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¿Gozan de personalidad jurídica los condominios en El Salvador?

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Escrito por: Mario José Costa | Abogado Asociado y Jefe de Corporativo de LatinAlliance El Salvador

Previo a entrar de lleno sobre el tema de la personalidad jurídica de los Condominios en El Salvador, considero pertinente aclarar, los conceptos tanto de Condominio, como de personalidad jurídica.

Doctrinariamente, el Condominio puede definirse como la modalidad de derecho de propiedad por la que su(s) titular(es) tiene(n) por una parte la propiedad exclusiva y singular respecto de una vivienda, apartamento, piso o local, como unidad privativa de las que un inmueble consta y; por la otra, una participación en la copropiedad de los elementos comunes de dicho inmueble, en proporción al valor de su unidad.

Jurisprudencialmente, se entiende por personalidad jurídica, aquel instrumento para operativizar o hacer funcionar la condición de sujeto de derecho, es decir, capacidad jurídica para ser titulares de derechos y obligaciones; siendo condicionante para gozar de personalidad jurídica, ser una persona, física o jurídica.

Analizando los anteriores conceptos, es incomprensible que algunos autores aleguen que los condominios gozan de personalidad jurídica, aduciendo que de forma implícita se les reconoce una capacidad jurídica que les permite llevar a cabo actos jurídicos, lo cual no fuera posible, si no contaren con esa capacidad de ser titular de derechos y contraer obligaciones.

Expuesto lo anterior, procedemos a preguntarnos, si conforme a la legislación salvadoreña ¿Los condominios gozan de personalidad jurídica? La respuesta es NO.

Conforme a nuestra legislación, el condominio es una forma de propiedad, constituido por ley (entiéndase la Ley de Propiedad Inmobiliaria por Pisos y Apartamientos) y no una persona jurídica o ente con la capacidad inherente para adquirir derechos y obligaciones, como es el caso de las sociedades mercantiles.

Es muy importante destacar que si bien por la ley antes referida, los condominios deben contar con un Administrador (persona natural o jurídica), cuyas facultades, podemos mencionar entre otras: cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Administración respectivo; dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Propietarios; representar en juicio a los propietarios en las acciones relativas a todo el inmueble, etc.; lo anterior, de ninguna manera, debe interpretarse que los condominios son especies de personas jurídicas, con capacidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones.

En virtud de lo anterior, siendo el Condominio un régimen de propiedad sujeto a un tratamiento especial, podemos afirmar que los mismos no tienen por si mismos una personalidad jurídica propia y, por ende, no debe concebirse que un régimen de propiedad, sea susceptible de adquirir derechos y obligaciones, no cumpliendo con la condición, de ser persona.

Ahora, cabe preguntarnos, si la legislación salvadoreña no reconoce en los condominios una capacidad jurídica por sí mismos, ¿Cómo puede llevarse a cabo todo acto jurídico relativo a los condominios?

Con la ausencia o el reconocimiento de la personalidad jurídica de los Condominios, trae diferentes consecuencias y dificultades en la práctica, repercutiendo en todos los ámbitos, tales como: contratación de servicios para el mantenimiento del inmueble sometido bajo régimen de condominio; apertura de cuentas bancarias con las instituciones financieras del país; contratación de empleados al servicio y administración del condominio; contratación de empréstitos o financiamientos; etc.

De acuerdo a la Ley de Propiedad Inmobiliaria por Pisos y Apartamientos, los propietarios tienen a su cargo en proporción al valor de sus pisos o apartamientos (salvo convenio en contrario), los gastos relativos a las cosas comunes del inmueble, el pago de las primas de seguros, pago de impuestos fiscales o municipales y, en general todo otro gasto indispensable para mantener en buen estado las condiciones de servicio, seguridad, comodidad y decoro; teniendo además, la Asamblea de Propietarios, la administración y conservación de las cosas comunes de los inmuebles y demás facultades que les confiera el Reglamento de Administración respectivo.

En la práctica, un desarrollador de un proyecto inmobiliario o los propietarios en comunidad del inmueble, han optado por distintas alternativas para hacerse representar y valer sus derechos y obligaciones que repercuten sobre el condominio, ante la ausencia de una personalidad jurídica propia y es, la delegar en el Administrador, sea una persona natural o jurídica, las facultades de un apoderado (amplísimas o con limitaciones), para hacer valer los derechos y contraer obligaciones de los propietarios sobre el condominio.  

