Legal
Comisión emite dictamen favorable para Ley de Amnistía Tributaria y Aduanera
La ley permitirá que contribuyentes salden sus deudas fiscales sin multas ni recargos por intereses durante un periodo de 90 días
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha emitido un dictamen favorable para la implementación de una Ley Especial y Transitoria de Amnistía, que otorgará facilidades a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias, aduaneras y multas sin la imposición de sanciones ni recargos por intereses.
La normativa tendrá una duración de 90 días calendario desde su entrada en vigencia y beneficiará incluso a los contribuyentes que estén en proceso de fiscalización, audiencias y tasaciones, Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas (TAIIA), o en sedes de la Fiscalía General de la República (FGR) y del sistema judicial.
Según explicó Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, la ley permitirá a los contribuyentes que se acojan a este proceso, pagar su deuda en nueve cuotas mensuales, siendo la primera del 10% del total adeudado al momento de emitir la resolución.
El objetivo principal de la ley es facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales y aduaneras. Sorto subrayó que la medida va dirigida a “las grandes mayorías del pueblo salvadoreño” que no han podido regularizar sus pagos tributarios. Un beneficio adicional incluye la exoneración de recargos por intereses en las multas de tránsito, aunque las multas en sí no serán exoneradas.
Además, los contribuyentes también podrán acogerse a la exoneración de multas determinadas por la administración pública, excluyendo las municipalidades. Esta amnistía está diseñada para aliviar la carga financiera de los pequeños y grandes contribuyentes, promoviendo el pago de sus deudas y estimulando la recaudación.
Sorto indicó que en la amnistía implementada en 2023, más de 36,000 salvadoreños se acogieron al proceso, logrando una recaudación de más de $100 millones, de los cuales el 57% correspondió a pequeños contribuyentes. La expectativa es que esta nueva ley genere resultados similares o superiores.
El diputado William Soriano destacó que aquellos que tengan multas de tránsito impagas tendrán 90 días para saldar sus deudas sin los recargos de intereses. La ley, según Soriano, es una oportunidad para que las personas regularicen su situación en términos fiscales y vehiculares, contribuyendo a una mayor recaudación y cumplimiento de las normas tributarias.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanzó este viernes un servicio en línea para solicitar testimonios.
La nueva herramienta permite iniciar el trámite de manera remota, sin acudir personalmente a las oficinas de la institución.
El servicio está disponible para la población salvadoreña que reside en el país y para quienes viven en el extranjero.
La plataforma forma parte del proceso de digitalización de servicios del Órgano Judicial.
La plataforma utiliza identificación y código de acceso
Para ingresar al sistema, el usuario debe proporcionar su documento de identidad en el formato establecido.
Después, debe solicitar un código de acceso para completar el proceso de autenticación.
Una vez dentro de la plataforma, podrá gestionar la solicitud del testimonio correspondiente.
El sistema está integrado al servicio de trámites en línea de la Corte Suprema de Justicia.
Qué documentos pueden solicitarse
En el ámbito notarial, un testimonio es una copia certificada o transcripción oficial de un instrumento público.
Estos documentos pueden corresponder a escrituras públicas, testamentos, donaciones y otros actos notariales registrados.
La Sección de Notariado de la CSJ atiende este tipo de solicitudes.
Hasta ahora, estos trámites podían requerir gestiones presenciales o la intervención de representantes, según cada caso.
La medida facilita gestiones desde el extranjero
El nuevo servicio elimina la necesidad de trasladarse físicamente para iniciar la solicitud.
Esto permite que los salvadoreños residentes en otros países puedan gestionar el trámite de manera remota.
La Corte Suprema presentó la plataforma durante un acto oficial.
Un total de 142 profesionales del derecho fueron juramentados este miércoles en El Salvador y quedaron habilitados para ejercer la abogacía en sus distintas ramas.
La ceremonia marcó el ingreso formal de los nuevos abogados al ejercicio profesional. El acto estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Los profesionales asumieron el compromiso de cumplir las leyes y ejercer la defensa de sus representados con responsabilidad.
Preparación como requisito profesional
Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó la necesidad de mantener una formación jurídica sólida.
El magistrado llamó a los nuevos abogados a fortalecer sus conocimientos sobre teoría del derecho, principios generales y jurisprudencia.
También mencionó la importancia de conocer las decisiones de tribunales nacionales y extranjeros.
“Los exhorto este día a estar preparados con conocimientos sólidos en la teoría del derecho”, afirmó Mejía.
El funcionario vinculó esa preparación con el compromiso asumido durante la juramentación.
Participación de magistrados
En el acto participaron magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y miembros de la Comisión de Abogacía y Notariado.
Entre ellos estuvieron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
También asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.
