La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a abogados y notarios su función clave en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El mensaje destaca que estos profesionales aportan “confianza, transparencia y certeza jurídica” a las actividades económicas legítimas. Sin embargo, sus servicios también pueden ser utilizados para ocultar fondos o bienes de origen ilícito.

Nuevas obligaciones desde octubre de 2025

La Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos establece obligaciones específicas para abogados y notarios desde octubre de 2025.

La normativa incluye a quienes realizan determinadas actividades para sus clientes, de forma directa o indirecta. Entre ellas figura la compra y venta de bienes inmobiliarios.

También contempla la administración de dinero, valores y otros activos. Además, incluye la gestión de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.

Los profesionales también deben cumplir estas obligaciones cuando participan en la creación, operación o administración de empresas y otras estructuras jurídicas.

debida diligencia para identificar riesgos

La Corte Suprema señala que abogados y notarios pueden detectar señales de riesgo desde su posición profesional. Para ello, deben aplicar medidas preventivas como la debida diligencia.

Estas acciones incluyen verificar la información de los clientes y revisar las operaciones realizadas. El objetivo es dificultar el ocultamiento del origen de recursos y la identidad de los beneficiarios finales.

La institución advierte que los delincuentes pueden intentar utilizar servicios legales para constituir sociedades, adquirir inmuebles o administrar activos.

Supervisa el cumplimiento

En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia supervisa estas obligaciones mediante la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción.

La institución indicó que continuará ofreciendo herramientas para facilitar la aplicación de las medidas preventivas.
“Continuará brindándote herramientas prácticas que faciliten la implementación de las medidas de prevención”, señala el mensaje institucional

El Canal de Panamá prevé reducir nuevamente el tránsito diario de buques debido a la sequía asociada al fenómeno de El Niño.

La administración de la vía interoceánica proyecta un promedio de 29,5 tránsitos diarios durante el próximo año fiscal. El período comenzará en octubre de 2026.

La medida se suma a una restricción vigente desde septiembre. Antes, el canal redujo de 36 a 32 los cruces diarios permitidos.

Además, la autoridad limitó el calado de los barcos. Esta medida reduce la cantidad de carga que pueden transportar algunas 

embarcaciones.

Menos agua limita la capacidad de la ruta

El Canal de Panamá utiliza agua de lluvia almacenada en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela.

Sin embargo, la sequía ha reducido el nivel de estos reservorios. La situación se relaciona con un episodio de El Niño que ha provocado escasez de lluvias en el país.

La administradora del canal, Ilya Espino de Marotta, señaló que la autoridad prevé menores precipitaciones.

“Estamos anticipando menores lluvias”, afirmó Espino de Marotta al explicar las previsiones para el próximo período fiscal.

Además, explicó que la reducción del calado limita el volumen de toneladas transportadas. Esto ocurre porque los barcos deben navegar con menor carga.

El tránsito estará por encima del mínimo registrado

La nueva previsión representa una reducción respecto al límite de 32 buques diarios aplicado previamente.

Sin embargo, el promedio previsto supera los niveles registrados durante la crisis de agua de 2023-2024.

En ese período, el Canal de Panamá llegó a limitar el tránsito a 22 embarcaciones diarias. La restricción también respondió al impacto de El Niño.

Ahora, la administración busca ajustar las operaciones según la disponibilidad de agua. La medida pretende mantener el funcionamiento de la ruta ante las condiciones climáticas previstas.

El presupuesto anticipa menos barcos y carga

El proyecto de presupuesto del Canal de Panamá ya incorpora los efectos de las restricciones.

El documento contempla 743 buques menos durante el próximo año fiscal. También prevé una reducción de cinco millones de toneladas de carga.

El período presupuestario abarcará del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027.

Durante el ejercicio anterior, casi 11.500 embarcaciones atravesaron la vía. En ese mismo período transportaron 462 millones de toneladas de carga.

Por tanto, las restricciones de tránsito y calado pueden reducir el volumen de mercancías movilizadas por la ruta.

El canal prevé mayores ingresos pese a la sequía

Pese a la menor cantidad prevista de buques y carga, el Canal de Panamá estima ingresos por unos 5.500 millones de dólares.

La cifra representa alrededor de 350 millones de dólares más que la estimada para el ejercicio actual.

Además, el canal calcula aportes directos al Estado panameño por 3.600 millones de dólares. Según el proyecto presupuestario, sería una cifra récord.

La administración atribuye esta previsión a la diversidad de negocios vinculados con la ruta interoceánica.

El proyecto de presupuesto recibió aprobación en el primero de tres debates legislativos. Todavía debe completar el proceso correspondiente para su aprobación definitiva.

Una ruta clave para el comercio mundial

El Canal de Panamá conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Su ubicación permite reducir las distancias de numerosas rutas marítimas internacionales.

Estados Unidos y China figuran entre sus principales usuarios. Además, por esta vía circula aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial.

Por ello, los cambios en el tránsito y en la capacidad de carga pueden afectar las operaciones de transporte internacional.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó los recursos que buscaban anular la condena a 30 años de prisión contra tres altos mandos militares retirados por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982.

La Sala de lo Penal declaró inadmisibles los recursos de casación presentados por los defensores de los militares.

La resolución, emitida el 10 de septiembre y conocida este lunes, señala fallas en los argumentos planteados por la defensa.

