La Federación de Abogados de El Salvador (FEDAES) realizó este sábado la elección de sus candidatos para integrar el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), organismo responsable de la selección, capacitación y evaluación de jueces y magistrados del país.

La jornada se desarrolló en los 14 departamentos del país y, por primera vez, incorporó el voto electrónico. Además, contó con el apoyo del Tribunal Supremo Electoral para la distribución de papeletas y la transmisión de resultados.

Al cierre de la jornada continuaba el escrutinio para oficializar a los 18 candidatos más votados. Ellos conformarán tres ternas que serán enviadas a la Asamblea Legislativa, donde los diputados elegirán a los tres consejeros propietarios y sus respectivos suplentes para el período 2026-2031.

El proceso reunió a abogados en libre ejercicio

Según explicó el presidente de la FEDAES, Rey Nóchez, en la elección participaron abogados en libre ejercicio de la profesión. La normativa excluye a jueces, magistrados, integrantes de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría General de la República, docentes universitarios y profesionales inhabilitados.

En todo el país funcionaron 37 juntas receptoras de votos. San Salvador concentró diez centros de votación, la mayor cantidad entre los 14 departamentos.

Cada votante pudo seleccionar hasta 18 candidatos. Posteriormente, los aspirantes con mayor respaldo integrarán las tres ternas que serán remitidas al órgano legislativo.

Los más votados, según información preliminar

Según reportes periodísticos que citan a FEDAES, entre los candidatos más votados están Santos Guerra Grijalba, Karla Cecilia Roque de Rodríguez, Alexander Efraín Ticas Navarro, Sonia Aracely López Sandoval, Maritza Venancia Zapata Cañas, Edwing Armando Zeledón Hernández, Jaime Roberto Reyes Guzmán, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez y Rodrigo Alberto Aguirre Espinoza.

La participación superó las expectativas de la organización

El secretario de Comunicaciones de la FEDAES, Luis Mario Pérez Bennett, afirmó que la participación proyectaba superar la registrada en las elecciones de 2021.

El dirigente señaló que la federación promovió una amplia convocatoria entre el gremio jurídico y destacó que la jornada avanzó dentro de los plazos previstos. Al concluir la votación solo quedaba pendiente la oficialización de los resultados.

El organismo desempeña un papel clave en la administración de justicia

El Consejo Nacional de la Judicatura es una institución prevista en la Constitución salvadoreña. Entre sus principales funciones están seleccionar, capacitar y evaluar a jueces, magistrados y demás integrantes de la carrera judicial.

La integración del CNJ responde a un modelo de representación de distintos sectores del sistema de justicia. Además de los tres representantes de la FEDAES, participan un delegado de la Universidad de El Salvador, otro de las universidades privadas con carreras de Derecho, un representante del Ministerio Público y un delegado de magistrados y jueces.

La Corte Suprema impulsó la modernización del proceso

El acto electoral fue instalado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, junto con los magistrados de las cuatro salas del máximo tribunal.

La organización estuvo a cargo del Comité Electoral Judicial, integrado por representantes de asociaciones de jueces y de la Mesa Judicial, conforme a la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura.

La elección marcó un cambio en el procedimiento al incorporar, por primera vez, el voto electrónico. Este sistema permitió emitir el sufragio desde distintos puntos del país y facilitó la transmisión simultánea de los resultados, mientras el comité electoral mantenía el control del escrutinio final.

El proyecto Red de Cuidados y mapeo de servicios esenciales para mujeres, niñez y adolescencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concluyó su fase de grupos focales con una jornada realizada en Santa Ana, en el occidente de El Salvador.

La actividad tuvo como objetivo identificar las conexiones existentes entre instituciones y fortalecer los mecanismos de derivación de casos hacia entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que brindan atención a personas en condición de vulnerabilidad.

Herramienta busca mejorar la coordinación de los servicios

La iniciativa fue desarrollada por la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, dependencia de la CSJ, con el apoyo de la organización International Justice Mission (IJM).

Durante la actividad, la directora de la dependencia, Vanesa Leiva, explicó que la herramienta permitirá articular esfuerzos entre instituciones públicas y organizaciones sociales para facilitar una respuesta coordinada.

Según la funcionaria, el objetivo es que los servidores públicos puedan realizar una derivación adecuada de cada caso, de acuerdo con las necesidades específicas de las personas atendidas.

Participación de operadores del sistema de justicia

En el encuentro participaron jueces y personal encargado de atender a mujeres, niñas, niños y adolescentes en el departamento de Santa Ana.

Con esta última jornada, el proyecto concluyó el proceso de grupos focales previsto para recopilar información y fortalecer la red de atención. Los resultados servirán como base para consolidar mecanismos de coordinación entre las instituciones que prestan servicios esenciales a estos grupos de población.

Como parte de su compromiso con el bienestar de sus afiliados y sus familias, AFP CONFIA, en alianza con la Universidad de Sonsonate, pone en marcha el Programa de Asistencia Legal gratuita orientado a apoyar a personas que deben realizar trámites jurídicos necesarios para acceder a los beneficios establecidos en la Ley Integral del Sistema de Pensiones.