Legal
Corte Suprema fortalece capacitación judicial para valorar pruebas en casos de violencia contra mujeres
El sistema judicial de El Salvador concluyó una formación especializada sobre valoración de pruebas con enfoque de derechos humanos para mejorar la atención de casos de violencia contra mujeres.
La capacitación se desarrolló durante seis jornadas y reunió a jueces, colaboradores judiciales y personal del Instituto de Medicina Legal.
También participaron profesionales de equipos multidisciplinarios que atienden a mujeres en distintas zonas del país.
La actividad abordó criterios técnicos para valorar pruebas testimoniales y periciales especializadas. Además, incluyó análisis sobre la respuesta judicial en contextos de desigualdad y discriminación.
La Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proceso de formación.
El objetivo es mejorar la valoración de pruebas
Durante las jornadas, los participantes intercambiaron experiencias y revisaron criterios para fortalecer las decisiones judiciales.
La formación también buscó mejorar la respuesta de las jurisdicciones especializadas en violencia contra las mujeres, familia y paz.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional Luis Javier Suárez Magaña destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en las resoluciones judiciales.
Según el funcionario, las decisiones deben contar con fundamentos jurídicos y evitar prejuicios y estereotipos.
Cooperación internacional respaldó el proceso
En la actividad participaron representantes de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y de Canadá.
También asistió Ximena Díaz, coordinadora de proyectos de Abogados Sin Fronteras Canadá.
Al cierre del proceso, Díaz recibió un diploma de reconocimiento por el apoyo de esa organización a la capacitación.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios judiciales y especialistas que intervienen en casos relacionados con mujeres.
Un curso especializado sobre extradición concluyó en El Salvador con la participación de profesionales de seis países, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos jurídicos.
La capacitación abordó el papel de la extradición en la lucha contra la delincuencia nacional y transnacional. También buscó fortalecer las capacidades legales de los participantes.
Profesionales de Chile, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay participaron en el programa. Todos cuentan con experiencia activa en procesos relacionados con la extradición.
Durante las sesiones, los especialistas analizaron los procedimientos aplicados en sus respectivos países. Además, revisaron los requisitos establecidos en tratados y legislaciones nacionales.
El programa incluyó temas como estándares probatorios, motivos para denegar una extradición y documentos necesarios. También abordó las distintas etapas de estos procedimientos.
Intercambio de experiencias entre sistemas judiciales
La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Personal Judicial en el Extranjero (OPDAT) y el Departamento de Estado de Estados Unidos desarrollaron el curso.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó el intercambio de experiencias entre los participantes.
“Compartir experiencias, identificar desafíos comunes, encontrar soluciones y desarrollar buenas prácticas” contribuye, según Mejía, a mejorar los sistemas de justicia.
El funcionario también señaló que la formación busca fortalecer las competencias de los profesionales para el desempeño de sus funciones.
Participación de magistrados salvadoreños
El acto de clausura contó con la presencia de Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal.
Además, Roberto Carlos Calderón, magistrado de esa misma Sala, participó directamente en el curso especializado.
La actividad cerró así un programa centrado en los aspectos jurídicos y prácticos de la extradición entre países con distintos marcos legales.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador convocó a abogados interesados en obtener autorización para ejercer como ejecutores de embargo.
La convocatoria está a cargo de la Sección de Investigación Profesional, que publicó una guía con los requisitos y pasos para iniciar el trámite.
Estos son los requisitos para ejercer
La Ley Orgánica Judicial establece que solo podrán ejercer esta función quienes reciban autorización de la Sección de Investigación Profesional.
Entre los requisitos figura ser salvadoreño y abogado de la República. Además, los aspirantes deben demostrar moralidad y competencias notorias.
También deben aprobar un examen de suficiencia para ejercer como ejecutores de embargo.
El proceso incluye además la presentación de una fianza por un año.
La garantía debe cubrir hasta cinco salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios.
El interesado debe presentar esa fianza ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia.
La ley establece quiénes no pueden ejercer
El artículo 107 de la Ley Orgánica Judicial establece varias causas de incapacidad para desempeñar esta función.
La norma incluye a personas ciegas, mudas o sordas, así como a quienes tengan una discapacidad mental.
También excluye a personas condenadas mediante sentencia firme por un delito doloso.
Esta restricción se mantiene durante el periodo establecido en la sentencia, incluso si la persona cumple una medida de libertad restringida.
La Corte publicó una guía para el trámite
La Sección de Investigación Profesional recomendó a los abogados revisar la guía antes de iniciar el proceso de autorización.
El documento advierte que cualquier demora derivada del incumplimiento de los requisitos será responsabilidad del interesado.
Los abogados pueden realizar consultas sobre el trámite mediante el correo de la Sección de Investigación Profesional: investigacion.profesional@oj.gob.sv.
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Cuarto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 164
Certeza jurídica, modernización fiscal y el rol estratégico del derecho tributario en el entorno empresarial.
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