Según los magistrados, el primer recurso reprodujo una solicitud anterior de nulidad del veredicto.

Además, el segundo recurso de casación copió el contenido del primero. Por ello, ambos escritos presentaron el mismo defecto.

Los magistrados concluyeron que ninguno cuestionó los argumentos decisivos que sustentaron la condena.

Tribunal de apelaciones ya había confirmado las penas

En abril, un tribunal de apelaciones ratificó las condenas de 30 años de prisión contra los tres militares retirados.

El proceso utilizó la legislación salvadoreña de 1973, vigente cuando ocurrieron los asesinatos.

Los condenados son Francisco Antonio Morán Reyes, José Guillermo García y Mario Adalberto Reyes Mena.

Morán Reyes y García estuvieron presentes durante el proceso. Reyes Mena fue juzgado en ausencia.

García ocupaba entonces el cargo de ministro de Defensa. Morán dirigía la Policía de Hacienda.

Por su parte, Reyes Mena comandaba la Cuarta Brigada de Infantería.

Un jurado declaró culpables a los tres militares el 3 de junio de 2025.

Los periodistas fueron emboscados durante la guerra civil

Los cuatro periodistas holandeses viajaron a El Salvador para realizar un reportaje sobre la situación política y militar del país.

El trabajo fue encargado por IKON, una empresa de televisión de los Países Bajos.

Las víctimas fueron Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen.

Los cuatro fueron asesinados durante una emboscada en 1982, en los primeros años de la guerra civil salvadoreña.

El conflicto armado se extendió entre 1980 y 1992.

El caso avanza como precedente judicial

El proceso constituye un caso relevante dentro de las investigaciones por crímenes cometidos durante la guerra civil.

El caso se convirtió así en el primero por un crimen de lesa humanidad cometido durante la guerra civil que llega a esta etapa judicial.

Un tribunal de Santa Ana condenó a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, a cadena perpetua por el feminicidio agravado de su vecina, J. C. R. C., de 32 años.

La sentencia constituye la segunda condena a pena perpetua dictada en El Salvador. Además, Urbina deberá pagar $15,000 por responsabilidad civil a favor de la familia de la víctima.

El ataque ocurrió en la vivienda de la víctima

El crimen ocurrió el 3 de agosto de 2026 en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara, en Santa Ana.

Según las pruebas presentadas durante el proceso, Urbina llegó al inmueble después de consumir bebidas alcohólicas. Luego ingresó sin autorización y llevaba un cuchillo.

La víctima comenzó a pedir auxilio al verlo. Sin embargo, el condenado la atacó con el arma blanca y le causó varias heridas profundas.

Las lesiones afectaron principalmente el tórax y el cuello. Después del ataque, Urbina huyó del lugar.

La víctima y el agresor eran vecinos. Además, el procesado había mostrado interés en ella durante varios meses.

La negativa de la mujer provocó molestia en Urbina, según los elementos incorporados al proceso judicial.

La autopsia confirmó lesiones de defensa

El Instituto de Medicina Legal realizó la autopsia y estableció que la muerte ocurrió por múltiples heridas penetrantes.

El examen forense también encontró lesiones en los brazos de la víctima. Estas heridas resultaban compatibles con un forcejeo y con intentos de defensa.

El tribunal de Santa Ana tomó en cuenta las pruebas incorporadas durante el juicio para establecer la responsabilidad penal de Urbina.

El condenado se entregó horas después

Horas después del feminicidio, Urbina llegó a una delegación de la Policía Nacional Civil en Santa Ana.

Allí manifestó que era la persona buscada por el crimen. Ante esa declaración, los agentes procedieron a detenerlo en flagrancia.

El juzgado posteriormente lo declaró responsable del feminicidio agravado y le impuso la pena de cadena perpetua.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa concluirá este 16 de septiembre las entrevistas de los candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura.

Luego, el pleno legislativo tiene previsto elegir el 17 de septiembre a los siete consejeros propietarios y siete suplentes.

El proceso comenzó con 42 aspirantes distribuidos en 14 ternas. Sin embargo, una renuncia redujo a 41 el número de candidatos evaluados.

La elección

Los candidatos proceden del gremio de abogados, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y universidades.

La elección busca renovar la conducción del organismo encargado de participar en la selección de jueces y magistrados.

Los nuevos consejeros ejercerán durante cinco años, entre el 22 de septiembre de 2026 y el 21 de septiembre de 2031.

La Asamblea deberá completar la votación antes del vencimiento del periodo de los actuales integrantes.

Los aspirantes plantearon cambios para el sistema judicial

Durante las entrevistas, los candidatos expusieron propuestas relacionadas con la evaluación y formación de jueces.

También plantearon medidas para reducir la mora judicial y mejorar los procesos de selección mediante criterios de mérito.

La digitalización, la capacitación y el uso responsable de inteligencia artificial también aparecieron entre las propuestas.

Además, varios aspirantes señalaron la necesidad de fortalecer los controles de integridad y los mecanismos de evaluación judicial.

El proceso concluirá con la votación plenaria

La Comisión Política ha desarrollado las entrevistas como parte de la fase previa a la elección de los nuevos consejeros.

Este 16 de septiembre finalizará la evaluación de los perfiles pendientes.

Después, la Asamblea Legislativa llevará la decisión a la Sesión Plenaria programada para el 17 de septiembre.

Seis de los 7 consejeros titulares actuales buscan su reelección.