Cerca de 300 mujeres participaron en el vigésimo Congreso Mujer y Liderazgo, organizado por el Comité de Empresarias de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal). Este evento se ha consolidado como un espacio crucial para el desarrollo empresarial y profesional femenino, ofreciendo herramientas y conocimientos esenciales, además de fomentar el networking y el intercambio de experiencias.

Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, expresó su orgullo por el impacto positivo del congreso en diversas generaciones de mujeres empresarias, líderes y trabajadoras. “Me llena de mucho orgullo saber que fuimos pioneras en poner todos estos temas sobre la mesa y que ahora vemos que están beneficiando a diversas generaciones de mujeres empresarias, líderes y trabajadoras. Y en esta labor yo quiero agradecer el excelente trabajo del Comité de Empresarias y de todo el equipo de Camarasal”, manifestó Escobar.

El congreso contó con la participación de destacados ponentes salvadoreños, quienes compartieron su conocimiento en diversas áreas:

• Alejandro Ayalá: “Con las faldas bien puestas”
• Jessica Lemus: “Mindset managment para empresas”
• Óscar Castillo Chedraui: “IA en negocios: pequeños pasos, grandes impactos”
• Dina Mancía: “¿Cómo vivir como una mujer aceleradora de negocios liderando desde la grandeza?”

Como cierre del evento, la reconocida conferencista internacional Glenda Umaña, ex presentadora de CNN en Español, impartió la charla “El poder de la autenticidad”, compartiendo sus experiencias y consejos tras más de 26 años de carrera en el periodismo.

Durante el congreso, se rindió homenaje a Gladys Hernández de Flores, fundadora y propietaria de Flores de Guatemala S.A. de C.V., quien fue elegida como Mujer Destacada de 2024 por su significativo aporte a la economía del país. Su empresa ha sido socia de la gremial desde 1998, demostrando un compromiso continuo con el desarrollo empresarial.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa ha emitido un dictamen favorable para la ratificación de la adhesión de El Salvador a la Convención sobre Circulación Vial de 1968. Este tratado internacional busca facilitar la circulación por vías públicas terrestres y aumentar la seguridad vial a través de la adopción de reglas uniformes de circulación.

Patricia Aguilera Brand, directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó durante una reunión con los parlamentarios que, aunque la convención es antigua, sigue ofreciendo importantes beneficios a los países miembros. Aguilera enfatizó que la uniformización de las regulaciones viales a nivel nacional, regional e internacional es crucial para mejorar la seguridad y facilitar el comercio.

«Parte del comercio se mueve por medio del transporte de carga; por ello, es importante contar con estas regulaciones internacionales acorde a nuestra legislación. Actualmente, son más de 125 países miembros que pertenecen a esta convención», afirmó Aguilera Brand.

La convención también establece normas para automóviles y remolques internacionales, incluyendo disposiciones sobre matrícula, signos distintivos, marcas de identificación y permisos de conducción.

El diputado Raúl Chamagua destacó la importancia de la uniformidad legislativa para facilitar la comprensión de señales de tráfico por parte de turistas extranjeros. «Uno de los beneficios es que ayuda a adaptar las señales, los signos viales y otras herramientas para los turistas. Estos signos de educación vial debemos aprenderlos ya que son universales y está contemplado en la convención cómo se van a utilizar los colores, formas, etc.», apuntó Chamagua.

La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de que se apruebe un contrato de préstamo suscrito, el 7 de mayo pasado, entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $84 millones.

Este financiamiento se destinará al «Programa de Facilitación Comercial y Modernización de Operación Portuaria en El Salvador», cuyo principal objetivo es optimizar los tiempos de las operaciones portuarias, mejorar la eficiencia del control aduanero y agilizar la inserción del país en el comercio global.

El programa se centra en mejorar las infraestructuras y procesos operativos de los puertos de Acajutla y Cutuco, clave para el comercio exterior de El Salvador. Las mejoras abarcarán desde la construcción de nuevos accesos y la reordenación de espacios portuarios hasta la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión de procesos y control aduanero.

