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“Debemos y podemos dignificar la manera de hacer política”; Eduardo Alvarenga.
Reformas al Sistema de Pensiones, así como a la Ley de Acceso a la Información Pública; son algunas de las modificaciones que él propone en su plataforma. El candidato del Partido VAMOS también propone beneficiar temas relacionados a mujeres, niños y adolescentes.
- ¿Cómo inició su vida política partidaria?
El año pasado (2020) el partido político Vamos hizo de conocimiento público la convocatoria para someterse a proceso de selección para optar a participar como candidatos a cargos de elección popular, mismo que se denominó: “Vamos por los Mejores”.
Al enterarme de dicha convocatoria, procedí a indagar sobre sus estatutos y funcionamiento interno, y me encontré con la grata sorpresa de ser coincidentes ideológicamente con mi forma de pensar y ver la realidad nacional e internacional; razón por la cual opte por presentar mi postulación y someterme al innovador concurso por oposición al que me he referido.
Al presentar mi postulación procedí a afiliarme a Vamos, iniciando con ello mi vida político partidaria.
- ¿Cuál es su principal motivación para optar por un cargo público?
Poner al servicio de las causas justas y beneficio de los más desfavorecidos en nuestra sociedad; los conocimientos, experiencia, trayectoria y vocación de servicio acumulados por bastantes años.
Soy un fiel convencido que debemos y podemos dignificar la manera de hacer política en El Salvador; donde se ponga al centro los intereses y reivindicaciones que favorezcan a la colectividad más necesitada que ha sido olvidada por quienes nos gobiernan.
- Desde su profesión, ¿qué aporte busca dejar o está dejando en la vida política del país?
Desde la Asamblea Legislativa y dada mi trayectoria en organizaciones de sociedad civil, comunitarias y sindicales, pretendo representar al más alto nivel los intereses de cuatro sectores poblacionales: jóvenes, trabajadores, mujeres y niñez. Buscaré desde el primer minuto de mi gestión impulsar reformas y nuevas normativas que les doten de protección real a sus derechos, y les empoderen en su ejercicio legítimo de cara a la colectividad social.
Otro aporte significativo que pretendo dejar es realizar una gestión austera, transparente y comprometida con el combate frontal a la corrupción; que coadyuve al esfuerzo por recuperar los recursos económicos desviados ilícitamente del erario público.
- ¿Qué limitaciones y principales obstáculos encuentra en la actual legislatura?
Lamentablemente en la actual legislatura ha existido falta de entendimiento en torno a temas de país que han derivado en ausencias normativas en temáticas tan fundamentales, como por ejemplo: el manejo integral y saneamiento del agua, una verdadera reconciliación nacional, reforma fiscal integral, entre otras.
- Para lograr los votos de la población, ¿Cuáles son sus principales temas de campaña?
Nuestra plataforma legislativa está enfocada en representar a 4 sectores poblacionales: juventud, trabajadores, mujeres y niñez; y además encuentra a su base 3 ejes transversales: educación, economía, transparencia y anticorrupción.
Junto con mi compañera de fórmula en la casilla 4 de candidatos a diputados por La Libertad, Xiomara Lazo, estamos definidos a ser la voz y representación de la clase trabajadora desde la Asamblea Legislativa; pues estamos sabedores y la población debe de estarlo también, de la grave crisis económica que se avecina, pero no permitiremos que sea sobre los hombros de la clase trabajadora sobre quienes recaiga el peso o consecuencias de ella.
En el sitio web https://alvarengamartir.com.sv podrán conocer el desarrollo pormenorizado de estas y el resto de propuestas que antes mencione; les invito a visitarlo.
- Mencione 3 reformas o iniciativas de Ley que presentará:
* Reforma al Sistema Previsional. Es innegable que las pensiones que se están entregando a quienes se jubilan son mínimas y por ende insuficientes para la satisfacción de sus necesidades; razón por la cual vamos a impulsar una reforma integral al referido Sistema, con el firme objetivo de solventar a la brevedad dicha realidad.
