La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador anuló un fallo absolutorio en un proceso por violación agravada.

La resolución, emitida el 1 de julio de 2026, estableció que existieron errores en la valoración de pruebas decisivas mediante las reglas de la sana crítica.

El caso corresponde al expediente 625C2025 y aborda la perspectiva de género en la valoración de los testimonios de víctimas de delitos sexuales.

La Fiscalía cuestionó la valoración de las pruebas

Una agente auxiliar del Fiscal General de la República presentó un recurso de casación contra una resolución de la Cámara de la Segunda Sección del Centro.

Esa instancia había confirmado la absolución dictada por el Tribunal de Sentencia del distrito de Cojutepeque.

La Fiscalía alegó una aplicación incorrecta de las reglas de la sana crítica. Según el recurso, ese error afectó la valoración de medios probatorios considerados decisivos.

La Sala identificó errores en las decisiones anteriores

La Sala de lo Penal declaró ha lugar el recurso de casación presentado por la representación fiscal.

Los magistrados determinaron que la resolución de la Cámara incurrió en el error señalado por la parte recurrente.

Además, la Sala concluyó que ese mismo defecto estaba presente en la sentencia absolutoria de primera instancia.

Por ello, anuló la resolución de la Cámara y también la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque.

También queda anulada la vista pública

La decisión judicial incluyó la nulidad de la vista pública que precedió al fallo de primera instancia.

En consecuencia, el proceso queda afectado por la anulación de las actuaciones señaladas por la Sala de lo Penal.

La resolución se refiere a un proceso penal por violación agravada y centra su análisis en la valoración de elementos probatorios decisivos.

El fallo incorpora una perspectiva de género

El caso plantea la importancia de aplicar una perspectiva de género al valorar testimonios de víctimas de delitos sexuales.

La resolución analiza las reglas de la sana crítica como parte del examen judicial de las pruebas.

Con la decisión, la Sala de lo Penal dejó sin efecto los fallos cuestionados por la Fiscalía.

El expediente 625C2025 corresponde a una sentencia definitiva emitida bajo el Código Procesal Penal vigente.

El Salvador participó en la reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. El magistrado Luis Javier Suárez Magaña, de la Sala de lo Constitucional, representó al país en la reunión regional sobre justicia, transformación digital e inteligencia artificial.

El encuentro se desarrolló en Guatemala bajo el lema “Hacia una justicia transparente, innovadora y cercana”.

Durante la actividad, Suárez Magaña destacó el papel del Consejo como espacio para analizar temas jurídicos de interés común.

Además, señaló la importancia de actualizar los sistemas judiciales ante los avances tecnológicos.

Inteligencia artificial entra en la agenda regional

Uno de los temas abordados fue el uso responsable de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

Los participantes analizaron estos recursos como parte de los procesos de modernización de los servicios judiciales.

Asimismo, la agenda incluyó asuntos relacionados con la integridad, la rendición de cuentas y la transformación digital.

El objetivo regional apunta a mejorar de forma continua la atención que brindan los sistemas de justicia.

Consejo define ruta de trabajo para 2026-2027

La reunión también incluyó el traspaso de la presidencia pro tempore del Consejo para el período 2026-2027.

Representantes de los poderes judiciales de los países miembros participaron en esta transición.

La nueva ruta de trabajo contempla acciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

También incorpora medidas vinculadas con la innovación tecnológica y la mejora de los servicios judiciales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó que el registro para prácticas jurídica de la convocatoria actual vencerá el 21 de agosto de 2026. La institución pidió a los estudiantes avanzados, egresados y graduados en Ciencias Jurídicas completar el trámite dentro del plazo establecido.

La convocatoria aplica para quienes realizarán su práctica en tribunales, dependencias del Órgano Judicial o instituciones gubernamentales con convenio vigente. El registro se realiza únicamente a través del portal oficial de la Corte Suprema de Justicia https://apps.csj.gob.sv/inscripcion-practica-juridica/.

El trámite es un requisito para ejercer como abogado

La práctica jurídica en El Salvador constituye un requisito legal obligatorio para solicitar la autorización para ejercer la abogacía ante la Corte Suprema de Justicia.

La Constitución salvadoreña otorga a ese tribunal la facultad exclusiva de autorizar el ejercicio profesional de los abogados. Además, la Ley Orgánica Judicial exige acreditar la práctica como parte del proceso de habilitación.

