La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a abogados y notarios su función clave en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El mensaje destaca que estos profesionales aportan “confianza, transparencia y certeza jurídica” a las actividades económicas legítimas. Sin embargo, sus servicios también pueden ser utilizados para ocultar fondos o bienes de origen ilícito.

Nuevas obligaciones desde octubre de 2025

La Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos establece obligaciones específicas para abogados y notarios desde octubre de 2025.

La normativa incluye a quienes realizan determinadas actividades para sus clientes, de forma directa o indirecta. Entre ellas figura la compra y venta de bienes inmobiliarios.

También contempla la administración de dinero, valores y otros activos. Además, incluye la gestión de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.

Los profesionales también deben cumplir estas obligaciones cuando participan en la creación, operación o administración de empresas y otras estructuras jurídicas.

debida diligencia para identificar riesgos

La Corte Suprema señala que abogados y notarios pueden detectar señales de riesgo desde su posición profesional. Para ello, deben aplicar medidas preventivas como la debida diligencia.

Estas acciones incluyen verificar la información de los clientes y revisar las operaciones realizadas. El objetivo es dificultar el ocultamiento del origen de recursos y la identidad de los beneficiarios finales.

La institución advierte que los delincuentes pueden intentar utilizar servicios legales para constituir sociedades, adquirir inmuebles o administrar activos.

Supervisa el cumplimiento

En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia supervisa estas obligaciones mediante la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción.

La institución indicó que continuará ofreciendo herramientas para facilitar la aplicación de las medidas preventivas.
“Continuará brindándote herramientas prácticas que faciliten la implementación de las medidas de prevención”, señala el mensaje institucional

La Agencia de Ciberseguridad del Estado de El Salvador dejó sin efecto la fecha límite para comunicar el nombramiento de los delegados de protección de datos personales.

La autoridad informó que el plazo previsto para el 16 de septiembre de 2026 queda suspendido hasta nuevo aviso.

Por tanto, las empresas e instituciones obligadas por la Ley para la Protección de Datos Personales no deben realizar ninguna acción relacionada con esa fecha.

La agencia indicó que comunicará oportunamente cualquier nueva disposición. Además, pidió a las organizaciones mantenerse atentas a la información oficial.

La fecha anterior queda anulada

La normativa establecía que las entidades obligadas debían comunicar a la autoridad el nombramiento de su delegado de protección de datos.

Ese requisito alcanzaba a organizaciones públicas y privadas que realizaran actividades de tratamiento de información personal.

La nueva comunicación modifica el calendario anunciado previamente. Sin embargo, el aviso no establece una nueva fecha para cumplir con ese procedimiento.

Una figura vinculada al manejo de información personal

El delegado de protección de datos ayuda a las organizaciones a cumplir las reglas sobre el uso de información personal.

Entre sus funciones está supervisar cómo una entidad recoge, almacena, utiliza y comparte datos.

También puede atender solicitudes relacionadas con el acceso, corrección, cancelación u oposición al uso de información personal.

Además, asesora a las distintas áreas y promueve la capacitación del personal sobre protección de datos.

La obligación sigue vinculada a la ley

La Ley para la Protección de Datos Personales establece obligaciones para quienes realizan tratamiento de información personal.

Estas reglas pueden alcanzar a empresas, instituciones, comercios, centros educativos, clínicas y otros servicios.

El cumplimiento incluye revisar procedimientos para manejar datos y establecer medidas de seguridad.

También contempla mecanismos para responder ante incidentes como filtraciones, pérdidas o accesos no autorizados.

La autoridad aclaró que cualquier disposición posterior será comunicada oportunamente por sus canales oficiales.

El Salvador mantiene acciones de prevención y sensibilización contra la trata de personas mediante actividades dirigidas a jóvenes, estudiantes y población escolar.

En ese marco, la Fiscalía General de la República (FGR) participó en una caminata realizada en Santa Tecla bajo el nombre Puedes Verme.

La jornada buscó fortalecer el conocimiento sobre los riesgos de este delito y facilitar la identificación de posibles víctimas.

Prevención busca alentar a jóvenes

Las autoridades buscan que los estudiantes reconozcan señales relacionadas con posibles casos de trata de personas.

Este delito incluye situaciones en las que una persona es engañada, amenazada o forzada para ser explotada.

Entre sus formas se encuentran la explotación sexual, los trabajos forzados y otras actividades realizadas contra la voluntad de las víctimas.

Por ello, la Fiscalía reiteró la importancia de denunciar estos casos ante las autoridades.

Atención incuye apoyo psicológico

Los esfuerzos también abarcan la atención de víctimas y testigos de este delito.

Hasta julio de 2026, la Fiscalía registró 150 atenciones y abordajes psicológicos relacionados con víctimas y testigos.

La institución desarrolla estas acciones mediante su Unidad Especializada de Tráfico Ilegal de Personas y Trata de Personas.

