La Justicia de El Salvador condenó a cadena perpetua a Josué Germain González Mejía y Giovanni Andrés Hernández, integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), por homicidios, desapariciones, extorsiones y delitos relacionados con el terrorismo.

La Fiscalía General de la República informó que ambos operaban en sectores de San Salvador y zonas aledañas. El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó las sentencias.

González Mejía tenía el rango de corredor de clica, mientras que Hernández figuraba como homeboy dentro de la estructura pandillera. Las autoridades los capturaron durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

La reforma penal permite la prisión perpetua

Las condenas se producen después de que El Salvador habilitara la prisión perpetua mediante reformas constitucionales y penales que entraron en vigor el 26 de abril de 2026.

La legislación contempla esta pena para delitos como homicidio, feminicidio, violación y terrorismo. Además, establece un mecanismo de revisión judicial sujeto a los plazos y condiciones legales.

Otros condenados recibieron la pena máxima

En septiembre, los tribunales salvadoreños dictaron otras sentencias de prisión perpetua.

Carlos Arturo Herrera Castro recibió esa condena por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova. Según la acusación fiscal, lo atacó con piedras para robarle dinero en mayo de 2026, en Arcatao, Chalatenango.

Asimismo, Eduardo Mauricio Urbina García fue condenado a prisión perpetua por feminicidio agravado en Santa Ana. El tribunal también ordenó que pagara 15.000 dólares a la familia de la víctima por responsabilidad civil.

Una denuncia presentada recientemente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Cancillería salvadoreña cuestiona las actuaciones del juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan por sus posibles efectos sobre procesos judiciales abiertos en El Salvador en el caso relacionado a la dispuesta por la empresa de telecomunicaciones Continental Towers Latam Holding, que opera en ocho países de América Latina, incluyendo a El Salvador.

Los abogados de Terra Towers Corp. y TBS Management, subsidiarias de Continental Towers denunciaron ante la FGR y el Ministerio de Relaciones Exteriores que las decisiones del juez Kaplan afectan procesos judiciales abiertos en El Salvador.

Los abogados cuestionan actuaciones del juez tras un arbitraje desarrollado en Nueva York por el control de Continental. Una disputa entre socios que tiene por protagonista a la empresa de Estados Unidos, TPG Peppertre.

Según la denuncia, algunas decisiones del juez estadounidense produjeron efectos sobre procesos judiciales abiertos en El Salvador.

Por ello, solicitaron comunicar el caso al Gobierno de Estados Unidos y evaluar una protesta por la vía diplomática.

Disputa empresarial llego a tribunales

El conflicto enfrenta a socios de Continental Towers Latam Holdings Limited. La disputa derivó en un arbitraje en Nueva York promovido por empresas vinculadas con TPG Peppertree y Goldman Sachs.

Los abogados sostienen que las dos subsidiarias salvadoreñas no participaron en ese arbitraje.

Sin embargo, afirman que decisiones del juez estadounidense terminaron afectando procesos iniciados ante instituciones salvadoreñas.

En abril de 2025, Kaplan ordenó desistir de un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. 

También dispuso revocar un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

Multas y transferencias de acciones

La presión del juez contemplaba multas de 10,000 dólares diarios, con posibles incrementos cada 14 días de no desistir del amparo.

Los denunciantes sostienen que esa medida llevó a una representante de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.

Después, en enero de 2026, Kaplan autorizó transferir acciones pertenecientes a Terra Towers y TBS Management.

En mayo, el juez declaró en desacato a las sociedades y fijó dos días para cumplir la orden. Ante el incumplimiento, el secretario del tribunal estadounidense habría firmado los documentos para transferir las acciones.

El caso tambien tiene un proceso penal

En El Salvador, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado conoce un proceso criminal contra cinco personas por delitos derivados de la disputa en la empresa.

La causa incluye acusaciones por estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

Entre los procesados figuran tres ejecutivos estadounidenses vinculados con Peppertree, considerados prófugos por las autoridades salvadoreñas y que podrían ser buscados por le INTERPOL.

Los abogados sostienen que las empresas aparecen como víctimas dentro del proceso penal.

Además, advierten que las decisiones del tribunal estadounidense podrían afectar las medidas patrimoniales adoptadas por la justicia salvadoreña.

La justicia salvadoreña dejó firme la condena contra tres militares por el asesinato de cuatro periodistas holandeses durante el conflicto armado.

La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla recibió el fallo de la Sala de lo Penal.

La Sala rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de los condenados.

Con esa decisión, la Cámara declaró firme y ejecutoriada la sentencia emitida el 30 de abril de 2026.

El fallo confirmó la responsabilidad penal de tres antiguos mandos militares por los asesinatos ocurridos en 1982.

Los exjefes miliares cumplirán condena 

Los condenados son Francisco Antonio Morán Reyes, exdirector de la Policía de Hacienda; José Guillermo García, exministro de Defensa; y Mario Adalberto Reyes Mena, coronel de la Cuarta Brigada de Infantería.