La convocatoria actual se realiza mediante el portal oficial

La modalidad anunciada corresponde al programa de apoyo en tribunales, dependencias judiciales e instituciones gubernamentales. Los participantes prestan apoyo sin relación laboral ni remuneración durante un período aproximado de seis meses.

El proceso incluye inscripción en línea, verificación de requisitos, evaluación de conocimientos, inducción y la presentación de una memoria de labores al finalizar la práctica.

Quiénes pueden inscribirse en esta convocatoria

Pueden participar estudiantes con al menos el 70 % de las materias aprobadas, así como egresados y graduados de universidades que mantienen convenios vigentes con la Corte Suprema de Justicia.

Entre los documentos que normalmente solicita la convocatoria figuran la constancia académica correspondiente, documento de identidad vigente, fotografía reciente y la solicitud presentada mediante el sistema en línea.

La formación práctica es indispensable para el proceso de habilitación

La Corte Suprema de Justicia impulsa este programa para que los futuros profesionales complementen su formación académica con experiencia práctica dentro del sistema judicial.

Sin acreditar la práctica jurídica, los aspirantes no pueden completar el trámite formal de autorización para ejercer la abogacía en El Salvador. Por ello, la institución reiteró que el 21 de agosto de 2026 será la fecha límite para registrarse en la convocatoria vigente.

Imagen principal: Herman Duarte, fundador de Simle Legal Consulting, en la oficina de la firma en Lindora, Costa Rica. Fotografía: @TimelessbyFernando.

Con una práctica consolidada y una nueva oficina en Lindora, Costa Rica, la firma boutique fundada por el abogado salvadoreño (y ahora también, costarricense) Herman Duarte ofrece asesoría integrada para clientes privados, familias, empresarios e inversionistas interesados en residir, diversificar activos o desarrollar negocios en el país.

Simple Legal Consulting (SLC) inicia una nueva etapa desde su sede en Futura Business & Plaza, en Lindora. La oficina amplía la capacidad de una práctica que atiende decisiones migratorias, inmobiliarias, corporativas, bancarias y patrimoniales para clientes con
intereses en Costa Rica. Su apertura, reseñada por Forbes Centroamérica, no constituye el comienzo de la firma, sino la expresión visible de una organización construida durante años, cliente por cliente y asunto por asunto.

Una organización con rumbo claro

Duarte trabajó durante 5 años en Batalla Abogados, 3 años en Fundación Igualitxs, antes de fundar SLC en 2021. Es graduado de ESEN, obtuvo un LL.M. en International Commercial Arbitration Law en Stockholm University y cursó un MSc en Human Rights and Politics en la London School of Economics como becario Chevening. Esa combinación de experiencia empresarial, estrategia jurídica y comprensión humana terminó dando forma a una firma enfocada en clientes privados.

Hoy SLC trabaja con personas, familias y empresarios de Estados Unidos, Canadá, de países europeos y América Latina. La firma ha acompañado cientos de procesos migratorios y ha ampliado su práctica hacia inversión inmobiliaria, estructuración corporativa, cumplimiento, documentación bancaria y solución de controversias. La confianza en esta nueva etapa no descansa en una promesa de éxito, sino en una propuesta probada, procesos ordenados y claridad sobre el cliente al que la organización desea servir. 

Perseverar también significa corregir

La evolución no fue lineal. Duarte ensayó distintos proyectos, conceptos y modelos de práctica legal. Algunos no encontraron suficiente mercado y otros tuvieron que cambiar. La enseñanza empresarial fue decisiva: perseverar no significa repetir indefinidamente una idea
que no funciona. Significa conservar el propósito, escuchar lo que la gente necesita y ajustar la oferta sin renunciar a la ética

“Hoy sabemos quiénes somos, qué ofrecemos y a quién queremos ayudar.
Esa claridad nos permite mirar el futuro de SLC con seguridad”.

Confianza, inversión y movilidad: Costa Rica como plataforma complementaria

Para empresarios y familias salvadoreñas, Costa Rica puede representar una segunda residencia (basta ver el Grupo Poma como tiene operaciones igual o hasta más fuertes en el país como un termómetro de ser un gran lugar para invertir), una jurisdicción complementaria o una base para nuevos proyectos. La oportunidad requiere planificación, documentación y cumplimiento; y Simple Legal Consulting (SLC) esta disponible para ayudarle.