Asimismo, por lo general, los condóminos o desarrolladores de proyectos inmobiliarios, forman personas jurídicas, tales como una Asociación sin fines de lucro (sujeta a las disposiciones de la Ley de Asociaciones sin fines de lucro) o bien, la conformación de Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS) o en algunos casos, hasta sociedades mercantiles y, a través, de estas entidades, dan una solución legal, para hacerse representar ante terceros o bien, estos últimos puedan ejercer alguna acción legal en contra de los condominios.

Ante estas alternativas, se vuelve necesario adaptar o crear una figura o mecanismo en la ley, para que los propietarios puedan hacerse representar (sea el tipo de Condominio: residencial, comercial o mixto), que permita (con la debida seguridad jurídica), resolver la problemática que se presenta al no tener el condominio personalidad jurídica propia y, así se brinde una solución para la interacción eficiente y jurídicamente viable frente a terceros y con sus propietarios; a manera de ejemplo, obligando por ley a los condominios, a la formación de una entidad para que puedan a través de la misma, adquirir derechos y contraer obligaciones, para lo cual, merecería un análisis sobre cuál de las anteriores figuras ya mencionadas, es la más propicia para ello.

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Desafíos e impactos de la normativa antilavado en los sectores económicos de El Salvador

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Escrito por: Karla Barrientos | AMLCA FIBA| Máster en Cumplimiento y Riesgos| Abogada y Notario| Gerente de Cumplimiento en Grupo Dueñas

Introducción

En el marco global de combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, El Salvador ha implementado reformas legislativas significativas para alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas reformas, incluyendo la «Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva» y las modificaciones al instructivo de la Unidad de Investigación Financiera, representan un progreso significativo en la prevención de delitos financieros, planteando desafíos particulares y oportunidades para los sectores económicos de El Salvador.

Contexto Legal y Regulatorio

La reciente legislación establece un marco integral para la prevención, detección y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Extiende su alcance a sujetos obligados adicionales, más allá de las entidades financieras tradicionales, como empresas de tecnología financiera (Fintech), casinos e inmobiliarias, entre otros. Estos actores están ahora requeridos a implementar medidas de debida diligencia y reportar operaciones sospechosas, ampliando el ámbito de supervisión y control en la prevención del lavado de activos.

Desafíos en la Implementación de la Normativa

Un desafío primordial es la capacitación y adaptación de los sujetos obligados. Las instituciones necesitan crear y/o ajustar sus sistemas de gestión de riesgos y procedimientos internos para cumplir con los nuevos requerimientos. La colaboración entre los sectores público y privado es vital para una implementación efectiva.

El sector bancario, aunque ya acostumbrado a regulaciones estrictas, debe fortalecer sus sistemas de monitoreo y reporte. El sector inmobiliario y las empresas Fintech emergentes, con menos experiencia en este tipo de regulaciones, enfrentan retos considerables para adaptarse a estos nuevos requerimientos.

Impacto en las PYMES y el Sector Empresarial

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y el sector empresarial en general enfrentan desafíos notables y costos sustanciales en la adaptación a estas regulaciones, incluyendo la capacitación del personal y la inversión en tecnología necesaria para cumplir con las obligaciones de debida diligencia y reporte de operaciones reguladas y actividades sospechosas.

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) desempeña un rol fundamental como entidad supervisora, siendo esencial que, en colaboración con el sector empresarial, proporcione recursos educativos y asistencia técnica a las PYMES para facilitar su comprensión y cumplimiento de las normativas. Esta cooperación activa entre la UIF y el sector empresarial es clave para integrar estas medidas efectivamente, minimizando el impacto negativo en los recursos de las empresas.

Desafíos regionales en la lucha contra el lavado de dinero

Los desafíos en la lucha contra el lavado de activos en Centroamérica varían entre países. Mientras El Salvador trabaja en adaptar su legislación y prácticas a los estándares internacionales, se observan diferencias en la denominación y en los aspectos normativos del delito en naciones como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, y Guatemala (Zúñiga et al., 2022). Además, la normativa regional ha evolucionado para abarcar un espectro más amplio de actividades delictivas relacionadas con el lavado de activos. Estas diferencias resaltan la importancia de fortalecer la cooperación regional y desarrollar un enfoque coordinado y eficaz en la lucha contra el lavado de activos.