Componentes del Proyecto

El proyecto contempla cuatro componentes principales:

1. Mejora de la Operación del Puerto de Acajutla: Este componente incluirá la construcción y habilitación de nuevos accesos y la infraestructura complementaria necesaria para optimizar las operaciones portuarias.
2. Desarrollo de un Ecosistema Digital para el Comercio Exterior: Se enfocará en la creación de soluciones tecnológicas que faciliten la digitalización de los procesos de comercio exterior, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de operación.
3. Digitalización del Control Aduanero: Este componente se encargará de modernizar el sistema de control aduanero, implementando tecnología avanzada para agilizar y asegurar las operaciones aduaneras.
4. Actividades de Apoyo para la Ejecución del Programa: Se incluirán medidas como la reubicación de talleres y otras infraestructuras, así como la capacitación y desarrollo de recursos humanos necesarios para la implementación exitosa del programa.

El financiamiento del BID tendrá una vigencia de 25 años, lo que brinda un marco temporal amplio para la implementación y consolidación de las mejoras proyectadas. Este proyecto no solo representa un avance significativo para el sector portuario, sino también una oportunidad para fortalecer la economía nacional y fomentar el desarrollo sostenible.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa autorizó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a disponer de $27,900,000 para fortalecer el abastecimiento de fertilizantes y granos básicos, elementos esenciales del Programa de Seguridad Alimentaria.

El dictamen favorable, que modifica la Ley de Presupuesto 2024, permitirá la incorporación de un total de $54,700,000, provenientes del excedente de ingresos generados por la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y el combate a la evasión fiscal.

Laura Arce, subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, explicó que los fondos asignados al MAG serán destinados a continuar entregando el bono agrícola a los productores nacionales. Este bono permitirá la adquisición de insumos como fertilizantes y granos básicos, cruciales para la siembra y diversificación de la producción agrícola.

Además, se financiará el diseño y construcción de obras civiles para establecer una Central de Abastos de Fertilizantes y Granos en La Libertad, una infraestructura que busca optimizar la distribución y acceso a estos insumos para los agricultores.

Asimismo, se ha aprobado un fondo adicional de $26,800,000 para que la Presidencia de la República atienda necesidades urgentes y prioritarias en diversas instituciones públicas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado que El Salvador es responsable por violaciones a los derechos de garantías y protección judiciales en perjuicio de Miguel Ángel Aguirre Magaña.

Esta decisión se enmarca en la Sentencia del Caso Aguirre Magaña vs. El Salvador, notificada la semana pasada, y surge tras el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado salvadoreño.

El caso tiene sus raíces en un incidente ocurrido el 13 de noviembre de 1993, cuando el señor Aguirre Magaña, mientras realizaba una diligencia judicial en un vehículo propiedad del Juez de Paz de Villa de Apaneca, sufrió la explosión de un artefacto. Esta explosión le causó graves lesiones, incluyendo la amputación de su pierna derecha y la pérdida de audición en su oído derecho.

A pesar de las denuncias presentadas por Aguirre Magaña en 1993, alegando que el vehículo contenía una granada propiedad del juez, el proceso judicial se prolongó durante once años. Finalmente, en 2004, se emitió una resolución de sobreseimiento provisional, la cual fue apelada y confirmada, dejando el caso sin una resolución satisfactoria.

La Corte IDH señaló que el proceso penal, que duró más de una década, estuvo plagado de omisiones e irregularidades. El tribunal destacó que no existían elementos de complejidad en el caso que justificaran tal demora, y subrayó los esfuerzos infructuosos del señor Aguirre por acelerar el proceso. Además, la Corte resaltó que debido a la discapacidad del señor Aguirre, las autoridades debieron haber manejado el caso con mayor celeridad para proteger sus derechos de manera efectiva.

En su fallo, la Corte determinó que El Salvador no cumplió con la debida diligencia ni garantizó un plazo razonable en el proceso judicial. Asimismo, se concluyó que el señor Aguirre no contó con un recurso efectivo para salvaguardar sus derechos, violando así las garantías judiciales y de protección judicial.

Como resultado de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación para el señor Aguirre. Entre las que se encuentran brindar los servicios de rehabilitación y prótesis y el tratamiento psicológico al afectado. Así también, deberá pagar $35,000.00 en concepto de indemnización.

El fallo fue emitido por un panel de jueces compuesto por la Presidenta, Jueza Nancy Hernández López (Costa Rica), el Vicepresidente, Juez Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), y los jueces Humberto A. Sierra Porto (Colombia), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay), Verónica Gomez (Argentina) y Patricia Pérez Goldberg (Chile).