El Salvador concluyó este miércoles el Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario, centrado en innovación, regulación y nuevos desafíos para el sistema de salud.

El encuentro fue organizado por la Superintendencia de Regulación Sanitaria y reunió a expertos nacionales e internacionales.

La actividad abordó temas jurídicos, científicos y tecnológicos relacionados con la regulación sanitaria y el derecho a la salud.

Además, participaron autoridades de la Corte Suprema de Justicia y especialistas en distintas áreas vinculadas con el sector.

Autoridades judiciales destacan el vínculo entre ciencia y justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, participó en el congreso.

También asistió el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez.

Mejía señaló que el encuentro permitió ampliar el diálogo sobre el derecho sanitario y sus nuevos desafíos.

Además, destacó la importancia de acercar a los administradores de justicia a los avances científicos, tecnológicos y regulatorios.

Según el magistrado, la Corte Suprema continuará promoviendo alianzas para responder a las nuevas realidades del sector sanitario.

La inteligencia artificial entra en el debate regulatorio

Durante el congreso, Mejía moderó un panel sobre el uso de software como dispositivo médico.

Expertos analizaron las implicaciones y desafíos que plantea esta tecnología dentro del ámbito sanitario.

La agenda también incluyó temas relacionados con inteligencia artificial y ciberseguridad.

Asimismo, los especialistas abordaron la regulación de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y productos veterinarios.

Estos temas reflejan el alcance que las autoridades buscan dar al derecho sanitario en El Salvador.

La regulación sanitaria busca ampliar su alcance

El superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García, planteó la necesidad de consolidar el derecho sanitario como una disciplina.

Según García, esta área involucra tanto a profesionales del derecho como a especialistas del sector salud.

También señaló que las conclusiones del congreso podrían contribuir a futuras reformas sanitarias.

El funcionario explicó que la regulación debe proteger el derecho a la salud de toda la población.

Por ello, planteó ampliar el enfoque más allá de la relación entre médicos y pacientes.

Medicamentos, alimentos y dispositivos forman parte del debate

García señaló que la regulación sanitaria incluye productos y actividades que pueden influir en la salud pública.

Entre ellos mencionó medicamentos, cosméticos, productos higiénicos y dispositivos médicos.

También incluyó alimentos, bebidas, tabaco, alcohol e insumos de uso agropecuario.

Además, destacó la regulación de productos y dispositivos destinados al ámbito veterinario.

“Es necesario que El Salvador redefina qué debemos entender por derecho sanitario, pero también redefinir los principios, porque al derecho sanitario no únicamente le corresponde regular la relación médico – paciente, le corresponde regular el derecho a la salud de la población y el derecho a la salud es la regulación de todos los productos que inciden en la salud, todos los establecimientos, todas las actividades desde medicamentos cosméticos, higiénicos, dispositivos médicos de uso humano, de uso veterinario, alimentos, bebidas, tabaco, alcohol y insumos de uso agropecuario”, dijo García.

El funcionario sostuvo que estos sectores requieren normas para garantizar una protección integral de la salud.

El congreso busca fortalecer el sistema regulatorio

El encuentro reunió a especialistas de distintas áreas para compartir conocimientos y experiencias.

Además, la organización planteó fortalecer capacidades y establecer nuevas alianzas en materia de regulación sanitaria.

La agenda incluyó participación nacional e internacional en temas científicos, jurídicos y tecnológicos.

Según García, uno de los objetivos consiste en definir con mayor precisión el alcance del derecho sanitario.

Las conclusiones del congreso podrían servir como referencia para futuras acciones y propuestas dentro del sistema regulatorio salvadoreño.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que graduados, egresados y estudiantes de Derecho pueden realizar su práctica jurídica en varias instituciones públicas, además de los juzgados y dependencias judiciales.

La medida amplía las opciones para quienes deben completar este requisito académico y profesional antes de ejercer como abogados.

Fiscalía y ministerios están entre las opciones

Entre las instituciones autorizadas figuran la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los aspirantes también pueden realizar su práctica en el Ministerio de Economía y la Defensoría del Consumidor.
Asimismo, la lista incluye a la Superintendencia de Competencia, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y el Tribunal de Ética Gubernamental.

La Corte Suprema también contempla otros ministerios e instituciones gubernamentales que cumplan las condiciones establecidas.

La práctica exige al menos seis meses

La práctica jurídica requiere completar 1,024 horas, durante un período mínimo de seis meses.

Además, solo pueden participar estudiantes de universidades que mantienen un convenio vigente con la Corte Suprema de Justicia.

La convocatoria establece distintas exigencias según la situación académica del aspirante.

Los estudiantes deben presentar una constancia que acredite al menos el 70 % de las materias aprobadas. Los egresados deben presentar su carta de egreso.

Los graduados deben entregar una copia certificada por notario del título de Licenciado en Ciencias Jurídicas.

Todos los aspirantes deben presentar fotografía reciente, copia ampliada del documento de identidad y otros documentos requeridos.

La inscripción permanece abierta esta semana

La segunda convocatoria ordinaria de 2026 habilitó la inscripción en línea del 17 al 21 de agosto.

Los aspirantes deben completar el formulario y adjuntar la documentación requerida mediante la plataforma habilitada por la Corte Suprema.

Además, deberán realizar un examen general de conocimientos el 28 de agosto. La prueba será obligatoria y se desarrollará en línea.

Los aspirantes necesitan una nota mínima de 6.00 para aprobar el examen.