* Impulsaré reformas a la legislación laboral tendientes a garantizar mayor estabilidad laboral para la clase trabajadora, una mejora sustancial al aguinaldo y a otras prestaciones que se perciben.
* Potenciaré reformar la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, en el sentido que la prestación económica a percibir se mejore de 15 días de salario básico por año de trabajo que es actualmente, a 30 días de salario básico por año de trabajo; y además que el plazo de prescripción para reclamar el pago de la referida indemnización sea de 180 días en detrimento de los 90 días que está contemplado en la actualidad.
* Es imperante promover reformas legales tendientes a priorizar la inscripción y entrada en vigencia de los contratos colectivos de trabajo que se suscriben; pues los mismos son leyes vigentes y su contenido debe de ser cumplido prontamente.
* Presentaré una reforma integral a la legislación pertinente a la materia de seguridad y salud ocupacional, en la que se dote de fuerza vinculante a lo establecido por los comités de seguridad y salud ocupacional frente a los patronos, donde se priorice la adopción de las condiciones mínimas de resguardo al personal por sobre cualquier interés económico que se pudiera alegar.
Al interior de la Asamblea Legislativa:
* Reforma al Reglamento Interior, en el sentido exista un proceso con plazos perentorios razonables para que se emitan leyes una vez se presenta una iniciativa de ley en debida forma. No puede seguir quedando al libre albedrío y discrecionalidad de los tomadores de decisiones.
* Definir un proceso transparente y abierto al escrutinio público para que varias ONG y entidades privadas postulen para recibir recursos públicos provenientes del presupuesto asignado a la Asamblea Legislativa. En la actualidad lo que existe es un reparto político partidario de los mismos, sin ningún tipo de análisis técnico. Con ello buscaré que se garantice el apoyo debido a las entidades que realizan un trabajo real y efectivo con las poblaciones más vulnerables en nuestra Sociedad.
* Promover la adopción de un proceso de contratación de recurso humano basado en concurso de oposición, donde se valore los méritos, capacidades y profesión acorde al cargo que se postula. Las contrataciones de familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los legisladores no están permitidas.
De cumplimiento al exterior:
* Que los delitos de enriquecimiento ilícito no prescriban. Proponemos reformar el ultimo inciso del artículo 240 de la Constitución de la República con el objetivo de que en ningún momento los recursos públicos adquiridos producto de delitos, se vuelvan lícitos.
* Reformas a la Ley de Ética Gubernamental. Promoveremos la inclusión de más deberes éticos y prohibiciones éticas en el ejercicio de los cargos públicos; por ejemplo, el tema del nepotismo cruzado. También considero necesario que se incluya como parte del régimen sancionatorio la inhabilitación para postular a un nuevo cargo de elección popular para quien es objeto de una sanción ética.
* Ley Especial de Extinción de Dominio. Impulsaré reformas que doten de mayor fuerza a esta jurisdicción especializada con el objetivo de que en el menor tiempo posible se recuperen los recursos obtenidos de manera indebida y se orienten a la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población.
* Ley de la Función Pública. La Ley del Servicio Civil vigente en la actualidad data desde la década de los cincuenta, siendo necesaria la pronta adopción de una nueva normativa tendiente a la profesionalización del servicio público en nuestro país.
- ¿Cuál es su visión sobre el sistema democrático y la relación de poderes de El Salvador?
Soy un fiel convencido y defensor de la noción que debemos de respetar y hacer que se respete nuestro sistema democrático y el equilibrio de poderes en nuestro país, pues es a partir de ello que contamos con la garantía de que no se cometan abusos y arbitrariedades en contra de personas o sectores poblacionales que piensen de manera diferente que los grupos de poder hegemónicos.
- ¿Considera que la Constitución de la República necesita cambios, cuáles y por qué razones?
Si, en mi plataforma legislativa expongo tres reformas concretas:
La primera que los delitos de enriquecimiento ilícito no prescriban. Propondré reformar el ultimo inciso del artículo 240 de la Constitución de la República con el objetivo de que en ningún momento los recursos públicos adquiridos producto de delitos, se vuelvan lícitos.
