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Claudia Ortiz: “Los pilares de mis propuestas de campaña son tres: Estado eficiente, transparente y democrático”
Aportar sus conocimientos, capacidad de diálogo y visión disruptiva al campo de la política es lo que motiva a Claudia Ortiz, candidata a diputada por el Partido Vamos, a buscar un curul por el departamento de San Salvador.
Desde la Asamblea Legislativa pretende promover reformas que castiguen duramente la corrupción, prevengan los conflictos de intereses y mejoren la independencia de las instituciones. También buscará que se realice una efectiva rendición de cuentas para mejorar áreas fundamentales para el desarrollo del país como el medio ambiente, la educación, la salud y el acceso al agua.
Derecho y Negocios trasladó sus interrogantes a la candidata quien se ha desempeñado en su vida profesional como investigadora en temas relacionados a comercio exterior, propiedad intelectual, agricultura, salud, medio ambiente, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, entre otras áreas.
¿Cómo inició su vida política partidaria?
Trabajar en política siempre ha sido un sueño, una vocación, considero que tengo aptitudes y conocimientos para hacer un papel profesional y ético en el ámbito de la política nacional, que es lo que se necesita y mucho. Durante doce años trabajé en una ONG y tanque de pensamiento haciendo investigaciones, propuestas, capacitando otros ciudadanos y teniendo contacto con funcionarios públicos para empujar cambios desde afuera, pero sabía que quería aplicar mi experiencia ganada dentro del Sistema Político. Así que hace unos cinco años fui dándole forma al proyecto de optar a un cargo público, analicé las opciones existentes y decidí que el partido VAMOS era la ideal, por compartir principios, una visión de país y brindarle el espacio necesario para liderar y desarrollarme. Hoy soy candidata a diputada por San Salvador en la primera casilla de dicho partido.
¿Cuál es su principal motivación para optar por un cargo público?
Veo que tantas cosas en el país que no se hacen bien o se hacen a medias, por salir del paso. La salud es mediocre, la educación está en crisis, el Estado es ineficiente y corrupto. La gente tiene esa profunda sensación de que las cosas no funcionan en El Salvador, pasan los años y los problemas, tanto del país, como también de sus comunidades siguen estando ahí, haciéndose cada vez más graves y nadie ha tenido la decencia de comprometerse a resolverlos. Mi motivación es poner a disposición mis conocimientos, mi capacidad, mi compromiso inagotable para que existan soluciones integrales y a largo plazo.
Desde su profesión, ¿qué aporte busca dejar o está dejando en la vida política del país?
Soy abogada y tengo estudios de maestría en Ciencia Política. Sé que algunos de los problemas más graves para quienes somos usuarios de las instituciones de la Administración Pública y del sistema de justicia es la deficiente calidad del servicio, la incertidumbre que generan las decisiones y la falta de independencia judicial, especialmente cuando existe corrupción. Quiero aportar a mejorar eso impulsando leyes para modernizar el Estado, combatir la corrupción, los conflictos de intereses y promover la elección de funcionarios como el Fiscal General y los magistrados de la CSJ que sean independientes de vínculos o favores partidarios.
¿Qué limitaciones y principales obstáculos encuentra en la actual legislatura?
La principal limitación que tiene la actual legislatura es que, aunque los partidos de oposición son mayoría no son una oposición legítima ni con apoyo de la ciudadanía. Así es muy difícil hacer un buen papel porque cómo puedes señalar la corrupción o los abusos del gobierno si cuando fueron gobierno no predicaron con el ejemplo. Los partidos tradicionales que están en la oposición actualmente viven chantejeados por la posibilidad de perder las elecciones y eso les hace o ser demasiado intransigentes cuando deben ser saber negociar (como en la reapertura económica) o demasiado blandos cuando deben ser firmes (como en la rendición de cuentas de los gastos de emergencia).
Para lograr los votos de la población, ¿Cuáles son sus principales temas de campaña?
Los pilares de mis propuestas de campaña son tres: Estado eficiente, transparente y democrático; reformas fiscales para el bien de todos; y bienestar para la gente. Pueden conocer más en mi sitio web claudiaortiz.org
De estar optando a una reelección, Mencione 3 iniciativas de Ley o reformas que ha presentado y cuál es el estatus / De ser candidato por primera vez, mencione 3 reformas o iniciativas de Ley que presentará.
En coordinación con la Corte Suprema de Justicia, trabajaré por impulsar una nueva Ley de Probidad Pública que combata con más fuerza el enriquecimiento ilícito e incluya la obligación de los funcionarios públicos de presentar una declaración tanto de patrimonio como de sus vínculos económicos, políticos o de otra índole que puedan afectar su imparcialidad (conflictos de interés).
