Conversatorio sobre la modernización de la Adminstración Pública

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) llevó a cabo el conversatorio «Modernización de la administración pública», cuya ponente fue la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Dafne Sánchez quien hizo énfasis en que es necesario una Ley de Procedimientos Administrativos para que regulen de manera adecuada las pautas y los cauces de la actuación de la administración pública.

Para la experta, en El Salvador se ha vuelto urgente contar con una Ley de Procedimientos Administrativos ya que es necesario complementar el marco normativo que rige a la administración pública. “Se corre menos riesgo de incurrir en ilegalidades o hasta inconstitucionalidades. El país merece esa ley”, expresó la magistrada.

“Todo órgano del Estado que dicte actos administrativos constituye administración pública estos órganos cuando ejercen función administrativa siguen procedimientos administrativos esto quiere decir que dictan actos de procedimientos”, explicó.

«Nos preguntamos si la normativa que rige actualmente la administración pública es suficiente, ¿satisface las necesidades de la administración pública de los funcionarios para seguir procedimientos con toda seguridad?», cuestiona la magistrada.

Hay dos puntos de vista, el régimen que rige la administración pública cuando ella sigue sus procedimientos administrativos de los órganos antes mencionados, por otra parte en nuestro sistema legal, estos procedimientos que se siguen en sedes administrativas son controladas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) allá en sedes jurisdiccional.

“El no poseer una ley adecuada que con carácter general rija los procedimientos en sede administrativa, también dificulta el control por parte de la Sala de lo Contencioso. Si los funcionarios se encuentran con dificultades a la hora de seguir sus procedimientos porque nuestras leyes de procedimientos administrativos no establecen cómo va a actuar el funcionario cuando alguien le presente una petición, y el funcionario advierte que la petición no llena los requisitos necesarios o no se ha presentado la documentación completa que se necesita para decidir y el funcionario se pone a pensar ¿qué hago?»

«Esto genera inseguridad jurídica porque el funcionario no tiene ningún respaldo legal claro que le diga en qué sentido debe actuar. Esto genera duda para el funcionario y los ciudadanos”.

“Hay una serie de aspectos que por no contar actualmente con una Ley de Procedimientos Administrativos, los funcionarios se ven en problemas y los ciudadanos se ven en situaciones que no comprenden y que puedan terminar en violación a sus derechos”.

La ponente explicó que hay funcionarios que quieren hacer las cosas bien pero si no tiene una normativa adecuada que le rija los pasos a seguir pueden incurrir en ilegalidades e inconstitucionalidad y que al existir una normativa adecuada en sede administrativa también le va a resultar más seguro a la Sala de lo Contencioso Administrativo controlar las funciones de los funcionarios.

“Solo tenemos como norma general que rija la Sede Administrativa la Constitución de la República, pero la constitución tiene disposiciones de contenido muy denso que no cualquier persona puede interpretarla por eso, existe una legislación secundaria que admite la Asamblea Legislativa también reglamentos que dicta la administración pública precisamente para desarrollar esas disposiciones constitucionales”, detalló.

En nuestro país solo está como regla general la constitución pero no hay una ley secundaria que facilite la comprensión de los principios constitucionales de los valores que rigen la administración pública.

“De no aprobarse esta ley, seguirían las frecuentes violaciones a la constitución y a los derechos de los administrados”, expresó la experta.

Entre los aspectos significativos que trae el proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos están: desarrollar los principios que rigen el actuar de la administración pública que deban regirse, legalidad, economía, proporcionalidad, eficacia, verdad material, principio de simplicidad entre otros.

También viene regulado en el proyecto, los requisitos de los actos administrativos, lo relativo a la notificación de los actos administrativos, regulación sobre procedimiento sancionatorio.

El último proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos trae como regla general el silencio positivo, según explicó la ponente quiere decir que la regla general en los casos que un ciudadano o ciudadana dirija una petición a los funcionarios públicos y no le responden en el plazo fiado por la ley, se va a entender que se accedió a la petición del particular, cuando surge este silencio ya la administración pública no puede resolver en otro sentido. El ciudadano puede pedir la certificación de ese acto mediante el cual se accedió a su petición y la administración se la debe dar.

La doctora Dafne manifestó que este proyecto de ley se viene trabajando desde 1993 que entró a la Asamblea Legislativa pero no avanzó. El proyecto se volvió a movilizar en los gobiernos comprendidos entre 2004-2014 y tampoco avanzó.

El año pasado se remitió el proyecto a Casa Presidencial y han dicho que se está en la disposición del Órgano Ejecutivo y esperan presentar de nuevo este proyecto de ley.

Al aprobarse dicha ley, es necesario realizar capacitaciones para poder aplicar debidamente el proyecto.

En los próximos meses se espera presentar la iniciativa de ley.