El interés empresarial en Costa Rica tiene una base concreta. Según el Ministerio de Comercio Exterior, el país superó los US$5.000 millones en inversión extranjera directa durante 2025 por segundo año consecutivo, con actividad relevante en zonas francas, turismo, inmobiliario y empresas del régimen definitivo. 

Para Duarte, esta posibilidad no compite con la modernización de El Salvador. Permite que sus empresarios piensen regionalmente y evalúen cómo diversificar una parte de sus proyectos o patrimonio, de la mano con una firma con profesionales honrados, técnicos y profesionales.

Residencia y movilidad

Evaluación de opciones migratorias como rentista, inversionista, pensionado o nómada digital, además de planificación documental, presentación, seguimiento y coordinación de las etapas necesarias para establecerse en Costa Rica. Un plan B nunca viene mal.

Inversión inmobiliaria y patrimonial

Debida diligencia sobre propiedades, titularidad, gravámenes, planos, situación municipal, contratos y cierres. La planificación patrimonial se estructura conforme a la legislación aplicable, las obligaciones fiscales y los deberes de transparencia. Una guía de compra puede verse en su website. 

Expansión corporativa y cumplimiento

Constitución de sociedades con tan solo llenar un formulario, contratos, permisos, gobierno corporativo y mantenimiento legal. El objetivo es que la estructura sirva al negocio y se mantenga lista para operar, invertir o sostener activos.

Banca y origen de fondos

Apoyo en la preparación documental y coordinación con entidades bancarias, contadores y otros profesionales. Toda apertura o
transacción permanece sujeta a las políticas de conocimiento del cliente y aprobación de cada institución.

Una contraparte para abogados salvadoreños

SLC también puede actuar como asesor local en Costa Rica para firmas y abogados salvadoreños cuyos clientes necesitan apoyo migratorio, inmobiliario, corporativo, bancario o contencioso. La coordinación busca respetar la relación profesional de origen, mantener informado al asesor remitente y resolver localmente lo que exige conocimiento del sistema costarricense. 

SLC ofrece reuniones de cortesía, que pueden agendar automáticamente en este enlace: Reunión con Herman Duarte.

El apellido como responsabilidad

La cultura de la firma también está vinculada con las raíces de Duarte. En la familia Duarte Schlageter, explica, conservar el apellido significa cuidar la palabra y responder por la calidad del propio trabajo. Su abuelo Rolando Duarte le inculcó que la honradez no es una declaración, sino una conducta diaria. 

Duarte reconoce esa misma ética en sus padres, hermano, tíos, primos y familiares, y considera que ejercer en otro país aumenta la responsabilidad de proteger ese buen nombre, y justamente eso lo ha motivado a no tirar la toalla, y tener esa esperanza que aunque hoy este oscuro, mañana vuelve a salir el sol. La esperanza es lo último que se pierde.

“En nuestra familia, el apellido no es un privilegio. Es la responsabilidad de ser honrados, cumplir la palabra y hacer bien el trabajo”.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inauguró este lunes un proceso de formación especializado sobre el abordaje de la violencia digital contra las mujeres desde un enfoque de derechos humanos.

La capacitación se desarrolla en coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y cuenta con el apoyo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Además, la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, por medio de su Unidad de Género, impulsa la iniciativa para fortalecer las capacidades de los operadores judiciales.

El programa está dirigido a personal de Juzgados de Paz, de Familia, especializados en violencia contra las mujeres, así como de Niñez y Adolescencia.

Formación incorpora medidas de protección y autocuidado digital

Durante la inauguración, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, señaló que el proceso busca dotar a los operadores de justicia de herramientas para mejorar la atención de las víctimas.

Según explicó, la capacitación incluye contenidos sobre autocuidado digital, protección efectiva de las personas afectadas y actuaciones judiciales con enfoque técnico y centrado en la dignidad humana.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer una justicia más eficiente y orientada a garantizar los derechos de las personas frente a las nuevas formas de violencia que surgen en los entornos digitales.

Magistrados e instituciones respaldan la iniciativa

En la actividad participaron magistrados de las salas de lo Constitucional, lo Civil, lo Penal y lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

También asistieron representantes del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, así como de ORMUSA.

Las instituciones, de acuerdo a la información oficial, buscan fortalecer la respuesta del sistema judicial ante los casos de violencia digital contra las mujeres y promover la aplicación de estándares de derechos humanos en las decisiones judiciales.