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EE. UU. pone fin al TPS para Honduras y Nicaragua tras 26 años de protección
Estados Unidos anunció oficialmente este lunes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua, una medida que afectará a unos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses que residían legalmente en el país norteamericano bajo esta figura migratoria desde finales de los años 90.
La decisión, publicada en el Registro Federal por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), establece que el programa expiró el pasado 5 de julio y otorga un plazo de 60 días —hasta principios de septiembre— antes de que cesen oficialmente las protecciones legales y los permisos de trabajo para los beneficiarios.
El TPS había sido otorgado originalmente en 1999 tras la devastación causada por el huracán Mitch, y desde entonces había sido renovado periódicamente por distintas administraciones. Sin embargo, el DHS justificó la cancelación al considerar que ya no existen las condiciones extraordinarias que motivaron la protección. En el caso de Honduras, por ejemplo, se citó el acceso generalizado a servicios básicos, como electricidad (93.2 %), agua potable (95.7 %) y saneamiento (83.8 %), así como el crecimiento de la inversión extranjera.
Reacciones desde Honduras
El Gobierno de Honduras, a través de un comunicado firmado por el canciller Javier Bu, lamentó la medida y reafirmó su compromiso con los connacionales afectados. “Desde el Gobierno reiteramos nuestro compromiso de velar por los derechos de nuestros compatriotas en el exterior, acompañarlos en este proceso y continuar abogando por soluciones permanentes que reconozcan su invaluable aporte”, indicó.
Además, recordó que Honduras ha realizado inversiones en infraestructura y ha trabajado para reducir la migración irregular. No obstante, la administración de Xiomara Castro reconoció que la cancelación representa un reto importante para miles de familias.
Posiciones divididas en EE. UU.
Grupos de defensa de los inmigrantes han criticado la decisión. Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Inmigración, señaló que se está despojando del estatus legal a personas que, durante más de 25 años, se han sometido a rigurosos controles migratorios cada 18 meses. “El TPS, como su nombre lo indica, es temporal, pero durante décadas se ha prolongado porque las condiciones en estos países no mejoraban lo suficiente”, escribió en X.
Por su parte, el DHS sostuvo en su comunicado que el programa “tiene un carácter temporal por naturaleza y debe revisarse periódicamente”.
Fin de una era migratoria
El fin del TPS para Honduras y Nicaragua se suma a otras cancelaciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, quien busca revertir varios programas migratorios heredados. La medida ha provocado incertidumbre entre los beneficiarios, que ahora enfrentan la posibilidad de perder su permiso de trabajo, ser deportados o iniciar costosos y largos procesos para obtener otro estatus legal.
Aunque algunos podrían calificar para otras vías migratorias, la mayoría enfrentará un futuro incierto. Para muchos de ellos, EE. UU. es el único hogar que han conocido en las últimas dos décadas.
Mientras tanto, tanto el gobierno hondureño como organizaciones civiles han instado a los afectados a buscar apoyo legal, evitar fraudes y acercarse a sus consulados para recibir orientación. Las consecuencias de esta decisión comenzarán a sentirse en los próximos meses, no solo en los hogares de los migrantes, sino también en la economía de sus países de origen, donde las remesas representan una fuente vital de ingresos.
El Compliance Summit 2026 reunió hoy en San Salvador a expertos y representantes públicos y privados para analizar los nuevos retos del cumplimiento.
El encuentro, organizado por la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham), abordó regulación, tecnología, integridad y gestión de riesgos.
Tecnología cambia la gestión de riesgos
Durante la jornada, los participantes analizaron el uso de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial en los procesos de cumplimiento.
Estas tecnologías permiten apoyar tareas como la debida diligencia, el monitoreo de operaciones y la detección de posibles riesgos de fraude.
Además, los expertos discutieron los cambios que enfrenta el sector ante nuevas exigencias regulatorias y sociales.
Integridad gana espacio en las organizaciones
El magistrado Héctor Nahun Martínez García, de la Sala de lo Constitucional, vinculó el cumplimiento con la confianza.
También destacó la necesidad de impulsar una cultura basada en ética, valores, integridad y respeto de las normas.
La magistrada Lidia Patricia Castillo Amaya participó en un panel sobre integridad como ventaja competitiva.
El magistrado José Ernesto Clímaco Valiente intervino en un conversatorio sobre el futuro del cumplimiento empresarial en El Salvador.
Sector público y privado intercambian experiencias
El foro reunió a representantes de instituciones públicas, empresas, especialistas legales y profesionales dedicados al cumplimiento.
Los participantes abordaron la prevención del lavado de dinero y activos, la lucha contra la corrupción y la gobernanza corporativa.
