El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) continúa fortaleciendo las capacidades del funcionariado judicial y demás operadores del sector justicia mediante su ciclo de videoconferencias titulado Criminalística y Justicia Penal Juvenil. En esta ocasión, la institución anuncia la realización de su segunda sesión académica, enfocada en un tema clave para la administración de justicia: La Cadena de Custodia en el Proceso Penal Juvenil.

La jornada formativa se llevará a cabo el próximo 24 de abril de 2025, en horario de 9:00 de la mañana al mediodía y está dirigida a jueces, fiscales, defensores públicos, investigadores, académicos y miembros de la comunidad jurídica interesados en profundizar sus conocimientos sobre el tratamiento técnico y legal de las evidencias en procesos penales que involucran a adolescentes.

Los ponentes de esta edición son dos destacados especialistas en criminalística y derecho penal juvenil: el Msc. Rodolfo Saez Muñoz, experto chileno en Ciencias Forenses y Criminalística, y el Lic. Luis Eduardo Ticas Hernández, Coordinador de Apoyo de la Unidad Penal Juvenil de la Procuraduría General de la República (PGR).

La actividad forma parte del esfuerzo permanente del CNJ por ofrecer formación especializada que responda a los desafíos actuales del sistema de justicia, con especial atención a la protección de derechos en contextos sensibles como el de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley.

Para más información sobre el ciclo de videoconferencias y futuras actividades académicas, las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales del Consejo Nacional de la Judicatura.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó a través de un comunicado oficial que los notarios que hayan sido suspendidos o inhabilitados pueden iniciar el trámite de rehabilitación para volver a ejercer funciones públicas del notariado, un día después de haber cumplido el plazo de la sanción.

El procedimiento debe iniciarse mediante un escrito dirigido a la Sección de Investigación Profesional, en el cual se solicite expresamente la rehabilitación en el ejercicio notarial. El escrito también debe incluir la petición para ser reincorporado al listado permanente de notarios, la devolución de los sellos notariales en duplicado, así como la autorización para la emisión de un nuevo Libro de Protocolo por parte de la Sección del Notariado o sus oficinas regionales.

Además, se deberá especificar la fecha exacta en que finalizó la suspensión o inhabilitación.
La CSJ aclaró que no es necesario anexar documentación adicional, siempre y cuando la sanción haya sido cumplida en su totalidad.

Una vez completado el proceso, la resolución será enviada mediante el Sistema de Notificación Electrónica.

La institución explicó que este documento no requiere respuesta por parte del interesado.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo: investigacion.profesional@oj.gob.sv

Con este anuncio, la CSJ busca garantizar la transparencia y continuidad en el ejercicio de la función notarial en el país, facilitando los trámites de reincorporación para quienes hayan saldado sus responsabilidades disciplinarias.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que durante el último año brindó atención psicológica a un total de 10,668 personas, como parte de su compromiso por garantizar el bienestar emocional y la salud mental de la población salvadoreña.

“En la Procu te ayudamos a que cuides de tu salud mental”, expresó la institución, reiterando su compromiso con los derechos fundamentales de la ciudadanía.

La atención psicológica es uno de los servicios que ofrece la PGR, junto con la asistencia legal, la defensa pública y la representación judicial en casos de familia, niñez, adolescencia y otras áreas prioritarias. Estas atenciones forman parte de una estrategia integral para proteger a las personas más vulnerables, como mujeres víctimas de violencia, niñas y niños en riesgo, y adultos mayores.

La Procuraduría General de la República es una institución encargada de velar por la legalidad y de brindar servicios jurídicos gratuitos a la población. A través de sus diferentes departamentos, trabaja para garantizar el acceso a la justicia, la protección de derechos y el acompañamiento psicosocial de quienes lo necesitan.

Para aquellas personas que requieran orientación o apoyo, la PGR pone a disposición su Centro de Atención Virtual, CAVAL, al número 2231-9484, donde se puede obtener más información sobre los servicios que ofrece la institución.