Tecnología y Cumplimiento: Herramientas Clave

El enfoque basado en el riesgo, respaldado por tecnologías avanzadas como el análisis de datos y la inteligencia artificial, facilitaría una gestión efectiva y adaptable de los desafíos en diversos sectores económicos. Este enfoque ayudaría a las entidades financieras a realizar análisis de transacciones de manera minuciosa y precisa, identificando patrones indicativos de actividades ilícitas. Aunque la inversión inicial en tecnología puede ser desafiante para las PYMES, es fundamental para su adaptación a los regímenes regulatorios y la mitigación efectiva del riesgo de lavado de activos. Este enfoque tecnológico promovería la transparencia y fortalecería la seguridad en el sistema económico, mejorando la confianza de los clientes y aumentando la capacidad de las instituciones para responder proactivamente a los desafíos regulatorios y operativos.

Impacto Social y Económico

La implementación de estas regulaciones tiene el potencial de fortalecer la economía a largo plazo, fomentando un entorno seguro y confiable para la inversión y el desarrollo empresarial. En el ámbito social, estas medidas contribuirían a la integridad del sistema financiero y facilitación de la prevención de actividades delictivas. Sin embargo, aunque la creación de un sistema financiero más seguro y transparente es atractivo para los inversores, los costos adicionales y la complejidad del cumplimiento pueden ser percibidos como barreras, especialmente por aquellos no familiarizados con estas regulaciones.

Conclusión

La legislación antilavado en El Salvador constituye un paso esencial hacia la integración en la economía global y la adopción de prácticas financieras internacionales. A pesar de los desafíos iniciales, en particular para el sector bancario y las PYMES, las oportunidades a largo plazo son considerables. Un enfoque en la digitalización y la colaboración entre el sector privado y las autoridades puede mitigar estos desafíos y maximizar los beneficios. La adaptación exitosa a estas normativas no solo cumplirá con las obligaciones legales, sino que también impulsará el desarrollo económico sostenible y fortalecerá la confianza en el sistema financiero salvadoreño.

Referencias:

  • Zúñiga, S., Velasco Núñez, E., Castro Rivera, A. F., & Roma Valdés, A. (2022). Principales desafíos del lavado de activos en Centroamérica. Programa El PAcCTO, Edición no venal, Madrid, julio de 2022. Recuperado de www.elpaccto.eu
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El Estado de cosas inconstitucionales y el rol del legislador negativo

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Escrito por: Leonardo Gallegos García – Abogado Constitucionalista

El Estado de Cosas Inconstitucionales – en adelante ECI – es una institución jurídica implementada por los tribunales, cortes y salas constitucionales, que consiste en la declaratoria de inconstitucionalidad de una situación que se manifiesta en un estado de cosas grave, atentatorio al derecho, cuando de manera sistemática, estructural y prolongada en el tiempo hay una multiplicidad de violaciones de derechos fundamentales de un conjunto indeterminado o masivo de personas que se ven vulnerados, en un país o región de un país; resultado de la insuficiencia de la tutela u omisión de satisfacción de los derechos fundamentales por parte de distintas autoridades.

Esta falta de satisfacción de derechos se da a partir de la falta de implementación de políticas públicas, leyes, decisiones y/o asignaciones presupuestarias para poblaciones o situaciones que así lo requieren por ser de interés nacional.

Una de las características más importantes de esta forma de “declaratoria” es que está dotada de efectos generales y abstractos con la finalidad de evitar una saturación del sistema judicial y que además figura como una orden directa para las autoridades para que estas lleven a cabo una superación de las situaciones que aquejen estos derechos, dentro de un plazo razonable.

La figura del ECI, nace como una respuesta de los tribunales constitucionales a las graves y articuladas violaciones a derechos fundamentales, derivadas de la insatisfacción de las disposiciones constitucionales en contraste con la realidad normada, es decir, para que exista dicha declaratoria, debió existir una ineficacia en la aplicación de los preceptos constitucionales; esto en la doctrina suele denominarse como deconstitucionalización o desvalor de la Constitución, en el sentido que, si bien existe un reconocimiento de la obligatoriedad de la norma constitucional, además de su vigencia, su contenido normativo se ve minimizado a lex imperfecta o letra muerta, puesto que ninguna autoridad realmente la hace valer en sus acciones. 

Otra de las características más notorias, en este tipo de declaratoria de ECI, es la desfiguración de la cual fueron dotados los efectos de las sentencias originarias, puesto que los procesos suelen iniciar – usualmente – con particulares identificables; en consecuencia, deberían ser estos ciudadanos los tutelados. 