Una jornada que sumó información a la prevención

La caminata comenzó en la Plaza de la Cultura, en el Paseo El Carmen, y terminó en el parque El Cafetalón.

En ese lugar se desarrollaron charlas informativas para los participantes sobre la trata y sus mecanismos de prevención.

La Alcaldía de Santa Tecla organizó la actividad junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

También participaron el Consejo Nacional contra la Trata de Personas y la organización A21.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador mantiene una campaña para reforzar el papel de abogados y notarios en la prevención del lavado de dinero.

La institución busca que estos profesionales identifiquen riesgos y eviten que fondos de origen ilícito ingresen a la economía formal.

La iniciativa incluye herramientas prácticas, capacitaciones y orientación sobre las obligaciones que deben cumplir dentro del sistema nacional de prevención.

Profesionales del derecho deben detectar señales de riesgo

La Corte explica que abogados y notarios pueden intervenir en operaciones jurídicas y comerciales susceptibles de ser utilizadas para ocultar fondos ilícitos.

Por ello, deben aplicar medidas de debida diligencia durante sus relaciones profesionales.

Estas acciones incluyen conocer al cliente, determinar el propósito de las operaciones e identificar señales de alerta.

La Corte también señala que los profesionales deben prestar atención a los beneficiarios finales de las operaciones.

El lavado busca ocultar el origen de los fondos

La campaña explica que el lavado de dinero busca ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos mediante actividades delictivas.

El proceso suele dividirse en tres etapas: colocación, encubrimiento e integración.

Primero, los recursos ingresan a la economía formal. Después, distintas operaciones buscan dificultar su rastreo.

Finalmente, los fondos adquieren una apariencia de legalidad y pueden utilizarse para comprar bienes o invertir en empresas.

Por ello, la debida diligencia debe mantenerse durante toda la relación profesional.

El Salvador sí cuenta con una ley contra el lavado

El país cuenta con la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que establece obligaciones para los sujetos comprendidos en su ámbito.

La normativa contempla medidas de prevención y controles para detectar operaciones vinculadas con fondos de origen ilícito.

Además, la Asamblea Legislativa ha impulsado la actualización del marco legal para fortalecer el sistema contra el lavado de activos y otros delitos financieros.

En este contexto, abogados y notarios que realizan determinadas actividades forman parte de los sectores sujetos a controles de prevención.

La Corte amplía la capacitación del sector legal

La Corte Suprema desarrolla jornadas específicas para fortalecer las capacidades de abogados y notarios.

En marzo de 2026, realizó un programa sobre mejores prácticas de prevención y elaboración de reportes de operaciones sospechosas.

Además, en abril informó sobre nuevas actividades para mejorar la detección y reporte oportuno de operaciones sospechosas.

La institución también trabaja con la Unidad de Investigación Financiera y otros organismos para fortalecer la supervisión.

La prevención alcanza al ejercicio profesional

La Corte sostiene que cumplir estas obligaciones no solo responde a exigencias legales.

También busca impedir que los servicios jurídicos sean utilizados para facilitar operaciones con recursos ilícitos.

Por ello, la campaña incorpora formación sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La estrategia incluye además herramientas para mejorar la aplicación de controles y el reporte de operaciones que presenten señales de riesgo.

La Procuraduría General de la República (PGR) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordaron coordinar acciones para prevenir y mediar conflictos durante los comicios de 2027.

El procurador general, René Escobar, y la presidenta del TSE, Roxana Soriano, firmaron el convenio de cooperación interinstitucional.

El acuerdo permitirá a la Procuraduría General de la República intervenir en la prevención, atención y mediación de controversias electorales.

La PGR acompañará momentos clave del proceso, desde la jornada de votación hasta el procesamiento de los resultados.

También participará durante los escrutinios preliminar y final, según la información divulgada por el TSE.

Escobar confirmó que el convenio incluye la transmisión, procesamiento y escrutinio de los resultados electorales.

Personal especializado recibirá capacitación

El TSE capacitará al personal que la Procuraduría designe para cumplir estas funciones.

Además, el organismo electoral proporcionará herramientas para su formación y acreditación.

El tribunal también ofrecerá apoyo logístico para facilitar la participación de los funcionarios de la PGR.

De esta manera, ambas instituciones buscan establecer mecanismos de coordinación ante posibles disputas durante las elecciones de 2027.

El acuerdo busca prevenir disputas electorales

El convenio contempla la atención de conflictos entre distintos actores del proceso electoral.

Entre ellos figuran partidos políticos, organismos electorales temporales, juntas de vigilancia y ciudadanos.

La presidenta del TSE destacó la prevención y el diálogo como mecanismos para resolver controversias de manera pacífica.

Soriano afirmó que el acuerdo crea un espacio institucional para fortalecer la mediación y el diálogo durante el proceso electoral.

Las instituciones señalaron que ya cuentan con experiencias previas de coordinación en procesos electorales.

El nuevo convenio amplía esa cooperación de cara a las elecciones de 2027 en El Salvador.