La Corte Suprema de Justicia de El Salvador inauguró la tercera edición del programa “Integridad Pública y Cumplimiento Normativo Anticorrupción”, dirigido a jueces, magistrados y personal judicial de la zona oriental del país.

La actividad fue organizada por la Dirección de Talento Humano Institucional con el objetivo de fortalecer las capacidades para prevenir y combatir la corrupción dentro del Órgano Judicial salvadoreño.

Además, la jornada reunió a funcionarios judiciales encargados de aplicar normas vinculadas con transparencia, ética pública y cumplimiento anticorrupción.

Magistrado expone sobre consecuencias jurídicas y sociales de la corrupción

Durante la inauguración, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, impartió el primer módulo de la capacitación.

El funcionario también coordina la Comisión de Prevención Contra el Lavado de Dinero y Activos del sistema judicial salvadoreño.

En su exposición, Martínez García abordó las definiciones y consecuencias de la corrupción desde perspectivas jurídicas, éticas y sociales.

Asimismo, explicó herramientas básicas para interpretar y aplicar correctamente las disposiciones legales relacionadas con el combate a la corrupción.

“El propósito de esta ponencia es facilitarles competencias y herramientas básicas para que sepan interpretar y aplicar adecuadamente las disposiciones de la ley”, expresó el magistrado durante la actividad.

Programa analiza normas internacionales contra la corrupción

La capacitación también incluyó el estudio de disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

De esta manera, el programa busca reforzar el conocimiento sobre estándares internacionales vinculados con transparencia institucional, prevención de delitos y cumplimiento normativo.

Las autoridades judiciales señalaron que este tipo de jornadas forma parte de los esfuerzos para fortalecer la integridad pública dentro de las instituciones del sistema de justicia.

Además, la iniciativa pretende mejorar las prácticas internas relacionadas con la ética judicial y la prevención de actos irregulares.

La empresa salvadoreña Acres Inmobiliaria presentó oficialmente Condado Quetzal, un megaproyecto residencial que busca ampliar la oferta de vivienda accesible en El Salvador con un modelo enfocado en calidad urbana y espacios comunitarios.

El desarrollo se construirá en Quezaltepeque, municipio ubicado al norte del área metropolitana de San Salvador. El proyecto contempla una inversión de $45 millones y prevé la construcción de 910 viviendas.

Según la empresa, las casas tendrán precios de introducción entre $39,990 y $99,990. Además, las unidades podrán financiarse mediante el Fondo Social para la Vivienda, institución estatal que otorga créditos habitacionales en el país.

La propuesta está dirigida a jóvenes profesionales, parejas jóvenes, familias y salvadoreños residentes en el exterior interesados en invertir en vivienda en El Salvador.

Proyecto residencial apuesta por comunidades planificadas

Condado Quetzal incorporará áreas verdes, ciclovías, espacios recreativos y zonas comerciales dentro del complejo habitacional.

El proyecto incluirá casi dos kilómetros de ciclovías, minigolf, cine al aire libre, coworking, casa club y una reserva natural integrada al desarrollo urbanístico.

Óscar Bonilla, director ejecutivo de Acres Inmobiliaria, afirmó que la empresa busca modificar el concepto tradicional de vivienda accesible en el mercado salvadoreño.

“Durante muchos años se normalizó que los proyectos accesibles debían ser grises, sin identidad y sin calidad urbana. Nosotros creemos todo lo contrario: el salvadoreño merece comunidades dignas, bien diseñadas y pensadas para la familia”, expresó Bonilla.

La empresa señaló que el objetivo es ofrecer viviendas con mejores condiciones urbanas sin aumentar significativamente los costos de adquisición.

Diseño de viviendas prioriza funcionalidad y espacio

Las viviendas de Condado Quetzal tendrán dimensiones entre 37 y 78 metros cuadrados. La compañía indicó que el diseño prioriza iluminación natural, funcionalidad y optimización de espacios.

Javier Bonilla, director ejecutivo de JOB Constructora, empresa encargada de la ejecución del proyecto, explicó que el desarrollo busca diferenciarse de otros complejos residenciales del segmento económico.

“El reto ha sido claro desde el inicio: no construir más de lo mismo, sino hacerlo mejor. Más de 900 viviendas significan más de 900 historias, y eso exige pensar en comunidad, orden y largo plazo”, afirmó.

