Un total de 142 profesionales del derecho fueron juramentados este miércoles en El Salvador y quedaron habilitados para ejercer la abogacía en sus distintas ramas.

La ceremonia marcó el ingreso formal de los nuevos abogados al ejercicio profesional. El acto estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia.

Los profesionales asumieron el compromiso de cumplir las leyes y ejercer la defensa de sus representados con responsabilidad.

Preparación como requisito profesional

Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó la necesidad de mantener una formación jurídica sólida.

El magistrado llamó a los nuevos abogados a fortalecer sus conocimientos sobre teoría del derecho, principios generales y jurisprudencia.

También mencionó la importancia de conocer las decisiones de tribunales nacionales y extranjeros.

“Los exhorto este día a estar preparados con conocimientos sólidos en la teoría del derecho”, afirmó Mejía.

El funcionario vinculó esa preparación con el compromiso asumido durante la juramentación.

Participación de magistrados

En el acto participaron magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y miembros de la Comisión de Abogacía y Notariado.

Entre ellos estuvieron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.

También asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.

El sistema judicial de El Salvador concluyó una formación especializada sobre valoración de pruebas con enfoque de derechos humanos para mejorar la atención de casos de violencia contra mujeres.

La capacitación se desarrolló durante seis jornadas y reunió a jueces, colaboradores judiciales y personal del Instituto de Medicina Legal.

También participaron profesionales de equipos multidisciplinarios que atienden a mujeres en distintas zonas del país.

La actividad abordó criterios técnicos para valorar pruebas testimoniales y periciales especializadas. Además, incluyó análisis sobre la respuesta judicial en contextos de desigualdad y discriminación.

La Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proceso de formación.

El objetivo es mejorar la valoración de pruebas

Durante las jornadas, los participantes intercambiaron experiencias y revisaron criterios para fortalecer las decisiones judiciales.

La formación también buscó mejorar la respuesta de las jurisdicciones especializadas en violencia contra las mujeres, familia y paz.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional Luis Javier Suárez Magaña destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en las resoluciones judiciales.

Según el funcionario, las decisiones deben contar con fundamentos jurídicos y evitar prejuicios y estereotipos.

Cooperación internacional respaldó el proceso

En la actividad participaron representantes de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y de Canadá.

También asistió Ximena Díaz, coordinadora de proyectos de Abogados Sin Fronteras Canadá.

Al cierre del proceso, Díaz recibió un diploma de reconocimiento por el apoyo de esa organización a la capacitación.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios judiciales y especialistas que intervienen en casos relacionados con mujeres.

Un curso especializado sobre extradición concluyó en El Salvador con la participación de profesionales de seis países, quienes intercambiaron experiencias y conocimientos jurídicos.

La capacitación abordó el papel de la extradición en la lucha contra la delincuencia nacional y transnacional. También buscó fortalecer las capacidades legales de los participantes.

Profesionales de Chile, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay participaron en el programa. Todos cuentan con experiencia activa en procesos relacionados con la extradición.

Durante las sesiones, los especialistas analizaron los procedimientos aplicados en sus respectivos países. Además, revisaron los requisitos establecidos en tratados y legislaciones nacionales.

El programa incluyó temas como estándares probatorios, motivos para denegar una extradición y documentos necesarios. También abordó las distintas etapas de estos procedimientos.

Intercambio de experiencias entre sistemas judiciales

La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Personal Judicial en el Extranjero (OPDAT) y el Departamento de Estado de Estados Unidos desarrollaron el curso.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó el intercambio de experiencias entre los participantes.

“Compartir experiencias, identificar desafíos comunes, encontrar soluciones y desarrollar buenas prácticas” contribuye, según Mejía, a mejorar los sistemas de justicia.

El funcionario también señaló que la formación busca fortalecer las competencias de los profesionales para el desempeño de sus funciones.

Participación de magistrados salvadoreños

El acto de clausura contó con la presencia de Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal.

Además, Roberto Carlos Calderón, magistrado de esa misma Sala, participó directamente en el curso especializado.

La actividad cerró así un programa centrado en los aspectos jurídicos y prácticos de la extradición entre países con distintos marcos legales.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador convocó a abogados interesados en obtener autorización para ejercer como ejecutores de embargo.

La convocatoria está a cargo de la Sección de Investigación Profesional, que publicó una guía con los requisitos y pasos para iniciar el trámite.

Estos son los requisitos para ejercer

La Ley Orgánica Judicial establece que solo podrán ejercer esta función quienes reciban autorización de la Sección de Investigación Profesional.

Entre los requisitos figura ser salvadoreño y abogado de la República. Además, los aspirantes deben demostrar moralidad y competencias notorias.

También deben aprobar un examen de suficiencia para ejercer como ejecutores de embargo.

El proceso incluye además la presentación de una fianza por un año.

La garantía debe cubrir hasta cinco salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios.

El interesado debe presentar esa fianza ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia.

La ley establece quiénes no pueden ejercer

El artículo 107 de la Ley Orgánica Judicial establece varias causas de incapacidad para desempeñar esta función.

La norma incluye a personas ciegas, mudas o sordas, así como a quienes tengan una discapacidad mental.

También excluye a personas condenadas mediante sentencia firme por un delito doloso.

Esta restricción se mantiene durante el periodo establecido en la sentencia, incluso si la persona cumple una medida de libertad restringida.

La Corte publicó una guía para el trámite

La Sección de Investigación Profesional recomendó a los abogados revisar la guía antes de iniciar el proceso de autorización.

El documento advierte que cualquier demora derivada del incumplimiento de los requisitos será responsabilidad del interesado.

Los abogados pueden realizar consultas sobre el trámite mediante el correo de la Sección de Investigación Profesional: investigacion.profesional@oj.gob.sv.

Los siete consejeros propietarios y siete suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador comienzan este 22 de septiembre un mandato de cinco años.

La Asamblea Legislativa eligió y juramentó a los 14 integrantes el 17 de septiembre, después de analizar las candidaturas presentadas por distintos sectores vinculados con el sistema de justicia.

El nuevo período concluirá el 21 de septiembre de 2031, según el decreto legislativo que formalizó la elección.

Los propietarios y suplentes

El grupo de consejeros propietarios está integrado por Santos Guerra Grijalba, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez y Alexander Efraín Ticas Navarro.

Los tres representan al gremio de abogados en el ejercicio libre de la profesión.

Luis Alonso Ramírez Menéndez representa a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.

Verónica Lisseth González Penado representa a las universidades privadas. Miguel Ángel Calero Ángel corresponde al Ministerio Público.

Por el sector de jueces y magistrados fue elegido Omar Alexander Hernández.

Los suplentes son Eduardo Antonio Pérez Hernández, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio, Manuel Alexander Guevara Hernández, Elías Alexander Mejía Merlos, María Francisca Leiva Rodríguez, Jennifer Isa Mansell García de Vásquez y Nelly Edith Posas Henríquez.

Cuatro de los siete propietarios ya integraban el Consejo Nacional de la Judicatura y fueron elegidos para un segundo período. Se trata de Santos Guerra Grijalba, Luis Alonso Ramírez Menéndez, Verónica Lisseth González Penado y Miguel Ángel Calero Ángel.

El proceso comenzó con 41 aspirantes

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó a 41 profesionales durante siete jornadas realizadas entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre (fueron 42, pero uno se retiró).

Los diputados revisaron sus hojas de vida, trayectoria profesional, formación académica y propuestas de trabajo. También verificaron el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

La comisión emitió posteriormente un dictamen favorable para someter las candidaturas a votación del pleno legislativo.

La Asamblea eligió a los integrantes mediante votación nominal y pública y luego procedió con su juramentación.

Una institución con funciones sobre jueces y magistrados

El Consejo Nacional de la Judicatura cumple un papel central dentro del sistema judicial salvadoreño.

Entre sus atribuciones está proponer candidatos para cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras y jueces de distintas instancias.

Además, el organismo evalúa periódicamente el desempeño de jueces y magistrados.

También desarrolla programas de formación mediante la Escuela de Capacitación Judicial, dirigida a funcionarios y empleados del sector.

Por ello, el nuevo pleno tendrá bajo su responsabilidad procesos relacionados con selección, evaluación y capacitación de funcionarios judiciales durante los próximos cinco años.

Representación de distintos sectores jurídicos

La composición del Consejo Nacional de la Judicatura incorpora representantes de cinco sectores vinculados con la administración de justicia.

El gremio de abogados ocupa tres puestos propietarios y tres suplentes.

Los otros cuatro propietarios corresponden a la Universidad de El Salvador, las universidades privadas, el Ministerio Público y el sector judicial.

Esta estructura también se refleja en los suplentes designados para el nuevo período.

El CNJ y el sistema judicial centroamericano

La renovación del Consejo Nacional de la Judicatura ocurre dentro de un sistema judicial que mantiene vínculos institucionales con otros países de Centroamérica.

En la región existen organismos con distintas estructuras y atribuciones para la selección, formación, evaluación o administración de jueces y magistrados.

En El Salvador, estas funciones corresponden en buena medida al Consejo Nacional de la Judicatura, cuya base constitucional establece su participación en la selección y formación de funcionarios judiciales.

El nuevo pleno ejercerá sus funciones hasta septiembre de 2031, con responsabilidades que abarcan la selección de perfiles judiciales, evaluación de desempeño y capacitación profesional.