El ministro de Educación, José Mauricio Pineda, presentó esta semana un proyecto de una nueva Ley de Educación Superior con el objetivo de actualizar la estructura de las instituciones de educación.

Según los considerandos de motivos, el nuevo proyecto de ley tiene como objetivo principal desarrollar el pleno potencial de los profesionales de la docencia en educación superior, así como fomentar el arte, el deporte, la cultura, la paz, el estado de derecho, la ciudadanía responsable y la seguridad jurídica. Además, busca promover alianzas estratégicas con entidades gubernamentales para desarrollar políticas públicas que respondan a las necesidades de la sociedad y actualizar la Política Nacional de Educación Superior para fortalecer este nivel educativo.

Una de las principales modificaciones del proyecto de ley es la reestructuración del Consejo de Educación Superior, eliminando la mención específica de la Universidad de El Salvador (UES). Ahora, se incluirán dos representantes de instituciones estatales, sin mencionar explícitamente a la UES. La actual Comisión de Acreditación de la Calidad Académica será renombrada como Consejo Nacional de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (Conaces).

El proyecto también otorga a la máxima autoridad del Mineducyt la facultad de remover a los miembros del Consejo de Educación Superior y del Conaces por 12 causas específicas, incluyendo ineptitud, abuso de autoridad y condenas por delitos.

Otro cambio significativo es la redefinición del sistema de unidades valorativas a créditos académicos, donde un crédito equivale a 25 horas de trabajo del estudiante, reemplazando las unidades valorativas actuales basadas en 20 horas de trabajo en ciclos de 16 semanas. Además, se establece que los estudiantes deberán acreditar, como mínimo, el dominio intermedio de un segundo idioma para graduarse.

Los requisitos de graduación también se modifican, estableciendo que para pregrado se requiere completar al menos el 25% de los créditos académicos y para posgrado el 50%. El servicio social universitario continuará siendo un requisito para grados de técnico, tecnólogo, licenciatura, ingeniería, arquitectura y profesorado, pero ya no para posgrados.

En cuanto a los créditos académicos por grado, el proyecto establece que un técnico debe completar 120 créditos académicos, un tecnólogo 180, y una licenciatura, ingeniería, arquitectura o profesorado 240. Para un doctorado en medicina general y odontología general se requieren 540 créditos académicos, incluyendo un año de internado rotatorio.

Las maestrías tendrán una exigencia entre 60 y 120 créditos académicos, las especialidades en ciencias de la salud entre 120 y 180 créditos, y los doctorados requerirán 300 créditos académicos para ingreso, 60 créditos en el periodo de formación y 120 créditos en el periodo de investigación.

El proyecto de ley ha sido enviado a la Comisión de Niñez e Integración Social de la Asamblea Legislativa para su estudio. De ser aprobada, esta nueva normativa promete mejorar la calidad y la eficiencia de la educación superior en El Salvador.

El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa la autorización para gestionar la obtención de $1,500 millones mediante la emisión de títulos valores de crédito u otros instrumentos financieros. Esta solicitud será estudiada el lunes en la Comisión de Hacienda.

Según el artículo 2 del proyecto de decreto, los fondos serán destinados a «necesidades generales de presupuesto del Estado y/o financiación de operaciones de manejo de pasivos», sin descartar su uso en «esfuerzos y acciones del gobierno en la mejora de las condiciones sociales, medioambientales o económicas de la población».

El documento define el destino de los fondos como «necesidades de carácter estratégico» y permite su utilización «en el transcurso de los siguientes ejercicios fiscales». .

El decreto facultaría a Hacienda a realizar las operaciones necesarias para captar el financiamiento y para las operaciones de cobertura de riesgos. Además, se exonerará de todo tipo de impuestos la contratación de servicios de banca de inversión, agentes estructuradores, asesores financieros y legales, y otros agentes necesarios para realizar la operación.

