Con 56 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó que el Gobierno suscriba un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de hasta $75 millones. Este financiamiento está destinado a la implementación del “Programa de Apoyo a la Movilidad Urbana Baja en Emisiones”.

El proyecto tiene como objetivo promover las acciones medioambientales del Gobierno orientadas hacia la movilidad urbana sustentable, segura, inclusiva y de bajas emisiones. Además, busca fomentar la sostenibilidad ambiental, minimizar los impactos de las fuentes móviles y contribuir al cumplimiento de las metas ambientales del país en foros internacionales.

El proyecto tiene como objetivo principal fomentar la electromovilidad, en línea con la prioridad del país de promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer las instituciones en el sector para aumentar su eficiencia.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos, una reforma a la Ley de Presupuesto 2024 para asignar $5,800,000 a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). Estos fondos serán utilizados para la adquisición de un inmueble donde se desarrollará un proyecto de nueva estructura de telecomunicaciones y tecnologías relacionadas.

Mauricio Ortiz, legislador, señaló que la SIGET es responsable del cumplimiento de normas y regulaciones del sector de electricidad y telecomunicaciones, además de su promoción. Ortiz destacó varios proyectos de la SIGET, como la provisión de conectividad en escuelas públicas, que contribuyen al desarrollo económico del país. «Estos proyectos estratégicos de innovación digital coadyuvan al desarrollo económico del país. Para seguir fortaleciendo esto, se necesita construir estructuras y otras tecnologías que continúen fortaleciendo el sector de electricidad y telecomunicaciones», afirmó Ortiz.

Los fondos destinados a la SIGET provienen de excedentes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).

La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos la reducción del período de prácticas jurídicas en la Procuraduría General de la República (PGR) de dos años a seis meses, equiparándolo con el tiempo establecido para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus dependencias.

Esta reforma al artículo 140 de la Ley Orgánica Judicial busca simplificar el proceso de acreditación para los aspirantes a la profesión de abogado.

Antes de la reforma, los practicantes en la PGR debían completar un período de dos años, mientras que aquellos en la CSJ realizaban sus prácticas en seis meses. La nueva disposición unifica ambos tiempos en seis meses, facilitando el proceso de formación profesional para los estudiantes de derecho.

«En la actualidad, la práctica jurídica desarrollada en diferentes instituciones de la Procuraduría General de la República tiene una duración de seis meses; ahora buscamos homologarla con las de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que los estudiantes agilicen los trámites y requisitos para su graduación», declaró el diputado Francisco Villatoro.

Quienes ya hayan comenzado sus prácticas bajo el sistema anterior podrán concluirlas de esta manera o acogerse a la nueva regulación, notificando esta decisión al Procurador General.

Luego de establecerse y definir cargos en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, su presidente, el diputado Ernesto Castro, anunció que se viene mucho trabajo con la próxima elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Castro reiteró que seguirán el mismo proceso empleado en anteriores elecciones de funcionarios de segundo grado.

Para el proceso de elección de los magistrados del TSE, actualmente, de las cinco magistraturas propietarias del TSE, una corresponde proponerla a Nuevas Ideas, una al FMLN, una a Arena, y dos a la Corte Suprema de Justicia, según la cantidad de votos obtenidos por estos partidos en la elección presidencial de 2024.

Los cinco magistrados propietarios y sus suplentes del TSE deben ser electos antes del 1 de agosto de 2024, mientras que los cinco magistrados de la CSJ deben ser electos antes del 23 de septiembre de 2023.

“Como ustedes saben, esta comisión le corresponde conocer sobre la creación de comisiones especiales, todas esas comisiones de investigación, de interpelaciones, de procesos de elección de funcionarios, como las que vienen en los próximos meses, como la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral que concluyen en el mes de julio de este año, y las elecciones de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, el cual corresponde a realizarla en el mes de septiembre”, recordó Castro.

Además, destacó que deben aprobar la elección del fiscal general de la República que inicia en enero de 2025 y del procurador general de la República en mayo de 2025. Castro reiteró que seguirán el mismo proceso para elegir a los nuevos funcionarios.

El proceso implica convocar a los candidatos propuestos para que se presenten ante la comisión, donde se les formularán preguntas, y posteriormente se emitirá un dictamen sobre su idoneidad para el cargo. La decisión final la tomarán los 60 diputados de la Asamblea Legislativa.

Inversiones Laguardia (Inverlag Hotels) ha lanzado la emisión de tokens destinados a financiar la construcción del hotel Hampton by Hilton. Este proyecto marcará un hito al convertirse en el primer hotel situado dentro del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

La venta pública de tokens comenzó el martes y se mantendrá abierta durante un mes. Durante este periodo, los interesados pueden adquirir el token 1 HILSV a partir de US$1,000. La meta de Inverlag Hotels es recaudar US$6.5 millones para financiar este proyecto, que incluirá 80 habitaciones distribuidas en cinco niveles y ocupará una superficie de 4,484 metros cuadrados.

El hotel estará ubicado en un terreno arrendado por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) dentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador, específicamente en las inmediaciones del centro comercial situado en el estacionamiento principal.

Esta emisión representa la segunda tokenización de activos en El Salvador. La primera, lanzada en enero de este año, consistió en activos digitales por un monto de $100 millones, garantizados por el precio de la fanega de soya.

La tokenización es una tendencia creciente en el país, proporcionando nuevas formas de inversión y financiamiento que aprovechan la tecnología blockchain para ofrecer mayor transparencia y accesibilidad.