Judicial
Corte CIDH condena a El Salvador por violaciones a las garantías judiciales en caso Manuela
“El Salvador es responsable por la detención, condena y muerte de una mujer que sufrió una emergencia obstétrica”, es lo que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos al declarar responsable internacionalmente al Estado de El Salvador en perjuicio de Manuela.
Según la resolución, el Estado es responsable por las violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, y a la salud, en perjuicio de Manuela así como la violación al derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares de Manuela.
Según la relación de los hechos conocido por la Corte, Manuela estaba embarazada y el 27 de febrero de 2008 sufrió una emergencia obstétrica y fue atendida en el Hospital de San Francisco Gotera, el personal médico concluyó que Manuela había tenido una preeclampsia grave postparto más anemia producida por pérdida de sangre importante.
Sin embargo, la médica que la atendió presentó una denuncia en contra de Manuela ya que su cuadro médico mostraba la ocurrencia de un parto, sin embargo, no tenía producto. El 28 de febrero de 2008 la policía allanó la casa de Manuela y encontraron al interior de una fosa séptica un cuerpo de un recién nacido muerto.
Manuela fue detenida ese mismo día “por el delito de homicidio en perjuicio de su hijo recién nacido” y esposada a la camilla donde se encontraba. Entre marzo y agosto se llevó a cabo un proceso penal en contra de ella, y durante este tiempo permaneció detenida.
El 11 de agosto de 2008 el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera la condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Estando detenida Manuela fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin y recibió tratamiento de forma tardía e irregular, por lo que falleció el 30 de abril de 2010.
En su sentencia la Corte concluyó que la imposición de la prisión preventiva fue arbitraria y violó el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de Manuela, ya que la resolución que ordenó su detención provisional no estuvo suficientemente motivada y se basó en una legislación contraria a la Convención Americana.
“Asimismo, el Tribunal señaló que en el proceso judicial llevado en contra de Manuela la defensa pública actuó en detrimento de los derechos e intereses de ella, dejándola en estado de indefensión”, señala la resolución.
Además, la Corte resaltó que desde las primeras etapas de la investigación se presumió la culpabilidad de Manuela, se eludió determinar la verdad de lo ocurrido y no se tomó en cuenta los elementos probatorios que podían desvirtuar la tesis de su culpabilidad.
“Esta falta en la investigación se vio impulsada por prejuicios de los investigadores en contra de las mujeres. En este sentido, los prejuicios y estereotipos negativos de género afectaron la objetividad de los agentes encargados de las investigaciones, cerrando líneas posibles de investigación sobre las circunstancias fácticas”, afirman.
Adicionalmente, en la motivación de la sentencia condenatoria, considera la Corte, no se estableció con evidencia fáctica el nexo de causalidad entre el actuar de Manuela y la muerte del recién nacido.
Al referirse a la pena de 30 años de prisión impuesta a Manuela, el Tribunal señaló que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden generar automáticamente una sanción penal.
Además, la Corte advirtió que la aplicación de la pena prevista para el tipo penal de homicidio agravado, resultaba claramente desproporcionada en el presente caso, porque no se tomó en cuenta el estado particular de las mujeres durante el estado puerperal o perinatal sin perjuicio de que este caso, por defecto de investigación, no era descartable que se hubiese tratado de un supuesto de ausencia de toda responsabilidad penal.
Adicionalmente, la Corte tuvo por demostrado que la denuncia presentada por la médica tratante, así como otras informaciones relevadas por el personal médico y administrativo del Hospital San Francisco Gotera, constituyeron un incumplimiento de la obligación de mantener el secreto profesional y de proteger los datos personales sensibles de Manuela.
Sobre el particular, la Corte indicó que, en casos relacionados con emergencias obstétricas, la divulgación de información médica puede restringir el acceso a una atención médica adecuada de mujeres que necesiten asistencia médica, al evitar ir a un hospital por miedo a ser criminalizadas.
