La Corte Suprema de Justicia de El Salvador puso en marcha el plan piloto de un nuevo sistema tecnológico para fortalecer la atención judicial a víctimas de violencia intrafamiliar.

La institución activó el Sistema de Gestión de Casos de Violencia Intrafamiliar, conocido como SIGEVI, en 13 sedes judiciales del país. La medida busca mejorar el acceso a la justicia y reforzar la protección de personas afectadas por este tipo de hechos.

El nuevo mecanismo incorpora herramientas para agilizar procesos y mejorar el seguimiento de los casos atendidos por las autoridades judiciales.

Herramienta incorpora evaluación para identificar situaciones de riesgo

El sistema incluye una metodología de valoración de riesgo y una actualización del formulario utilizado para presentar denuncias.

La Corte indicó que estos cambios permitirán fortalecer la recopilación de información y facilitar el seguimiento de cada caso.

Además, las autoridades esperan mejorar la capacidad de respuesta y la atención a las personas que buscan protección judicial.

Implementación alcanza tribunales en cuatro departamentos

El plan piloto beneficiará a usuarios de juzgados especializados y otras sedes judiciales ubicadas en Santa Ana, San Salvador, San Miguel y La Libertad.

La implementación incluye Juzgados Especializados de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, además de Juzgados de Paz y de Familia.

Las autoridades esperan ampliar el alcance de la herramienta según los resultados obtenidos durante esta fase inicial.

Personal judicial recibió preparación para el uso de la plataforma

Como parte del proceso, equipos técnicos desarrollaron capacitaciones dirigidas a operadores de justicia y personal especializado.

La Dirección de Desarrollo Tecnológico e Información impartió las jornadas para facilitar el uso del nuevo sistema.

Además, la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proyecto con apoyo de la Misión Internacional de Justicia.

Durante las actividades participaron representantes institucionales y personal de atención integral a víctimas.

Las máximas autoridades judiciales de El Salvador y Perú sostuvieron un encuentro bilateral enfocado en fortalecer la cooperación institucional y el intercambio de experiencias sobre extinción de dominio y combate al crimen organizado.

La reunión se desarrolló en San Salvador y reunió al presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Henry Alexander Mejía, y a la presidenta del Poder Judicial de Perú, Janet Tello Gilardi.

Además, el encuentro marcó el cierre de una pasantía especializada que abordó herramientas jurídicas relacionadas con recuperación de bienes de origen ilícito.

Magistrados analizaron criterios y experiencias legales

La actividad abrió un espacio de diálogo entre jueces y magistrados de ambas instituciones judiciales.

Por parte de El Salvador participaron el magistrado Ramón Iván García, integrante de la Sala de lo Constitucional; Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal; y la magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes.

Durante las sesiones, los participantes intercambiaron criterios jurídicos y experiencias sobre procesos vinculados a la extinción de dominio.

Las autoridades también abordaron mecanismos utilizados para enfrentar estructuras criminales y combatir actividades relacionadas con corrupción.

Especialistas revisaron decisiones y aplicación de normas

Especialistas revisaron decisiones y aplicación de normas

La pasantía inició el 23 de junio y contó con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos.

En el programa se desarrollaron conversatorios técnicos con magistrados de las Cámaras Primera y Segunda contra el Crimen Organizado.

Los participantes analizaron temas relacionados con construcción de jurisprudencia, naturaleza jurídica de la extinción de dominio y su aplicación práctica.

Asimismo, el magistrado Alejandro Antonio Quinteros presentó criterios relevantes de la Sala de lo Penal sobre esta materia.

La magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes expuso aspectos relacionados con recursos de casación y valoración de pruebas.

El intercambio busca reforzar mecanismos regionales

Las instituciones señalaron que la actividad busca consolidar vínculos de cooperación judicial entre ambos países.

Además, pretende ampliar el intercambio de buenas prácticas y fortalecer herramientas para recuperar activos de origen ilícito.

El proceso también apunta a actualizar marcos jurídicos y desarrollar mecanismos alineados con estándares internacionales en la lucha contra el crimen organizado.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inauguró una Sala de Simulación de Audiencias destinada al fortalecimiento de la formación práctica de jueces y servidores del sistema judicial.

El nuevo espacio funcionará dentro de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” y servirá para desarrollar actividades relacionadas con el estudio, análisis y práctica forense.

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca acercar la formación académica a escenarios similares a los procesos judiciales reales.

El espacio permitirá ejercicios basados en casos prácticos

La nueva sala facilitará el desarrollo de simulaciones y ejercicios vinculados con procedimientos judiciales.

Además, los participantes podrán fortalecer habilidades relacionadas con argumentación jurídica, valoración de pruebas y dinámicas procesales.
“Esta sala se convertirá en un laboratorio de conocimiento, reflexión y crecimiento profesional; en un lugar donde la teoría y la práctica se encuentren para contribuir a la formación de servidores públicos más preparados”, dijo el presidente del pleno, Miguel Angel Calero.