Impulsaré una reforma para que los ciudadanos tengan iniciativa de ley y puedan proponer leyes que no necesariamente le convengan a los partidos tradicionales, es decir, la iniciativa legislativa popular, somos el único país en Centroamérica que no lo contempla.
Promoveré un reglamento especial de la Asamblea Legislativa para que funcionarios como el fiscal general, los procuradores, magistrados y otros sean evaluados con criterios objetivos, públicos y verificables para así garantizar que sean independientes y probos de verdad.
¿Cuál es su visión sobre el sistema democrático y la relación de poderes de El Salvador?
El principal problema de nuestra democracia es que su conjunto de reglas e instituciones no se ha traducido en garantizar bienestar de verdad para la mayoría de la gente. El reto que tenemos la nueva generación de políticos es que la democracia no sólo sea un “fin” en sí misma, sino que se convierta en un medio para lograr una sociedad más equitativa. ¿Cómo lograr esto? Haciendo que realmente nadie esté por encima de la ley, dándole más espacios de organización y participación a la ciudadanía y garantizando que entre órganos de Estado exista independencia cuando debe haberla y colaboración cuando también la situación lo demanda. La Asamblea Legislativa es la primera llamada por Constitución a exigirle cuentas al Ejecutivo por sus decisiones.
“Defendamos siempre lo justo, la Constitución y los derechos de la población. Ante tantas ilegalidades que se dan por parte de los gobernantes no podemos callar ni quedarnos sin accionar”
¿Considera que la Constitución de la República necesita cambios, cuáles y por qué razones?
Cualquier cambio que se le agregue a la Constitución debería ser solamente para darle más derechos a los ciudadanos y restringir más el poder de los gobernantes. Por eso propongo que se agregue la iniciativa legislativa popular, creo que también debe regularse diferente el fuero para que proteja la continuidad del cargo, pero no que sea herramienta de impunidad, por ejemplo, que no aplique para delitos comunes y que no permita que se atrase o entorpezca la búsqueda de justicia. También creo que debe agregarse el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y ratificarse el derecho fundamental al agua y saneamiento.
¿Qué opinión le merece el involucramiento del Órgano Legislativo en las elecciones de segundo grado y del sistema judicial del país?
La forma de realizar las elecciones de segundo grado en la Asamblea siempre se ha prestado a un reparto de cuotas partidarias porque los diputados no cumplen con los lineamientos que la Sala de lo Constitucional ha dado en este tema. LA Comisión Política negocia sobre nombres de listas cortas de candidatos y lo que debería hacer es ponerse de acuerdo sobre cuál es el perfil que se busca para el cargo y evaluarlo con base en criterios previamente establecidos. Evaluar a los candidatos con base en un perfil y criterios previamente establecidos y no crear criterios para adaptarlos a los candidatos. La Sala dijo que los diputados deben explicar por qué un candidato es mejor que otro y eso no lo han hecho. Tener un mejor sistema de justicia pasa por arreglar eso. ¡Hagamos que funcione!
¿Cuál es el legado que busca dejar en El Salvador en la función pública?
Con mis propuestas pretendo empezar a poner las bases de una sociedad más justa y donde prevalezca el Estado de Derecho. En la función pública busco dejar un precedente positivo, que al final de mi carrera política la gente pueda creer más en la política y creer en que sí puede haber políticos que sean honestos y les representen de verdad.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de $50 millones para modernizar las estadísticas económicas de El Salvador.
El financiamiento permitirá actualizar el Censo Económico y fortalecer los sistemas para recopilar, procesar y divulgar datos.
El programa tendrá una duración de cuatro años y estará a cargo del Banco Central de Reserva de El Salvador.
Tecnología para mejorar datos
El proyecto contempla herramientas digitales para cubrir distintas etapas del proceso censal.
Además, incorporará información sobre el sector informal de la economía. Este segmento tiene un peso relevante en la producción y el empleo del país.
El BID señaló que mejores estadísticas permitirán apoyar decisiones de empresas, Gobierno y ciudadanos.
Ezequiel Cambiasso, representante del Grupo BID en El Salvador, destacó el papel de los datos económicos para impulsar la inversión y la productividad.
Según el organismo, el programa también busca contribuir al desarrollo económico sostenible.
El censo deberá concluir en 2027
El presidente Nayib Bukele anunció en febrero la realización del VIII Censo Económico.
Para organizar el proceso, el Gobierno creó una comisión integrada por 10 instituciones estatales.
El Censo Económico deberá finalizar durante el tercer trimestre de 2027.
El BID recordó que también financió el Censo de Población y Vivienda realizado en 2024.
