Descartan despidos masivos en el Órgano Judicial tras recorte de presupuesto para 2026, dicen principales sindicatos

Los principales sindicatos del Órgano Judicial descartaron despidos masivos de empleados judiciales, pese a la reducción de más de mil plazas en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para 2026. Las organizaciones sindicales aseguran que el ajuste responde exclusivamente a la eliminación de plazas vacantes o congeladas y no a la terminación de contratos del personal activo.

De acuerdo con datos oficiales, el Órgano Judicial pasó de tener 11,761 plazas asignadas en 2025 a 10,716 en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026, una disminución de 1,045 plazas. Sin embargo, los sindicatos coinciden en que esas posiciones no estaban ocupadas.

Roswall Solórzano, secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ), explicó que sostuvo una reunión con el presidente de la CSJ, Henry Mejía, en la que se le confirmó que la reducción corresponde a plazas vacantes, la mayoría congeladas desde el año pasado.

“No estamos hablando de despidos de personal, sino de que no se va a poder hacer más contrataciones. Ese es el verdadero problema”, afirmó Solórzano, al subrayar que ningún empleado en funciones perderá su trabajo.

El dirigente sindical señaló que el recorte tendrá como principal efecto una “economía salarial” para 2026, lo que se traducirá en la imposibilidad de otorgar aumentos salariales o mejorar prestaciones laborales. Los fondos ahorrados, dijo, no podrán reorientarse a otras áreas debido a las restricciones presupuestarias.

Reducciones en otras áreas

Además del ajuste en plazas, el presupuesto del Órgano Judicial contempla reducciones en otros rubros. Entre ellos destacan la suspensión o postergación de proyectos de infraestructura, como la construcción de nuevos centros judiciales, así como recortes en la compra de bienes y servicios y en la cuota de combustible. Estas medidas, según las autoridades judiciales, buscan contener el gasto y reducir costos como el pago de alquileres de inmuebles privados.

En la misma línea, Stanley Quinteros, secretario general del Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador 30 de Junio (SEJES), confirmó que tras reuniones con las máximas autoridades de la CSJ se les garantizó la estabilidad laboral de los más de 10,000 trabajadores judiciales.

“La mayor afectación será en el rubro de inversiones y en la compra de servicios. En cuanto a remuneraciones, la Corte siempre ha contemplado una cantidad importante de plazas congeladas, pero con el recorte presupuestario ya no se incluirán”, explicó Quinteros.

El dirigente sindical reiteró que la reducción no implica despidos, sino que “simplemente ya no se presupuestaron plazas que estaban congeladas”, muchas de ellas originadas tras renuncias voluntarias de empleados que se acogieron a programas de retiro institucional.

Por su parte, Reina Sigarán, secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales (SINEJUS), sostuvo que no existe temor entre el personal por la reducción de plazas, ya que estas no estaban ocupadas. Aunque reconoció que podrían darse ajustes hacia finales de año, aclaró que no hay una previsión inmediata de despidos.

Sigarán recordó que el presupuesto actual es comparable al de años anteriores. En 2021, la CSJ contó con una asignación de $341.7 millones y 10,602 plazas, cifras similares a las actuales en términos de personal activo.

Para 2026, la Asamblea Legislativa redujo en $164 millones el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto, el monto destinado a plazas pasó de $220.9 millones a $202.6 millones.

Pese al recorte, los sindicatos insisten en que la CSJ ha reiterado su compromiso de garantizar la estabilidad laboral y las prestaciones sociales y económicas históricas de los empleados del Órgano Judicial, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Medicina Legal.
Con información de LPG y Diario El Mundo