Sobre el particular, la Corte señaló que, el personal médico priorizó la realización de la denuncia por un supuesto delito sobre el diagnóstico y tratamiento médico.
La Corte concluyó que, en el presente caso, no se garantizó el derecho a la salud sin discriminación, así como el derecho a la igualdad. “Someter a Manuela a esta situación, terminó por afectar rotundamente su vida y su salud, además de ser discriminatoria, constituyó un acto de violencia contra la mujer”, agregó.
Además, la Corte concluyó que la privación de libertad de Manuela impidió que recibiera la atención médica adecuada a la enfermedad que desarrolló, por lo que su pena privativa de libertad se convirtió en una pena inhumana, contraria a la Convención.
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado. Entre las que está la publicación de la Sentencia y su resumen oficial; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; otorgar becas de estudio al hijo menor y al hijo mayor de Manuela; brindar gratuitamente, y de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a los padres de Manuela.
La Corte ordena regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, y desarrollar un protocolo de actuación para la atención
de mujeres que requieran atención médica de urgencia por emergencias obstétricas.
Así también el adecuar su regulación relativa a la prisión preventiva; diseñar e implementar un curso de capacitación y sensibilización a funcionarios judiciales y al personal de salud del Hospital Nacional Rosales; adecuar su regulación relativa a la dosimetría de la pena del infanticidio.
Por último, diseñar e implementar un programa de educación sexual y reproductiva; tomar las
medidas necesarias para garantizar la atención integral en casos de emergencias obstétricas; pagar indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial, y, el pago de determinadas costas y gastos.
La Fiscalía General de la República mantiene abiertos varios procesos colectivos contra integrantes de la pandilla MS-13 en tribunales especializados contra el crimen organizado, incluyendo el proceso masivo más grande de la historia del país, en la que procesan a casi 500 cabecillas de la sangrienta agrupación.
Uno de los casos más recientes involucra a 200 presuntos miembros de la estructura criminal que operaba en el departamento de Chalatenango, al norte de El Salvador.
Entre los acusados figura José Alberto Zamora, señalado por las autoridades como corredor de clica y supuesto responsable de ordenar homicidios y extorsiones en esa zona.
La Fiscalía sostiene que también procesa a 21 cabecillas y a otros pandilleros con distintos rangos dentro de la organización criminal.
Capturas ocurrieron durante el régimen de excepción
Las autoridades informaron que los imputados fueron detenidos en diferentes fechas y puntos del país durante la aplicación del Régimen de Excepción.
Esa medida extraordinaria entró en vigor en marzo de 2022 para combatir a las pandillas y amplió las facultades de captura y detención.
La Fiscalía presentó pruebas ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador para buscar condenas por homicidios, extorsiones y otros delitos atribuidos a la MS-13.
Otro proceso reúne a 90 acusados por delitos de 2012
Además, este martes comenzó otro juicio colectivo contra 90 presuntos integrantes de la misma pandilla.
El caso se relaciona con delitos cometidos en 2012 en Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera, municipios ubicados en el departamento de Cabañas.
Según la acusación fiscal, entre los procesados hay un corredor de programa, tres corredores de clica y tres corredores de base.
La lista también incluye presuntos colaboradores, observadores y miembros con funciones de vigilancia y apoyo logístico dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía busca condenas por agrupaciones ilícitas y tráfico de drogas.
Megajuicio contra 486 cabecillas sigue sin sentencia
En paralelo, continúa el megajuicio contra 486 presuntos líderes de la MS-13, considerado uno de los procesos penales más grandes en la historia reciente de El Salvador.
El juicio inició a finales de abril de 2026 en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado y todavía no tiene fecha de conclusión.
Durante las audiencias, la Fiscalía ha presentado audios interceptados, videos y testimonios que, según la acusación, muestran órdenes emitidas por la llamada “ranfla nacional” de la pandilla.