No obstante, las justificaciones que se ha tomado de parte de los diferentes tribunales que han hecho uso de la institución del ECI en un proceso constitucional es que se debe tomar en cuenta la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, lo cual sí permite una transición de los efectos de las sentencias, aun siendo inter-partes a la generalidad de la población.

La dimensión objetiva de los derechos fundamentales con respecto a los efectos de las sentencias consiste en el establecimiento de los derechos como “principios” rectores del actuar de la administración pública; superando esa noción “inter-partes” cuando especialmente son identificables esas situaciones en otros casos. 

Si bien suele comprenderse que estos efectos se limitan a la jurisdicción constitucional, no es posible negar que los jueces de la república eventualmente pueden emitir sentencias estructurales que superen los efectos de las partes.  

El legislador negativo 

La expresión «legislador negativo» es una noción que suele utilizarse en el derecho constitucional para referirse a las salas, cortes y tribunales constitucionales o tribunales supremos; en cuanto a que estos en sus facultades de declarar inconstitucional, anular, dejar sin efecto y/o expulsar del ordenamiento jurídico una normativa, tienen facultades legislativas ocultas o mejor dicho encubiertas. Puesto que también tienen las facultades de ordenar la modificación de todo un sistema jurídico “legislando”.

Ahora bien, la noción de negatividad no está – necesariamente – relacionada con una visión «malvada o maquiavélica» del actuar judicial, sino que primigeniamente se fundamenta en la existencia de una entidad que también emite normativa dentro de un sistema legal, pero en lugar de crearla, la elimina que analógicamente – es lo mismo que se hace con una derogatoria de sede legislativa. 

Sin embargo, dicha noción no es exclusivamente atribuible a una mera característica del ente judicial de eliminar normativa; puesto que, dentro de la doctrina constitucional, también es dable dicha expresión, en ocasiones especiales a cierto actuar jurisdiccional cuando los jueces supremos en sus decisiones se caracterizan justamente por actuar en detrimento del verdadero espíritu constitucional y en contra de los derechos fundamentales y/o el sistema democrático. 

Dicho mecanismo de actuar logra desdibujar el verdadero sentido de la disposición normativa; a esto último se le suele llamar «mutación constitucional» que implica modificar, alterar o manipular el sentido del texto por medio de interpretaciones alejadas del verdadero sentido de las palabras.

Usualmente los sistemas políticos que se caracterizan por un alto activismo judicial suelen ser más proclives a prestarse a desfigurar el texto normativo. Esta situación puede observarse en los sistemas jurisdiccionales de Honduras y Colombia.

A pesar de que Colombia es un referente de excelencia a nivel latinoamericano en cuanto a sus decisiones, ha sido criticado en algunas ocasiones por tomarse atribuciones legislativas que realmente les competen a otros organismos ya sea al legislador mismo o al ejecutivo. 

Sin embargo, puede existir una salvedad y es la institución que atañe este título, que es realmente poco desarrollada a niveles de Centroamérica. El «Estado de Cosas Inconstitucional» suele ser la solución al Estado cuando ha fallado en absolutamente todas sus vertientes prestacionales, preventivas y reaccionarias a un problema social y que afecta en sobremanera el sistema constitucional mismo. 

Es justamente en ese momento en el cual los Tribunales Constitucionales deben tener la valentía, temple y valor de determinar las soluciones a problemas estructurales, por medio de – incluso – legislar por medio de las sentencias, eliminando disposiciones, reviviendo normativa derogada u ordenando se emitan políticas públicas, se asignen presupuestos a ciertos sectores sociales, etc. 

Habiendo mencionado lo anterior, vale la pena evaluar si estas nociones tienen algún antecedente en nuestro país. Al respecto puede estudiarse varios casos que tienen relación con dichas instituciones, por citarse los ejemplos más emblemáticos y concretos: 

  1. El Caso del Hacinamiento Carcelario (Habeas Corpus 119-2014), en dicha ocasión la Sala declaró que existía un Estado de Cosas Inconstitucionales por el hacinamiento que existía para las personas privadas de libertad, haciendo una multiplicidad de órdenes en su parte resolutiva a distintas autoridades que efectuaran el abordaje integral e inmediato de la situación y;
  2. El Caso de los Desplazados Forzosamente (Amparo 411-2017) en el que igualmente se declaró un Estado de Cosas Inconstitucionales por la existencia de una situación grave, derivada de la violencia estructural, para el abordaje de las personas que eran desplazadas desde sus lugares de orígenes. 