A través de este programa, los afiliados de AFP CONFIA y sus beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos serán referidos a la Oficina de Asistencia

Legal y Práctica Jurídica de la Universidad de Sonsonate, donde recibirán orientación, acompañamiento y seguimiento de sus procesos sin costo.

El programa está orientado a personas cuyos ingresos familiares no superen dos salarios mínimos y que sus procesos deban ser realizados dentro de las jurisdicciones de Sonsonate y Ahuachapán.

Entre los servicios legales disponibles se encuentran: procesos de aceptación de herencia, declaratorias de convivencia o unión no matrimonial, rectificaciones de partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción, declaratorias de incapacidad o tutoría, emisión de poderes, declaratorias de paternidad en personas adultas mayores y otros trámites vinculados al estado familiar.

Gracias a esta alianza ambas entidades colaborarán en actividades académicas y de formación, incluyendo cursos, capacitaciones y campañas educativas relacionadas con el Sistema de Pensiones, fortaleciendo la experiencia práctica de los estudiantes de ciencias jurídicas de la Universidad de Sonsonate.

AFP CONFIA proyecta ampliar este tipo de convenios con otras instituciones universitarias del país para extender el alcance del programa y brindar asistencia legal a más afiliados y beneficiarios en diferentes departamentos de El Salvador.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) desarrolló jornadas de capacitación sobre prevención de sobornos y gestión anticorrupción dirigidas a servidores públicos de sedes judiciales ubicadas en la zona oriental del país.

La actividad formó parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer una cultura de integridad y reforzar mecanismos internos para reducir riesgos dentro de la administración pública.

Las jornadas estuvieron coordinadas por la Unidad de Cumplimiento de la institución judicial y reunieron a empleados de diferentes dependencias.

Formación técnica busca mejorar la detección de riesgos internos

El oficial de Cumplimiento de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Edgardo Cornejo, dirigió las sesiones de trabajo y explicó los principales elementos de la norma internacional ISO 37001.

Durante la capacitación, el funcionario abordó procesos para identificar riesgos de soborno y aplicar medidas de control en las actividades institucionales.

Además, explicó la importancia de que cada servidor público desempeñe sus funciones con apego a las normas vigentes y los procedimientos internos establecidos.

Las autoridades también destacaron la necesidad de fortalecer mecanismos preventivos para reducir posibles actos irregulares.

Herramientas institucionales respaldan medidas de transparencia

La institución señaló que la Política Antisoborno y los instructivos internos forman parte de las herramientas utilizadas para prevenir riesgos dentro del sistema judicial.

Asimismo, indicó que estos instrumentos permiten fortalecer controles y mejorar los procesos institucionales.

Las medidas también buscan impulsar prácticas relacionadas con transparencia, cumplimiento normativo y prevención de actos indebidos dentro de las entidades públicas.

Acciones apuntan a reforzar la confianza ciudadana

La Corte Suprema de Justicia indicó que este tipo de iniciativas busca consolidar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Además, las autoridades señalaron que fortalecer la integridad institucional puede contribuir al funcionamiento de procesos más transparentes y al cumplimiento de estándares internacionales.

La capacitación forma parte de las acciones impulsadas por la institución para reforzar el conocimiento de los servidores públicos sobre prevención de sobornos y sistemas de control interno.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) impulsa un proyecto orientado a fortalecer la atención y acceso a servicios para mujeres, niñez y adolescencia sobrevivientes de violencia. La iniciativa se desarrolla con apoyo de la organización International Justice Mission, dedicada al fortalecimiento de sistemas de justicia y protección.

El proyecto denominado “Red de Cuidados y mapeo de servicios esenciales para mujeres, niñez y adolescencia” inició con la realización de dos grupos focales enfocados en mejorar la respuesta institucional y la coordinación entre entidades.

Las autoridades señalaron que el programa busca identificar servicios disponibles y fortalecer los mecanismos de atención a personas afectadas por distintos tipos de violencia.

Equipos judiciales analizan rutas de atención existentes

La actividad permitió revisar los mecanismos actuales de referencia y seguimiento de casos entre instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.

Además, los participantes evaluaron las conexiones existentes entre las entidades encargadas de brindar atención especializada.

El objetivo consiste en facilitar una respuesta más coordinada y reducir obstáculos en el acceso a servicios de apoyo.

Directorio interno busca agilizar procesos y seguimiento

El proyecto también contempla recopilar y organizar información mediante un directorio interno de servicios esenciales.

Las autoridades indicaron que esta herramienta permitirá mejorar la gestión de casos y fortalecer la coordinación entre instituciones participantes.

Asimismo, el sistema busca facilitar el acceso a información útil para quienes brindan atención directa a personas afectadas.

Iniciativa ampliará su alcance hacia otras regiones del país

En los primeros grupos focales participaron jueces y personal encargado de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en San Salvador.

Sin embargo, las autoridades informaron que el proyecto tendrá cobertura nacional y se desarrollará en diferentes zonas del país.

La iniciativa pretende ampliar la red de apoyo y fortalecer la capacidad institucional para responder a situaciones de violencia.