El Ministerio Público atribuye a los acusados cerca de 47,000 delitos, incluidos aproximadamente 29,000 homicidios, bajo el criterio de responsabilidad de mando.
Muchos de los procesados participan en las audiencias mediante videoconferencias desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT.
El gobierno del presidente Nayib Bukele ha presentado estos juicios como una estrategia histórica contra las pandillas.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el formato masivo de los procesos judiciales.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 18 años de prisión al exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos.
La sentencia establece que el exfuncionario causó un perjuicio económico superior a 250,000 dólares a la alcaldía del municipio salvadoreño durante su gestión entre 2009 y 2012.
Además, el tribunal ordenó el pago de 254,245.98 dólares como responsabilidad civil por los daños ocasionados a la administración municipal.
Investigación determinó uso irregular de recursos públicos
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que acreditaron la apropiación de 250,922.26 dólares pertenecientes a la municipalidad de Rosario de Mora.
Según la resolución judicial, el exalcalde utilizó de forma indebida fondos municipales mientras ejercía el cargo de jefe comunal.
Las autoridades también concluyeron que Miranda Pérez incurrió en malversación al pagar dietas con recursos destinados exclusivamente a proyectos de desarrollo local.
El caso involucró fondos del programa FODES 75 %, una partida estatal asignada a obras y proyectos municipales en El Salvador.
Tribunal descontó pagos realizados por exmiembros del concejo
La condena económica disminuyó luego de que el tribunal descontara 15,000 dólares ya cancelados por integrantes del concejo municipal.
Los exfuncionarios fueron condenados anteriormente mediante un procedimiento abreviado realizado el 5 de diciembre de 2023.
Con esa decisión, el monto final de responsabilidad civil quedó fijado en poco más de 254,000 dólares.
Caso refuerza controles sobre administración de alcaldías
La resolución judicial se suma a otros procesos relacionados con el manejo de fondos públicos en gobiernos municipales salvadoreños.
Las autoridades señalaron que los recursos utilizados irregularmente debían financiar proyectos comunitarios y no gastos administrativos.
Además, el fallo reafirma las obligaciones legales de los alcaldes y concejos municipales sobre el uso de dinero público.
El tribunal sostuvo que las pruebas permitieron establecer la responsabilidad penal del exalcalde por ambos delitos contra la administración pública.
Judicial
Tribunal de Guatemala ordena prisión preventiva contra acusadas por fraude a Terra Towers; en El Salvador también tienen orden de captura
El Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala ordenó prisión preventiva contra Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Marisabel Umaña Velásquez, acusadas de fraude y extracción irregular de información corporativa contra la empresa Terra Towers S.A. y sus filiales.
Con la resolución el tribunal revocó de oficio las medidas sustitutivas que beneficiaban a ambas procesadas. Además, ordenó su traslado inmediato al Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la Zona 18 de Ciudad de Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas habían capturado a las dos mujeres en junio de 2025. Desde entonces, enfrentaban el proceso penal bajo medidas alternas a la detención.
Caso en Guatemala coincide con proceso judicial en El Salvador
La decisión judicial en Guatemala ocurrió pocos días después de otra resolución emitida en El Salvador contra las mismas acusadas.
El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó la captura de Carol Echeverría y Marisabel Umaña por delitos relacionados con presunto fraude contra filiales de Terra Towers en territorio salvadoreño.
Según información judicial, las autoridades salvadoreñas iniciarán un proceso de extradición para ambas procesadas.
En el expediente salvadoreño también figura el guatemalteco Juan Ignacio Berger Giménez, señalado por supuesta administración fraudulenta contra las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales Ltda. de C.V.
Fiscalía investiga presunto desfalco millonario
La Fiscalía General de la República de El Salvador sostiene que los acusados integraban una estructura dedicada al desvío de fondos de Terra Towers Corp y Continental Towers El Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían cobrado viáticos, comisiones y gastos laborales sin autorización entre 2016 y 2020.
