutivos de la empresa e invitados especiales. Durante el evento, las autoridades destacaron el impacto de la inversión en empleo y desarrollo económico.

Nuevas instalaciones incrementan capacidad operativa

El nuevo hangar añade 16 líneas de producción. Con ello, Aeroman alcanza un total de 65 líneas en un solo complejo. Este crecimiento fortalece su capacidad para atender aeronaves de distintos tipos.

Además, la infraestructura supera los 20,000 metros cuadrados. Este espacio permitirá aumentar el volumen de mantenimiento y servicios técnicos para aerolíneas internacionales.

Según explicó Alejandro Echeverría, director ejecutivo de la compañía, la ampliación responde a la demanda global del sector aeronáutico.

Generación de empleo y crecimiento económico

Actualmente, Aeroman genera más de 5,500 empleos directos. También crea más de 1,500 empleos indirectos mediante proveedores y contratistas.

Con el nuevo hangar, la empresa proyecta crear más de 1,700 nuevos empleos directos. Este crecimiento impulsa el mercado laboral y fortalece la industria aeronáutica en El Salvador.

Por su parte, Roberto Kriete, presidente de la junta directiva de MRO Holdings, destacó la confianza en el país para desarrollar inversiones de alto valor.

“Hoy aeronaves que vuelan los cielos de todo el mundo han sido intervenidas, inspeccionadas y devueltas al vuelo de forma segura por manos salvadoreñas. Aeroman es un reflejo de lo que este país es capaz de lograr cuando se le brinda a la excelencia la oportunidad de desarrollarse”, dijo Kriete.

Inversión fortalece el sector aeronáutico

Durante el evento, las autoridades subrayaron que la ampliación mejora la competitividad del país. También señalaron que posiciona a El Salvador como un centro clave en mantenimiento aeronáutico.

Aeroman cuenta con certificaciones internacionales. Estas le permiten operar en mercados de Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Por ello, la empresa mantiene operaciones con aerolíneas de diversas regiones.

Además, la compañía ha expandido su capacidad de forma sostenida desde la década de los noventa. En ese periodo, pasó de cuatro líneas de producción a las actuales 65.

Gobierno destaca condiciones para la inversión

El presidente Nayib Bukele afirmó que el país ofrece condiciones favorables para la inversión. Entre ellas, mencionó la seguridad jurídica, estabilidad política y respaldo ciudadano.

Asimismo, el mandatario recorrió las nuevas instalaciones junto a ejecutivos de la empresa. Durante la visita, destacó el crecimiento del sector aeronáutico en el país.

Finalmente, la inauguración del séptimo hangar consolida la presencia de Aeroman como un actor relevante en la industria global de mantenimiento aeronáutico.

En esta edición presentamos a Administrative Law Center (ALC), firma que protagoniza nuestra portada. ALC se ha posicionado como un referente en derecho administrativo y regulación, acompañando a empresas y entidades en su interacción con el Estado, particularmente en sectores altamente regulados.

Su práctica refleja la creciente necesidad de asesoría especializada en entornos donde la seguridad jurídica, la regulación y la toma de decisiones públicas inciden directamente en la operación y sostenibilidad de los proyectos.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) realizó este jueves la décima edición del foro “Woman in Business”, centrado en el liderazgo femenino y el desarrollo empresarial en El Salvador.

El evento reunió a empresarias, funcionarias y expertas para fortalecer el rol de las mujeres en la economía. Según la gremial, las mujeres representan el 43.6 % de la población económicamente activa.

Además, la ASI destacó que el 41 % del empleo formal está ocupado por mujeres. También señaló que más de 221,605 participan en la industria manufacturera.

Espacio para formación, intercambio y oportunidades

El foro Woman in Business busca generar conocimiento y facilitar el intercambio de experiencias. La ASI impulsa este espacio como una plataforma de crecimiento profesional para mujeres en empresas.

Durante la jornada, la organización desarrolló ponencias y paneles sobre liderazgo, finanzas y tendencias globales. Asimismo, entregó reconocimientos a mujeres destacadas en el sector empresarial.

En paralelo, se realizó la “Expo Woman, Glam & Power Show”, un desfile que promovió marcas lideradas por diseñadoras salvadoreñas.

Conferencias abordan tendencias y retos del liderazgo femenino

La agenda incluyó una ponencia magistral de Lisa Guadalupe Clarke, fundadora y CEO de ATL Search Group, Aventis Services y Latinas Rise.

También participaron representantes del sector público y privado con temas clave para el liderazgo femenino. Entre ellos, destacaron las megatendencias globales y su impacto en la gestión empresarial.

Además, expertos abordaron el desarrollo de habilidades técnicas y el acceso a oportunidades en sectores estratégicos. Uno de los temas fue la formación de mujeres electricistas para impulsar una transformación productiva e inclusiva.

