La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia ha lanzado una campaña informativa con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial del país. La campaña busca resaltar la importancia de la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función judicial, alineándose con los principios establecidos en el Código de Ética Judicial.

La honestidad, pilar fundamental de la función judicial

Uno de los aspectos clave de esta campaña es la promoción de la honestidad como valor esencial en la conducta de jueces y juezas. 

Según el artículo 12 del Código de Ética Judicial, se establece que la honestidad es indispensable para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial y contribuir al prestigio del Órgano Judicial. De acuerdo con este principio, los magistrados deben evitar cualquier conducta que pueda generar dudas sobre su imparcialidad y legalidad en el ejercicio de sus funciones.

Prohibición de beneficios injustificados 

La campaña también pone énfasis en la prohibición de que jueces y juezas reciban beneficios fuera de los que les corresponden por derecho. En este sentido, el Código de Ética Judicial prohíbe expresamente que los magistrados se apropien o hagan un uso indebido de los recursos destinados al cumplimiento de su labor. 

Esta medida tiene como objetivo asegurar que las decisiones judiciales sean tomadas sin influencias externas o incentivos personales, garantizando así la justicia imparcial.

Transparencia en el ejercicio del cargo

La integridad de los jueces y juezas se extiende a su comportamiento en el ejercicio de su cargo, buscando siempre que no exista ni la más mínima interpretación de que se aprovechan ilegítimamente de la posición que ocupan. 

Los magistrados deben actuar de tal forma que ningún observador razonable pueda pensar que se benefician de manera irregular de las personas o los bienes bajo su administración.

Esta campaña informativa resalta, según la Corte Suprema, su interés en el buen accionar del sistema judicial para actuar con transparencia, justicia y sin corrupción, en un esfuerzo por consolidar un Órgano que sea modelo de honestidad e integridad. 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este jueves la segunda fase del proyecto turístico Surf City, una iniciativa clave para fortalecer el turismo y la economía en la zona oriental del país.

Esta nueva etapa de Surf City se desarrolla en la carretera hacia Punta Mango y abarca los departamentos de Usulután, San Miguel y La Unión. 

Durante la inauguración, Bukele resaltó la importancia de esta infraestructura para atraer visitantes nacionales e internacionales, consolidando a El Salvador como un destino de referencia en el mundo del surf y el turismo de playa.

Conectividad y modernización

El proyecto contempla la construcción de una carretera de 13 kilómetros con una inversión de $41 millones. Este tramo conectará 11 playas de los departamentos de San Miguel y Usulután, facilitando el acceso a diversas comunidades costeras. Además, la obra incluye siete puentes, diez paradas de autobuses, una ciclovía, iluminación y miradores, mejorando significativamente la infraestructura turística en la región.

“Estoy seguro de que Surf City 2 será una gran competencia para Surf City 1. Es positivo que, en lugar de competir con otros países, lo hagamos entre nosotros mismos, impulsando el desarrollo en todos los rincones del país”, afirmó el mandatario durante el evento.

Bukele destacó que Surf City 2 beneficiará a múltiples comunidades, distritos y municipios de San Miguel y Usulután. Asimismo, destacó que, con la futura finalización del Aeropuerto del Pacífico, la conectividad entre estas playas y otros puntos estratégicos del país se verá aún más fortalecida, generando mayores oportunidades económicas y turísticas para la zona oriental de El Salvador.

Luego de 13 años de gestiones y trámites, el proyecto habitacional Vistas 75 ha sido finalmente liberado y ha dado inicio con la colocación de la primera piedra. Este desarrollo, ubicado en el distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, estará a cargo de la empresa Esfera Inversiones y contará con una inversión de 45 millones de dólares.

Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), destacó la importancia de este proyecto para la dinamización de la economía y la generación de nuevas oportunidades de vivienda en una zona clave del país.
“En 2024 liberamos el proyecto Vistas 75, permitiendo que iniciara”, afirmó Rodríguez, resaltando el impacto positivo de la agilización de los procesos administrativos para el desarrollo urbano.

El complejo habitacional abarcará un área de construcción de 33,000 metros cuadrados y estará compuesto por cuatro torres de apartamentos, dos edificios de estacionamientos y extensas áreas verdes. En total, se proyecta la construcción de 200 unidades habitacionales, entre las que se incluirán residencias unifamiliares de cuatro habitaciones, así como apartamentos de dos, tres y cuatro habitaciones.

Este proyecto marca un hito para Mejicanos, que no había recibido una inversión inmobiliaria de esta magnitud en más de una década. Con su puesta en marcha, se espera mejorar la oferta habitacional en la zona y contribuir al crecimiento ordenado del área metropolitana de San Salvador.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) está evaluando el impacto de la imposición de un arancel del 10 % a las exportaciones de El Salvador hacia Estados Unidos, anunciada por la administración de Donald Trump y aunque hay nerviosismo en el sector, la postura es a la prudencia.

Jorge Arriaza, presidente de la ASI, señaló que la medida aún está en proceso de análisis, pero destacó que podría traer tanto efectos negativos como oportunidades para la economía salvadoreña.
“Estamos haciendo un análisis de las medidas, hay que tener un poco de tiempo para medir el impacto. La realidad es que esta es una medida de orden mundial”, declaró.

Arriaza explicó que otros países, como Nicaragua, han sido más afectados por los aranceles (18 %), lo que podría generar interés de inversionistas en trasladar operaciones a El Salvador.
Asimismo, resaltó que China, uno de los principales competidores de El Salvador en el mercado estadounidense, enfrenta un arancel del 25 %, lo que podría dar ventaja a las exportaciones salvadoreñas.

«El impacto en sí hay que medirlo por sector. Vamos a evaluar el efecto en alimentos y textiles, que implica ese 10 %. Pero también hay que ver que China tiene un 25 % de impuesto y era nuestro principal competidor en Estados Unidos, ahora sí tenemos una ventaja un poco más grande con el producto chino”, agregó Arriaza.

La ASI espera contar con un informe detallado a corto plazo para determinar cómo estas medidas afectarán a los distintos sectores productivos del país y cómo se podrían aprovechar las oportunidades que surjan a partir de esta nueva disposición comercial.

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, compareció ante la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa para exponer una propuesta de reformas a la Ley Orgánica Judicial.

Las modificaciones buscan optimizar el funcionamiento del sistema judicial mediante la conversión del Juzgado de Primera Instancia de Armenia y del Juzgado de lo Civil y Mercantil Pluripersonal de Sonsonate, además de ampliar la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco y del Juzgado de lo Laboral de Sonsonate.

Según el magistrado Quinteros Espinoza, esta propuesta permitirá redistribuir la carga de trabajo sin necesidad de nuevas sedes, aprovechando los recursos existentes en el departamento de Sonsonate y en los municipios de Jayaque, Sacacoyo y Tepecoyo, del departamento de La Libertad.

“La idea es optimizar la administración de justicia y mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía, garantizando un acceso más eficiente a los servicios judiciales dentro de un esquema de racionalización de recursos”, destacó Quinteros Espinoza.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos para fortalecer el sistema judicial y garantizar una atención más ágil a las demandas legales de la población.