Pueden mencionarse otros casos que han tenido efectos similares, no obstante, estos son los únicos dos casos a nivel nacional en que se ha dictado en toda la historia jurídica concretamente un ECI. 

Las críticas pueden ser positivas y negativas puesto que se pone en tela de duda la separación de funciones orgánicas, no obstante, teniendo la debida precaución en la actividad judicial que se efectúa y teniendo en consideración que, si los tribunales constitucionales como máximos garantes de los derechos fundamentales no hacen nada, nadie lo hará; puede legitimarse dicha institución jurídica.

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Centroamérica enfrenta desafíos y oportunidades económicas en 2024

EXOR Estructuradores Financieros ha publicado un informe de perspectivas económicas para la región, que destaca las fortalezas y áreas que deben atender las naciones centroamericanas, de cara a los retos económicos que presenta este año.

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En el informe detallado titulado “Centroamérica, región de oportunidades: Perspectivas 2024”, publicado por EXOR Estructuradores Financieros, se explica que la región afronta un panorama complejo pero esperanzador para la región centroamericana en el presente año. A pesar de las adversidades globales y regionales, como las crisis ambientales, la inflación persistente, y las dinámicas desafiantes del mercado internacional, Centroamérica se mantendrá en una ruta de crecimiento moderado, aunque con cierta desaceleración en comparación con años anteriores.

El vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros, César Addario Soljancic, destaca que “Centroamérica verá reducido su ritmo de crecimiento para 2024, en gran medida debido a efectos externos como las crisis ambientales y las fluctuantes dinámicas del mercado internacional”. No obstante, subraya el dinamismo de la región y la necesidad de abordar desafíos específicos para mantener la estabilidad económica y el desarrollo sostenido.

El informe resalta que, mientras Costa Rica lideró el crecimiento de las exportaciones en 2023 con un 17.1%, se espera que, en 2024, países como El Salvador, Guatemala, y Costa Rica vean un aumento en sus exportaciones, lo cual es un indicador positivo de recuperación y fortalecimiento económico.

En términos de calificaciones de riesgo, Guatemala, El Salvador, y Costa Rica experimentaron mejoras durante 2023, reflejando un ambiente económico más estable y prometedor para atraer inversiones.

«Pese a los retos impuestos por el escenario global, Centroamérica muestra una notable vitalidad, impulsada por los esfuerzos en recuperar el comercio exterior en el contexto post pandemia, y las mejoras en las calificaciones de riesgo de la región, gracias a políticas fiscales sólidas y acuerdos estratégicos como el alcanzado por Honduras con el FMI», añadió Addario Soljancic.

El informe destaca una disminución prevista en las exportaciones acumuladas para 2023 en comparación con el año anterior, a excepción de Costa Rica. Los principales productos de exportación abarcan categorías como frutas, equipo médico, café, y prendas de vestir, siendo Costa Rica el líder regional con exportaciones que rondan los US$15,000 millones. A nivel de importaciones, Estados Unidos y China se posicionan como los principales socios comerciales, con Guatemala liderando las importaciones nominales cercanas a los US$30,000 millones.

En términos fiscales, se ha registrado un progreso notable en el aumento de ingresos en la región, superando diversos desafíos económicos globales. Se observa una disminución de los déficits fiscales ante un panorama internacional incierto, destacando la importancia de innovar en vehículos y estructuras financieras para la captación de fondos, con el apoyo de instituciones bilaterales y multilaterales.

Los niveles de deuda, mantenidos en rangos manejables, reflejan una disminución del riesgo percibido en países como El Salvador, Guatemala y Costa Rica, evidenciando una diversidad de situaciones económicas con mejoras sostenidas en indicadores fiscales.

Para 2024, EXOR proyecta un panorama de crecimiento con cautela. «La región continuará experimentando expansión, aunque a un ritmo moderado debido a impactos macroeconómicos como el conflicto Israel-Hamas, la crisis en el Mar Rojo y el cambio climático, esperándose un crecimiento promedio del 2.8%,» afirmó Soljancic. Con la inflación en descenso, se anticipa una reducción de las tasas de interés, lo que podría facilitar el acceso al financiamiento y estimular el consumo.