Asimismo, analizaron la cooperación entre organismos públicos y empresas para mejorar las prácticas de cumplimiento.
El programa incluyó conferencias, paneles y espacios de intercambio entre profesionales vinculados con la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
La inversión privada comienza a concentrarse en nuevos polos de desarrollo del Área Metropolitana de San Salvador, con 299 proyectos en dos corredores.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) identificó 173 proyectos entre La Libertad Sur y La Libertad Este. Además, registró otros 126 en San Salvador Oeste.
Los datos forman parte de un mapa de calor presentado por el director ejecutivo de la Opamss, Luis Rodríguez.
La Libertad concentra proyectos de uso mixto
El corredor entre La Libertad Sur y La Libertad Este reúne 173 proyectos privados, según el registro presentado.
Santa Tecla concentra 82 proyectos en La Libertad Sur. En La Libertad Este, Antiguo Cuscatlán suma 71, Nuevo Cuscatlán 16 y Zaragoza tres.
San José Villanueva completa el corredor con un proyecto identificado.
Rodríguez explicó que la zona registra una actividad importante, especialmente por proyectos de uso mixto desarrollados desde cero.
La Opamss busca aprovechar este crecimiento para impulsar las llamadas ciudades de 15 minutos. Este modelo acerca vivienda, empleo y servicios dentro de distancias reducidas.
Un distrito logístico toma forma en el occidente
El segundo eje se ubica en San Salvador Oeste, integrado por Apopa y Nejapa.
Ambos municipios suman 126 proyectos privados. Apopa concentra 107, mientras Nejapa registra 19.
En esta zona, la Opamss trabaja con el sector privado en el desarrollo de un distrito logístico.
La ubicación responde a factores como la topografía y la conectividad. Además, el proyecto se relaciona con inversiones públicas en carreteras, aduanas y facilitación del comercio.
La meta es convertir este sector en un centro de operaciones logísticas para el Área Metropolitana Ampliada.
La inversión supera los $7,126 millones
Los dos corredores forman parte de una cartera de 715 proyectos privados identificados por la Opamss.
La inversión liberada asociada a estos proyectos supera los $7,126 millones.
La institución busca cerrar el año con $9,000 millones en inversión liberada. Para ello, apuesta también por nuevos polos de desarrollo fuera del centro tradicional de San Salvador.
El mapa de calor forma parte de las herramientas de inteligencia territorial utilizadas para identificar las zonas donde crece la actividad privada.
Con información de Diario El Salvador
El Salvador registró un nuevo récord de demanda de energía el 20 de agosto, cuando el consumo máximo alcanzó 1,301 megavatios (MW).
Según el reporte de la Unidad de Transacciones (UT), el pico ocurrió a las 7:00 de la noche. La cifra superó los máximos registrados durante los meses anteriores.
El aumento coincidió con un período de altas temperaturas y una ola de calor registrada entre el 11 y el 20 de agosto.
La demanda eléctrica mantiene una tendencia al alza
La demanda máxima de potencia ha establecido nuevos récords de forma consecutiva durante 2026.
El 11 de marzo alcanzó 1,207 MW. Luego, subió a 1,242 MW en abril y a 1,286 MW en mayo.
En junio llegó a 1,288 MW y en julio alcanzó 1,297 MW. Finalmente, agosto elevó el máximo hasta los 1,301 MW.
Los primeros registros del año también mostraron incrementos. El 26 de enero la demanda llegó a 1,122 MW y el 16 de febrero alcanzó 1,153 MW.
Temperaturas superaron los 40 grados
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el 20 de agosto las temperaturas máximas oscilaron entre 30.5 y 40.3 grados Celsius.
La institución explicó que las altas temperaturas correspondieron al período canicular. Además, El Salvador enfrentó una ola de calor durante buena parte de agosto.
El fenómeno de El Niño también ha marcado las condiciones climáticas de 2026. Este fenómeno reduce las lluvias y puede favorecer períodos de sequía.
Generación térmica lidera el suministro
La demanda mensual de agosto cerró en 676.40 gigavatios hora (GWh). Esta cifra representa un crecimiento anual de 12.8 %.
La generación térmica aportó la mayor cantidad de electricidad durante el mes. El gas natural licuado suministró 226.91 GWh, equivalentes al 32.77 %.
Las plantas de búnker aportaron otros 181.24 GWh, con una participación del 26.17 %.
En tanto, la generación geotérmica aportó 106.72 GWh, equivalente al 15.41 %. La energía solar alcanzó 75.96 GWh, con 10.97 %.
La sequía reduce el aporte hidroeléctrico
La generación hidroeléctrica cubrió 59.80 GWh, equivalentes al 8.64 % de la demanda mensual.
