El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha concluido su Asamblea de Gobernadores #64 con logros en materia estratégica y financiera para el periodo 2025-2029.

En el ámbito estratégico, se han definido siete objetivos clave: dos económicos, tres sociales y dos ambientales, que guiarán las acciones del banco en los próximos cinco años. Estos objetivos incluyen el financiamiento de infraestructura sostenible y resiliente, el apoyo al ecosistema emprendedor, a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs), y la atracción de inversión extranjera directa, con especial énfasis en el nearshoring.

En el ámbito social, se han establecido compromisos concretos para potenciar el capital humano, mejorar la calidad de vida de todas las personas, especialmente jóvenes y grupos vulnerables, y promover la inclusión y la equidad de género. En cuanto al medio ambiente, el BCIE ha fijado como prioridades la protección del capital natural y la lucha contra el cambio climático en la región.

La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó la importancia de maximizar el impacto en los países socios, garantizando oportunidades para elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos, con eficiencia, rigurosidad técnica y transparencia.

En materia financiera, se ha adoptado una nueva política de fortalecimiento financiero y capitalización, con el objetivo de optimizar el uso del balance de situación para ampliar el apoyo a los países miembros y definir lineamientos estratégicos para futuras capitalizaciones.

Los gobernadores del BCIE también fueron informados sobre los avances en el plan de reformas a la gobernanza, así como sobre medidas para reducir gastos y promover la eficiencia operativa. Se presentó una nueva estructura organizativa que permitirá una operación más ágil y efectiva, junto con la decisión de reducir las tasas de interés en los próximos meses, como muestra del compromiso de ofrecer las mejores condiciones a los países miembros.

La Casa Blanca reveló el martes planes de imponer nuevos aranceles sobre importaciones de vehículos eléctricos, células solares y otros productos de energía limpia desde China. Esta acción proteccionista, ampliamente vista como un gesto simbólico, genera preocupaciones sobre la ambición estadounidense de fomentar la competitividad y reducir las emisiones de carbón.

Según el plan, los aranceles sobre importaciones de vehículos eléctricos subirán del 25 por ciento al 100, sumando una tarifa adicional del 2,5 por ciento, totalizando un asombroso 102,5 por ciento de impuestos sobre este producto.

Los impuestos actuales, instaurados por el expresidente Donald Trump en 2018 y confirmados por la Administración Biden, han efectivamente excluido a los vehículos chinos del mercado automotriz estadounidense. China ha advertido que estos nuevos aranceles afectarán gravemente las relaciones bilaterales.

El gobierno chino instó a Estados Unidos a rectificar sus acciones y cancelar las medidas arancelarias adicionales. Por su parte, la Casa Blanca anunció el aumento de aranceles sobre productos chinos por valor de 18.000 millones de dólares, especialmente en sectores estratégicos como vehículos eléctricos, baterías, acero y minerales.

El aumento de aranceles sobre vehículos eléctricos tiene como objetivo presionar a China para que elimine prácticas comerciales desleales en transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación, según declaraciones de la Casa Blanca. Esta medida llega en un momento crucial, a pocos meses de las elecciones presidenciales, entre el presidente demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump.

Ayer, un grupo de ciudadanos presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la Asamblea Legislativa (2021-2024) por la aprobación de una reforma al artículo 248 de la Constitución, el cual regula el procedimiento de reforma constitucional.

Se argumenta que la reforma se aprobó sin cumplir con los procedimientos constitucionales y sin informar adecuadamente a la población.

Uno de los límites establecidos en el artículo 248 es que cualquier reforma debe ser aprobada por dos legislaturas distintas, permitiendo que la ciudadanía exprese su apoyo o rechazo mediante el voto. Sin embargo, esta reforma se aprobó sin cumplir con dicho requisito, apenas dos días antes de que se juramentara a la nueva Asamblea. Los demandantes señalan que este proceso apresurado impidió que los ciudadanos tuvieran tiempo para entender las implicaciones de la reforma.

Además, acusan que no se siguió el procedimiento establecido, ya que no hubo debate ni discusión en comisiones legislativas. La reforma se aprobó utilizando fraudulentamente la «dispensa de trámite», un mecanismo que, según la Sala de lo Constitucional, debe ser discutido en el pleno legislativo y justificado por una urgencia real para la población, urgencia que, según los demandantes, no existía en este caso.

Permitir que esta reforma siga adelante, argumentan, sentaría un peligroso precedente: los diputados podrían reformar la Constitución sin la participación ciudadana, acumulando poder de manera antidemocrática y potencialmente limitando derechos constitucionales.

Los ciudadanos que presentaron la demanda advierten que El Salvador está en riesgo de instalar un sistema autoritario, en el cual los límites y controles constitucionales se rompen, permitiendo que la Constitución sea usada para legalizar acciones que violen los derechos de la población.

La demanda presentada ante la Sala de lo Constitucional pide tres medidas:

1. Una medida cautelar urgente que deje sin efecto la reforma.
2. Un informe detallado sobre el accionar inconstitucional de la Asamblea.
3. Declarar la inconstitucionalidad de la reforma por falta de justificación y debate.

La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una segunda convocatoria para evaluar a los abogados y notarios sobre su nivel de conocimiento en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El cuestionario, que consta de 30 preguntas divididas en cuatro secciones, abarca desde datos generales hasta políticas de prevención. Los participantes pueden acceder al cuestionario y completarlo a través del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados antes del miércoles 15 de mayo de 2024.

Al finalizar la encuesta, se solicita a los participantes aceptar una declaración jurada, un proceso que se realiza en línea para asegurar la autenticidad y veracidad de las respuestas.

La Corte Suprema de Justicia resalta la importancia de esta evaluación en el contexto actual, subrayando que la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros es esencial para mantener la integridad del sistema legal y financiero del país.

La Comisión de Hacienda aprobó que se suscriba el contrato de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 75 millones a El Salvador para respaldar el «Programa de apoyo a la movilidad urbana baja en emisiones».

Este programa tiene como objetivo principal fomentar la electromovilidad, en línea con la prioridad del país de promover el desarrollo económico sostenible y fortalecer las instituciones del sector para aumentar su eficiencia. Los organismos ejecutores del empréstito serán el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Transporte.

La firma del convenio se realizó entre el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y el ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, tras un proceso exhaustivo de negociaciones. El ministro Posada destacó la importancia de esta operación para los esfuerzos gubernamentales en materia de movilidad urbana, subrayando los beneficios que aportará al sistema de transporte y su contribución al impulso económico del país.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, reafirmó el compromiso del banco con el crecimiento sostenible e inclusivo en la región. Enfatizó que este tipo de operaciones demuestran la viabilidad de una transición hacia transportes más amigables con el ambiente, impulsando la economía mediante inversiones sostenibles que mejorarán la calidad de vida de los salvadoreños y su competitividad.