Esta sería la primera emisión de títulos valores aprobada por la legislatura 2024-2027. Anteriormente, la Asamblea Legislativa había aprobado el 28 de febrero la emisión de hasta $1,000 millones en títulos valores para «atender diferentes y emergentes obligaciones generales del Estado».

En 2023, también se aprobaron la emisión de $500 millones el 15 de agosto y $338.6 millones el 20 de diciembre para «cumplir con el financiamiento complementario» para el presupuesto general del Estado 2024.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó sobre un ajuste a la baja en las tasas de interés aplicables a los préstamos vigentes y nuevos del sector público soberano, con una reducción de entre 0.50% y 0.65%. Este ajuste afecta los préstamos con un esquema de tasa de interés con margen variable (Term SOFR + margen).

La Presidente Ejecutiva del BCIE, Ing. Gisela Sánchez, detalló que alrededor de 120 operaciones serán elegibles para esta mejora. Esto incluye tanto la cartera ya desembolsada como los préstamos aprobados pendientes de desembolso y las aprobaciones contempladas en el Plan Anual 2024. En total, estas operaciones superan los US$12,000 millones.

Ing. Sánchez explicó que esta reducción en las tasas de interés es un reflejo de la mejora continua en los costos de captación del BCIE, especialmente en las emisiones de bonos en los mercados de capital internacionales, donde el Banco es reconocido como el mejor riesgo en toda Latinoamérica con un rating AA. El objetivo es trasladar este beneficio a los países de la región, especialmente en el contexto actual de altas tasas de interés derivadas de los esfuerzos globales por contener las presiones inflacionarias.

La estrategia de financiamiento del BCIE se centra en optimizar costos mediante la diversificación de plazos, mercados e instrumentos. Esto se refleja en las más de 170 emisiones de bonos ejecutadas en 23 mercados y 25 diferentes monedas a nivel global. En mercados como el de México, el BCIE obtiene menores costos, mientras que en los mercados de Asia y Europa busca mayor plazo y diversificación de inversionistas. El mercado benchmark/global acompaña el crecimiento orgánico de su hoja de balance.

El Tribunal 1° contra el Crimen Organizado de San Salvador recibió ayer la solicitud de agrupación de 1,828 presuntos integrantes de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13), presentadas por la oficina fiscal de Santa Tecla.

Los acusados, vinculados a los programas Porteño y Libertad de la MS-13, enfrentan cargos por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, así como otros delitos conexos como tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego.

La investigación los relaciona con once clicas: cuatro del programa Porteño y siete del programa Libertad. Entre los acusados se encuentran individuos con rangos de corredores de programa, corredores de clica, homeboys, observación y chequeos.

Estas solicitudes de agrupación se enmarcan en el decreto legislativo N.º 803, que permite a la Fiscalía agrupar a los acusados en un mismo proceso según el territorio donde cometían los hechos delictivos.

Luego que la Asamblea Legislativa aceptará las observaciones hechas por Presidencia a las reformas la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, estas han sido publicadas en el Diario Oficial del seis de mayo.

Las reformas establecen la facultar de vigilar el cumplimiento del precio de venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, el control y la vigilancia sobre los precios del GLP tanto para uso doméstico como para negocios de subsistencia.

Según el proyecto, el Precio Base de la Estructura de Comercialización, establecido por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, será supervisado en toda la cadena de distribución. Esto garantizará que los precios establecidos para cada actor de la cadena sean respetados, sin posibilidad de alteraciones.

Como parte de las medidas de control, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas llevará a cabo la supervisión del cumplimiento de la estructura de precios. Cualquier diferencia encontrada en la cadena de comercialización constituirá una infracción grave.

El decreto responde a la observación de que algunos actores en la cadena de suministro o distribución están encareciendo el producto a pesar de recibir subsidios, haciendo necesario actualizar el marco regulatorio relacionado con el sistema de precios del GLP.