Con una práctica consolidada y una nueva oficina en Lindora, Costa Rica, la firma boutique fundada por el abogado salvadoreño (y ahora también, costarricense) Herman Duarte ofrece asesoría integrada para clientes privados, familias, empresarios e inversionistas interesados en residir, diversificar activos o desarrollar negocios en el país.

Simple Legal Consulting (SLC) inicia una nueva etapa desde su sede en Futura Business & Plaza, en Lindora. La oficina amplía la capacidad de una práctica que atiende decisiones migratorias, inmobiliarias, corporativas, bancarias y patrimoniales para clientes con
intereses en Costa Rica. Su apertura, reseñada por Forbes Centroamérica, no constituye el comienzo de la firma, sino la expresión visible de una organización construida durante años, cliente por cliente y asunto por asunto.

Una organización con rumbo claro

Duarte trabajó durante 5 años en Batalla Abogados, 3 años en Fundación Igualitxs, antes de fundar SLC en 2021. Es graduado de ESEN, obtuvo un LL.M. en International Commercial Arbitration Law en Stockholm University y cursó un MSc en Human Rights and Politics en la London School of Economics como becario Chevening. Esa combinación de experiencia empresarial, estrategia jurídica y comprensión humana terminó dando forma a una firma enfocada en clientes privados.

Hoy SLC trabaja con personas, familias y empresarios de Estados Unidos, Canadá, de países europeos y América Latina. La firma ha acompañado cientos de procesos migratorios y ha ampliado su práctica hacia inversión inmobiliaria, estructuración corporativa, cumplimiento, documentación bancaria y solución de controversias. La confianza en esta nueva etapa no descansa en una promesa de éxito, sino en una propuesta probada, procesos ordenados y claridad sobre el cliente al que la organización desea servir.

Perseverar también significa corregir

La evolución no fue lineal. Duarte ensayó distintos proyectos, conceptos y modelos de práctica legal. Algunos no encontraron suficiente mercado y otros tuvieron que cambiar. La enseñanza empresarial fue decisiva: perseverar no significa repetir indefinidamente una idea
que no funciona. Significa conservar el propósito, escuchar lo que la gente necesita y ajustar la oferta sin renunciar a la ética

“Hoy sabemos quiénes somos, qué ofrecemos y a quién queremos ayudar.
Esa claridad nos permite mirar el futuro de SLC con seguridad”.

Confianza, inversión y movilidad: Costa Rica como plataforma complementaria

Para empresarios y familias salvadoreñas, Costa Rica puede representar una segunda residencia (basta ver el Grupo Poma como tiene operaciones igual o hasta más fuertes en el país como un termómetro de ser un gran lugar para invertir), una jurisdicción complementaria o una base para nuevos proyectos. La oportunidad requiere planificación, documentación y cumplimiento; y Simple Legal Consulting (SLC) esta disponible para ayudarle.

El interés empresarial en Costa Rica tiene una base concreta. Según el Ministerio de Comercio Exterior, el país superó los US$5.000 millones en inversión extranjera directa durante 2025 por segundo año consecutivo, con actividad relevante en zonas francas, turismo, inmobiliario y empresas del régimen definitivo.

Para Duarte, esta posibilidad no compite con la modernización de El Salvador. Permite que sus empresarios piensen regionalmente y evalúen cómo diversificar una parte de sus proyectos o patrimonio, de la mano con una firma con profesionales honrados, técnicos y profesionales.

Residencia y movilidad

Evaluación de opciones migratorias como rentista, inversionista, pensionado o nómada digital, además de planificación documental, presentación, seguimiento y coordinación de las etapas necesarias para establecerse en Costa Rica. Un plan B nunca viene mal.

Inversión inmobiliaria y patrimonial

Debida diligencia sobre propiedades, titularidad, gravámenes, planos, situación municipal, contratos y cierres. La planificación patrimonial se estructura conforme a la legislación aplicable, las obligaciones fiscales y los deberes de transparencia. Una guía de compra puede
verse en su website.