Además, el complejo integrará espacios destinados a fortalecer la convivencia comunitaria. Entre ellos figura una iglesia concebida como punto de encuentro social dentro del desarrollo.

“La comunidad no se improvisa, se diseña. Desde el inicio integramos espacios que generan convivencia, identidad y economía dentro del condado”, agregó Javier Bonilla.

Quezaltepeque gana relevancia para proyectos inmobiliarios

Acres Inmobiliaria considera que Quezaltepeque se perfila como una nueva zona estratégica para el desarrollo inmobiliario y logístico en El Salvador.

La empresa destacó la conectividad del municipio con distintos puntos del área metropolitana y su cercanía con nueva infraestructura hospitalaria en Nejapa.

Otro elemento señalado por la compañía es la proximidad del proyecto con el Balneario La Toma, ubicado a aproximadamente un kilómetro del desarrollo residencial.

El centro recreativo cuenta con piscinas, senderos, áreas verdes, cabañas y espacios deportivos, factores que, según la empresa, incrementan el atractivo de la zona para futuros residentes.

Empresa busca elevar estándares de vivienda accesible

Óscar Bonilla afirmó que el proyecto responde al aumento de precios en el mercado inmobiliario salvadoreño y a las dificultades que enfrentan muchas familias para adquirir una casa propia.

“Ver que los altos precios de las casas están alejando a los jóvenes de la posibilidad de adquirir su primera vivienda y generando un déficit de viviendas accesibles nos llevó a proponer algo diferente y de mayor calidad”, señaló.

La compañía proyecta que Condado Quetzal se convierta en un referente dentro del mercado residencial salvadoreño, especialmente en el segmento de vivienda asequible.

“Queremos que dentro de algunos años la conversación ya no sea si una familia puede acceder a vivienda, sino qué tipo de calidad de vida puede alcanzar. Ese debe ser el nuevo estándar del país”, concluyó Bonilla.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) desarrolló este viernes la jornada académica “Una aproximación a la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho”, enfocada en el uso de nuevas tecnologías dentro del sistema judicial y administrativo.

La actividad reunió a magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y de Paz, además de personal jurídico de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y representantes de otras instituciones vinculadas al organismo.

Durante la jornada, los participantes conocieron aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y analizaron su impacto en la administración de justicia.

CNJ destaca impacto de la inteligencia artificial

El consejero propietario Santos Guerra Grijalba señaló que estos espacios académicos permiten fortalecer el conocimiento tecnológico del funcionariado judicial.

Además, explicó que la capacitación ayuda a comprender el alcance de la inteligencia artificial en procesos legales y administrativos.

Según indicó el funcionario, las nuevas herramientas digitales pueden apoyar distintas tareas relacionadas con el análisis jurídico y la gestión institucional.

Participaron jueces, magistrados y personal jurídico

En la actividad participaron magistrados de distintas competencias judiciales, jueces de Paz y de Primera Instancia, así como personal especializado de instituciones que mantienen acuerdos de cooperación con el Consejo Nacional de la Judicatura.

El organismo explicó que estas jornadas buscan actualizar conocimientos y promover el intercambio académico sobre tecnologías aplicadas al Derecho.

Además, el CNJ mantiene iniciativas de formación para fortalecer capacidades técnicas dentro del sistema judicial salvadoreño.

La fiscal general saliente de Guatemala, María Consuelo Porras, defendió este viernes su gestión de ocho años al frente del Ministerio Público y aseguró que deja una institución fortalecida y modernizada. Sin embargo, concluye su mandato marcada por sanciones internacionales, denuncias de persecución política y un abierto choque con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

Durante la presentación de su informe de labores 2025-2026, Porras afirmó que su administración tomó “decisiones firmes” y logró una “transformación institucional”.

“Podemos decir con la frente en alto: deber cumplido. Esta ha sido una gestión histórica con resultados reales”, declaró en su última presentación pública como fiscal general.

Porras asumió el cargo en mayo de 2018, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, y fue reelegida posteriormente por Alejandro Giammattei. Este 16 de mayo dejará oficialmente el puesto y será sustituida por Gabriel Estuardo García Luna.