El monto bajo investigación asciende a 1.2 millones de dólares. Las pesquisas también incluyen a Jorge Alberto Gaitán Castro, Jeni Celina Torres Zepeda y Selvin Martín Torres Andrade.
Además, el empresario guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes formó parte del proceso.
Las autoridades lo extraditaron a El Salvador en septiembre de 2025. Sin embargo, falleció en enero de 2026 por problemas de salud.
Capturas ocurrieron en distintos operativos
La Policía Nacional Civil de Guatemala reportó las capturas de Carol Echeverría y Marisabel Umaña en junio de 2025.
Interpol detuvo a Echeverría en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando llegaba desde Nueva York.
Por otra parte, agentes policiales capturaron a Umaña durante un operativo realizado en la zona 14 de Ciudad de Guatemala.
Ambas eran requeridas por delitos de hurto agravado y asociación ilícita.
Investigación incluye análisis de información corporativa
Las autoridades guatemaltecas vinculan el caso con investigaciones iniciadas en El Salvador alrededor de Terra Towers, empresa dedicada al desarrollo y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones.
Según las pesquisas, Jorge Gaitán Paredes y su hijo Jorge Alberto Gaitán Castro habrían utilizado la estructura empresarial para autorizar transferencias, viajes, viáticos y emisión de cheques sin autorización societaria.
Las autoridades estiman que las supuestas extracciones irregulares superaron un millón de dólares.
Además, la investigación señala que en Guatemala se habría replicado un esquema enfocado en la extracción de información sensible de la compañía para beneficiar a estructuras empresariales rivales.
Dentro de ese contexto, los investigadores identificaron presuntos vínculos operativos entre los Gaitán, Carol Echeverría y Marisabel Umaña.
Tribunal discutió ausencia de acusado y abogado defensor
Durante la audiencia realizada el pasado martes, el tribunal también conoció nuevos hechos relacionados con la ausencia de Jorge Alberto Gaitán Castro y de su abogado defensor.
El Ministerio Público de Guatemala afirmó que existían antecedentes jurisprudenciales que calificaban la conducta del defensor como “desleal y reticente”.
Por ello, la fiscalía solicitó nombrar defensa pública y certificar posibles hechos punibles relacionados con la falta de traslado del acusado hacia la audiencia judicial.
Caso Terra Towers escala a disputa regional
El expediente evolucionó de una investigación patrimonial hacia un conflicto regional que involucra procesos penales, arbitrajes internacionales y disputas corporativas vinculadas con Continental Towers.
Terra Towers mantiene una disputa empresarial con la firma estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers.
El conflicto también derivó en arbitrajes internacionales desarrollados en Nueva York y en investigaciones penales abiertas en Guatemala y El Salvador.
Además, las autoridades salvadoreñas emitieron órdenes de captura y notificaciones internacionales contra empresarios y ejecutivos vinculados al caso.
Investigación impacta al sector de telecomunicaciones
El proceso judicial se convirtió en uno de los casos corporativos más relevantes de Centroamérica debido a sus implicaciones económicas y legales.
Las empresas involucradas administran infraestructura clave para telecomunicaciones en la región. Por ello, el caso mantiene atención sobre la seguridad jurídica y el manejo de activos estratégicos vinculados a la conectividad centroamericana.
Judicial
Fiscalía anuncia reanudación del juicio masivo contra 486 cabecillas de la MS-13, que llega a su cuarta semana
La Fiscalía General de la República informó que este martes se reanudó la audiencia única abierta contra 486 cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.
El proceso judicial llegó inicia cuarta semana y es considerado el juicio masivo más grande contra la estructura de mando de esa organización criminal en El Salvador.
Fiscalía presenta nuevas pruebas en audiencia
Según la Fiscalía, ya ha presentado pruebas contundente contra los acusados (que ya guardan prisión) y durante la nueva jornada se prevé la reproducción de audios vinculados con supuestos casos de tráfico de drogas.
