La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el proyecto de ley que incorpora al país al Acuerdo de Asociación de Economía Digital, una iniciativa internacional enfocada en facilitar el comercio digital y fortalecer la economía tecnológica.

El acuerdo reúne actualmente a Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Corea del Sur. Además, promueve reglas comunes para el intercambio digital, la innovación y la cooperación tecnológica entre los países miembros.

Para Costa Rica, la adhesión al DEPA llega en un momento clave. Según datos oficiales, los servicios representan el 46 % de las exportaciones nacionales y cerca de la mitad de esas operaciones se realizan mediante plataformas digitales.

Nuevo marco busca facilitar comercio y servicios tecnológicos

Con la aprobación legislativa, Costa Rica avanzará hacia la implementación de normas modernas para el comercio digital. El acuerdo contempla mecanismos que buscan facilitar el intercambio de servicios y productos tecnológicos entre países.

Además, el DEPA incluye medidas relacionadas con comercio sin papel, identidad digital, inteligencia artificial, protección de datos personales y ciberseguridad. También impulsa la cooperación en innovación y tecnologías emergentes.

Las autoridades consideran que estas disposiciones pueden generar mayor seguridad jurídica para empresas, consumidores y pequeñas compañías que operan en entornos digitales.

Gobierno destaca impacto en inversión y desarrollo tecnológico

La ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, afirmó que el ingreso al acuerdo fortalecerá la integración del país en la economía digital global.

Según la funcionaria, la incorporación permitirá crear condiciones más favorables para el comercio digital, la atracción de inversión extranjera y el desarrollo de talento especializado en tecnologías emergentes.

Por su parte, la ministra de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, señaló que la decisión representa un hito para la estrategia tecnológica nacional.

La funcionaria agregó que el acuerdo envía una señal sobre la intención de Costa Rica de competir en mercados digitales internacionales y fortalecer una economía abierta e innovadora.

Acuerdo impulsa participación de pequeñas empresas

El Gobierno costarricense también destacó que el DEPA puede ampliar las oportunidades para pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio electrónico y los servicios digitales.

Las autoridades sostienen que el nuevo marco internacional facilitará la participación de más personas y negocios en la economía digital global, especialmente en sectores relacionados con tecnología y servicios profesionales.

Con esta decisión, Costa Rica refuerza su estrategia de comercio exterior orientada hacia la digitalización y la cooperación internacional en áreas tecnológicas.

El Congreso Nacional de Honduras aprobó este lunes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para aumentar las penas por extorsión y reforzar las acciones contra estructuras criminales.

La iniciativa recibió apoyo unánime del pleno legislativo y forma parte de un paquete de medidas orientadas al fortalecimiento de la seguridad pública y el sistema penitenciario hondureño.

Entre los cambios aprobados destaca la posibilidad de declarar como organizaciones terroristas a las maras y pandillas vinculadas con delitos de alto impacto.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, informó que las reformas fueron incorporadas a la agenda legislativa junto con la Comisión de Seguridad, dirigida por el diputado Marcos Paz.

Coordinación entre fuerzas de seguridad tendrá nuevo organismo

Las reformas crean la Agencia Nacional contra el Crimen, una entidad que coordinará operaciones estratégicas entre instituciones de seguridad e inteligencia.

La nueva agencia trabajará junto con la Dirección Policial de Investigaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas de Honduras.

De acuerdo con el proyecto, la coordinación entre organismos busca fortalecer la respuesta estatal frente a la extorsión, el crimen organizado y otros delitos violentos.

Las autoridades también esperan mejorar el intercambio de información y acelerar las investigaciones criminales.

Plan penitenciario contempla nuevas cárceles

El paquete legislativo incluye medidas para ampliar la infraestructura penitenciaria en el país

Los congresistas explicaron que las nuevas cárceles permitirán separar a personas consideradas de alta peligrosidad de quienes cumplen condenas por delitos menores.

Según los parlamentarios, la medida pretende reducir el control de grupos criminales dentro de los centros penales y mejorar el orden en las prisiones.

Reformas apuntan a reforzar la seguridad ciudadana

El Congreso sostuvo que las modificaciones legales buscan aumentar la capacidad del Estado para enfrentar la violencia y las actividades delictivas.

Además, los legisladores señalaron que las reformas pretenden ofrecer mayor tranquilidad a la población mediante sanciones más severas y una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 18 años de prisión al exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos.

La sentencia establece que el exfuncionario causó un perjuicio económico superior a 250,000 dólares a la alcaldía del municipio salvadoreño durante su gestión entre 2009 y 2012.

Además, el tribunal ordenó el pago de 254,245.98 dólares como responsabilidad civil por los daños ocasionados a la administración municipal.

Investigación determinó uso irregular de recursos públicos

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que acreditaron la apropiación de 250,922.26 dólares pertenecientes a la municipalidad de Rosario de Mora.

Según la resolución judicial, el exalcalde utilizó de forma indebida fondos municipales mientras ejercía el cargo de jefe comunal.

Las autoridades también concluyeron que Miranda Pérez incurrió en malversación al pagar dietas con recursos destinados exclusivamente a proyectos de desarrollo local.

El caso involucró fondos del programa FODES 75 %, una partida estatal asignada a obras y proyectos municipales en El Salvador.

