Luego de aceptar las observaciones realizadas por Presidencia, en el Diario Oficial del ocho de mayo fue publicada la Ley Especial para la Reforestación, Forestación y Conservación de la Ruta Turística de Las Flores, una normativa que busca impulsar el turismo en la zona mediante la reforestación y restauración del paisaje.

Esta nueva ley promueve una serie de acciones destinadas a restaurar el paisaje floral de la Ruta de Las Flores, otorgándole mayor representatividad. La ruta turística abarca los municipios de Sonsonate, Nahuizalco, Salcoatitán, Juayúa, Apaneca, Concepción de Ataco y Ahuachapán. Con la plantación de 33 especies de árboles y flores a lo largo de los 43.3 kilómetros de la ruta, se espera revitalizar y embellecer esta importante zona turística.

La normativa también incluye la creación de viveros que permitirán la reproducción de las plantas que se integrarán en la zona turística. Este esfuerzo será apoyado por las alcaldías locales, las unidades ambientales y entidades autónomas, asegurando una colaboración integral para el éxito del proyecto.

La implementación de esta ley no solo busca mejorar el atractivo turístico de la Ruta de Las Flores, sino también fomentar la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de la región. La plantación de especies nativas en toda la ruta contribuirá a la biodiversidad y al embellecimiento del paisaje, haciendo de esta zona un destino aún más atractivo para turistas nacionales e internacionales.

La Asamblea Legislativa aceptó las observaciones realizadas por Presidencia a las reformas a la «Ley de Fomento e Incentivos para la Importación y Uso de Medios de Transporte Eléctricos e Híbridos». Las reformas fueron publicas en el Diario Oficial del siete de mayo

La principal reforma amplía la antigüedad permitida para la importación de vehículos eléctricos usados de tres a siete años, eliminando además la exigencia de que los vehículos usados deban tener una batería nueva.

Además, las reformas incluyen incentivos fiscales para la importación de centros de recarga. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte asumirá la responsabilidad de desarrollar e implementar la infraestructura de recarga en el sector público y privado, eliminando la restricción de que la comercialización de recarga sea exclusivamente para distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica.

La ley actual establece un arancel del 0% para la importación de vehículos eléctricos e híbridos nuevos, eximiéndolos del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (IVA) y del Impuesto Especial a la Primera Matrícula de Bienes. Para los vehículos eléctricos usados, la exención será del 25%, mientras que las bicicletas eléctricas estarán completamente exentas.

Además, las personas naturales o jurídicas que presten servicios de recarga eléctrica en centros correspondientes gozarán de una exención total del pago del Impuesto sobre la Renta durante diez años desde la fecha en que se generen dichos ingresos. Estas medidas buscan incentivar la infraestructura necesaria para apoyar la creciente adopción de vehículos eléctricos en el país.

En el Diario Oficial del siete de mayo fueron publicadas las reformas a la Ley de Notariado que establecen la obligación a los notarios de entregar documentos electrónicos, suscritos con firma electrónica certificada, de los libros de protocolo agotados o vencidos.

Según el considerandos de motivos, este cambio permitirá una conservación más eficiente y segura de los registros notariales, reduciendo significativamente los costos administrativos y el desgaste institucional asociados con el mantenimiento de archivos físicos.

Aunque los documentos electrónicos serán la norma, los notarios deberán conservar los libros físicos de protocolo durante 15 años.

Los documentos anexos que forman parte del protocolo físico también deberán ser digitalizados y presentados electrónicamente. Además, los notarios que no cumplan con las nuevas obligaciones no recibirán autorización para nuevas hojas de protocolo, y la Corte Suprema de Justicia tomará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento.

Los testimonios serán extendidos en documentos electrónicos con firma electrónica certificada, y se implementará un sistema de verificación tecnológica para validar la autenticidad de los documentos.

La Corte Suprema de Justicia establecerá los aranceles correspondientes a los servicios notariales, cuyos ingresos serán consignados en el Fondo General de la Nación. Las reformas serán implementadas de manera progresiva y se espera que su cumplimiento sea obligatorio en seis meses.

Además, se derogan ciertas atribuciones de los Jueces de Primera Instancia en lo Civil relacionadas con la Ley de Notariado, adaptándose a las nuevas disposiciones tecnológicas.

La Asamblea Legislativa aprobó con 59 votos la reducción del período de prácticas jurídicas en la Procuraduría General de la República (PGR) de dos años a seis meses, equiparándolo con el tiempo establecido para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus dependencias.

Esta reforma al artículo 140 de la Ley Orgánica Judicial busca simplificar el proceso de acreditación para los aspirantes a la profesión de abogado.

Antes de la reforma, los practicantes en la PGR debían completar un período de dos años, mientras que aquellos en la CSJ realizaban sus prácticas en seis meses. La nueva disposición unifica ambos tiempos en seis meses, facilitando el proceso de formación profesional para los estudiantes de derecho.

«En la actualidad, la práctica jurídica desarrollada en diferentes instituciones de la Procuraduría General de la República tiene una duración de seis meses; ahora buscamos homologarla con las de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que los estudiantes agilicen los trámites y requisitos para su graduación», declaró el diputado Francisco Villatoro.

Quienes ya hayan comenzado sus prácticas bajo el sistema anterior podrán concluirlas de esta manera o acogerse a la nueva regulación, notificando esta decisión al Procurador General.

La Comisión de Hacienda aprobó que se suscriba el contrato de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 75 millones a El Salvador para respaldar el «Programa de apoyo a la movilidad urbana baja en emisiones».

Este programa tiene como objetivo principal fomentar la electromovilidad, en línea con la prioridad del país de promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer las instituciones del sector para aumentar su eficiencia. Los organismos ejecutores del empréstito serán el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Transporte.

La firma del convenio se realizó entre el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, tras un proceso exhaustivo de negociaciones. El ministro Posada destacó la importancia de esta operación para los esfuerzos gubernamentales en materia de movilidad urbana, subrayando los beneficios que aportará al sistema de transporte y su contribución al impulso económico del país.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, reafirmó el compromiso del banco con el crecimiento sostenible e inclusivo en la región. Enfatizó que este tipo de operaciones demuestran la viabilidad de una transición hacia transportes más amigables con el ambiente, impulsando la economía mediante inversiones sostenibles que mejorarán la calidad de vida de los salvadoreños y su competitividad.