Asimismo, el organismo ha respaldado otros proyectos relacionados con la modernización de los sistemas censales.
Banco Central desarrolla otras encuestas
Mientras prepara el nuevo censo, el Banco Central de Reserva desarrolla otras mediciones sobre los hogares salvadoreños.
Entre ellas figura la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2026.
También trabaja en la Encuesta Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
El nuevo crédito del BID ampliará la capacidad tecnológica y estadística necesaria para producir información económica actualizada.
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles un aumento de sus tasas de interés para contener una inflación que sigue por encima de su meta.
El banco central elevó su tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales. Así, quedó en un rango de entre 3,75% y 4%.
La decisión llegó pese a las presiones del presidente Donald Trump para reducir el costo del crédito y estimular la economía.
La inflación sigue sobre el objetivo
La Reserva Federal justificó el aumento por la persistencia de las presiones inflacionarias.
El índice PCE, principal referencia de la institución para medir los precios, registró un aumento interanual de 3,7% en julio.
La cifra supera ampliamente la meta de inflación del 2% establecida por el banco central estadounidense.
Además, las nuevas proyecciones apuntan a otra subida de tasas antes de finalizar 2026.
Los funcionarios de la Reserva Federal calculan que la tasa podría ubicarse entre 4% y 4,25% al cierre del año.
Banco central también revisa sus previsiones
La institución elevó su previsión de crecimiento económico para el último trimestre de 2026.
Ahora calcula una expansión de 2,3%, frente al 2,2% estimado anteriormente.
En cambio, prevé que el desempleo alcance 4,1% al finalizar el año.
La política monetaria busca enfriar la demanda mediante mayores costos para los préstamos y las inversiones.
Trump mantiene presión sobre la Fed
El aumento ocurre en medio de una disputa pública entre Trump y la Reserva Federal.
El presidente estadounidense ha pedido reiteradamente tasas más bajas para favorecer el crecimiento económico.
La Casa Blanca también ha cuestionado las decisiones del banco central y su impacto sobre la actividad económica.
Legal
Corte Suprema de El Salvador recuerda a abogados y notarios su papel en la prevención del lavado de activos
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a abogados y notarios su función clave en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El mensaje destaca que estos profesionales aportan “confianza, transparencia y certeza jurídica” a las actividades económicas legítimas. Sin embargo, sus servicios también pueden ser utilizados para ocultar fondos o bienes de origen ilícito.
Nuevas obligaciones desde octubre de 2025
La Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos establece obligaciones específicas para abogados y notarios desde octubre de 2025.
La normativa incluye a quienes realizan determinadas actividades para sus clientes, de forma directa o indirecta. Entre ellas figura la compra y venta de bienes inmobiliarios.
También contempla la administración de dinero, valores y otros activos. Además, incluye la gestión de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.
Los profesionales también deben cumplir estas obligaciones cuando participan en la creación, operación o administración de empresas y otras estructuras jurídicas.
debida diligencia para identificar riesgos
La Corte Suprema señala que abogados y notarios pueden detectar señales de riesgo desde su posición profesional. Para ello, deben aplicar medidas preventivas como la debida diligencia.
Estas acciones incluyen verificar la información de los clientes y revisar las operaciones realizadas. El objetivo es dificultar el ocultamiento del origen de recursos y la identidad de los beneficiarios finales.
La institución advierte que los delincuentes pueden intentar utilizar servicios legales para constituir sociedades, adquirir inmuebles o administrar activos.
Supervisa el cumplimiento
En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia supervisa estas obligaciones mediante la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción.
La institución indicó que continuará ofreciendo herramientas para facilitar la aplicación de las medidas preventivas.
“Continuará brindándote herramientas prácticas que faciliten la implementación de las medidas de prevención”, señala el mensaje institucional
El Canal de Panamá prevé reducir nuevamente el tránsito diario de buques debido a la sequía asociada al fenómeno de El Niño.
La administración de la vía interoceánica proyecta un promedio de 29,5 tránsitos diarios durante el próximo año fiscal. El período comenzará en octubre de 2026.
La medida se suma a una restricción vigente desde septiembre. Antes, el canal redujo de 36 a 32 los cruces diarios permitidos.
Además, la autoridad limitó el calado de los barcos. Esta medida reduce la cantidad de carga que pueden transportar algunas
embarcaciones.
Menos agua limita la capacidad de la ruta
El Canal de Panamá utiliza agua de lluvia almacenada en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela.
Sin embargo, la sequía ha reducido el nivel de estos reservorios. La situación se relaciona con un episodio de El Niño que ha provocado escasez de lluvias en el país.
La administradora del canal, Ilya Espino de Marotta, señaló que la autoridad prevé menores precipitaciones.