Las autoridades señalaron que esos registros servirán como evidencia sobre el funcionamiento interno y las actividades criminales atribuidas a los acusados.
Además, la institución reiteró que buscará condenas máximas para cada uno de los imputados por los delitos señalados en el proceso.
Acusan a líderes de la MS-13 de miles de delitos
El juicio comenzó el 21 de abril y reúne a presuntos fundadores, integrantes de la “ranfla” y cabecillas regionales de la MS-13.
De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, los acusados enfrentan cargos por aproximadamente 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Entre esos hechos figuran alrededor de 29,000 homicidios, además de casos relacionados con narcotráfico, extorsión y otros delitos graves.
Las autoridades judiciales también señalaron que el grupo criminal es procesado por el delito de rebelión.
Según la acusación, la estructura buscaba mantener control territorial para operar como un supuesto estado paralelo dentro del país.
Contexto del juicio contra pandillas en El Salvador
La Fiscalía afirmó que el proceso busca establecer responsabilidades sobre crímenes atribuidos a la MS-13 durante más de una década.
Además, el caso ocurre en el contexto del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022.
El mandatario salvadoreño ha defendido el juicio masivo y cuestionado fuertemente a ONG y periodistas que lo critican.
Un tribunal de occidente continúa con la vista pública contra el exalcalde de El Congo, Santa Ana, Edwin Enrique Parada Quezada, acusado de presuntas irregularidades en 12 proyectos de construcción de calles ejecutados entre 2012 y 2015.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exfuncionario enfrenta cargos por actos arbitrarios, negociaciones ilícitas, cohecho impropio y falsedad ideológica agravada. Parada Quezada es procesado en calidad de ausente.
Además, en el proceso judicial también figuran Eduardo Amílcar Jaco Estrada, Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera y Efraín Alcides Castro Sánchez.
Fiscalía señala supuestas anomalías en proyectos de calles
Según la acusación fiscal, durante la administración municipal se ejecutaron al menos 12 proyectos de construcción de calles urbanas. Cada obra tuvo un costo aproximado de $35,000.
La FGR sostiene que el entonces alcalde solicitó autorización al concejo municipal para manejar directamente los proyectos de infraestructura vial.
De acuerdo con la investigación, las adjudicaciones habrían sido simuladas mediante empresas que emitían facturas por las obras. Sin embargo, la Fiscalía asegura que los trabajos se realizaban con maquinaria y personal de la alcaldía.
Además, la institución afirma que los empresarios involucrados recibían el 10 % del valor de cada proyecto por facilitar el nombre de sus compañías.
Acusados enfrentan diferentes delitos
La Fiscalía indicó que Eduardo Amílcar Jaco Estrada es acusado de complicidad en actos arbitrarios, negociaciones ilícitas y cohecho impropio.
Mientras tanto, Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera enfrenta señalamientos por incumplimiento de deberes. Según la acusación, ella firmó facturas relacionadas con pagos de los proyectos investigados.
Por otra parte, Efraín Alcides Castro Sánchez, integrante del concejo municipal y refrendario de cheques, habría autorizado pagos vinculados con las obras cuestionadas.
La FGR también señala que Jaco Estrada colaboró con el exedil en las supuestas actividades ilícitas.
Juicio continuará con declaración de testigos y peritos
Durante la audiencia, la Fiscalía continuó la presentación de testigos relacionados con los hechos investigados.
El juicio se reanudará el próximo 13 de mayo. Además, el 15 de mayo está prevista la declaración de otros testigos y peritos vinculados al caso.
Exalcalde fue detenido en Estados Unidos
Parada Quezada fue detenido el 1 de septiembre de 2019 en Butler County, Ohio, Estados Unidos.
No obstante, desde su captura no se ha informado sobre una fecha de extradición hacia El Salvador.
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