Finanzas, imagen profesional y equilibrio laboral

El foro incorporó espacios sobre educación financiera y crecimiento económico. Estas sesiones buscaron fortalecer la toma de decisiones en el entorno empresarial.

Asimismo, se abordaron temas de imagen profesional y autocuidado como herramientas para el liderazgo. También se discutieron estrategias para gestionar el equilibrio entre vida personal y trabajo.

Con este enfoque integral, la ASI reafirmó su compromiso con el impulso del liderazgo femenino. La gremial destacó la importancia de generar condiciones que favorezcan la participación de las mujeres en el desarrollo económico del país.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó el traslado de varias unidades de atención en Santa Ana hacia una nueva sede. El cambio incluye la Unidad de Niñez y Adolescencia, la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres y la Ludoteca.

La institución confirmó que la atención iniciará en las nuevas instalaciones a partir del 24 de abril de 2026.

Nueva sede funcionará en la Ciudad de la Niñez

Las unidades se ubicarán en la Ciudad de la Niñez y Adolescencia, en el cantón Zacarías. El complejo se encuentra contiguo al Beneficio Tres Puertas.

Con este traslado, la PGR busca concentrar servicios clave en un solo espacio. Así, facilita el acceso a atención especializada para niñez, adolescencia y mujeres.

Mientras tanto, las demás unidades de la Procuraduría Auxiliar de Santa Ana continuarán operando en su sede actual.

Rutas de acceso y puntos cercanos

La institución detalló varias rutas de transporte público que acercan a los usuarios a la nueva sede.

Las rutas 51 A, B, C, D, E y F, así como la ruta 1, permiten descender en la iglesia El Calvario.

También están disponibles las rutas 55, 3 SA, 4 SA y 9 SA, con parada en la 6.ª Calle Poniente y Avenida José Matías Delgado.

Además, el microbús ruta 10 deja a los usuarios en la entrada de la colonia Santa Eduviges, a unos 610 metros del destino.

Sin embargo, ninguna ruta llega directamente a las instalaciones. Por ello, las personas deberán caminar algunos minutos desde el punto de descenso.

PGR mantiene servicios gratuitos en Santa Ana

La PGR reiteró que todos sus servicios continúan siendo gratuitos para la población.

Asimismo, pidió a los usuarios tomar en cuenta el cambio de ubicación para evitar retrasos en sus gestiones.

Con este aviso, la institución busca garantizar una transición ordenada y mantener la continuidad en la atención a la ciudadanía.

Hay riesgos que llegan con sirena: un incendio o un robo físico. El delito informático no avisa. Entra por una contraseña reutilizada, por una actualización pendiente, por un correo que “parecía legítimo”, y cuando la empresa lo detecta, el daño ya tuvo tiempo de madurar: transferencias ejecutadas, datos copiados, reputación comprometida, operaciones detenidas.

Lo más caro no es el ataque; es seguir creyendo que “eso solo le pasa a otros”. Esa idea —la de que el ciberdelito solo persigue bancos y multinacionales— hoy es un mito útil para el delincuente. La realidad incómoda es que cualquier organización que facture, contrate, pague planillas, almacene datos de clientes o dependa del correo corporativo, ya está en la mira de los cibercriminales.

Los números que ya no permiten excusas

La ciberdelincuencia ha evolucionado desde actos aislados de intrusión informática, impulsados inicialmente por motivaciones lúdicas o de demostración de habilidades técnicas, hacia una vasta industria criminal altamente profesionalizada, monetizada y estructurada. Las estimaciones sobre el impacto económico de este fenómeno son alarmantes; a nivel global, los costos asociados a la ciberdelincuencia, impulsan pérdidas operativas y patrimoniales que ascienden a la asombrosa cifra de 10.5 billones de dólares anuales. Estas cifras no solo representan un menoscabo económico directo para las empresas afectadas, sino que también generan un efecto dominó que compromete la continuidad operativa, destruye la reputación corporativa y desestabiliza las cadenas de suministro globales.

En El Salvador, la transición hacia una economía interconectada y digitalizada es innegable. Los datos macroeconómicos recientes reflejan el dinamismo de una economía que depende cada vez más de la fluidez de las telecomunicaciones; Este ecosistema transaccional, altamente dependiente de pasarelas de pago, infraestructuras de tecnología financiera (Fintech) y sistemas de procesamiento de datos transfronterizos, constituye un vector de interés prioritario para las organizaciones cibercriminales. 

El ransomware dejó de ser “un problema de TI” para convertirse en una decisión empresarial de alto impacto. El informe State of Ransomware 2024 de Sophos reportó que, entre las organizaciones que pagaron rescate, el pago promedio fue de 2 millones de dólares; y que, excluyendo el rescate, el costo promedio de recuperación alcanzó 2.73 millones de dólares.

Además, 63% de las demandas de rescate superaron el millón de dólares, y casi la mitad de las organizaciones con ingresos menores a 50 millones recibió exigencias de siete cifras.