Expansión corporativa y cumplimiento

Constitución de sociedades con tan solo llenar un formulario, contratos, permisos, gobierno corporativo y mantenimiento legal. El objetivo es que la estructura sirva al negocio y se mantenga lista para operar, invertir o sostener activos.

Banca y origen de fondos

Apoyo en la preparación documental y coordinación con entidades bancarias, contadores y otros profesionales. Toda apertura o
transacción permanece sujeta a las políticas de conocimiento del cliente y aprobación de cada institución.

Una contraparte para abogados salvadoreños

SLC también puede actuar como asesor local en Costa Rica para firmas y abogados salvadoreños cuyos clientes necesitan apoyo migratorio, inmobiliario, corporativo, bancario o contencioso. La coordinación busca respetar la relación profesional de origen, mantener informado al asesor remitente y resolver localmente lo que exige conocimiento del sistema costarricense.

SLC ofrece reuniones de cortesía, que pueden agendar automáticamente en este enlace: Reunión con Herman Duarte.

El apellido como responsabilidad

La cultura de la firma también está vinculada con las raíces de Duarte. En la familia Duarte Schlageter, explica, conservar el apellido significa cuidar la palabra y responder por la calidad del propio trabajo. Su abuelo Rolando Duarte le inculcó que la honradez no es una declaración, sino una conducta diaria.

Duarte reconoce esa misma ética en sus padres, hermano, tíos, primos y familiares, y considera que ejercer en otro país aumenta la responsabilidad de proteger ese buen nombre, y justamente eso lo ha motivado a no tirar la toalla, y tener esa esperanza que aunque hoy este oscuro, mañana vuelve a salir el sol. La esperanza es lo último que se pierde.

“En nuestra familia, el apellido no es un privilegio. Es la responsabilidad de ser honrados, cumplir la palabra y hacer bien el trabajo”.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inauguró este lunes un proceso de formación especializado sobre el abordaje de la violencia digital contra las mujeres desde un enfoque de derechos humanos.

La capacitación se desarrolla en coordinación con el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y cuenta con el apoyo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Además, la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, por medio de su Unidad de Género, impulsa la iniciativa para fortalecer las capacidades de los operadores judiciales.

El programa está dirigido a personal de Juzgados de Paz, de Familia, especializados en violencia contra las mujeres, así como de Niñez y Adolescencia.

Formación incorpora medidas de protección y autocuidado digital

Durante la inauguración, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, señaló que el proceso busca dotar a los operadores de justicia de herramientas para mejorar la atención de las víctimas.

Según explicó, la capacitación incluye contenidos sobre autocuidado digital, protección efectiva de las personas afectadas y actuaciones judiciales con enfoque técnico y centrado en la dignidad humana.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer una justicia más eficiente y orientada a garantizar los derechos de las personas frente a las nuevas formas de violencia que surgen en los entornos digitales.

Magistrados e instituciones respaldan la iniciativa

En la actividad participaron magistrados de las salas de lo Constitucional, lo Civil, lo Penal y lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

También asistieron representantes del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, así como de ORMUSA.

Las instituciones, de acuerdo a la información oficial, buscan fortalecer la respuesta del sistema judicial ante los casos de violencia digital contra las mujeres y promover la aplicación de estándares de derechos humanos en las decisiones judiciales.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador realizó una jornada de capacitación dirigida al personal de Psicología que trabaja en los Juzgados de Familia, los Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia y los Centros de Atención Psicosocial.

La actividad buscó fortalecer las capacidades de los profesionales mediante el entrenamiento “Fortalecimiento de herramientas educativas para la atención psicosocial y familiar”, con el objetivo de mejorar la atención que brindan a las personas usuarias del sistema judicial.

Formación busca mejorar la respuesta ante casos sociales complejos

Durante la inauguración participó el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Miguel Elías Martínez Cortez.

El funcionario explicó que la iniciativa pretende dotar al personal de herramientas educativas prácticas, accesibles y de fácil aplicación. Además, indicó que estos recursos complementarán el trabajo que realizan diariamente en los distintos espacios de atención.

