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El 30 de abril marca el cierre para la declaración del impuesto sobre la renta (ISR), una obligación que abarca tanto a personas naturales como jurídicas. El proceso se lleva a cabo de manera digital a través del portal habilitado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) bajo la sección de «Servicios en Línea».

La plataforma en línea ofrece un cálculo automatizado de ingresos, gastos e impuestos retenidos, simplificando así el procedimiento de declaración del ISR. Además, permite transferencias y programación de pagos para aquellos contribuyentes con saldos pendientes, garantizando eficiencia en el proceso.

Es crucial que la información declarada en el portal coincida con las constancias de ingresos y deducciones proporcionadas por los empleadores, tales como AFP, ISSS y renta. Sin embargo, se brinda flexibilidad para ajustar la información en caso de ingresos adicionales no sujetos a control fiscal.

La homologación del Número de Identidad Tributaria (NIT) con el Documento Único de Identidad (DUI) permite que las personas naturales accedan al portal utilizando su DUI, mientras que las personas jurídicas y extranjeras continúan utilizando su NIT.

La obligación de declarar el ISR abarca diversas categorías de contribuyentes, como personas naturales asalariadas con ingresos anuales superiores a $60,000 y residentes o no residentes con renta imponible de una fuente salvadoreña superior a la base exenta, entre otros.

La ley contempla deducciones de hasta $800 en gastos médicos y $800 en gastos educativos, así como en negocios con rentas diversas. Para aplicar estas deducciones, es esencial conservar las facturas durante el periodo especificado por la ley, lo que previene posibles conflictos con Hacienda en el futuro.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ha dado luz verde a un dictamen favorable para la suscripción de un convenio de préstamo con la empresa Yutong por un monto de hasta $179 millones. Estos fondos serán destinados a la adquisición de 1,500 unidades de autobuses, como parte de un esfuerzo por mejorar el sistema de transporte público en El Salvador.

El préstamo, amparado por la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales con Financiamiento Incluido, aprobada en 2022, tiene como objetivo renovar por completo la flota de transporte público. La empresa Yutong, fundada en 1963 en Zhengzhou, Henan, China, se destaca en la fabricación de carrocerías para autobuses y microbuses urbanos e interurbanos, así como en la industria de maquinaria pesada.

Romeo Rodríguez, titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), explicó que la decisión de optar por Yutong se basó en su oferta de financiamiento favorable y en su reputación en el mercado internacional. Además, el MOPT está explorando otras fuentes de préstamos con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar aún más la flota de transporte público.

El ministro Rodríguez enfatizó la necesidad de modernizar el sistema de transporte público, que actualmente enfrenta deficiencias en calidad y seguridad. Aunque se adquirirán nuevas unidades, el Gobierno también se compromete a colaborar con los empresarios del sector bajo condiciones que beneficien a la población.

Durante la sesión plenaria de hoy, el diputado Rodrigo Ayala, representante de Nuevas Ideas, solicitó la aprobación con dispensa de trámite de una reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República.

Esta reforma tiene como objetivo permitir que una misma Asamblea Legislativa pueda ratificar la aprobación de una reforma constitucional, en contraposición al proceso actual que requiere la ratificación por parte de la siguiente legislatura.

La solicitud de Nuevas Ideas para modificar este artículo se produjo en la última sesión plenaria de la legislatura 2021-2024, a pesar de la existencia de jurisprudencia que indica que no se pueden realizar reformas constitucionales después de una elección.

La pieza de correspondencia presentada durante la sesión argumentó que la Constitución actual fue redactada por una «generación de muertos» y que cada generación tiene derecho a tener su propia Constitución, por lo que no se deben cuestionar los motivos de los Constituyentes que redactaron la Constitución de 1983.

La redacción propuesta por Nuevas Ideas para el artículo 248 busca habilitar que la misma Asamblea que apruebe una reforma constitucional pueda ratificarla con los votos de tres cuartas partes de sus diputados, en lugar de requerir la ratificación de la siguiente legislatura. Esta nueva alternativa pretende simplificar el proceso de aprobación y ratificación de las reformas constitucionales.

La reforma a la Constitución fue respaldada por 10 legisladores de Nuevas Ideas, entre ellos Raúl Castillo, William Soriano, Rubén Flores, Suecy Callejas, Ernesto Castro, Christian Guevara, Ana Figueroa, Elisa Rosales y Alexia Rivas.

Con 64 votos a favor, la Asamblea autorizó la consideración con dispensa de trámite de la petición de reforma a la Constitución.