Las autoridades indicaron que el proyecto pretende reforzar la preparación técnica y práctica de quienes participan en actividades de formación judicial.

La práctica mediante simulaciones permite recrear situaciones similares a las que se presentan en tribunales y audiencias.

Autoridades judiciales participaron en la apertura oficial

El acto de inauguración fue encabezado por el presidente del CNJ, y también participaron los consejeros propietarios Doris Deysi Castillo, Alcides Salvador Funes, Verónica Lissette González, Luis Alonso Ramírez, Carlos Wilfredo García y Santos Guerra.

Durante la actividad, las autoridades realizaron el acto oficial de apertura del nuevo espacio de capacitación.

El Salvador completó la implementación nacional del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con la incorporación del departamento de Cuscatlán, una medida que busca ampliar el acceso a la justicia y fortalecer el vínculo entre las comunidades y el sistema judicial.

La oficialización se realizó durante un acto inaugural en San Rafael Cedros, Cuscatlán Sur. Con esta incorporación, el programa alcanza presencia en los 14 departamentos del país.

Las autoridades señalaron que los facilitadores judiciales desempeñan funciones de apoyo comunitario y sirven como enlace entre la población y las instituciones judiciales. Además, el sistema busca acercar los servicios de justicia a zonas con menos acceso a orientación legal.

Expansión nacional cierra cobertura pendiente

La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, afirmó que la incorporación de Cuscatlán marca un paso relevante dentro del proceso de expansión nacional.

Durante su intervención, explicó que ese departamento era el único del país que aún no contaba con el servicio.

“Con esta incorporación se alcanza una meta trascendental para la Corte Suprema de Justicia y para El Salvador, ya que Cuscatlán era el único departamento que aún no contaba con este valioso servicio”, expresó la funcionaria.

Además, indicó que la iniciativa busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y promover una cultura de paz en las comunidades.

Nuevos participantes reciben funciones y herramientas

Como parte de la actividad, las autoridades juramentaron a nuevos facilitadores judiciales que asumirán tareas de acompañamiento comunitario y orientación ciudadana.

Asimismo, entregaron equipo destinado a apoyar el desarrollo de sus funciones en distintas localidades.

Las autoridades esperan que estos recursos permitan fortalecer el trabajo territorial y mejorar la comunicación entre la población y el sistema judicial.

Modelo busca ampliar el vínculo con la población

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales opera como un mecanismo de apoyo comunitario que acerca información y orientación a la ciudadanía.

Con la ampliación de cobertura, el programa busca fortalecer la relación entre las comunidades y las instituciones encargadas de la administración de justicia en todo el territorio salvadoreño.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, junto con el Comité Electoral Judicial, abrió la convocatoria para jueces, juezas, magistradas y magistrados propietarios interesados en participar en la elección de candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura para el período 2026-2031.

La institución informó que el período de inscripción estará vigente del 22 al 29 de junio de 2026. Durante ese plazo, los aspirantes deberán presentar su solicitud ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Además, los participantes deberán entregar documentación que respalde el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales.

Aspirantes deberán acreditar requisitos y presentar declaración jurada

Las autoridades detallaron que podrán participar jueces y magistrados propietarios interesados en integrar el proceso.

Los postulantes deberán cumplir requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura.

Asimismo, cada participante deberá presentar una declaración jurada que confirme que no posee impedimentos legales o inhabilidades para optar al cargo.

La convocatoria también establece la entrega de una fotografía reciente en formato digital.

El Comité Electoral Judicial verificará el cumplimiento de cada requisito y podrá emitir observaciones si encuentra información pendiente.

Causales de rechazo incluyen expedientes incompletos y suspensión del cargo

Las autoridades indicaron que el proceso contempla motivos específicos para rechazar solicitudes.

Entre las causas figura la presentación de documentación incompleta que no sea corregida dentro del plazo establecido.

Además, el comité podrá denegar la inscripción a personas suspendidas para ejercer funciones judiciales.

La Corte también pidió a los participantes mantenerse atentos a los canales oficiales relacionados con el proceso electoral.

Calendario fija actividades hasta mediados de julio

La agenda electoral establece varias etapas antes de la elección final.

El 30 de junio será la fecha límite para revisar los expedientes recibidos. Posteriormente, el 1 y 2 de julio, los aspirantes podrán corregir observaciones o responder impugnaciones.

Entre el 4 y el 10 de julio se desarrollará el período de proselitismo electoral. Paralelamente, las autoridades efectuarán validaciones de datos, auditorías y pruebas técnicas de la plataforma electrónica.

La Asamblea General de juezas, jueces, magistradas y magistrados se celebrará el 11 de julio. Durante esa jornada se realizará la elección, el escrutinio final y la comunicación de resultados.

Después, el proceso incluirá un período para presentar y resolver impugnaciones.

Finalmente, el Comité Electoral Judicial certificará los resultados el 17 de julio y enviará las ternas a la Corte Suprema de Justicia para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa.