El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador ha ordenado que varios bienes del exministro de Defensa, David Victoriano Munguía Payés, sean transferidos al Estado debido a su procedencia ilícita.

Esta decisión se tomó después de que la Fiscalía General de la República (FGR) demostrara que estos bienes fueron obtenidos a través de actos de corrupción y lavado de dinero durante los gobiernos del FMLN (2009-2019).

En total, nueve inmuebles, tres vehículos y varios productos financieros, valorados inicialmente en $4.6 millones según la FGR, pasarán a manos del Estado. La defensa de Munguía Payés, encabezada por el abogado, argumentó que el valor real de los bienes debería recalcularse a los precios actuales, no a los de adquisición. El abogado también señaló que algunos productos financieros, valorados en más de $169,000, fueron desestimados parcialmente por el juez al considerar que tenían procedencia lícita.

La orden de extinción de dominio sigue a un proceso judicial de 15 jornadas, en las cuales se presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales que evidenciaron la movilización de fondos públicos para beneficio personal y familiar del exministro. Entre los bienes transferidos se encuentran propiedades en San Salvador y La Libertad, incluyendo un rancho de playa en Tamanique.

La tasa de aprobación del examen de notariado ha mostrado una mejora en 2024, continuando con una tendencia positiva observada en los últimos cuatro años, período en el que el examen se ha realizado de manera virtual. Este año, de los 5,529 aspirantes inscritos, 5,248 se presentaron al examen y 567 lograron aprobar, alcanzando un porcentaje de aprobación del 10.25% en relación con los inscritos y del 10.81% respecto a los examinados.

En comparación, en 2023, hubo 6,049 inscritos, de los cuales 5,607 tomaron el examen y 343 aprobaron. Esto se tradujo en una tasa de aprobación del 5.67% respecto a los inscritos y del 6.11% en relación con los examinados. Aunque el número de aprobados fue menor en comparación con 2022, la tendencia general mostró una mejora significativa en la preparación de los candidatos.

El año 2022 también presentó un avance notable. Con 4,590 inscritos y 4,246 examinados, 364 de estos lograron aprobar, lo que representó un 7.93% de aprobación entre los inscritos y un 8.57% respecto a los examinados.

En 2021, primer año del examen virtual, los números eran considerablemente más bajos, con 7,121 inscritos, 6,204 examinados y solo 127 aprobados, lo que resultó en un porcentaje de aprobación del 1.78% respecto a los inscritos y del 2.05% entre los examinados.

La evolución de la tasa de aprobación del examen de notariado desde 2021 hasta 2024 muestra un progreso sustancial. Según un informe presentado por la CSJ, el incremento constante en los porcentajes de aprobación destaca los esfuerzos continuos por mejorar la calidad y accesibilidad de la formación y certificación de los notarios en el país.

El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana ha recibido una solicitud de agrupación contra 296 imputados vinculados a la clica Victorias Locos Salvatruchos, una facción del programa Chalchuapa que operaba en la zona occidental de El Salvador.

La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a estos individuos varios delitos, incluyendo agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, y amenazas. En el documento presentado, la FGR solicita que los acusados, actualmente a la orden de otros jueces de los diferentes Tribunales contra el Crimen Organizado de Santa Ana, sean agrupados en una sola causa.

Esta solicitud se enmarca en el cumplimiento del Decreto No. 803 sobre las Disposiciones Transitorias Especiales para Ordenar el Procesamiento de Imputados detenidos en el Marco del Régimen de Excepción. Este decreto busca agilizar y centralizar los procesos judiciales relacionados con delitos cometidos por miembros de organizaciones criminales, facilitando así una gestión más eficiente de los casos.

La clica Victorias Locos Salvatruchos es conocida por su actividad delictiva en la región occidental del país, y la acción de agrupar los casos en un solo proceso busca optimizar los recursos judiciales y asegurar una respuesta más eficaz por parte del sistema de justicia.

La Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado dirigido a todos los abogados y notarios de la República, recordándoles sus obligaciones de conformidad con la Ley Contra Lavado de Dinero y de Activos.

En virtud del inciso 4 del artículo 2 de dicha ley, se les recuerda a los profesionales del derecho que son sujetos de aplicación de esta normativa y, como tal, tienen la responsabilidad de informar y reportar ante la autoridad competente las transacciones realizadas en el ejercicio de sus funciones profesionales, dentro de los límites establecidos.

Para cumplir con esta obligación, se les insta a registrarse previamente en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

La Corte Suprema enfatiza que el registro en la UIF es un requisito fundamental para el cumplimiento de las obligaciones profesionales y que su omisión podría implicar consecuencias legales, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley Orgánica Judicial.

Se proporciona un enlace para realizar el registro en la UIF: https://registro.uif.gob.sv/SIRAFRegUifWAR/SujetoObligado/nuevoSujetoObligado.zul

La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador ha juramentado a un perito financiero contable para verificar la documentación agregada por las partes en la demanda por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Rodolfo Antonio Parker Soto y su grupo familiar.

Durante la audiencia preparatoria realizada el 11 y 12 de abril, la Cámara admitió las pruebas presentadas tanto por los abogados de los demandados como por la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía busca demostrar que Rodolfo Parker y su familia obtuvieron un incremento patrimonial no justificado de 2 millones 311 mil 138 dólares con 47 centavos durante los años 2012 a 2021, período en el que Parker fue diputado propietario de San Salvador por el Partido La Esperanza (PES) y por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Se exige que devuelvan al Estado de forma individual los siguientes montos:

• Rodolfo Antonio Parker Soto: $571,224.39
• Cristina Renate Wein de Parker (esposa del exdiputado): $521,637.92
• Andrés Rodolfo Parker Wein (hijo): $967,777.75
• Sofía Cristina Parker Wein (hija): $81,401.19
• Katya Renate Parker Wein (hija): $169,097.22

Las irregularidades encontradas abarcan los rubros de depósitos bancarios, adquisición de vehículos, adquisición de viviendas, pagos de tarjetas de créditos y préstamos.