Carlos Téllez deja la dirección de la operación de San José, Costa Rica, para convertirse en Socio Director en Ciudad de Guatemala, Guatemala; Oscar Torres asume el rol de Socio Director en San Salvador, El Salvador; Terencio García, además de liderar la firma como Socio Director Regional, ahora también lidera la oficina en Managua, Nicaragua hasta diciembre de 2024 con el apoyo de Melvin Estrada que ha sido nombrado Subdirector; y Julio Vargas traslada su dirección a San José, Costa Rica convirtiéndose en Socio Director de esa oficina.

“Estos cambios han sido diseñados y tienen como objetivo potenciar nuestras oficinas en Costa Rica y Guatemala. Creemos firmemente que nuestras sedes en San Salvador, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Managua, San Juan del Sur y Tola han alcanzado un destacado liderazgo en los respectivos países en donde tenemos presencia, es decir, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Nuestra firma, García & Bodán, en estos tres países tiene una presencia importantísima y un liderazgo indiscutible”, resalta Terencio García.

Los Socios de García & Bodán en Centroamérica han designado a los líderes para dirigir las operaciones en diferentes países por sus destacables capacidades como personas y como profesionales:

Julio Vargas se ha destacado por su experiencia sin igual en la gestión de firmas de abogados y su impulso inigualable, combinado con un profundo sentido de responsabilidad y perseverancia, dentro de los límites de la ética. Bajo su liderazgo, llevó a García & Bodán a convertirse en una firma líder de San Salvador.

Oscar Torres se le considera como un referente del derecho corporativo en el hermano país de El Salvador, es reconocido por su integridad, habilidades profesionales y gerenciales sobresalientes, así como por su compromiso continuo con el crecimiento personal y profesional. Bajo su liderazgo, la firma no solo consolidará los logros alcanzados durante la administración de Julio Vargas, sino que también superará ampliamente dichos resultados.

Carlos Téllez en el pasado demostró capacidad para dirigir una oficina habiendo sido director de García & Bodán Tegucigalpa en el año 2004 donde a pesar de su menor experiencia en aquel entonces logró que la firma se situara como una firma líder en la República de Honduras. Se espera que su incorporación inyecte nueva energía a la operación en Ciudad de Guatemala, impulsando un crecimiento más rápido y eficiente.

“La realidad es que la práctica de García & Bodán es una práctica regional; concebimos a la región como un bloque unificado y creemos que, dentro de ese bloque, homogéneo en cultura, idiosincrasia, y sumamente similar en su marco jurídico, es esencial contar con los mejores profesionales en los puestos de liderazgo de la firma, sin importar su nacionalidad”, resaltó Terencio García.

La visión de García & Bodán, es ser la firma líder, que, si bien ya lo es, es ser una firma con mayor liderazgo, con mayor presencia en toda Centroamérica, y estos cambios vienen a contribuir exactamente a eso.

El Banco Central de Reserva (BCR), a través de su Comité de Normas, ha anunciado la emisión del Reglamento para Operar Sistemas Electrónicos de Pago Tipo ACH.

Este reglamento tiene como objetivo establecer las reglas generales de administración y funcionamiento de los sistemas de cámara de compensación de transacciones electrónicas de pago, así como regular los derechos y obligaciones del operador y de las entidades financieras participantes en dicho sistema.

El sistema ACH, conocido como Cámara de Compensación Automatizada, facilita el intercambio de órdenes de pago entre entidades financieras participantes, principalmente a través de medios magnéticos o redes de telecomunicación. El objetivo principal de este sistema es garantizar que los pagos sean seguros y eficientes, siguiendo los principios internacionales de sistemas de pagos.

El reglamento establece que el Banco Central llevará a cabo la función de vigilancia del sistema ACH, promoviendo la eficiencia y seguridad a través de su monitoreo y evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos.

Entre las disposiciones destacadas del reglamento se encuentran:

• La posibilidad para las entidades financieras participantes de realizar transacciones de débito y crédito directo a liquidar de forma inmediata o en tiempo diferido a través del sistema ACH.
• La obligación del operador y las entidades financieras participantes de poseer una cuenta de depósitos en el Banco Central y de mantener los recursos suficientes al momento de realizar el proceso de liquidación.
• La garantía por parte del operador de la integridad y confidencialidad de las transacciones realizadas en el sistema ACH, sin perjuicio de las disposiciones emanadas de la autoridad competente.
• El cumplimiento de lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y su Reglamento, así como en el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, por parte del operador y las entidades financieras participantes.

El reglamento busca modernizar los sistemas de pagos en El Salvador y promover la transparencia y seguridad en las transacciones electrónicas de pago, contribuyendo así al desarrollo del sistema financiero nacional.