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El Salvador ya forma parte del Estatuto de Roma
Ayer, La Corte Penal Internacional (CPI) celebró la ceremonia de ingreso de El Salvador en su calidad 124 Estado Parte en el Estatuto de Roma.
La presidenta de la CPI Silvia Fernández entregó una edición especial del Estatuto de Roma, como símbolo de su compromiso conjunto a la embajadora de la República de El Salvador, Aída Luz Santos de Escobar.
En la ceremonia estuvieron presentes el presidente de la Asamblea de los Estados Partes (AEP) el ministro Sidiki Kaba, el vicepresidente de la AEP Álvaro Moerzinger, magistrados del CPI, representantes de la fiscalía del CPI y altos funcionarios de embajadas latinoamericanas y del Caribe.
También la presidenta del CPI dio las palabras de bienvenida al nuevo Estado Parte, “Si deseamos que el resto de los Estados del mundo se unan a la Corte Penal Internacional es importante que Estados y organizaciones los apoyen de manera activa. Con 124 Estados Parte, nuestro sistema se ha fortalecido pero todavía tenemos un largo camino que recorrer para alcanzar la universalidad. Sin participación universal, la Corte no puede cumplir su mandato global.”
La embajadora de El Salvador dijo al respecto “les expreso el intenso compromiso de la Misión Permanente de El Salvador a las labores de la Corte Penal Internacional a partir de hoy como nuevo Estado Parte y nuestro propósito por continuar con los esfuerzos con miras a alcanzar la plena universalidad del Estatuto de Roma”.
La ceremonia que se celebró en la nueva sede permanente de la Corte en La Haya (Países Bajos), también contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores Hugo Martínez, que a través de una videoconferencia expresó “Este instrumento al que nos adherimos, bajo la fiel convicción que tenemos, como una nación democrática, de continuar nuestra labor por la promoción de los derechos humanos, es para nosotros un importante llamado de atención y un disuasivo para que nunca más se cometan horrores como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la guerra y la agresión”, también Añadió que el Estatuto de Roma tiene un carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, lo que representa una garantía de no repetición de capítulos tristes en la historia salvadoreña.
Asimismo, reiteró que el compromiso de la nación por asegurar la consolidación democrática y el respeto a los derechos humanos, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992.
El 3 de marzo de 2016 la República de El Salvador había depositado el instrumento de adhesión al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y los instrumentos de ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión.
Los instrumentos depositados por El Salvador elevaron las cantidades de Estados Partes a 124 respecto del Estatuto de Roma, a 30 respecto de las enmiendas de Kampala sobre crímenes de guerra y a 28 respecto de las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión.
Un total de 142 profesionales del derecho fueron juramentados este miércoles en El Salvador y quedaron habilitados para ejercer la abogacía en sus distintas ramas.
La ceremonia marcó el ingreso formal de los nuevos abogados al ejercicio profesional. El acto estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Los profesionales asumieron el compromiso de cumplir las leyes y ejercer la defensa de sus representados con responsabilidad.
Preparación como requisito profesional
Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó la necesidad de mantener una formación jurídica sólida.
El magistrado llamó a los nuevos abogados a fortalecer sus conocimientos sobre teoría del derecho, principios generales y jurisprudencia.
También mencionó la importancia de conocer las decisiones de tribunales nacionales y extranjeros.
“Los exhorto este día a estar preparados con conocimientos sólidos en la teoría del derecho”, afirmó Mejía.
El funcionario vinculó esa preparación con el compromiso asumido durante la juramentación.
Participación de magistrados
En el acto participaron magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y miembros de la Comisión de Abogacía y Notariado.
Entre ellos estuvieron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
También asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.
Legal
Corte Suprema fortalece capacitación judicial para valorar pruebas en casos de violencia contra mujeres
El sistema judicial de El Salvador concluyó una formación especializada sobre valoración de pruebas con enfoque de derechos humanos para mejorar la atención de casos de violencia contra mujeres.
La capacitación se desarrolló durante seis jornadas y reunió a jueces, colaboradores judiciales y personal del Instituto de Medicina Legal.