Inicialmente, una jueza impuso 60 años de prisión a cada condenado por cuatro asesinatos.

Sin embargo, el Código Penal aplicado al caso establece un límite máximo de 30 años de prisión.

La jueza también consideró la edad y las condiciones de salud de los acusados al determinar las penas.

Morán Reyes tiene 94 años, García 93 y Reyes Mena 86, según los documentos presentados por sus defensores.

Un crimen cometido durante la guerra

Los cuatro periodistas murieron en marzo de 1982 mientras cubrían los efectos del conflicto armado en Chalatenango.

Las víctimas fueron Koos Koster, Jan Kuiper, Hans Ter Laag y Johannes Wilemsen.

Según el expediente, soldados del Batallón Atonal emboscaron al grupo en Santa Rita, Chalatenango.

Los militares procedían de la Cuarta Brigada de Infantería, ubicada en El Paraíso, en el mismo departamento.

Reyes Mena permanece fuera de El Salvador

Reyes Mena estuvo ausente durante el proceso judicial. La Corte Suprema de Justicia inició un trámite para solicitar su extradición desde Estados Unidos.

Hasta ahora, no se conoce públicamente la fase en que se encuentra ese procedimiento.

El caso llegó a juicio más de 43 años después de los asesinatos. Además, se convirtió en el primer proceso penal por un crimen de guerra en El Salvador que alcanzó la etapa de vista pública.

La Fiscalía General de El Salvador reportó condenas de hasta 254 años de prisión contra integrantes de la MS-13 en dos procesos judiciales.

En total, los tribunales condenaron a 122 pandilleros por homicidios, agrupaciones ilícitas, extorsión, drogas y tráfico de armas.

Condenas por homicidios en el occidente del país

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado condenó a 43 integrantes de la MS-13 por varios delitos.

Los pandilleros operaban en sectores de Zapotitán, Ciudad Arce y El Congo, según la Fiscalía.

Entre los hechos juzgados figura el doble homicidio de dos personas en Ciudad Arce.

La Fiscalía señaló que los pandilleros atacaron a las víctimas tras confundirlas con integrantes de una estructura rival.

El tribunal impuso las siguientes penas:

• Óscar Alfredo Pleitez Guardado, señalado como corredor de clica, recibió 254 años de prisión.
• Douglas Alexander Cárcamo Beltrán fue condenado a 127 años.
• Óscar Adonai Martínez Díaz recibió 97 años.
• Ángel Moreno Cortez fue condenado a 74 años.

Otro proceso incluye extorsión y tráfico de armas

En un segundo proceso, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 79 integrantes de la MS-13.

Las sentencias alcanzaron hasta 45 años de prisión por delitos cometidos en el departamento de Cabañas.

Según la Fiscalía, los acusados participaron en diferentes casos de extorsión, venta de drogas y traslado de armas de fuego.

Los hechos ocurrieron principalmente en los municipios de San Isidro e Ilobasco.

La institución indicó que logró demostrar la participación de cada acusado en los delitos incluidos en este proceso.

Los acusados enfrentan otros procesos judiciales

La Fiscalía agregó que los 79 condenados también enfrentan procesos por otros delitos.

Por esos casos, los acusados recibirán nuevas resoluciones judiciales, según avance cada proceso.

Las sentencias fueron dictadas por tribunales especializados en casos de crimen organizado.

El exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda afrontará un juicio por el delito de peculado relacionado con el bulevar Diego de Holguín.

El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra el exfuncionario por perjuicio a la administración pública.

Según la acusación fiscal, el caso generó un perjuicio económico de $10.64 millones al Estado salvadoreño.

La obra quedó inconclusa tras el plazo previsto

Los hechos investigados ocurrieron entre diciembre de 2005 y enero de 2007, cuando Gutiérrez dirigía el Ministerio de Obras Públicas.

La investigación se centra en el diseño y construcción del segundo tramo del bulevar Diego de Holguín, en Santa Tecla.

La vía ahora lleva el nombre de bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Según la acusación, el contrato establecía un plazo de 420 días para completar los trabajos.

Sin embargo, la obra no habría terminado al cumplirse ese período, pese a que el Estado realizó los pagos mensuales previstos.

Peritaje calcula el daño al Estado

La Fiscalía sostiene que el entonces ministro incurrió en omisiones e incumplimientos durante la ejecución del proyecto.

Estas actuaciones habrían derivado en desembolsos y pagos considerados indebidos por el Estado.

Una pericia financiera y contable estableció un perjuicio económico de $10,643,278.98.

Durante la audiencia preliminar, el juez también revisó las pruebas ofrecidas por las partes para el eventual juicio.

Juez ordena captura del exfuncionario

Tras analizar los elementos presentados, el juzgado decidió enviar el proceso a la etapa de juicio.

Además, el juez declaró en rebeldía a Gutiérrez Miranda y ordenó emitir una orden de captura contra el exministro.

El proceso judicial deberá determinar la responsabilidad penal del exfuncionario por los hechos que le atribuye la Fiscalía.