Cobertura institucional

En su discurso final, la fiscal de 72 años aseguró que amplió la cobertura institucional a los 340 municipios del país, digitalizó expedientes y fortaleció fiscalías especializadas.

No obstante, su gestión enfrentó fuertes cuestionamientos. Estados Unidos la sancionó e incluyó en la Lista Engel en 2022 por presuntamente obstruir investigaciones anticorrupción y proteger aliados políticos.

La Unión Europea, Canadá y Reino Unido también aplicaron sanciones en su contra.

Además, organizaciones civiles denunciaron persecución judicial contra jueces, fiscales, periodistas y activistas críticos de su administración.

El conflicto con Bernardo Arévalo marcó la etapa final de su mandato. Tras las elecciones de 2023, el Ministerio Público impulsó investigaciones y acciones judiciales contra el partido oficialista Movimiento Semilla, medidas que fueron cuestionadas por sectores nacionales e internacionales.

Porras rechazó todas las acusaciones y sostuvo que el Ministerio Público actuó conforme a la ley.

Nuevo fiscal juramentado

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, juramentó s al abogado y juez Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030. El acto marca el relevo oficial en la institución encargada de dirigir las investigaciones penales en el país.

A través de sus redes sociales oficiales, Arévalo afirmó que la designación responde al cumplimiento de su deber constitucional como presidente de la República.

“Tal y como lo sostuve siempre, y en cumplimiento de mi deber constitucional como presidente de la República, hoy he juramentado al doctor Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público”, expresó el mandatario.

El gobernante también deseó éxitos a la nueva autoridad del ente investigador y subrayó la importancia de actuar con integridad.

“Le deseo claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala”, añadió Arévalo en su mensaje oficial.

El Salvador registra un promedio de 4,500 ciberataques diarios contra empresas, según datos divulgados por la firma internacional de ciberseguridad Kaspersky. El informe advierte sobre un aumento de amenazas digitales en Centroamérica previo al Mundial de fútbol 2026.

La compañía señaló que los ataques informáticos crecen en toda América Latina. Actualmente, la región contabiliza más de 1.9 millones de intentos diarios de malware dirigidos a empresas y sectores estratégicos.

Entre los más expuestos figuran turismo, transporte, comercio electrónico y servicios financieros.

Centroamérica reporta miles de ataques digitales cada día

Panamá encabeza los registros regionales con 12 mil ataques diarios. Guatemala reporta 11.4 mil intentos, mientras Costa Rica y República Dominicana alcanzan los 10 mil casos por día.

Aunque El Salvador presenta cifras menores, Kaspersky alertó sobre el aumento constante de amenazas cibernéticas en el país, especialmente por el crecimiento de servicios digitales y operaciones electrónicas.

La empresa explicó que el riesgo podría incrementarse conforme se acerque el Mundial 2026. El evento generará más compras en línea, pagos digitales, reservaciones y transacciones bancarias.

Empresas aún muestran debilidades en ciberseguridad

El informe Panorama de Amenazas Corporativas indicó que muchas compañías todavía carecen de sistemas sólidos de protección digital.

Según Kaspersky, el 29 % de las organizaciones latinoamericanas no posee un plan formal de ciberseguridad. Además, el 42 % ya sufrió filtraciones de información confidencial.

“Las empresas necesitan una estrategia proactiva de seguridad avanzada”, afirmó Claudio Martinelli, director general de Kaspersky para las Américas.

El especialista advirtió que los ciberdelincuentes buscan robar datos bancarios, vulnerar plataformas de reservaciones e interrumpir operaciones críticas durante eventos internacionales de alta demanda.

Recomiendan reforzar protección digital

Ante este escenario, Kaspersky pidió a empresas salvadoreñas y centroamericanas fortalecer sus sistemas de seguridad informática.

La firma recomendó implementar monitoreo en tiempo real, herramientas de inteligencia artificial y controles internos más estrictos. También sugirió capacitar constantemente al personal y limitar accesos a información sensible.

La firma considera que el Mundial 2026 representará uno de los mayores desafíos tecnológicos y de ciberseguridad para las empresas de la región.

Kaspersky es una empresa global de ciberseguridad que desarrolla software para proteger dispositivos, fundada en 1997.