También participaron profesionales de equipos multidisciplinarios que atienden a mujeres en distintas zonas del país.
La actividad abordó criterios técnicos para valorar pruebas testimoniales y periciales especializadas. Además, incluyó análisis sobre la respuesta judicial en contextos de desigualdad y discriminación.
La Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proceso de formación.
El objetivo es mejorar la valoración de pruebas
Durante las jornadas, los participantes intercambiaron experiencias y revisaron criterios para fortalecer las decisiones judiciales.
La formación también buscó mejorar la respuesta de las jurisdicciones especializadas en violencia contra las mujeres, familia y paz.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional Luis Javier Suárez Magaña destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en las resoluciones judiciales.
Según el funcionario, las decisiones deben contar con fundamentos jurídicos y evitar prejuicios y estereotipos.
Cooperación internacional respaldó el proceso
En la actividad participaron representantes de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y de Canadá.
También asistió Ximena Díaz, coordinadora de proyectos de Abogados Sin Fronteras Canadá.
Al cierre del proceso, Díaz recibió un diploma de reconocimiento por el apoyo de esa organización a la capacitación.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios judiciales y especialistas que intervienen en casos relacionados con mujeres.
Un curso especializado sobre extradición concluyó en El Salvador con la participación de profesionales de seis países, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos jurídicos.
La capacitación abordó el papel de la extradición en la lucha contra la delincuencia nacional y transnacional. También buscó fortalecer las capacidades legales de los participantes.
Profesionales de Chile, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay participaron en el programa. Todos cuentan con experiencia activa en procesos relacionados con la extradición.
Durante las sesiones, los especialistas analizaron los procedimientos aplicados en sus respectivos países. Además, revisaron los requisitos establecidos en tratados y legislaciones nacionales.
El programa incluyó temas como estándares probatorios, motivos para denegar una extradición y documentos necesarios. También abordó las distintas etapas de estos procedimientos.
Intercambio de experiencias entre sistemas judiciales
La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Personal Judicial en el Extranjero (OPDAT) y el Departamento de Estado de Estados Unidos desarrollaron el curso.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó el intercambio de experiencias entre los participantes.
“Compartir experiencias, identificar desafíos comunes, encontrar soluciones y desarrollar buenas prácticas” contribuye, según Mejía, a mejorar los sistemas de justicia.
El funcionario también señaló que la formación busca fortalecer las competencias de los profesionales para el desempeño de sus funciones.
Participación de magistrados salvadoreños
El acto de clausura contó con la presencia de Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal.
Además, Roberto Carlos Calderón, magistrado de esa misma Sala, participó directamente en el curso especializado.
La actividad cerró así un programa centrado en los aspectos jurídicos y prácticos de la extradición entre países con distintos marcos legales.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador convocó a abogados interesados en obtener autorización para ejercer como ejecutores de embargo.
La convocatoria está a cargo de la Sección de Investigación Profesional, que publicó una guía con los requisitos y pasos para iniciar el trámite.
Estos son los requisitos para ejercer
La Ley Orgánica Judicial establece que solo podrán ejercer esta función quienes reciban autorización de la Sección de Investigación Profesional.
Entre los requisitos figura ser salvadoreño y abogado de la República. Además, los aspirantes deben demostrar moralidad y competencias notorias.
También deben aprobar un examen de suficiencia para ejercer como ejecutores de embargo.
El proceso incluye además la presentación de una fianza por un año.
La garantía debe cubrir hasta cinco salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios.
El interesado debe presentar esa fianza ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia.
La ley establece quiénes no pueden ejercer
El artículo 107 de la Ley Orgánica Judicial establece varias causas de incapacidad para desempeñar esta función.
La norma incluye a personas ciegas, mudas o sordas, así como a quienes tengan una discapacidad mental.
También excluye a personas condenadas mediante sentencia firme por un delito doloso.
Esta restricción se mantiene durante el periodo establecido en la sentencia, incluso si la persona cumple una medida de libertad restringida.
La Corte publicó una guía para el trámite
La Sección de Investigación Profesional recomendó a los abogados revisar la guía antes de iniciar el proceso de autorización.