La segunda, en cuanto a delimitar la figura y alcance del fuero constitucional que se regula del artículo 235 al 239 de la Constitución; en tanto soy del pensar que el mismo no debe utilizarse como una protección por el cometimiento de delitos comunes, ya que dicha posibilidad deriva a que prácticamente los tomadores de decisiones se vuelvan intocables al margen del ilícito que cometan.
La tercera, en materia educativa impulsaré que así como existe una disposición constitucional que condiciona que se debe asignar no menos del 6% de los ingresos corrientes del Presupuesto del Estado para el Órgano Judicial; también se condicione idéntica cuantía para el área y políticas educativas, en tanto reconocemos como base del desarrollo de nuestros pueblos la educación.
- ¿Qué opinión le merece el involucramiento del Órgano Legislativo en las elecciones de segundo grado y del sistema judicial del país?
Estamos llamados a perfeccionar dichos procesos y mecanismos de elección de funcionarios de segundo grado, los cuales deben encontrar a su base la utilización de baremos donde se ponderé experiencia, trayectoria e idoneidad para el ejercicio del cargo al que están postulando.
- ¿Cuál es el legado que busca dejar en El Salvador en la función pública?
Ser un referente de un ejercicio ético, probo, decente y coherente de la representación que nos fue conferida por parte de la población; y que al finalizar mi mandato o ejercicio público, pueda ver a la cara a la ciudadanía pues les represente de manera digna y al más alto nivel.
Economía
El Salvador realizará nuevo Censo Económico con crédito de $5 millones aprobado por el BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de $50 millones para modernizar las estadísticas económicas de El Salvador.
El financiamiento permitirá actualizar el Censo Económico y fortalecer los sistemas para recopilar, procesar y divulgar datos.
El programa tendrá una duración de cuatro años y estará a cargo del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Tecnología para mejorar datos
El proyecto contempla herramientas digitales para cubrir distintas etapas del proceso censal.
Además, incorporará información sobre el sector informal de la economía. Este segmento tiene un peso relevante en la producción y el empleo del país.
El BID señaló que mejores estadísticas permitirán apoyar decisiones de empresas, Gobierno y ciudadanos.
Ezequiel Cambiasso, representante del Grupo BID en El Salvador, destacó el papel de los datos económicos para impulsar la inversión y la productividad.
Según el organismo, el programa también busca contribuir al desarrollo económico sostenible.
El censo deberá concluir en 2027
El presidente Nayib Bukele anunció en febrero la realización del VIII Censo Económico.
Para organizar el proceso, el Gobierno creó una comisión integrada por 10 instituciones estatales.
El Censo Económico deberá finalizar durante el tercer trimestre de 2027.
El BID recordó que también financió el Censo de Población y Vivienda realizado en 2024.
Asimismo, el organismo ha respaldado otros proyectos relacionados con la modernización de los sistemas censales.
Banco Central desarrolla otras encuestas
Mientras prepara el nuevo censo, el Banco Central de Reserva desarrolla otras mediciones sobre los hogares salvadoreños.
Entre ellas figura la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2026.
También trabaja en la Encuesta Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
El nuevo crédito del BID ampliará la capacidad tecnológica y estadística necesaria para producir información económica actualizada.
Economía
Reserva Federal de Estados Unidos anuncia alza de tasas ante persistencia de la inflación
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles un aumento de sus tasas de interés para contener una inflación que sigue por encima de su meta.
El banco central elevó su tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales. Así, quedó en un rango de entre 3,75% y 4%.
La decisión llegó pese a las presiones del presidente Donald Trump para reducir el costo del crédito y estimular la economía.
La inflación sigue sobre el objetivo
La Reserva Federal justificó el aumento por la persistencia de las presiones inflacionarias.
El índice PCE, principal referencia de la institución para medir los precios, registró un aumento interanual de 3,7% en julio.
La cifra supera ampliamente la meta de inflación del 2% establecida por el banco central estadounidense.
Además, las nuevas proyecciones apuntan a otra subida de tasas antes de finalizar 2026.
Los funcionarios de la Reserva Federal calculan que la tasa podría ubicarse entre 4% y 4,25% al cierre del año.
