La Asamblea Legislativa aprobó huna prórroga de dos años para la exoneración de pagos por servicios, derechos y aranceles aduanales, migratorios y consulares al ingreso y salida del país para personas que formen parte de misiones oficiales o asistan a eventos relacionados al turismo deportivo, artístico y cultural.

La prórroga, que entrará en vigor a partir del vencimiento de la actual, que finaliza el 25 de mayo de 2024, tiene como objetivo impulsar el sector turístico y atraer inversionistas extranjeros. Según el diputado Raúl Chamagua, se estima que uno de cada cinco empleos generados en El Salvador en la próxima década estará vinculado al turismo.

Durante su intervención, Chamagua destacó que en el año 2023 se invirtieron más de $5 millones en la remodelación de sitios turísticos, y en lo que va del 2024, se han recibido más de un millón de visitas internacionales, con un gasto turístico superior a los $14 millones. Además, mencionó que Estados Unidos lidera la lista de países emisores de turistas hacia El Salvador.

El decreto legislativo original, aprobado el 25 de mayo de 2021, enfatizó el proyecto Surf City en el país. La nueva prórroga se justifica en el objetivo de posicionar a El Salvador como un destino turístico especializado en el turismo deportivo, específicamente en la práctica del surf, como parte de la estrategia para diversificar y fortalecer la economía nacional.

Presidencia a sancionado la ley otorga a los municipios las herramientas necesarias para su orden administrativo en un plazo de dos años. Esta fue publicada en el Diario Oficial del 22 de junio.

La normativa, denominada Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal, contiene un catálogo de deberes para los servidores públicos municipales, directrices de orden contable y presupuestaria, disposiciones de orden administrativo y de administración del talento humano.

La ley permite a los municipios establecer sus propios presupuestos, priorizando áreas claves de inversión para proyectos en beneficio de las comunidades. Además, faculta la intervención del Ministerio de Hacienda para auditar el proceso de transición y obliga a trabajar por la certificación antisoborno. Este proceso será acompañado por la Dirección Nacional de Compras (DINAC).

Se establece la responsabilidad de los alcaldes electos para realizar la transición de manera efectiva en un plazo de dos años, con consecuencias para aquellos que no cumplan. La iniciativa busca reducir el riesgo de corrupción y despilfarro de recursos públicos, generando condiciones para la autosostenibilidad de las comunas y evitando un endeudamiento desmesurado.

Los legisladores concluyen que la nueva ley permitirá ordenar los procesos administrativos en dos años, garantizando la continuidad de los servicios y la fluidez de la transición.

La Asamblea Legislativa, con 67 votos a favor, reformó la Ley de Protección Civil y Mitigación de Desastres para establecer el Subsistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano (SISUSAR). Este nuevo sistema tiene como objetivo primordial salvaguardar la vida e integridad física de los salvadoreños ante situaciones de desastres naturales en áreas urbanas.

El SISUSAR se centrará en proporcionar capacitación técnica a los equipos de rescate y sus miembros, asegurando que estén debidamente acreditados, cuenten con el entrenamiento adecuado y dispongan del equipo necesario para enfrentar emergencias de manera eficaz.

Durante el proceso de estudio de la iniciativa en la Comisión de Legislación, representantes del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y el Ministerio de Gobernación explicaron que, si bien los grupos de rescate en El Salvador inicialmente surgieron para responder a casos de sismos, en la actualidad se enfrentan a una variedad de emergencias como inundaciones, deslizamientos, incendios y otros desastres naturales.

La diputada Evelyn Merlos, promotora de la iniciativa, destacó que el SISUSAR se convertirá en una parte integral del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, proporcionando respuestas inmediatas a incidentes que requieran operaciones especializadas de búsqueda y rescate.

El grupo de rescate urbano estará compuesto por miembros de diversas instituciones, entre ellas la Dirección General de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, la Policía Nacional Civil, el Fondo Solidario para la Salud y organizaciones sin fines de lucro como Comandos de Salvamento, Cruz Roja y Cruz Verde.

El proceso de acreditación de los Grupos de Búsqueda y Rescate Urbano estará a cargo de un Comité Técnico de Acreditación y se regirá por un Manual de Acreditación y reacreditación emitido por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Una vez completado el proceso, el Comité Técnico remitirá un informe al Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial para su aprobación.

Presidencia sancionó la Ley de Tasas del Instituto Salvadoreño del Café por la Inscripción en los Registros del Cafetaleros, Establecimiento de Agencias o Recibideros y Análisis de Calidad de Café, estableciendo tarifas para inscripciones de pequeños, medianos y grandes productores de café en el país, esto con su publicación en el Diario Oficial del 17 de abril.

La ley tiene como objetivo regularizar las tasas de inscripción considerando diversos factores como el tamaño de la finca, la calidad del café y su exportación. Los legisladores resaltan que esta medida contribuirá al fomento de la caficultura y al desarrollo económico, social, educativo y ambiental en El Salvador.

La normativa otorga al ISC la facultad de llevar el registro de productores, beneficiadores y otros agentes de la cadena cafetalera, así como realizar análisis de calidad del café exportado.

Los montos de las tasas varían según el tamaño de la finca, oscilando entre $5.00, $10.00 y $20.00 para pequeños, medianos y grandes productores, respectivamente, con una vigencia de cuatro años. También se establecen tasas para otros agentes de la cadena, como pergamineros, exportadores y torrefactores.

Se espera que estas tasas permitan al ISC contar con información actualizada y fidedigna de los agentes involucrados en el comercio interno y externo del café en El Salvador, complementando la recientemente aprobada Ley Especial para la Comercialización, Registro y Protección de la Propiedad del Café.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha dado luz verde a un dictamen favorable para la suscripción de un convenio de préstamo con la empresa Yutong por un monto de hasta $179 millones. Estos fondos serán destinados a la adquisición de 1,500 unidades de autobuses, como parte de un esfuerzo por mejorar el sistema de transporte público en El Salvador.

El préstamo, amparado por la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales con Financiamiento Incluido, aprobada en 2022, tiene como objetivo renovar por completo la flota de transporte público. La empresa Yutong, fundada en 1963 en Zhengzhou, Henan, China, se destaca en la fabricación de carrocerías para autobuses y microbuses urbanos e interurbanos, así como en la industria de maquinaria pesada.

Romeo Rodríguez, titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), explicó que la decisión de optar por Yutong se basó en su oferta de financiamiento favorable y en su reputación en el mercado internacional. Además, el MOPT está explorando otras fuentes de préstamos con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar aún más la flota de transporte público.

El ministro Rodríguez enfatizó la necesidad de modernizar el sistema de transporte público, que actualmente enfrenta deficiencias en calidad y seguridad. Aunque se adquirirán nuevas unidades, el Gobierno también se compromete a colaborar con los empresarios del sector bajo condiciones que beneficien a la población.