Legal
Aceptan observaciones a la Ley Orgánica de la PGR
La Asamblea Legislativa aceptó las observaciones del presidente de la República al anteproyecto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que regula la organización y funcionamiento de la referida institución.
La primera observación realizada por Presidencia es en lo relativo a establecer una carrera administrativa propia de la Procuraduría General de la República (PGR). Presidencia considera que la PGR, como entidad pública, no está excluida del ámbito de aplicación de la Ley de Servicio Civil.
Por lo cual, no resulta procedente esta especificidad como una categoría especial o artificial de dicho régimen general, tratando de incluir características particulares a los empleados de la Procuraduría General de la República, que ya están regulados en la ley.
La segunda observación realizada es en relación con la regulación del régimen disciplinario y aspectos sancionatorios. Presidencia considera que la Ley de Procedimientos Administrativos en la normativa base en el tema, por lo cual, no es necesario crear nueva regulación especifica para la PGR, y en la practica es un exceso de una Ley Orgánica como la propuesta a aprobar.
Sobre las disposiciones relacionados con las regulaciones en materia de familia y adopciones, se recomienda únicamente abordar los aspectos referidos al procedimiento al interior de la Institución, puesto que los aspectos de fondo y sustantivos relativos a los alimentos se encuentran regulados en el Código de Familia.
Entre las modificaciones aceptadas se encuentra una relativa a la Oficina para Adopciones -artículo 66- se consignará que esta unidad especializada estará bajo supervisión de su Junta Directiva, manteniendo su autonomía técnica.
Por otra parte, la Unidad de Acreditación de Mediadores, Conciliadores y Centros de Mediación -artículo 69- con la observación se cambia la dependencia a la Procuraduría Adjunta de Atención Psicosocial, Mediación y Conciliación para la Convivencia Ciudadana, y estará a cargo de un coordinador o coordinadora y tendrá como funciones.
Entre las novedades que incluye el anteproyecto se encuentra:
- Definición de las responsabilidades con sus líneas de autoridad, de las diferentes unidades organizativas de la PGR
- Incorpora entre sus principios orientadores el de Igualdad, Enfoque de derecho e inclusión, interés superior de la niña, niño y adolescente Equidad, Legalidad, Promoción de la cultura de paz, entre otros.
- La propuesta de Ley reconoce a los grupos en situación de vulnerabilidad, por medio de unidades especializadas.
- Otra de las novedades es la disminución de plazos, la creación de una gerencia que administrará los fondos de cuotas alimenticias, modernización de atención a mujeres, niñez y adultos mayores.
- Se proyecta con especial importancia el fortalecimiento de la cultura de paz y convivencia ciudadana a nivel familiar y comunitario.
- Se promueve el uso de la mediación y conciliación, como primera opción de solución de los casos que ingresan a la Procuraduría General de la República.
- Se establece la creación de la Unidad de Fondos de Terceros, el cual tiene entre sus principales funciones: Informar de oficio a las unidades pertinentes sobre personas que se encuentren en mora respecto a sus cuotas, a fin de que dichas unidades inicien las acciones legales pertinentes.
- Se regula la modalidad de trabajo a distancia, a tiempo parcial, determinado o indefinido, con la finalidad de ofrecer opciones de servicios a distancia, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
Colaboradores de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos participaron en un curso sobre control de la gestión estatal.
La capacitación abordó las vías de hecho y la inactividad material de la administración pública. Además, buscó fortalecer las competencias jurídicas del personal que participa en estos procesos.
Capacitación aborda límites de la actuación estatal
El curso tuvo como objetivo profundizar en los mecanismos de control jurisdiccional aplicables a las actuaciones de la administración pública.
También buscó consolidar criterios sobre la legalidad que deben regir las decisiones y actuaciones del Estado.
Durante la jornada, los participantes analizaron herramientas relacionadas con la protección de los derechos de las personas frente a posibles actuaciones administrativas.
El proceso forma parte de la actualización técnica del personal vinculado con la jurisdicción contencioso administrativa.
Sala destaca equilibrio entre poder público y derechos
José Ernesto Clímaco Valiente, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, destacó la importancia de esta jurisdicción.
Según explicó, su función permite mantener un equilibrio entre las potestades de las instituciones públicas y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
“La administración pública tiene una función esencial y sus decisiones inciden diariamente en la vida, obligaciones y actividades de los ciudadanos”, señaló.
La formación busca aportar herramientas especializadas para evaluar las actuaciones de las entidades estatales conforme al marco legal.
Participan magistrados y personal jurídico
En la actividad también participaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo Vicente Alexander Rivas Romero, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
El curso reunió a colaboradores de esa Sala y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.
La actualización técnica apunta a modernizar el trabajo jurídico relacionado con el control de la administración pública.
Además, busca reforzar los conocimientos necesarios para atender controversias vinculadas con las actuaciones y omisiones de las instituciones estatales.
Facilitadores judiciales y jueces de paz de la zona occidental recibieron capacitación para identificar personas con posibles necesidades de protección internacional.
El taller busca brindar herramientas prácticas para reconocer perfiles en situación de vulnerabilidad y facilitar su referencia a las instancias correspondientes.