Según el magistrado, el propósito es ofrecer una respuesta más eficiente y ajustada a las necesidades de las personas que acuden a los servicios del Órgano Judicial.

Entrenamiento aborda prevención, derechos humanos y educación en valores

La capacitación reforzó las acciones de orientación, acompañamiento e intervención que desarrolla el personal de Psicología con personas que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar y otros desafíos sociales.

Como parte del programa, los participantes recibieron formación en tres áreas. La primera correspondió a “El camino a la felicidad”, enfocada en educación en valores.

La segunda capacitación fue “Unidos por los derechos humanos”, orientada a promover el conocimiento de los derechos fundamentales.

Finalmente, el personal participó en el programa “La verdad sobre las drogas”, dirigido a fortalecer las estrategias de prevención del consumo de sustancias.

Con esta jornada, la Corte Suprema de Justicia busca ampliar las competencias técnicas de los equipos de Psicología que brindan atención psicosocial y familiar en las distintas dependencias judiciales del país.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un convenio de cooperación para impulsar la transformación y modernización del sistema de justicia del país mediante el uso de tecnología, innovación y fortalecimiento institucional.

El acuerdo busca promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para mejorar la gestión judicial y acelerar los procesos de digitalización dentro del Órgano Judicial.

Prioriza herramientas digitales para agilizar procesos

Como parte de la cooperación, ambas instituciones trabajarán en proyectos orientados a la digitalización de expedientes y la modernización de la gestión documental.

Además, desarrollarán iniciativas para fortalecer los sistemas internos del Órgano Judicial con el propósito de optimizar los procesos administrativos y mejorar la prestación de los servicios de justicia.

Las acciones también contemplan el intercambio de experiencias y metodologías que contribuyan a modernizar la administración judicial.

Iniciativa ampliará el acceso a la justicia en zonas alejadas

El convenio incluye apoyo al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, un programa que busca acercar los servicios de justicia a comunidades de difícil acceso.

Con este respaldo, las instituciones pretenden fortalecer la atención a la población mediante mecanismos que faciliten la orientación y el acceso a los servicios judiciales en diferentes territorios del país.

Cooperación refuerza el desarrollo institucional

La Corte Suprema de Justicia y el PNUD señalaron que el convenio reafirma el compromiso de ambas entidades con el fortalecimiento institucional del sistema judicial salvadoreño.

Según las instituciones, la cooperación contribuirá a consolidar una administración de justicia más moderna, eficiente, transparente, inclusiva y cercana a la ciudadanía mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos y el fortalecimiento de las capacidades del Órgano Judicial.

Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Cuentas de la República (CCR) pusieron en marcha el programa especializado en interpretación y valoración probatoria del proceso de fiscalización de la CCR, dirigido a funcionarios judiciales de la jurisdicción penal.

El diplomado tiene como objetivo reforzar las competencias técnicas y prácticas para analizar e interpretar los procesos de fiscalización, con énfasis en las auditorías gubernamentales.

Además, busca proporcionar herramientas especializadas que contribuyan a una administración de justicia más técnica y fundamentada.

La formación se desarrollará durante cuatro meses

El programa académico comprende cinco módulos que se impartirán entre julio y octubre de 2026.

Las jornadas abordarán aspectos relacionados con la interpretación y valoración de la prueba derivada de los procesos de fiscalización, una materia que las instituciones consideran relevante para el trabajo de los operadores de justicia en el ámbito penal.

La iniciativa forma parte de un convenio de cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas.

Autoridades destacan el trabajo conjunto entre ambas instituciones

Durante la inauguración, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, afirmó que el diplomado representa uno de los resultados del acuerdo de cooperación suscrito entre ambas entidades.

Según el magistrado, el proyecto busca fortalecer la formación continua de jueces y personal técnico para contribuir a una justicia más eficiente, técnica y objetiva.

En el acto participaron los magistrados de la Sala de lo Penal Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, Sandra Luz Chicas de Fuentes y Roberto Carlos Calderón Escobar. También asistió el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Salvador Sosa, junto con representantes y personal técnico de ambas instituciones.