Tribunal descontó pagos realizados por exmiembros del concejo

La condena económica disminuyó luego de que el tribunal descontara 15,000 dólares ya cancelados por integrantes del concejo municipal.

Los exfuncionarios fueron condenados anteriormente mediante un procedimiento abreviado realizado el 5 de diciembre de 2023.

Con esa decisión, el monto final de responsabilidad civil quedó fijado en poco más de 254,000 dólares.

Caso refuerza controles sobre administración de alcaldías

La resolución judicial se suma a otros procesos relacionados con el manejo de fondos públicos en gobiernos municipales salvadoreños.

Las autoridades señalaron que los recursos utilizados irregularmente debían financiar proyectos comunitarios y no gastos administrativos.

Además, el fallo reafirma las obligaciones legales de los alcaldes y concejos municipales sobre el uso de dinero público.

El tribunal sostuvo que las pruebas permitieron establecer la responsabilidad penal del exalcalde por ambos delitos contra la administración pública.

La Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) anunció una modernización del Proceso de Categorización Ambiental para agilizar trámites, reducir tiempos y fortalecer las evaluaciones técnicas de proyectos.

La institución informó que la actualización incorpora un nuevo formulario digital y mejoras dentro del Sistema DOT. Con estos cambios, las autoridades buscan realizar evaluaciones ambientales y territoriales más rápidas desde la etapa inicial de factibilidad.

Además, el nuevo mecanismo reducirá el tiempo de llenado del formulario de 45 a 10 minutos. El proceso también pasará de ocho a cuatro pasos, según detalló la entidad.

Nuevo sistema digital busca reducir tiempos de gestión

La modernización integrará variables territoriales, ecosistémicas y constructivas dentro de un mismo modelo técnico. De esta forma, el Gobierno pretende desarrollar análisis más objetivos y ordenados para distintos proyectos.

Entre los criterios que evaluará el sistema figuran el uso de suelo, la sensibilidad territorial y el manejo de aguas residuales. También analizará la intervención en cuerpos de agua, así como el tratamiento de residuos y materiales peligrosos.

Por otra parte, la plataforma incorporará mapas ambientales y territoriales actualizados. Según las autoridades, esta herramienta fortalecerá el análisis geoespacial automatizado y disminuirá las recategorizaciones durante el proceso regulatorio.

Sistema DOT aplicará criterios según cada tipo de proyecto

La propuesta establece parámetros diferenciados para distintos sectores productivos y de infraestructura. Entre ellos aparecen proyectos habitacionales, obras viales e hidráulicas, industria, energía, logística y saneamiento.

Asimismo, el sistema incluirá evaluaciones específicas para equipamientos especializados. Con ello, la institución busca aplicar regulaciones proporcionales según la complejidad de cada proyecto.

En el caso de las gasolineras, la plataforma asignará automáticamente la clasificación ambiental C3. Debido a ese cambio, los desarrolladores ya no deberán completar el formulario de categorización ambiental.

La categoría C3 corresponde a proyectos con potencial impacto ambiental alto. Por ello, este tipo de iniciativas requiere evaluaciones técnicas más estrictas y medidas especiales de manejo ambiental.

Gobierno busca fortalecer inversión y planificación territorial

Las autoridades aseguraron que la reforma mantendrá las clasificaciones de impacto bajo, leve, moderado y alto. Según explicaron, el objetivo es mantener controles ambientales acordes al nivel de riesgo de cada obra.

Finalmente, el Gobierno señaló que la modernización del sistema permitirá agilizar procesos regulatorios, fortalecer la planificación territorial sostenible e impulsar la inversión en El Salvador.

La Dirección General de Aduanas de El Salvador emitió una alerta por el ingreso de juguetes con marcas presuntamente falsificadas procedentes de China.

Las autoridades detectaron el cargamento en la Aduana Marítima de Acajutla como parte de controles relacionados con propiedad intelectual y comercio internacional.

Autoridades identifican juguetes con marcas presuntamente falsas

Según el aviso oficial, la mercancía estaría vinculada con marcas registradas de la empresa Spin Master Toys UK Limited, propietaria de los cubos Rubik.

El cargamento está compuesto por 10 bultos que contienen unas 10,000 unidades de juguetes importados desde China.

La Dirección General de Aduanas explicó que el procedimiento se desarrolla bajo la Disposición Administrativa de Carácter General Nº DGA 001-2025.

Esa normativa regula la protección de derechos de propiedad intelectual en operaciones de importación, exportación y tránsito de mercancías.

Procedimiento administrativo seguirá hasta junio

La institución informó que la publicación oficial del caso comenzó el 18 de mayo de 2026 y permanecerá vigente hasta el 21 de mayo.

Además, estableció que las partes interesadas tendrán hasta el 1 de junio para comparecer ante la autoridad aduanera.

Mientras tanto, las autoridades continuarán con el proceso administrativo correspondiente para determinar la situación legal de la mercancía.

Aduanas refuerza controles contra productos falsificados

La Dirección General de Aduanas señaló que estas acciones forman parte de los mecanismos de observancia en frontera implementados para frenar el ingreso de productos apócrifos.

Según la institución, los controles buscan proteger las marcas registradas y evitar la comercialización de mercancías falsificadas en el mercado salvadoreño.

Las autoridades también indicaron que mantendrán vigilancia en puertos y puntos de ingreso para detectar posibles violaciones a derechos de propiedad intelectual.