Proyecciones por país para 2024

Costa Rica lidera con un crecimiento esperado del 3.4%, gracias en parte a mejoras sostenidas en sus indicadores de rendimiento fiscal.

Guatemala, la mayor economía de la región, espera un crecimiento del 3.3%, aunque enfrenta desafíos debido a la desaceleración económica global.

Honduras muestra estabilidad económica con una proyección de crecimiento del 2.7%, destacándose por sus sólidas bases fiscales y la estratégica ubicación geográfica.

Nicaragua y El Salvador proyectan crecimientos de 2.1% y 1.9%, respectivamente.

Desafíos y oportunidades

El Salvador ha mostrado resiliencia al regresar a sus niveles de crecimiento promedio previos a la pandemia de COVID-19, gracias a estrategias como el pago de eurobonos. Costa Rica, por su parte, ha logrado mejorar sus indicadores fiscales y de riesgo, colocando exitosamente emisiones de deuda y proyectando continuar esta tendencia en 2024.

La región, con su fuerte integración en comercio y cooperación, mantiene relaciones comerciales sólidas con países clave como Estados Unidos, China, y México. Su ubicación geográfica privilegiada la convierte en un punto de interés para la inversión extranjera directa, especialmente en un contexto donde el nearshoring gana relevancia.

A pesar de los vientos contrarios, Centroamérica se destaca por su capacidad de adaptación y las oportunidades que presenta para el desarrollo y la inversión. La región, según Addario Soljancic, “experimenta dinamismo y posee un panorama prometedor para 2024”. Sin embargo, es crítico abordar los desafíos específicos para cada país, asegurando así la estabilidad económica y el crecimiento sostenido en el futuro.

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Valores que transforman: La trayectoria de Almacenes Siman

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En el corazón de Almacenes Siman late un propósito claro y contundente: impactar positivamente en El Salvador. Como una de las empresas más reconocidas de la región, su compromiso con el desarrollo económico, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa es evidente en cada una de sus acciones. Desde su fundación, la familia Siman ha guiado a la empresa con valores arraigados en el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la integridad y la solidaridad.

Almacenes Siman, una empresa que ha tejido su historia en valores sólidos y un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. El propósito de Almacenes Siman no es simplemente hacer negocios; es construir un mejor país y mejorar la calidad de vida de las personas. La empresa se centra en el desarrollo económico, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa como pilares fundamentales para lograr este propósito. Desde sus inicios, Almacenes Siman ha sido guiada por valores arraigados en la familia, tales como Respeto, Responsabilidad, Honestidad, Integridad y Solidaridad.

La estrategia de Almacenes Siman en sostenibilidad se basa en tres pilares esenciales. En primer lugar, la empresa coloca a la familia como el núcleo de su responsabilidad social empresarial. La premisa es clara: la responsabilidad social comienza en casa, con los colaboradores. En segundo lugar, Almacenes Siman se compromete con la responsabilidad ambiental, adoptando prácticas eficientes y proactivas que impacten positivamente en el medio ambiente. Finalmente, la empresa se enfoca en cómo generar un impacto positivo en las comunidades donde opera.

Con más de 100 años de legado, Almacenes Siman tiene la mirada puesta en un futuro sostenible que perdure por al menos otros 100 años. La sostenibilidad es fundamental para alcanzar este objetivo. La empresa trabaja arduamente en cimentar valores no solo a nivel corporativo, sino en cada uno de sus colaboradores. La sostenibilidad, según la empresa, no es solo una etiqueta; es un compromiso arraigado en la cultura organizacional.

SIMAN lidera diversas iniciativas que reflejan el compromiso con la sostenibilidad en sus tres ejes: haciendo mejores familias, cuidando el medio ambiente e impactando positivamente en la comunidad.

El compromiso con la comunidad se refleja en colaboraciones con diversas fundaciones y organizaciones, como el Hospital Bloom, Ayúdame a Vivir, Fundación Si a la Vida, Emprepas, y la Asociación Síndrome de Down en El Salvador (ASAPAED). Además, Almacenes Siman ha desarrollado programas propios innovadores, como Compumóvil, que busca capacitar a jóvenes de escasos recursos en diversas habilidades, brindándoles oportunidades laborales y contribuyendo así a su desarrollo integral.

Almacenes Siman no persigue la construcción de mejores personas. El enfoque en valores es la esencia de la estrategia de la empresa, y la reputación es simplemente una consecuencia natural de esa filosofía. La empresa se enorgullece de ser reconocida no solo por sus resultados comerciales, sino por la calidad humana de sus colaboradores y el impacto positivo que generan en la sociedad.