El documento advierte que cualquier demora derivada del incumplimiento de los requisitos será responsabilidad del interesado.
Los abogados pueden realizar consultas sobre el trámite mediante el correo de la Sección de Investigación Profesional: investigacion.profesional@oj.gob.sv.
Legal
Nuevo Consejo Nacional de la Judicatura inicia funciones este martes para el período 2026-2031
Los siete consejeros propietarios y siete suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador comienzan este 22 de septiembre un mandato de cinco años.
La Asamblea Legislativa eligió y juramentó a los 14 integrantes el 17 de septiembre, después de analizar las candidaturas presentadas por distintos sectores vinculados con el sistema de justicia.
El nuevo período concluirá el 21 de septiembre de 2031, según el decreto legislativo que formalizó la elección.
Los propietarios y suplentes
El grupo de consejeros propietarios está integrado por Santos Guerra Grijalba, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez y Alexander Efraín Ticas Navarro.
Los tres representan al gremio de abogados en el ejercicio libre de la profesión.
Luis Alonso Ramírez Menéndez representa a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.
Verónica Lisseth González Penado representa a las universidades privadas. Miguel Ángel Calero Ángel corresponde al Ministerio Público.
Por el sector de jueces y magistrados fue elegido Omar Alexander Hernández.
Los suplentes son Eduardo Antonio Pérez Hernández, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, Manuel Alexander Guevara Hernández, Elías Alexander Mejía Merlos, María Francisca Leiva Rodríguez, Jennifer Isa Mansell García de Vásquez y Nelly Edith Posas Henríquez.
Cuatro de los siete propietarios ya integraban el Consejo Nacional de la Judicatura y fueron elegidos para un segundo período. Se trata de Santos Guerra Grijalba, Luis Alonso Ramírez Menéndez, Verónica Lisseth González Penado y Miguel Ángel Calero Ángel.
El proceso comenzó con 41 aspirantes
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó a 41 profesionales durante siete jornadas realizadas entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre (fueron 42, pero uno se retiró).
Los diputados revisaron sus hojas de vida, trayectoria profesional, formación académica y propuestas de trabajo. También verificaron el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.
La comisión emitió posteriormente un dictamen favorable para someter las candidaturas a votación del pleno legislativo.
La Asamblea eligió a los integrantes mediante votación nominal y pública y luego procedió con su juramentación.
Una institución con funciones sobre jueces y magistrados
El Consejo Nacional de la Judicatura cumple un papel central dentro del sistema judicial salvadoreño.
Entre sus atribuciones está proponer candidatos para cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras y jueces de distintas instancias.
Además, el organismo evalúa periódicamente el desempeño de jueces y magistrados.
También desarrolla programas de formación mediante la Escuela de Capacitación Judicial, dirigida a funcionarios y empleados del sector.
Por ello, el nuevo pleno tendrá bajo su responsabilidad procesos relacionados con selección, evaluación y capacitación de funcionarios judiciales durante los próximos cinco años.
Representación de distintos sectores jurídicos
La composición del Consejo Nacional de la Judicatura incorpora representantes de cinco sectores vinculados con la administración de justicia.
El gremio de abogados ocupa tres puestos propietarios y tres suplentes.
Los otros cuatro propietarios corresponden a la Universidad de El Salvador, las universidades privadas, el Ministerio Público y el sector judicial.
Esta estructura también se refleja en los suplentes designados para el nuevo período.
El CNJ y el sistema judicial centroamericano
La renovación del Consejo Nacional de la Judicatura ocurre dentro de un sistema judicial que mantiene vínculos institucionales con otros países de Centroamérica.
En la región existen organismos con distintas estructuras y atribuciones para la selección, formación, evaluación o administración de jueces y magistrados.
En El Salvador, estas funciones corresponden en buena medida al Consejo Nacional de la Judicatura, cuya base constitucional establece su participación en la selección y formación de funcionarios judiciales.
El nuevo pleno ejercerá sus funciones hasta septiembre de 2031, con responsabilidades que abarcan la selección de perfiles judiciales, evaluación de desempeño y capacitación profesional.
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