Banco central también revisa sus previsiones
La institución elevó su previsión de crecimiento económico para el último trimestre de 2026.
Ahora calcula una expansión de 2,3%, frente al 2,2% estimado anteriormente.
En cambio, prevé que el desempleo alcance 4,1% al finalizar el año.
La política monetaria busca enfriar la demanda mediante mayores costos para los préstamos y las inversiones.
Trump mantiene presión sobre la Fed
El aumento ocurre en medio de una disputa pública entre Trump y la Reserva Federal.
El presidente estadounidense ha pedido reiteradamente tasas más bajas para favorecer el crecimiento económico.
La Casa Blanca también ha cuestionado las decisiones del banco central y su impacto sobre la actividad económica.
Legal
Corte Suprema de El Salvador recuerda a abogados y notarios su papel en la prevención del lavado de activos
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a abogados y notarios su función clave en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El mensaje destaca que estos profesionales aportan “confianza, transparencia y certeza jurídica” a las actividades económicas legítimas. Sin embargo, sus servicios también pueden ser utilizados para ocultar fondos o bienes de origen ilícito.
Nuevas obligaciones desde octubre de 2025
La Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos establece obligaciones específicas para abogados y notarios desde octubre de 2025.
La normativa incluye a quienes realizan determinadas actividades para sus clientes, de forma directa o indirecta. Entre ellas figura la compra y venta de bienes inmobiliarios.
También contempla la administración de dinero, valores y otros activos. Además, incluye la gestión de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.
Los profesionales también deben cumplir estas obligaciones cuando participan en la creación, operación o administración de empresas y otras estructuras jurídicas.
debida diligencia para identificar riesgos
La Corte Suprema señala que abogados y notarios pueden detectar señales de riesgo desde su posición profesional. Para ello, deben aplicar medidas preventivas como la debida diligencia.
Estas acciones incluyen verificar la información de los clientes y revisar las operaciones realizadas. El objetivo es dificultar el ocultamiento del origen de recursos y la identidad de los beneficiarios finales.
La institución advierte que los delincuentes pueden intentar utilizar servicios legales para constituir sociedades, adquirir inmuebles o administrar activos.
Supervisa el cumplimiento
En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia supervisa estas obligaciones mediante la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción.
La institución indicó que continuará ofreciendo herramientas para facilitar la aplicación de las medidas preventivas.
“Continuará brindándote herramientas prácticas que faciliten la implementación de las medidas de prevención”, señala el mensaje institucional
Economía
Canal de Panamá reduciría el tránsito de buques por la sequía y prevé menor carga
El Canal de Panamá prevé reducir nuevamente el tránsito diario de buques debido a la sequía asociada al fenómeno de El Niño.
La administración de la vía interoceánica proyecta un promedio de 29,5 tránsitos diarios durante el próximo año fiscal. El período comenzará en octubre de 2026.
La medida se suma a una restricción vigente desde septiembre. Antes, el canal redujo de 36 a 32 los cruces diarios permitidos.
Además, la autoridad limitó el calado de los barcos. Esta medida reduce la cantidad de carga que pueden transportar algunas
embarcaciones.
Menos agua limita la capacidad de la ruta
El Canal de Panamá utiliza agua de lluvia almacenada en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela.
Sin embargo, la sequía ha reducido el nivel de estos reservorios. La situación se relaciona con un episodio de El Niño que ha provocado escasez de lluvias en el país.
La administradora del canal, Ilya Espino de Marotta, señaló que la autoridad prevé menores precipitaciones.
“Estamos anticipando menores lluvias”, afirmó Espino de Marotta al explicar las previsiones para el próximo período fiscal.
Además, explicó que la reducción del calado limita el volumen de toneladas transportadas. Esto ocurre porque los barcos deben navegar con menor carga.
El tránsito estará por encima del mínimo registrado
La nueva previsión representa una reducción respecto al límite de 32 buques diarios aplicado previamente.
Sin embargo, el promedio previsto supera los niveles registrados durante la crisis de agua de 2023-2024.