Formación para mejorar la atención comunitaria
La jornada se denominó “Fortalecimiento de capacidades para la identificación y referencia de personas con necesidades de protección”.
La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales organizó la actividad con apoyo de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.
Durante la capacitación, los participantes conocieron conceptos básicos sobre protección internacional y respuesta humanitaria.
Además, abordaron mecanismos para reconocer situaciones que pueden requerir atención y referencia especializada.
El papel de los facilitadores en las comunidades
La formación busca fortalecer el trabajo que los facilitadores judiciales realizan directamente en las comunidades.
Estos colaboradores apoyan el acceso a la justicia, la promoción de los derechos humanos y la prevención de conflictos.
También contribuyen a promover la convivencia pacífica y orientar a personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, destacó la importancia de aplicar lo aprendido.
“Que estos conocimientos se conviertan en conversaciones, orientación, prevención, referencias oportunas y, sobre todo, en ayuda para las personas”, afirmó.
La capacitación busca que los conocimientos adquiridos tengan aplicación directa en las comunidades y mejoren la identificación de personas que puedan necesitar protección.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanzó este viernes un servicio en línea para solicitar testimonios.
La nueva herramienta permite iniciar el trámite de manera remota, sin acudir personalmente a las oficinas de la institución.
El servicio está disponible para la población salvadoreña que reside en el país y para quienes viven en el extranjero.
La plataforma forma parte del proceso de digitalización de servicios del Órgano Judicial.
La plataforma utiliza identificación y código de acceso
Para ingresar al sistema, el usuario debe proporcionar su documento de identidad en el formato establecido.
Después, debe solicitar un código de acceso para completar el proceso de autenticación.
Una vez dentro de la plataforma, podrá gestionar la solicitud del testimonio correspondiente.
El sistema está integrado al servicio de trámites en línea de la Corte Suprema de Justicia.
Qué documentos pueden solicitarse
En el ámbito notarial, un testimonio es una copia certificada o transcripción oficial de un instrumento público.
Estos documentos pueden corresponder a escrituras públicas, testamentos, donaciones y otros actos notariales registrados.
La Sección de Notariado de la CSJ atiende este tipo de solicitudes.
Hasta ahora, estos trámites podían requerir gestiones presenciales o la intervención de representantes, según cada caso.
La medida facilita gestiones desde el extranjero
El nuevo servicio elimina la necesidad de trasladarse físicamente para iniciar la solicitud.
Esto permite que los salvadoreños residentes en otros países puedan gestionar el trámite de manera remota.
La Corte Suprema presentó la plataforma durante un acto oficial.
Un total de 142 profesionales del derecho fueron juramentados este miércoles en El Salvador y quedaron habilitados para ejercer la abogacía en sus distintas ramas.
La ceremonia marcó el ingreso formal de los nuevos abogados al ejercicio profesional. El acto estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Los profesionales asumieron el compromiso de cumplir las leyes y ejercer la defensa de sus representados con responsabilidad.
Preparación como requisito profesional
Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó la necesidad de mantener una formación jurídica sólida.
El magistrado llamó a los nuevos abogados a fortalecer sus conocimientos sobre teoría del derecho, principios generales y jurisprudencia.
También mencionó la importancia de conocer las decisiones de tribunales nacionales y extranjeros.
“Los exhorto este día a estar preparados con conocimientos sólidos en la teoría del derecho”, afirmó Mejía.
El funcionario vinculó esa preparación con el compromiso asumido durante la juramentación.
Participación de magistrados
En el acto participaron magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y miembros de la Comisión de Abogacía y Notariado.
Entre ellos estuvieron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
También asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.
Legal
Corte Suprema fortalece capacitación judicial para valorar pruebas en casos de violencia contra mujeres
El sistema judicial de El Salvador concluyó una formación especializada sobre valoración de pruebas con enfoque de derechos humanos para mejorar la atención de casos de violencia contra mujeres.
La capacitación se desarrolló durante seis jornadas y reunió a jueces, colaboradores judiciales y personal del Instituto de Medicina Legal.
También participaron profesionales de equipos multidisciplinarios que atienden a mujeres en distintas zonas del país.
La actividad abordó criterios técnicos para valorar pruebas testimoniales y periciales especializadas. Además, incluyó análisis sobre la respuesta judicial en contextos de desigualdad y discriminación.
La Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proceso de formación.
El objetivo es mejorar la valoración de pruebas
Durante las jornadas, los participantes intercambiaron experiencias y revisaron criterios para fortalecer las decisiones judiciales.
La formación también buscó mejorar la respuesta de las jurisdicciones especializadas en violencia contra las mujeres, familia y paz.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional Luis Javier Suárez Magaña destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en las resoluciones judiciales.
Según el funcionario, las decisiones deben contar con fundamentos jurídicos y evitar prejuicios y estereotipos.
Cooperación internacional respaldó el proceso
En la actividad participaron representantes de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y de Canadá.
También asistió Ximena Díaz, coordinadora de proyectos de Abogados Sin Fronteras Canadá.
Al cierre del proceso, Díaz recibió un diploma de reconocimiento por el apoyo de esa organización a la capacitación.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios judiciales y especialistas que intervienen en casos relacionados con mujeres.
Sala de lo Contencioso fortalece el control de la legalidad en la administración pública
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