La medición regular del clima organizacional, a través de encuestas bienalmente aplicadas en toda la región, es una herramienta clave para identificar áreas de mejora y satisfacer las necesidades de los colaboradores. La empresa utiliza estas opiniones y sugerencias para desarrollar planes de mejora continua y mantener altos niveles de satisfacción en el equipo de trabajo.

Las iniciativas de Almacenes Siman para destacar entre las empresas con el mejor clima laboral son diversas y centradas en el desarrollo integral de los colaboradores. La creación de la Universidad Corporativa UNIVERSIMAN y la implementación de programas para colaboradores en temas como educación financiera, manejo de estrés, salud mental, entre otros, que ofrecen oportunidades de crecimiento personal y profesional.

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PAILL: Transformando la salud y el bienestar en El Salvador

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En el corazón de Laboratorios PAILL late un propósito claro y contundente: «Cuidar la salud y el bienestar», tanto dentro como fuera de las empresas. Como destacada empresa farmacéutica con presencia en El Salvador, Centroamérica y el Caribe, su compromiso con la excelencia y la calidad es evidente en cada uno de sus medicamentos, fabricados con los más altos estándares.

Para PAILL, el propósito va más allá de una declaración; es una misión de salvar vidas y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Con un enfoque centrado en la salud, la empresa trabaja incansablemente, convencida de que su razón de ser es crucial para el bienestar general. La responsabilidad no solo es comercial; es un compromiso ético de contribuir a la salud y el bienestar de la comunidad.

La estrategia de sostenibilidad de PAILL es un enfoque integral que prioriza a sus colaboradores y tiene un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la columna vertebral de esta estrategia, buscando el equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y respeto al medio ambiente. PAILL entiende que ser una empresa exitosa va de la mano con contribuir al desarrollo sostenible.

PAILL cree firmemente en la suma de esfuerzos para generar grandes impactos. Su programa de RSE, «Así Construimos el Mañana», refleja el compromiso de la empresa con un mejor El Salvador. A través de proyectos en educación, salud, medio ambiente, público interno y comunidad, PAILL trabaja en colaboración con instituciones sin fines de lucro, la empresa privada y el sector público para llegar a más salvadoreños y centroamericanos.

En educación, la empresa ha invertido alrededor de $85,000 en becas para niños, jóvenes y universitarios. Este es un claro ejemplo del compromiso de PAILL con el desarrollo educativo de las nuevas generaciones, reconociendo la importancia de la formación académica en el crecimiento integral de la sociedad.

En el ámbito de la salud, PAILL realiza donaciones de medicamentos a diversas instituciones. Este gesto no solo demuestra la generosidad de la empresa, sino que también busca mejorar el acceso de la población a productos farmacéuticos de calidad, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida.

El posicionamiento de PAILL como una de las empresas farmacéuticas líderes en el país se atribuye a varios factores clave. En primer lugar, al excepcional trabajo en equipo, compromiso y excelencia de sus colaboradores. En segundo lugar, a la calidad que impregna todos los aspectos de la empresa, desde procesos internos hasta la fabricación de medicamentos. Y, en tercer lugar, a la visión social y ambiental que guía cada acción de la empresa.

El motor de PAILL es su gente, y por eso la empresa apuesta fuertemente al clima laboral. Reconociendo la importancia de sus colaboradores, PAILL invierte en su desarrollo y bienestar, fomentando un ambiente que promueve la productividad y el compromiso.

Dentro de las iniciativas para el clima laboral, PAILL ofrece becas para la educación de los hijos de sus colaboradores. Esta inversión en el futuro y el crecimiento integral de las familias de los empleados no solo fortalece los lazos entre la empresa y sus trabajadores, sino que también contribuye al desarrollo educativo de las nuevas generaciones.

Además, PAILL comprende la importancia de la salud mental en el entorno laboral. La empresa facilita herramientas y asesorías a sus colaboradores para abordar temas personales y mejorar la productividad. Este enfoque integral en el bienestar de los empleados refuerza la cultura organizacional de PAILL y se refleja en un clima laboral positivo.

PAILL demuestra que es posible ser una empresa exitosa y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. El éxito comercial y la responsabilidad social no son mutuamente excluyentes; más bien, se complementan y construyen un modelo de negocio sostenible a largo plazo.

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