La pandemia mostró el patrón con crudeza. En su análisis sobre ciberdelincuencia vinculada a COVID-19, INTERPOL reportó la distribución de amenazas informadas por países miembros:

59%: phishing, estafas y fraudes.

36%: malware y ransomware.

22%: dominios maliciosos.

El mensaje de fondo no ha cambiado: el ciberdelito es una de las formas de criminalidad transnacional de más rápido crecimiento y prospera, precisamente, donde la cooperación y la respuesta institucional se vuelven lentas.

El ecosistema que alimenta el riesgo

La superficie de ataque se ensanchó porque el negocio se digitalizó completo. Ya no es “la computadora de contabilidad”; es el ERP, la nube, el WhatsApp del vendedor, el router de la oficina, el teléfono con banca en línea.

A eso se suma el universo IoT. Estimaciones recientes sitúan el número de dispositivos IoT conectados en 18.5 mil millones en 2024 y proyectaron 21.1 mil millones para 2025, con una trayectoria que podría alcanzar 39 mil millones hacia 2030. Cada dispositivo agrega eficiencia; también agrega una puerta más que proteger.

Y, desde 2023, la inteligencia artificial empujó el tablero. Hoy se fabrican correos de phishing “perfectos” a escala, se clonan voces para autorizar pagos por teléfono (vishing) y se usan deepfakes para suplantar identidades en operaciones de alto valor. El fraude dejó de depender del talento individual: ahora se automatiza.

Lo que más golpea al entorno empresarial

En la práctica, las modalidades más recurrentes no siempre son “hackeos” cinematográficos; son delitos que explotan confianza y procesos internos:

• Ransomware: cifrado de información, extorsión y amenaza de filtración.

• Spear phishing y whaling: ataques dirigidos a personal clave y a niveles ejecutivos.

• Robo y venta de credenciales: la llave maestra para entrar sin romper nada.

• Manipulación de datos y sabotaje: alteración de registros, contratos, inventarios y evidencias.

Un derecho que sigue corriendo detrás del crimen

Aquí está el punto incómodo: el problema no es solo tecnológico; es jurídico e institucional. En muchos sistemas judiciales de la región —y El Salvador no es la excepción— el delito informático se sigue abordando con herramientas analógicas: se “imprime” un chat como si fuera prueba autosuficiente, se confunde una captura de pantalla con un registro verificable, se preserva evidencia tarde, y se subestima la volatilidad de los datos.

La evidencia digital tiene reloj. Logs que se rotan, proveedores que conservan metadatos por periodos limitados, dispositivos que alteran su contenido con solo encenderse. Un oficio extemporáneo puede ser, en la práctica, un cibercriminal más que goza de impunidad.

Esto exige operadores capacitados: jueces, fiscales, defensores y peritos que comprendan cadena de custodia digital, verificación mediante hashes, adquisición forense, correlación de eventos, preservación de metadatos y trazabilidad. Sin eso, la norma queda “bonita” en el papel, pero débil en audiencia.

En El Salvador, existe normativa específica que tipifica conductas como acceso indebido, manipulación de datos, espionaje informático y ataques a infraestructura. El desafío es la aplicación: sin laboratorios robustos, sin formación continua y sin protocolos claros de coordinación con proveedores tecnológicos, seguimos litigando contra el siglo XXI con herramientas del siglo XX.

La respuesta empresarial que no puede esperar

La prevención real integra tres dimensiones: técnica, organizacional y legal.

• En lo técnico: autenticación multifactor, gestión de parches, segmentación, respaldos probados (no solo “hechos”), y monitoreo de logs con retención suficiente para investigar.
• En lo organizacional: procesos de doble verificación para pagos, políticas claras para cambios de cuenta bancaria, cultura de reporte sin castigo (para que la gente avise temprano), y simulacros de phishing.
• En lo legal: contratos con proveedores que definan obligaciones de seguridad, tiempos de notificación y responsabilidad; políticas de tratamiento y retención de datos; y, sobre todo, un protocolo de respuesta que contemple preservación de evidencia y comunicación con autoridades.

Porque cuando llega el incidente, la pregunta no es “¿quién tiene la culpa?”, sino “¿qué podemos probar?”. Y esa diferencia decide si la empresa recupera su dinero, si identifica al responsable, y si puede sostener un caso en sede penal o civil.

Cierre: un llamado al Estado y a la empresa

No debemos subestimar lo que ocurre en el ciberespacio, allí se contrata, se paga, se decide… y se delinque. La empresa que no incorpora el riesgo cibernético a su gobernanza, está administrando a ciegas.

Pero también hay una tarea país. Si queremos que la ley disuada, necesitamos operadores entrenados, estándares forenses mínimos, cooperación internacional ágil y una lectura judicial que entienda que la prueba digital no es “papel”, sino dato: verificable, trazable y frágil.

La ciberdelincuencia no espera a que estemos listos. Se aprovecha, precisamente, de que no lo estamos.