La caída responde a los menores niveles de los embalses durante los períodos de sequía.
La energía eólica aportó 27.67 GWh, mientras las importaciones suministraron 12.45 GWh. Sus participaciones fueron de 4 % y 1.8 %, respectivamente.
Con información de Diario El Mundo
Noticias
Comité interinstitucional aprueba reglamento para reforzar la lucha contra el lavado de activos
El Salvador aprobó el reglamento que regulará el funcionamiento del comité encargado de coordinar las acciones estatales contra el lavado de activos y el financiamiento ilícito.
El Consejo Directivo del Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobó la normativa durante su primera sesión ordinaria.
La decisión establece el marco para organizar el trabajo del comité y coordinar las acciones de las instituciones que lo integran.
Entre los miembros del comité están los presidentes de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, Ernesto Castro y Henry Alexánder Mejía, respectivamente; el fiscal general, Rodolfo Delgado; y los ministros de Economía, el de Seguridad y el de la Defensa, María Luisa Hayem, Gustavo Villatoro y Francis Merino.
Nueva etapa para la coordinación estatal
El comité funciona como un organismo permanente de consulta y coordinación estratégica. Su objetivo es impulsar políticas, estrategias y planes para prevenir y combatir delitos financieros.
Además, debe promover una respuesta coordinada frente al financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con el reglamento, el Consejo Directivo inicia formalmente una nueva etapa de trabajo. La normativa define las bases para desarrollar las funciones asignadas al organismo.
El mecanismo también busca articular las acciones estatales con la normativa nacional y los compromisos internacionales de El Salvador.
Un sistema que reúne a varias instituciones
La estructura del comité permite reunir a instituciones con responsabilidades relacionadas con prevención, supervisión, investigación y persecución de delitos financieros.
Esta coordinación facilita el intercambio de información y la definición de acciones conjuntas frente a los riesgos asociados al lavado de activos.
Asimismo, el organismo puede proponer al Órgano Ejecutivo políticas y estrategias para fortalecer el sistema nacional de prevención.
El lavado genera riesgos para el sistema financiero
El lavado de activos permite ocultar o dar apariencia legal a recursos provenientes de actividades delictivas. Por ello, los sistemas de prevención buscan detectar operaciones y movimientos financieros sospechosos.
El financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva también requieren mecanismos de control y cooperación entre instituciones.
La aprobación del reglamento fija así las reglas internas para el funcionamiento del comité y formaliza su coordinación estratégica en estas áreas.
Legal
Corte Suprema refuerza prevención del lavado y pide a abogados y notarios conocer a sus clientes
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene su campaña de prevención del lavado de activos y recuerda a abogados y notarios sus obligaciones para detectar riesgos.
La institución destaca la importancia de la debida diligencia del cliente para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
La identificación permite detectar riesgos
La Corte explica que la debida diligencia permite identificar y verificar la identidad de los clientes. También ayuda a conocer sus relaciones profesionales y comerciales.
Además, los profesionales deben comprender el propósito de cada relación y determinar el origen de los fondos.
Con esa información, abogados y notarios pueden crear un perfil del cliente y establecer su nivel de riesgo.
La medida también permite gestionar los riesgos durante la relación profesional y detectar cambios que requieran mayor atención.
El nivel de riesgo define las medidas
La Corte establece tres niveles de debida diligencia, según el riesgo identificado en cada cliente.
La modalidad simplificada corresponde a clientes considerados de bajo riesgo. La estándar debe aplicarse a todos los clientes.
En cambio, la diligencia intensificada corresponde a personas consideradas de alto riesgo.
Entre ellas figuran las personas políticamente expuestas. En estos casos, los profesionales deben solicitar información adicional sobre la fuente de riqueza y el origen de los fondos.
Abogados y notarios tienen obligaciones específicas
La Corte recuerda que estos profesionales deben registrarse ante la Unidad de Investigación Financiera y ante la propia institución.
El trámite se realiza mediante la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción.
Asimismo, deben mantener registros y presentar los reportes de operaciones reguladas cuando corresponda.
También deben comunicar operaciones sospechosas, operaciones tentadas y actividades sospechosas, según las obligaciones aplicables.
La prevención busca cerrar espacios al dinero ilícito
La Corte señala que estas medidas forman parte del sistema nacional de prevención del lavado de activos.
El esquema también contempla el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La institución anunció que continuará difundiendo herramientas prácticas para facilitar que abogados y notarios apliquen las medidas preventivas en su actividad profesional.
Compliance Summit 2026 analiza nuevos desafíos para el cumplimiento en El Salvador
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Quinto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 165
Cuarto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 164
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Tercer episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 163
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