La Corte Suprema contempla otras modalidades para acreditar la práctica jurídica. Entre ellas figuran algunas opciones vinculadas con la Procuraduría General de la República y determinadas actividades profesionales.

Los requisitos dependen de cada modalidad y de las normas establecidas para la práctica jurídica en El Salvador.

La Audiencia Nacional de España concedió libertad condicional por motivos de salud al excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, condenado por la masacre de seis jesuitas y dos mujeres en 1989.

Montano, de 84 años, cumple una condena por asesinatos cometidos contra sacerdotes españoles durante la ofensiva militar de noviembre de 1989 en San Salvador.

El deterioro de salud sustenta la decisión

La prisión Madrid VII de Estremera propuso en marzo concederle el beneficio penitenciario. El juez José Luis Castro, de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, aprobó la medida.

La resolución señala un grave deterioro de salud y un elevado declive cognitivo. Además, menciona delirios y una alta dependencia para realizar actividades cotidianas.

El juez consideró que Montano padece una enfermedad grave e incurable. Por ello, ordenó que continúe bajo tratamiento médico en el centro correspondiente a su domicilio.

La resolución también establece que una enfermedad grave no requiere un estado preagónico para acceder a la libertad condicional.

Montano fue condenado por asesinatos de 1989

La Audiencia Nacional condenó a Montano en 2020 por cinco asesinatos con carácter terrorista. Las víctimas fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno.

Los militares asesinaron a los sacerdotes en noviembre de 1989 dentro del campus de la Universidad Centroamericana de San Salvador.

La justicia española atribuyó la operación al alto mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Montano formaba parte de esa estructura como viceministro de Seguridad Pública.

La pena superaba los 133 años

Aunque el tribunal impuso una pena acumulada superior a 133 años, fijó en 30 años el máximo de cumplimiento efectivo.

La sentencia también consideró acreditada la participación de Montano en la estructura militar vinculada con la masacre.

Además, atribuyó a esa operación las muertes del jesuita salvadoreño Joaquín López y de Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth.

Sin embargo, España no pudo condenarlo por esos tres asesinatos porque Estados Unidos no autorizó su extradición por esos hechos.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador anuló un fallo absolutorio en un proceso por violación agravada.

La resolución, emitida el 1 de julio de 2026, estableció que existieron errores en la valoración de pruebas decisivas mediante las reglas de la sana crítica.

El caso corresponde al expediente 625C2025 y aborda la perspectiva de género en la valoración de los testimonios de víctimas de delitos sexuales.

La Fiscalía cuestionó la valoración de las pruebas

Una agente auxiliar del Fiscal General de la República presentó un recurso de casación contra una resolución de la Cámara de la Segunda Sección del Centro.

Esa instancia había confirmado la absolución dictada por el Tribunal de Sentencia del distrito de Cojutepeque.

La Fiscalía alegó una aplicación incorrecta de las reglas de la sana crítica. Según el recurso, ese error afectó la valoración de medios probatorios considerados decisivos.

La Sala identificó errores en las decisiones anteriores

La Sala de lo Penal declaró ha lugar el recurso de casación presentado por la representación fiscal.

Los magistrados determinaron que la resolución de la Cámara incurrió en el error señalado por la parte recurrente.

Además, la Sala concluyó que ese mismo defecto estaba presente en la sentencia absolutoria de primera instancia.

Por ello, anuló la resolución de la Cámara y también la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque.

También queda anulada la vista pública

La decisión judicial incluyó la nulidad de la vista pública que precedió al fallo de primera instancia.

En consecuencia, el proceso queda afectado por la anulación de las actuaciones señaladas por la Sala de lo Penal.

La resolución se refiere a un proceso penal por violación agravada y centra su análisis en la valoración de elementos probatorios decisivos.

El fallo incorpora una perspectiva de género

El caso plantea la importancia de aplicar una perspectiva de género al valorar testimonios de víctimas de delitos sexuales.

La resolución analiza las reglas de la sana crítica como parte del examen judicial de las pruebas.

Con la decisión, la Sala de lo Penal dejó sin efecto los fallos cuestionados por la Fiscalía.

El expediente 625C2025 corresponde a una sentencia definitiva emitida bajo el Código Procesal Penal vigente.

El Salvador participó en la reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. El magistrado Luis Javier Suárez Magaña, de la Sala de lo Constitucional, representó al país en la reunión regional sobre justicia, transformación digital e inteligencia artificial.

El encuentro se desarrolló en Guatemala bajo el lema “Hacia una justicia transparente, innovadora y cercana”.

Durante la actividad, Suárez Magaña destacó el papel del Consejo como espacio para analizar temas jurídicos de interés común.

Además, señaló la importancia de actualizar los sistemas judiciales ante los avances tecnológicos.

Inteligencia artificial entra en la agenda regional

Uno de los temas abordados fue el uso responsable de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

Los participantes analizaron estos recursos como parte de los procesos de modernización de los servicios judiciales.

Asimismo, la agenda incluyó asuntos relacionados con la integridad, la rendición de cuentas y la transformación digital.

El objetivo regional apunta a mejorar de forma continua la atención que brindan los sistemas de justicia.

Consejo define ruta de trabajo para 2026-2027

La reunión también incluyó el traspaso de la presidencia pro tempore del Consejo para el período 2026-2027.

Representantes de los poderes judiciales de los países miembros participaron en esta transición.

La nueva ruta de trabajo contempla acciones para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

También incorpora medidas vinculadas con la innovación tecnológica y la mejora de los servicios judiciales.