La salud mental sigue siendo una prioridad para la PGR, que busca seguir ampliando sus programas de atención y sensibilización en todo el país.

En el marco de la campaña de seguridad vial para Semana Santa, la Corte Suprema de Justicia lanzó un mensaje dirigido a los conductores del país: “La conducción peligrosa puede llevar a prisión”, recordando que transgredir las normas de seguridad vial es un delito penalizado por la ley.
El llamado se enmarca en una política de mano dura contra los conductores irresponsables, en una época del año donde aumenta el tránsito vehicular y, con ello, el riesgo de accidentes.
La Corte busca generar conciencia sobre la importancia de respetar las reglas de tránsito y conducir con responsabilidad para proteger vidas.
De acuerdo con el Artículo 147-E del Código Penal, se considera conducción peligrosa a toda acción que, al conducir un vehículo de motor, viole las normas de seguridad vial. Entre las conductas sancionadas figuran:

• Disputar la vía entre vehículos.
• Realizar competencias de velocidad en la vía pública sin autorización.
• Manejar en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas.
  Estas acciones no sólo implican sanciones administrativas, sino que también pueden llevar a penas de prisión, según establece la legislación vigente.
  La Corte Suprema instó a la ciudadanía a adoptar una actitud de prevención y respeto en las carreteras, especialmente en Semana Santa, una temporada marcada por un incremento en los desplazamientos y, en consecuencia, en los riesgos viales.
  “Conduce con responsabilidad. Respeta las normas. Tu vida y la de los demás están en juego”, concluye el mensaje oficial del alto tribunal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cumplirá con la decisión de la Corte Suprema respecto al caso de Kilmar Ábrego García, el joven que fue deportado erróneamente a El Salvador pese a contar con protección legal en el país norteamericano.

“Si el Tribunal Supremo dice que hay que traer de vuelta a alguien, lo haré. Tengo un gran respeto por la Corte Suprema”, declaró Trump durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a Florida.

La declaración del mandatario responde al fallo emitido el jueves por el máximo tribunal del país, que ordenó al Gobierno permitir el regreso de Ábrego a territorio estadounidense. 

La Corte Suprema respaldó parcialmente una orden previa de un tribunal del Distrito de Columbia, instruyendo al Ejecutivo a restituir la situación migratoria de Ábrego como si nunca hubiera sido deportado.

No obstante, la resolución judicial no establece un plazo específico para su cumplimiento y remite al tribunal de primera instancia la tarea de definir cómo debe concretarse el retorno, cuidando que la ejecución de la sentencia no interfiera con la autoridad del Gobierno federal en materia de política exterior.

Ábrego García, de 29 años, fue detenido el 12 de marzo por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cerca de su casa en Maryland. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención en Texas, desde donde fue deportado a El Salvador en un vuelo con más de 200 personas, entre ellas ciudadanos venezolanos y salvadoreños acusados sin pruebas de vínculos con pandillas como el Tren de Aragua o la MS-13.

A su llegada, todos los deportados fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel salvadoreña construida en el marco de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele. La medida se basó en un acuerdo bilateral de cooperación entre Washington y San Salvador.

Semanas después, las autoridades estadounidenses admitieron que la expulsión de Ábrego fue un “error”, dado que el joven contaba con un estatus migratorio que lo protegía de la deportación. Su historia ha sido utilizada por defensores de los derechos humanos y figuras políticas como símbolo de las fallas del actual enfoque de deportaciones masivas.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa, Ábrego había huido de El Salvador tras sufrir amenazas y extorsiones por parte de la pandilla Barrio 18. Pese a ello, fue falsamente acusado de tener vínculos con pandillas por un informante en Estados Unidos, lo que desencadenó su deportación.

El caso ha reavivado el debate sobre el trato a los migrantes y el uso de informantes en procesos migratorios, así como el alcance de los poderes ejecutivos frente al control judicial.