“Estamos anticipando menores lluvias”, afirmó Espino de Marotta al explicar las previsiones para el próximo período fiscal.
Además, explicó que la reducción del calado limita el volumen de toneladas transportadas. Esto ocurre porque los barcos deben navegar con menor carga.
El tránsito estará por encima del mínimo registrado
La nueva previsión representa una reducción respecto al límite de 32 buques diarios aplicado previamente.
Sin embargo, el promedio previsto supera los niveles registrados durante la crisis de agua de 2023-2024.
En ese período, el Canal de Panamá llegó a limitar el tránsito a 22 embarcaciones diarias. La restricción también respondió al impacto de El Niño.
Ahora, la administración busca ajustar las operaciones según la disponibilidad de agua. La medida pretende mantener el funcionamiento de la ruta ante las condiciones climáticas previstas.
El presupuesto anticipa menos barcos y carga
El proyecto de presupuesto del Canal de Panamá ya incorpora los efectos de las restricciones.
El documento contempla 743 buques menos durante el próximo año fiscal. También prevé una reducción de cinco millones de toneladas de carga.
El período presupuestario abarcará del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027.
Durante el ejercicio anterior, casi 11.500 embarcaciones atravesaron la vía. En ese mismo período transportaron 462 millones de toneladas de carga.
Por tanto, las restricciones de tránsito y calado pueden reducir el volumen de mercancías movilizadas por la ruta.
El canal prevé mayores ingresos pese a la sequía
Pese a la menor cantidad prevista de buques y carga, el Canal de Panamá estima ingresos por unos 5.500 millones de dólares.
La cifra representa alrededor de 350 millones de dólares más que la estimada para el ejercicio actual.
Además, el canal calcula aportes directos al Estado panameño por 3.600 millones de dólares. Según el proyecto presupuestario, sería una cifra récord.
La administración atribuye esta previsión a la diversidad de negocios vinculados con la ruta interoceánica.
El proyecto de presupuesto recibió aprobación en el primero de tres debates legislativos. Todavía debe completar el proceso correspondiente para su aprobación definitiva.
Una ruta clave para el comercio mundial
El Canal de Panamá conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Su ubicación permite reducir las distancias de numerosas rutas marítimas internacionales.
Estados Unidos y China figuran entre sus principales usuarios. Además, por esta vía circula aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial.
Por ello, los cambios en el tránsito y en la capacidad de carga pueden afectar las operaciones de transporte internacional.
Judicial
Corte Suprema rechaza recursos contra condena de militares por asesinato de cuatro periodistas holandeses
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó los recursos que buscaban anular la condena a 30 años de prisión contra tres altos mandos militares retirados por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982.
La Sala de lo Penal declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por los defensores de los militares.
La resolución, emitida el 10 de septiembre y conocida este lunes, señala fallas en los argumentos planteados por la defensa.
Según los magistrados, el primer recurso reprodujo una solicitud anterior de nulidad del veredicto.
Además, el segundo recurso de casación copió el contenido del primero. Por ello, ambos escritos presentaron el mismo defecto.
Los magistrados concluyeron que ninguno cuestionó los argumentos decisivos que sustentaron la condena.
Tribunal de apelaciones ya había confirmado las penas
En abril, un tribunal de apelaciones ratificó las condenas de 30 años de prisión contra los tres militares retirados.
El proceso utilizó la legislación salvadoreña de 1973, vigente cuando ocurrieron los asesinatos.
Los condenados son Francisco Antonio Morán Reyes, José Guillermo García y Mario Adalberto Reyes Mena.
Morán Reyes y García estuvieron presentes durante el proceso. Reyes Mena fue juzgado en ausencia.
García ocupaba entonces el cargo de ministro de Defensa. Morán dirigía la Policía de Hacienda.
Por su parte, Reyes Mena comandaba la Cuarta Brigada de Infantería.
Un jurado declaró culpables a los tres militares el 3 de junio de 2025.
Los periodistas fueron emboscados durante la guerra civil
Los cuatro periodistas holandeses viajaron a El Salvador para realizar un reportaje sobre la situación política y militar del país.
El trabajo fue encargado por IKON, una empresa de televisión de los Países Bajos.
Las víctimas fueron Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen.
Los cuatro fueron asesinados durante una emboscada en 1982, en los primeros años de la guerra civil salvadoreña.
El conflicto armado se extendió entre 1980 y 1992.
El caso avanza como precedente judicial
El proceso constituye un caso relevante dentro de las investigaciones por crímenes cometidos durante la guerra civil.
El caso se convirtió así en el primero por un crimen de lesa humanidad cometido durante la guerra civil que llega a esta etapa judicial.
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