En ese período, el Canal de Panamá llegó a limitar el tránsito a 22 embarcaciones diarias. La restricción también respondió al impacto de El Niño.
Ahora, la administración busca ajustar las operaciones según la disponibilidad de agua. La medida pretende mantener el funcionamiento de la ruta ante las condiciones climáticas previstas.
El presupuesto anticipa menos barcos y carga
El proyecto de presupuesto del Canal de Panamá ya incorpora los efectos de las restricciones.
El documento contempla 743 buques menos durante el próximo año fiscal. También prevé una reducción de cinco millones de toneladas de carga.
El período presupuestario abarcará del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027.
Durante el ejercicio anterior, casi 11.500 embarcaciones atravesaron la vía. En ese mismo período transportaron 462 millones de toneladas de carga.
Por tanto, las restricciones de tránsito y calado pueden reducir el volumen de mercancías movilizadas por la ruta.
El canal prevé mayores ingresos pese a la sequía
Pese a la menor cantidad prevista de buques y carga, el Canal de Panamá estima ingresos por unos 5.500 millones de dólares.
La cifra representa alrededor de 350 millones de dólares más que la estimada para el ejercicio actual.
Además, el canal calcula aportes directos al Estado panameño por 3.600 millones de dólares. Según el proyecto presupuestario, sería una cifra récord.
La administración atribuye esta previsión a la diversidad de negocios vinculados con la ruta interoceánica.
El proyecto de presupuesto recibió aprobación en el primero de tres debates legislativos. Todavía debe completar el proceso correspondiente para su aprobación definitiva.
Una ruta clave para el comercio mundial
El Canal de Panamá conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Su ubicación permite reducir las distancias de numerosas rutas marítimas internacionales.
Estados Unidos y China figuran entre sus principales usuarios. Además, por esta vía circula aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial.
Por ello, los cambios en el tránsito y en la capacidad de carga pueden afectar las operaciones de transporte internacional.
Judicial
Corte Suprema rechaza recursos contra condena de militares por asesinato de cuatro periodistas holandeses
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó los recursos que buscaban anular la condena a 30 años de prisión contra tres altos mandos militares retirados por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982.
La Sala de lo Penal declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por los defensores de los militares.
La resolución, emitida el 10 de septiembre y conocida este lunes, señala fallas en los argumentos planteados por la defensa.
Según los magistrados, el primer recurso reprodujo una solicitud anterior de nulidad del veredicto.
Además, el segundo recurso de casación copió el contenido del primero. Por ello, ambos escritos presentaron el mismo defecto.
Los magistrados concluyeron que ninguno cuestionó los argumentos decisivos que sustentaron la condena.
Tribunal de apelaciones ya había confirmado las penas
En abril, un tribunal de apelaciones ratificó las condenas de 30 años de prisión contra los tres militares retirados.
El proceso utilizó la legislación salvadoreña de 1973, vigente cuando ocurrieron los asesinatos.
Los condenados son Francisco Antonio Morán Reyes, José Guillermo García y Mario Adalberto Reyes Mena.
Morán Reyes y García estuvieron presentes durante el proceso. Reyes Mena fue juzgado en ausencia.
García ocupaba entonces el cargo de ministro de Defensa. Morán dirigía la Policía de Hacienda.
Por su parte, Reyes Mena comandaba la Cuarta Brigada de Infantería.
Un jurado declaró culpables a los tres militares el 3 de junio de 2025.
Los periodistas fueron emboscados durante la guerra civil
Los cuatro periodistas holandeses viajaron a El Salvador para realizar un reportaje sobre la situación política y militar del país.
El trabajo fue encargado por IKON, una empresa de televisión de los Países Bajos.
Las víctimas fueron Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen.
Los cuatro fueron asesinados durante una emboscada en 1982, en los primeros años de la guerra civil salvadoreña.
El conflicto armado se extendió entre 1980 y 1992.
El caso avanza como precedente judicial
El proceso constituye un caso relevante dentro de las investigaciones por crímenes cometidos durante la guerra civil.
El caso se convirtió así en el primero por un crimen de lesa humanidad cometido durante la guerra civil que llega a esta etapa judicial.
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